Entrevista en EL Espectador a Carlos Moreira del Partido Nacional
El legislador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, calificó como “positivo” el trabajo que viene desarrollando el grupo multipartidario que tiene como objetivo plantear políticas de Estado en materia de seguridad pública. Entrevistado por En Perspectiva, comentó el acuerdo alcanzado en la comisión, por el cual se buscará dotar de carácter nacional a la Guardia Republicana, algo que resulta “imperioso”, según expresó. No obstante, el senador remarcó que persisten diferencias con respecto a cómo elevar el número de integrantes de dicho cuerpo, para lo cual propuso tomar efectivos del Ministerio de Defensa, idea que los representantes del Frente Amplio rechazan. “El clima viene bien y nos da la sensación de que el gobierno está admitiendo que hay que cambiar totalmente la dirección de la política en materia de seguridad. Confiamos en que así sea”, concluyó.
EMILIANO COTELO:
¿Qué está pasando en las comisiones multipartidarias que se conformaron con la intención de negociar y eventualmente acordar políticas de Estado?
Vale la pena poner el foco cada tanto en ese trabajo con respecto al cual hay tantas esperanzas.
Detengámonos concretamente en la comisión multipartidaria sobre seguridad pública. La noticia a estas horas es que el grupo acordó dotar de carácter nacional a la Guardia Republicana.
El diputado del Frente Amplio (FA) Jorge Orrico dijo que el objetivo es “optimizar el servicio y obtener rapidez en la acción”.
¿En qué medida se alinea este planteo con la propuesta que en su momento formuló el Partido Nacional (PN) y que llevó a esta comisión? Vamos a averiguarlo.
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EC – Estamos con el doctor Carlos Moreira, senador de la República, dirigente de Alianza Nacional (AN), PN. Usted integra esta comisión, cuéntenos cómo se discutió ayer este punto en el que ya sobre fines del año pasado cabía la posibilidad de que hubiera un acuerdo.
CARLOS MOREIRA:
Nosotros en el PN, sobre todo en el sector AN, habíamos propuesto y elevado un proyecto de ley con este tema. Entendíamos que hay que procesar un cambio radical y que había que fortalecer esta unidad, que funciona muy bien, que hoy depende de la Jefatura de Policía de Montevideo y que tiene jurisdicción en Montevideo. Pero nosotros pensábamos cambiarle hasta su nombre, hablábamos de “Guardia Nacional Republicana”, de una unidad muy fortalecida no sólo ampliando su jurisdicción territorial a todo el país sino también dotándola de un número mucho mayor de integrantes.
EC - Recordemos en primer lugar para qué se proponía esto.
CM – Para asegurar una presencia policial permanente de una unidad militarizada, con una aptitud física y entrenamiento especial, sobre todo para las tareas de patrullaje, prevención, disuasión y represión en aquellas zonas del país donde se registra mayor actividad delictiva y modalidades delictivas más violentas, para luchar sobre todo contra este flagelo de la sociedad y de la seguridad que es la comercialización de pasta base. Es decir, encomendarle tareas muy específicas que entendemos fundamentales para mejorar el estado de la seguridad pública.
Y para lograr este aumento de efectivos no veíamos –y todavía no vemos– una manera más rápida que transferirle cargos ocupados desde otro ministerio. Nosotros pensábamos, así lo propusimos en nuestro propio programa de gobierno y elevamos un proyecto de ley, que la única forma de aumentar la dotación de efectivos de la actual Guardia Republicana, que tiene más o menos 850, 860 efectivos, era transferirle cargos ocupados desde el Ministerio de Defensa.
EC – ¿Eso implicaba transferirle soldados?
CM – Soldados, cabos, personal subalterno, como…
EC - …porque la otra posibilidad era transferir cargos, una vez que fueran quedando vacantes, pero que se cubrieran específicamente para esa Guardia Nacional Republicana, no necesariamente con soldados.
CM – Claro, es la otra posibilidad. Nosotros pensamos –no obstante que esa posibilidad exista, o desde otras dependencias del Estado– que la única forma de producir un efecto de shock, de hacer que en cuatro, cinco meses esta Guardia Republicana cuente con 1.000, 1.500, 2.000 efectivos más, era transferirle cargos ocupados. Porque lo que hemos visto en todos estos años es que este proceso de llenado de vacantes, de selección, de preparación, de creación legislativa, nos lleva años. Y así hemos visto cómo a pesar de que en las instancias presupuestales se crean vacantes el posterior llenado de estas vacantes, con todo el proceso que insume porque es un proceso largo y burocrático, lleva demasiado tiempo. Entonces la única forma que entendemos se puede producir ese impacto en el estado de la seguridad es tomar 1.000, 1.500, 2.000 cargos ocupados del Ministerio de Defensa, donde tenemos gente entrenada, acostumbrada al mando y a la verticalidad, gente joven, que sabe usar armas, reinstruirlos, reequiparlos y ponerlos a apoyar la acción policial y convertirlos en policías, darles estado policial.
EC – Si bien se sabía que la idea de la Guardia Nacional Republicana podía ser un tema de acuerdo, también se conocía que este punto en particular, el de trasladar soldados para reforzarla, iba a generar discrepancias y fue lo que ocurrió ayer.
CM – Sí, ocurrió eso, en un muy buen clima. Destaquemos que en la comisión se está avanzando en algunos temas y se están logrando coincidencias importantes.
EC – El diputado Jorge Orrico dijo que “hay dificultades prácticas para llevar adelante lo que el PN propone, porque esos efectivos del Ministerio de Defensa Nacional tienen sueldo distinto y capacitación diferente a los de la Guardia Republicana”.
CM – Sí, el tema del sueldo se puede arreglar, todo se puede arreglar, la capacitación por supuesto, pero también pensemos que en el personal subalterno de la Policía la capacitación lleva unos pocos meses y en el Ministerio de Defensa Nacional sucede lo propio. De modo que yo no creo que sea una tarea tan difícil, sobre todo teniendo en cuenta que tienen buena aptitud física, tienen una tarea similar, que ha quedado ampliamente demostrado que los soldados uruguayos en tareas policiales rápidamente se reconvierten como sucede en las misiones de paz, por ejemplo en Haití, en el Congo, que no se desempeñan como soldados o personal de Fuerzas Armadas sino básicamente como policías y lo hacen espléndidamente, tanto que todo el mundo lo reconoce así. Si los podemos enviar al exterior para este tipo de tareas, ¿por qué no utilizarlos acá? Es una absoluta e imperiosa necesidad el contar y el reforzar esta guardia. Si entendemos que la guardia es un buen instrumento para asegurar presencia, para hacer prevención, para hacer disuasión, y eventualmente represión, ¿por qué no contar rápidamente con esta gente a la que le estamos pagando una retribución menor a la de un policía pero que en definitiva va a significar una erogación menor porque ya el Estado uruguayo le está pagando una retribución? Tampoco es tanto el aumento.
EC – ¿De cuánto es?
CM – Debe ser casi el doble del salario pero estamos hablando de salarios bajos.
EC – Lamentablemente estamos hablando de salarios bajos. Pero Orrico manejó otro argumento. Hoy hablando con el diario El País dice que “a esta comisión no le compete decir qué medidas concretas se aplicarán para darle jurisdicción nacional a la Guardia Republicana, esa es una responsabilidad que el corresponde al Ejecutivo”.
CM – En el caso de nuestra propuesta tiene que ser objeto de una ley que autorice esto. En cualquiera de las circunstancias me parece que requiere una ley. Por supuesto que es el Poder Ejecutivo el que determina cuál es la política en materia de seguridad pública. Nosotros acá estamos haciendo un aporte, estamos dando nuestra opinión, por supuesto que la responsabilidad sobre esto la tiene el futuro ministro del Interior, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República del gobierno electo.
Estamos en una comisión multipartidaria donde todos estamos tratando, con muy buen espíritu, de hacer nuestros aportes, y consideramos que el estado actual de la seguridad pública no admite tardanzas.
EC – Entonces, a partir de estas distintas posiciones que se dieron ayer en la comisión multipartidaria, ¿cómo queda el tema, cuál es su evaluación?
CM – Por lo menos jurisdicción nacional va a quedar y el fortalecimiento de la Guardia Republicana está admitido. Lo que discrepamos es en cómo se fortalece, nosotros queremos fortalecer ahora porque no podemos esperar más y entendemos que este es un magnífico instrumento para asegurar lo que la gente hoy pide a gritos que es más policías en la calle, más presencia policial, más prevención. Me parece que hay un clamor popular que trasciende la frontera de los partidos, creo que todos los uruguayos, sobre todo en algunas regiones del país, hoy lo están reclamando a viva voz. Por eso nosotros decimos que quizás discrepamos en los tiempos, creemos que eso debe de hacerse ahora y creemos que no hay otra forma que esta que nosotros proponemos, aunque admitimos que acá pueden caber otras opiniones, pero esta es nuestra opinión.
EC – Hubo otra coincidencia ayer en la comisión de Seguridad Pública a propósito de potenciar las comisarías como policía comunitaria, ¿qué es esto?
CM – Ahí hubo precisamente una flexibilidad de parte del partido de gobierno…
EC - ...¿cuál era el tema?
CM – El partido de gobierno quería crear una dirección especializada o algo así para dirigir una policía comunitaria. La policía comunitaria es la policía de proximidad, la policía en contacto con la gente. Entonces nosotros, a través de los oficiales de policía que están en la Dirección, señalamos que no hay mejor forma de prestar esta policía comunitaria que a través de este histórico organismo o unidad de la policía que son las comisarías seccionales, que son las que están en el barrio, al lado de la gente, las que conocen las costumbres, los vecinos. Entonces dijimos que la policía comunitaria es una modalidad de prestar el servicio policial o alguna de las modalidades del servicio policial. Y la unidad básica para prestar esto bien es la comisaría seccional, que hay que fortificarla, que no sea un lugar donde sólo la gente vaya a quejarse y a reclamar y le digan “mire no tenemos patrullero, no tenemos policía, no tenemos efectivos”; hay que fortificar la comisaría seccional y ponerla en contacto con los vecinos.
Ahí coincidimos y venimos avanzando, aunque tenemos discrepancias en otras.
EC – En definitiva ¿cuál es su balance del trabajo a esta altura?
CM – Creo que es positivo…
EC - …¿cuánto queda de reuniones?…
CM - …nos quedan muchas cosas, nos queda “cárceles” –el tema carcelario es un gran tema–, nos quedan aspectos de la tarea policial propiamente dicha, nos queda “responsabilidad penal juvenil”, nos quedan temas muy importantes pero venimos avanzando. Arrancamos en la definición de seguridad pública y coincidimos, arrancamos en que es necesario duplicar el presupuesto del Ministerio del Interior y estamos de acuerdo, establecerlo como prioridad número uno, estamos de acuerdo. En la Guardia Republicana no tenemos coincidencia total, tenemos algunas, y en cárceles vamos a ver. Me parece que el intento viene bien, el clima viene bien y nos da la sensación de que el gobierno ahora está admitiendo que hay que cambiar totalmente la dirección de la política en materia de seguridad y creo que lo va a hacer, ojalá. Confiamos en que así sea y que dentro de dos o tres años los uruguayos podamos vivir más seguros.
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EC – Hablando de seguridad pública y hablando del gobierno vale la pena prestarle atención a la entrevista al senador Eduardo Bonomi que publica hoy el semanario Brecha. A esa nota le dedica el principal título de portada, con una foto de Bonomi y este encare: “La seguridad y el próximo ministro del Interior. Guarda con el bicho”, ese es el titular, jugando con el apodo de Bonomi.
Y se extractan tres definiciones. “Inteligencia: tanto Bonomi como Bruni –el actual ministro del Interior, que también es entrevistado en Brecha– hacen énfasis en el papel de la inteligencia policial para combatir el delito”.
“Inseguridad: Uruguay no se compara con Brasil, se compara consigo mismo hace diez años. La cosa viene agravándose y hay que ponerle un freno”, dice Bonomi.
“Cárceles: dos de alta seguridad, una para narcotraficantes y otra para el delito organizado, y varias con no más de 300 plazas, de seguridad media y baja”.
