Son 92 los involucrados en el supuesto fraude en el Ejército
Así se desprende de la denuncia penal presentada por el Ministerio de Defensa
Las maniobras fraudulentas cometidas en el seno del Ejército, que fueron denunciadas por orden de la ministra de Defensa, Nilda Garré, involucran a 31 militares y a 61 civiles y, según surge de la lectura del escrito al que accedió LA NACION, son tan burdas y notorias que es difícil imaginar que hayan pasado inadvertidas por los responsables de controlar la fuerza.
El domingo último, LA NACION informó que Garré había ordenado denunciar severas irregularidades que varios generales, coroneles, teniente coroneles y otros oficiales, en connivencia con familiares y otros particulares, habrían cometido en 25 licitaciones que se realizaron en el Comando de Operaciones Terrestres, en el Batallón de Inteligencia 601 y en la Dirección de Asuntos Históricos. El monto del perjuicio ascendería a 40 millones de pesos.
El escrito, que fue presentado ante el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, lleva la firma del director de Asuntos Legales de Defensa, Esteban Rosa Alves: la presentación en momento alguno involucra al jefe del Ejército, Roberto Bendini, pero sí dice que las maniobras eran "ostensibles" y que algunos militares imputados habrían "omitido dolosamente denunciarlas".
La denuncia tiene 61 páginas, que están enteramente dedicadas a describir, en detalle, el modus operandi de una supuesta asociación ilícita: si algo llama la atención es cómo la vulgaridad de las maniobras descriptas por Defensa no hizo estallar un gran escándalo dentro de la fuerza con anterioridad. Si los imputados hubieran querido dejar más rastros, no lo hubieran logrado.
Según la denuncia de la citada cartera, las aludidas personas -muchas de ellas familiares de oficiales, sin ninguna experiencia en contrataciones con el Ejército, monotributistas o de dudosa situación fiscal-, actuando como particulares o bajo la fachada de sociedades, se presentaron en múltiples licitaciones, para lo cual falsificaron documentos, firmas y desdoblaron operaciones, para evitar la realización de licitaciones públicas y los consiguientes controles legales.
Hasta allí, la maniobra no difiere de las que se realizan en muchas otras licitaciones, en las que unas pocas empresas se ponen de acuerdo para simular una compulsa de precios que, en realidad, ya tiene un resultado definido de antemano.
Facturas
Pero, en este caso, la presentación describe ocho grupos de empresas vinculadas, que se presentaban en las licitaciones y que solían compartir unos pocos teléfonos fijos y móviles, domicilios y direcciones de correo electrónico.
Algunos oficiales eligieron como ganador de alguna licitación a personas que llevan su mismo apellido y, en uno de los casos más notorios, el contrato fue adjudicado a una empresa por un monto mayor que el que la misma había ofertado.
Las empresas y personas involucradas llegaron a ofrecer seguros contratados con las mismas aseguradoras y presentaban facturas emitidas en las mismas imprentas. También se advierte que una misma persona escribía su propio nombre con errores ortográficos o con distintas iniciales o lo realizaba de manera distinta en los documentos de un mismo expediente.
Todo hace suponer que algunas de las personas denunciadas tan sólo prestaron sus datos para que los verdaderos interesados en ganar esas licitaciones pudieran dar la falsa imagen de que se estaban realizando verdaderas licitaciones o concursos de precios.
Pero, según la denuncia, todo parece haberse realizado con la connivencia de distintos miembros del Ejército y, también, de los aludidos proveedores del Estado, que nunca denunciaron las irregularidades.
Delitos graves
Los delitos: la denuncia presentada por Defensa imputa los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias y falsedad de documentos.
Asociación ilícita: la presentación también dice que habría que investigar si se incurrió en ese delito, teniendo en cuenta que las irregularidades fueron habituales y que se cometieron en tres dependencias del Ejército, muchos de cuyos integrantes habrían actuado en connivencia entre sí y, también, con los proveedores denunciados.
Así se desprende de la denuncia penal presentada por el Ministerio de Defensa
Las maniobras fraudulentas cometidas en el seno del Ejército, que fueron denunciadas por orden de la ministra de Defensa, Nilda Garré, involucran a 31 militares y a 61 civiles y, según surge de la lectura del escrito al que accedió LA NACION, son tan burdas y notorias que es difícil imaginar que hayan pasado inadvertidas por los responsables de controlar la fuerza.
El domingo último, LA NACION informó que Garré había ordenado denunciar severas irregularidades que varios generales, coroneles, teniente coroneles y otros oficiales, en connivencia con familiares y otros particulares, habrían cometido en 25 licitaciones que se realizaron en el Comando de Operaciones Terrestres, en el Batallón de Inteligencia 601 y en la Dirección de Asuntos Históricos. El monto del perjuicio ascendería a 40 millones de pesos.
El escrito, que fue presentado ante el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, lleva la firma del director de Asuntos Legales de Defensa, Esteban Rosa Alves: la presentación en momento alguno involucra al jefe del Ejército, Roberto Bendini, pero sí dice que las maniobras eran "ostensibles" y que algunos militares imputados habrían "omitido dolosamente denunciarlas".
La denuncia tiene 61 páginas, que están enteramente dedicadas a describir, en detalle, el modus operandi de una supuesta asociación ilícita: si algo llama la atención es cómo la vulgaridad de las maniobras descriptas por Defensa no hizo estallar un gran escándalo dentro de la fuerza con anterioridad. Si los imputados hubieran querido dejar más rastros, no lo hubieran logrado.
Según la denuncia de la citada cartera, las aludidas personas -muchas de ellas familiares de oficiales, sin ninguna experiencia en contrataciones con el Ejército, monotributistas o de dudosa situación fiscal-, actuando como particulares o bajo la fachada de sociedades, se presentaron en múltiples licitaciones, para lo cual falsificaron documentos, firmas y desdoblaron operaciones, para evitar la realización de licitaciones públicas y los consiguientes controles legales.
Hasta allí, la maniobra no difiere de las que se realizan en muchas otras licitaciones, en las que unas pocas empresas se ponen de acuerdo para simular una compulsa de precios que, en realidad, ya tiene un resultado definido de antemano.
Facturas
Pero, en este caso, la presentación describe ocho grupos de empresas vinculadas, que se presentaban en las licitaciones y que solían compartir unos pocos teléfonos fijos y móviles, domicilios y direcciones de correo electrónico.
Algunos oficiales eligieron como ganador de alguna licitación a personas que llevan su mismo apellido y, en uno de los casos más notorios, el contrato fue adjudicado a una empresa por un monto mayor que el que la misma había ofertado.
Las empresas y personas involucradas llegaron a ofrecer seguros contratados con las mismas aseguradoras y presentaban facturas emitidas en las mismas imprentas. También se advierte que una misma persona escribía su propio nombre con errores ortográficos o con distintas iniciales o lo realizaba de manera distinta en los documentos de un mismo expediente.
Todo hace suponer que algunas de las personas denunciadas tan sólo prestaron sus datos para que los verdaderos interesados en ganar esas licitaciones pudieran dar la falsa imagen de que se estaban realizando verdaderas licitaciones o concursos de precios.
Pero, según la denuncia, todo parece haberse realizado con la connivencia de distintos miembros del Ejército y, también, de los aludidos proveedores del Estado, que nunca denunciaron las irregularidades.
Delitos graves
Los delitos: la denuncia presentada por Defensa imputa los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias y falsedad de documentos.
Asociación ilícita: la presentación también dice que habría que investigar si se incurrió en ese delito, teniendo en cuenta que las irregularidades fueron habituales y que se cometieron en tres dependencias del Ejército, muchos de cuyos integrantes habrían actuado en connivencia entre sí y, también, con los proveedores denunciados.
, bienvenido nuevamente.