Sebastian
Colaborador
Como si todos los desaparecidos/asesinados hubieran sido tupas....
Por ej: maestro julio Castro
Última edición:
Uruguay y los militares
- Tema iniciado Shandor
- Fecha de inicio
Por ej: maestro julio Castro
Pascasio Baez? No me vengas... Los otros eran "Aceptables" o "Bajas Secundarias"...
Sebastian
Colaborador
¿Cuando yo "dije" eso?
lo dejas entrever defendiendo un puñado de asesinos y sus simpatizantes muertos
Sebastian
Colaborador
Dejas entrever que defendes a un puñado de militares asesinos, c@gones y torturadores....
Es decir que vos estas de acuerdo con el asesinato de por ej: Julio castro..
No estoy de acuerdo con NINGUN asesinato, pero despues de haberse levantado en armas, sin mediar agresion, no pueden reclamar las perdidas sufridas, ni tildar de inhumanos los metodos que ellos mismos emplearon solo porque luego fueron usados en su contra... Si usted golpea despues tiene que poner la mejilla... O acaso esperaban un lecho de rosas como respuesta a bombas, asesinatos y robos?
Con estos comentarios usted deja entrever que no sabe absolutamente nada de lo que paso antes, en plena democracia y durante la dictadura civico militar, ¿sabe como se organizaba la guerrilla terrorista tupamara?, ¿sabe lo que es el brazo armado o clandestino?, ¿sabe lo que es el brazo legal o no proscripto de la guerrilla?, el brazo armado o clandestino son los que ejecutaban los asesinatos, secuestros y robos, son los proscriptos que actuaban en la ilegalidad y despues esta el brazo legal el que no esta proscripto y por lo tanto pueden moverse libremente, que son los que les consiguen dinero, transporte, alojamiento, documentacion falsa les hacen propaganda y les marcan objetivos para sus secuestros y asesinatos, en esa categoria entra el "profesor" Julio Castro la "maestra" Elena Quinteros, esta ultima explosivista osea para que quede claro la supuesta "maestra" le fabricaba bombas a los terroristas tupamaros y asi te podria seguir contando de como los tupamaros presos usaban a sus propios hijos como correos humanos y los militares sabiendo eso jamas revisaron a las esposas ni a los hijos de estas ratas, o de como las "compañeritas" cuando sabian que estaban a punto de caer se acostaban con el primer "compañerito" para asi quedar embarazadas y recibir mejores tratos en los cuarteles y asi podria contar como se traicionaban, robaban, ajusticiaban, asesinaban y como se violaban entre ellos en las carceles.
El Che Guevara dijo que en Uruguay no estaban dadas las condiciones para iniciar la lucha armada ya que gozabamos de una democracia muy fuerte y unas libertades y calidad de vida que en muchos lugares de America no existian, eso a los tupamaros no les importo y quisieron imponer al mas puro estilo fascista una dictadura comunista en nuestro pais atacando a un gobierno democratico elegido por el pueblo, las Fuerzas Armadas respondieron al llamado de nuestro pueblo y destruyeron esa amenaza, protegiendo asi nuestra DEMOCRACIA.
DE UNA DICTADURA MILITAR SE SALE, DE UNA DICTADURA COMUNISTA NO.
Saludos.
Sebastian
Colaborador
No creo haber dicho eso sobre los nazis o las waffenss etc..
Me acuerdo que dije lo de las ordenes sobre woodward, cumplió la orden de “retomar” las islas, a eso me refería, jamás me réferi a torturas o crímenes de guerra.
¿Que entendiste?
Se reedita la polémica por la prescripción de los delitos
Medio centenar de militares están citados por el caso Julio Castro
Medio centenar de oficiales fueron citados por un juez penal en un nuevo expediente por el caso del maestro Julio Castro, pese a un fallo de la Suprema Corte de Justicia que avaló la prescripción de los delitos cometidos en dictadura.
En todos los casos se trata de oficiales que durante los años 1972 y 1985 prestaron servicios en el Batallón de Infantería 14 de Toledo, Canelones, una unidad de elite del Ejército y que hoy está dedicada a operaciones especiales, dijeron a El País fuentes militares y judiciales.
El nuevo expediente es por el enterramiento de los restos de Castro, a partir de una denuncia de su hija Hebe, luego de que en 2012 el juez Juan Carlos Fernández Lecchini procesara con prisión a un policía retirado por el homicidio del maestro, cuyos restos fueron hallados en octubre de 2011 en el Batallón 14.
Este expediente se abrió a pedido de la exfiscal Mirtha Guianze. La actual fiscal del caso es María de los Ángeles Camiño.
Fuentes judiciales dijeron a El País que en caso de que Fernández Lecchini y Camiño decidan procesar a algunos de estos militares, el caso terminará en la Suprema Corte de Justicia.
En octubre de 2011 el Parlamento, con los votos del Frente Amplio que buscaba dejar sin efecto la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobó una ley que declaró de lesa humanidad los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985). El apuro por votar esta ley era que el 1° de noviembre de 2011 prescribían todas los delitos del período.
En febrero de 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de octubre de 2011, y unas semanas después el juez Roberto Timbal decidió la clausura del primer caso (la muerte de un sindicalista detenido en Fusileros Navales en 1978) en aplicación del fallo del máximo órgano del Poder Judicial.
El tema genera un importante debate jurídico. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia sostiene que los crímenes de la dictadura son delitos comunes y por tanto prescribieron, y por otro están quienes sostienen que se debe aplicar la legislación internacional que señala que son casos de lesa humanidad, motivo por el cual siempre pueden ser juzgados.
El nuevo expediente en el caso Castro reinstala el debate. "El juez está abriendo una nueva instancia respecto al enterramiento clandestino del cuerpo de Castro. El homicidio ya lo investigó y procesó", dijo a El País la abogada Graciela Figueredo, asesora legal del Centro Militar.
"La prescripción corre para los delitos. Si el juez está buscando un delito, cualquiera que sea, prescribió. (...) El enterramiento clandestino también es un delito", agregó Figueredo.
El juez Fernández Lecchini ordenó en marzo de 2012 el primer procesamiento con prisión en el marco de la causa de Castro. A pedido de la fiscal Guianze, el magistrado imputó al comisario inspector retirado Ricardo Zabala como "cómplice de un delito de homicidio muy especialmente agravado".
En su resolución, el juez argumenta los motivos por los que entiende que el homicidio de Castro no prescribió, tal como lo plantearon la defensa de los militares indagados. "Existe una jurisprudencia que sostiene que los delitos de lesa humanidad son tipificables hoy a pesar de no estar escritos en la década de los setenta", dice el magistrado.
Además de citar jurisprudencia internacional, el juez señala que el caso debe juzgarse en virtud del decreto del Poder Ejecutivo de junio de 2011 que anuló los actos administrativos en los que se aplicó la ley de Caducidad y también la ley aprobada a fines de octubre de 2011 que declaró imprescriptibles los delitos de la dictadura, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2013.
Citados.
Entre los militares que declararán a partir de la próxima semana en el juzgado de Fernández Lecchini hay oficiales retirados y algunos en actividad, dijeron a El País fuentes castrenses y judiciales.
Los militares están convocados a partir del lunes 16 y hasta el martes 24.
"Hay más de una causa abierta en el Juzgado Penal 1° Turno por ese tema", explicaron los informantes.
Varios de esos oficiales hoy retirados son patrocinados por la abogada Graciela Figueredo, asesora legal del Centro Militar. Uno de sus defendidos concurrirá al juzgado el jueves 19, adelantó Figueredo a El País.
La abogada consideró "exagerado" que se cite a oficiales que actuaron en el Batallón 14 por "un período tan largo, de 1972 a 1985", añadiendo que el de Castro "fue un episodio puntual, con fechas bien determinadas".
(Producción: Pablo Melgar, Eduardo Barreneche).
EL CASO JULIO CASTRO
Desaparición
Julio Castro fue un maestro de dilatada trayectoria, dedicado especialmente al desarrollo de las escuelas rurales. Fundador del semanario Marcha, desde el cual colaboró incesantemente por los derechos humanos y la equidad social. A causa de su labor, fue arrestado el 1° de agosto de 1977. Según consta en las investigaciones, murió un 3 de agosto del mismo año a causa de las heridas provocadas en interrogatorios.
Hallazgo de restos
El 21 de octubre de 2011 a la hora 10.45 fueron hallados los restos de Julio Castro en un predio del Batallón 14. El cuerpo de Castro fue enterrado en la Zona III, Sector Sur, Trinchera 208 de esa unidad militar. Las excavaciones en el Batallón 14 se iniciaron por el caso María Claudia García de Gelman, ciudadana argentina desaparecida en la década de los años de 1970.
Investigación judicial
En diciembre de 2009 la familia de Castro solicitó que la investigación judicial fuera excluida de la Ley de Caducidad. En ese momento el juez competente solicitó al Poder Ejecutivo que se expidiera sobre el caso, que finalmente fue excluido de la ley el 17 de agosto de 2010, por resolución presidencial. Las investigaciones prosiguieron a cargo del juez Juan Carlos Fernández Lecchini.
Policía procesado
En marzo de 2012 el juez Juan Carlos Fernández Lecchini procesó con prisión al policía retirado Juan Ricardo Zabala, por complicidad en el homicidio muy especialmente agravado de Castro. Zabala fue el policía que detuvo a Castro en 1977. También se había pedido el procesamiento de José Gavazzo, pero el juez no hizo lugar a este pedido.
elpais.uy
Medio centenar de militares están citados por el caso Julio Castro
Medio centenar de oficiales fueron citados por un juez penal en un nuevo expediente por el caso del maestro Julio Castro, pese a un fallo de la Suprema Corte de Justicia que avaló la prescripción de los delitos cometidos en dictadura.
En todos los casos se trata de oficiales que durante los años 1972 y 1985 prestaron servicios en el Batallón de Infantería 14 de Toledo, Canelones, una unidad de elite del Ejército y que hoy está dedicada a operaciones especiales, dijeron a El País fuentes militares y judiciales.
El nuevo expediente es por el enterramiento de los restos de Castro, a partir de una denuncia de su hija Hebe, luego de que en 2012 el juez Juan Carlos Fernández Lecchini procesara con prisión a un policía retirado por el homicidio del maestro, cuyos restos fueron hallados en octubre de 2011 en el Batallón 14.
Este expediente se abrió a pedido de la exfiscal Mirtha Guianze. La actual fiscal del caso es María de los Ángeles Camiño.
Fuentes judiciales dijeron a El País que en caso de que Fernández Lecchini y Camiño decidan procesar a algunos de estos militares, el caso terminará en la Suprema Corte de Justicia.
En octubre de 2011 el Parlamento, con los votos del Frente Amplio que buscaba dejar sin efecto la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobó una ley que declaró de lesa humanidad los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985). El apuro por votar esta ley era que el 1° de noviembre de 2011 prescribían todas los delitos del período.
En febrero de 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de octubre de 2011, y unas semanas después el juez Roberto Timbal decidió la clausura del primer caso (la muerte de un sindicalista detenido en Fusileros Navales en 1978) en aplicación del fallo del máximo órgano del Poder Judicial.
El tema genera un importante debate jurídico. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia sostiene que los crímenes de la dictadura son delitos comunes y por tanto prescribieron, y por otro están quienes sostienen que se debe aplicar la legislación internacional que señala que son casos de lesa humanidad, motivo por el cual siempre pueden ser juzgados.
El nuevo expediente en el caso Castro reinstala el debate. "El juez está abriendo una nueva instancia respecto al enterramiento clandestino del cuerpo de Castro. El homicidio ya lo investigó y procesó", dijo a El País la abogada Graciela Figueredo, asesora legal del Centro Militar.
"La prescripción corre para los delitos. Si el juez está buscando un delito, cualquiera que sea, prescribió. (...) El enterramiento clandestino también es un delito", agregó Figueredo.
El juez Fernández Lecchini ordenó en marzo de 2012 el primer procesamiento con prisión en el marco de la causa de Castro. A pedido de la fiscal Guianze, el magistrado imputó al comisario inspector retirado Ricardo Zabala como "cómplice de un delito de homicidio muy especialmente agravado".
En su resolución, el juez argumenta los motivos por los que entiende que el homicidio de Castro no prescribió, tal como lo plantearon la defensa de los militares indagados. "Existe una jurisprudencia que sostiene que los delitos de lesa humanidad son tipificables hoy a pesar de no estar escritos en la década de los setenta", dice el magistrado.
Además de citar jurisprudencia internacional, el juez señala que el caso debe juzgarse en virtud del decreto del Poder Ejecutivo de junio de 2011 que anuló los actos administrativos en los que se aplicó la ley de Caducidad y también la ley aprobada a fines de octubre de 2011 que declaró imprescriptibles los delitos de la dictadura, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2013.
Citados.
Entre los militares que declararán a partir de la próxima semana en el juzgado de Fernández Lecchini hay oficiales retirados y algunos en actividad, dijeron a El País fuentes castrenses y judiciales.
Los militares están convocados a partir del lunes 16 y hasta el martes 24.
"Hay más de una causa abierta en el Juzgado Penal 1° Turno por ese tema", explicaron los informantes.
Varios de esos oficiales hoy retirados son patrocinados por la abogada Graciela Figueredo, asesora legal del Centro Militar. Uno de sus defendidos concurrirá al juzgado el jueves 19, adelantó Figueredo a El País.
La abogada consideró "exagerado" que se cite a oficiales que actuaron en el Batallón 14 por "un período tan largo, de 1972 a 1985", añadiendo que el de Castro "fue un episodio puntual, con fechas bien determinadas".
(Producción: Pablo Melgar, Eduardo Barreneche).
EL CASO JULIO CASTRO
Desaparición
Julio Castro fue un maestro de dilatada trayectoria, dedicado especialmente al desarrollo de las escuelas rurales. Fundador del semanario Marcha, desde el cual colaboró incesantemente por los derechos humanos y la equidad social. A causa de su labor, fue arrestado el 1° de agosto de 1977. Según consta en las investigaciones, murió un 3 de agosto del mismo año a causa de las heridas provocadas en interrogatorios.
Hallazgo de restos
El 21 de octubre de 2011 a la hora 10.45 fueron hallados los restos de Julio Castro en un predio del Batallón 14. El cuerpo de Castro fue enterrado en la Zona III, Sector Sur, Trinchera 208 de esa unidad militar. Las excavaciones en el Batallón 14 se iniciaron por el caso María Claudia García de Gelman, ciudadana argentina desaparecida en la década de los años de 1970.
Investigación judicial
En diciembre de 2009 la familia de Castro solicitó que la investigación judicial fuera excluida de la Ley de Caducidad. En ese momento el juez competente solicitó al Poder Ejecutivo que se expidiera sobre el caso, que finalmente fue excluido de la ley el 17 de agosto de 2010, por resolución presidencial. Las investigaciones prosiguieron a cargo del juez Juan Carlos Fernández Lecchini.
Policía procesado
En marzo de 2012 el juez Juan Carlos Fernández Lecchini procesó con prisión al policía retirado Juan Ricardo Zabala, por complicidad en el homicidio muy especialmente agravado de Castro. Zabala fue el policía que detuvo a Castro en 1977. También se había pedido el procesamiento de José Gavazzo, pero el juez no hizo lugar a este pedido.
elpais.uy
Un ex tupamaro dice que Uruguay viola los derechos humanos de los militares
Según Fernández Huidobro, hay miles de militares en la pobreza.
En sorpresivas declaraciones frente a funcionarios, el ministro de Defensa Nacional de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, afirmó ayer que el Estado uruguayo “viola los derechos humanos” de miles de soldados y sus familiares al mantenerlos “viviendo en la pobreza”.
“Tenemos 1.143 familias de personal activo de las Fuerzas Armadas que viven en asentamientos y viviendas precarias, debajo de los niveles de pobreza. Yo no he podido resolver ese problema y lo siento como una culpa ”, dijo Fernández Huidobro durante un acto por el 185° aniversario de su Ministerio, según publicó ayer el semanario Búsqueda.
Agregó que “el personal del Ministerio de Defensa es el personal con los sueldos más sumergidos de toda la administración pública”.
A pesar del intento de chequear esa información, en el Ministerio nadie pudo confirmar a los periodistas de AP las declaraciones de Fernández Huidobro.
Según cifras de la central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, el 54% de los 10.535 funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional gana un salario líquido menor a los 14.000 pesos, equivalentes a unos 660 dólares.
Fernández Huidobro es un ex líder del movimiento guerrillero de izquierda tupamaro que se enfrentó con las fuerzas armadas y policiales en una guerra interna a fines de los años 60 y comienzos de los 70, con victoria de los militares. Luego fue mantenido preso en duras condiciones por la dictadura militar que se instauró en 1973 y se prolongó hasta 1985.
En un reciente diálogo con la agencia AP, el ministro dijo que algunos sectores del gobierno tienen un doble discurso respecto de los derechos humanos, concentrando su atención en lo ocurrido en aquellos años pero ignorando las violaciones a esos derechos que ocurren en la actualidad.
“En el Frente (Amplio, el partido oficialista) hay sectores que tienen un antimilitarismo muy primitivo, producto de la violación a los derechos humanos en la década del terrorismo de Estado. ¡Es una cosa increíble! En Uruguay hay una lucha por los derechos humanos de tal fecha a tal fecha, es decir cuando me pegaron a mí, lo demás no interesa”, dijo.
Agregó que “es como aquel socialista que socializaba todo menos gallinas, porque gallinas tenía. Hay toda una legislación que está referida a los derechos humanos en ese tramo temporal. Con reparaciones monetarias y todo, pero en ese tramo, ni antes, ni después. ¡Y menos hoy!’’.
Según Fernández Huidobro, la peor violación a los derechos humanos en Uruguay la padecen los enfermos mentales: “Los manicomios deben ser la violación a los derechos humanos más colosal que se está cometiendo hoy en Uruguay. Un monumento a la violación de los derechos humanos que está allí y nadie se ocupa. ¿Qué hipocresía, ¿no? No depende del Ministerio de Defensa, pero lo denuncio cada vez que puedo”.
clarin
Según Fernández Huidobro, hay miles de militares en la pobreza.
En sorpresivas declaraciones frente a funcionarios, el ministro de Defensa Nacional de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, afirmó ayer que el Estado uruguayo “viola los derechos humanos” de miles de soldados y sus familiares al mantenerlos “viviendo en la pobreza”.
“Tenemos 1.143 familias de personal activo de las Fuerzas Armadas que viven en asentamientos y viviendas precarias, debajo de los niveles de pobreza. Yo no he podido resolver ese problema y lo siento como una culpa ”, dijo Fernández Huidobro durante un acto por el 185° aniversario de su Ministerio, según publicó ayer el semanario Búsqueda.
Agregó que “el personal del Ministerio de Defensa es el personal con los sueldos más sumergidos de toda la administración pública”.
A pesar del intento de chequear esa información, en el Ministerio nadie pudo confirmar a los periodistas de AP las declaraciones de Fernández Huidobro.
Según cifras de la central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, el 54% de los 10.535 funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional gana un salario líquido menor a los 14.000 pesos, equivalentes a unos 660 dólares.
Fernández Huidobro es un ex líder del movimiento guerrillero de izquierda tupamaro que se enfrentó con las fuerzas armadas y policiales en una guerra interna a fines de los años 60 y comienzos de los 70, con victoria de los militares. Luego fue mantenido preso en duras condiciones por la dictadura militar que se instauró en 1973 y se prolongó hasta 1985.
En un reciente diálogo con la agencia AP, el ministro dijo que algunos sectores del gobierno tienen un doble discurso respecto de los derechos humanos, concentrando su atención en lo ocurrido en aquellos años pero ignorando las violaciones a esos derechos que ocurren en la actualidad.
“En el Frente (Amplio, el partido oficialista) hay sectores que tienen un antimilitarismo muy primitivo, producto de la violación a los derechos humanos en la década del terrorismo de Estado. ¡Es una cosa increíble! En Uruguay hay una lucha por los derechos humanos de tal fecha a tal fecha, es decir cuando me pegaron a mí, lo demás no interesa”, dijo.
Agregó que “es como aquel socialista que socializaba todo menos gallinas, porque gallinas tenía. Hay toda una legislación que está referida a los derechos humanos en ese tramo temporal. Con reparaciones monetarias y todo, pero en ese tramo, ni antes, ni después. ¡Y menos hoy!’’.
Según Fernández Huidobro, la peor violación a los derechos humanos en Uruguay la padecen los enfermos mentales: “Los manicomios deben ser la violación a los derechos humanos más colosal que se está cometiendo hoy en Uruguay. Un monumento a la violación de los derechos humanos que está allí y nadie se ocupa. ¿Qué hipocresía, ¿no? No depende del Ministerio de Defensa, pero lo denuncio cada vez que puedo”.
clarin
si, se sale
El Presidente reiteró que no es partidario de tener ancianos en las cárceles
¿Qué hacer con los militares presos?
Es un tema complejo y polémico, con aristas jurídicas, políticas y hasta de corte humanitario
El presidente José Mujica volvió a insistir en los últimos días con que es partidario de la prisión domiciliaria salvo los casos que revistan peligrosidad. “¿Para qué vamos a tener a un tipo de 85 años preso? ¡Dejalos que la muerte los encuentre en un rincón por ahí y dales arresto domiciliario!”, afirmó en entrevista a LA REPÚBLICA publicada el 2 de enero pasado. El tema no es nuevo y ha dado vueltas en la cabeza del mandatario desde tiempo atrás. En el reportaje, el Presidente reconoció que la sociedad en la que vive “tiene otro concepto” (ver recuadro).
El tema resurgió de manera indirecta a mediados del año pasado (17 de mayo) con la muerte en prisión en Argentina del dictador Jorge Rafael Videla, a los 87 años, por causas naturales. Un día antes, en nuestro país, eran sepultados los restos del coronel ( r ) Carlos Calcagno. Este oficial gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria decretada por la entonces jueza Mariana Mota, en virtud de su delicada situación de salud. Un mes después, el 28 de junio, moría en la prisión de Coraceros el teniente coronel ( r) Alberto Gómez, debido a una falla cardíaca. La idea de solicitar la prisión domiciliaria se reactivó en algunos sectores políticos y castrenses. Empero, la decisión de conceder ese beneficio es un resorte del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo.
En base a distintas fuentes, LA REPÚBLICA reconstruyó el estado de salud de la mayoría de los militares presos. Todos purgan condenas por graves violaciones a los derechos humanos y tienen por delante varios años de reclusión. Incluso, tienen pendientes varios pedidos de extradición. Cinco de los militares presos superan los 70 años; casi todos padecen insuficiencias de distinto tipo o enfermedades crónicas y graves como cáncer o incluso Parkinson. Al menos tres están bajo tratamiento psiquiátrico.
El más anciano, el dictador Gregorio Álvarez, de 87 años, fue operado por cataratas en ambos ojos. Con todo, Álvarez, pese a su avanzada edad, es de los militares que menos patologías presenta desde el punto de vista médico. Recientemente, fue recluido en un módulo, separado del resto de los presos, debido a inconvenientes personales con algunos de sus viejos camaradas de armas.
Gregorio Álvarez. 87 años. Operado de cáncer de piel. Fue operado de cataratas en ambos ojos.
Jorge Chialanza: 79 años. Tiene insuficiencia cardíaca global, mal de Parkinson y fue operado de un tumor de colon el pasado 28 de mayo.
Juan Carlos Gómez: 78 años . Fue sobreseído recientemente por la Justicia. Estuvo tres años preso. Tiene insuficiencia renal crónica, poliartritis reumatoidea crónica, hipertensión arterial y está en tratamiento psiquiátrico por depresión.
Ernesto Ramas: 77 años. Tiene una cardiopatía isquémica, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Se le realizó angioplastia con Stent liberador de droga. Tuvo un infarto. Presenta angor diario. Tiene diabetes tipo 2. Fue operado de tumor de piel. Debido a su situación, permanece internado en el Hospital de las FFAA.
José N. Gavazzo: 74 años. Tiene una cardiopatía isquémica, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Se le realizó angioplastia con Stent, se le colocó marcapasos. En junio del año pasado estuvo en el CTI por bradicardia. Tiene insufiencia renal crónica.
José Arab: 73 años. Tiene síndrome bipolar de columna con canal lumbar estrecho. Tiene diverticulosis, insuficiencia renal, diabetes, y tuvo en 2007 una hemorragia digestiva aguda.
Gilberto Vázquez: 66 años. Tiene cáncer de próstata, divertículos y debe operarse por disuria.
Arturo Aguirre: 69 años. Hipertensión arterial, diabético. Bajo tratamiento por salud mental.
Jorge Silveira: 68 años. Cardiopatía isquémica. Se le hizo angioplastia con colocación de Stent. Periódicamente presenta cólicos nefríticos. En tratamiento psiquiátrico por angustia.
Larcebeau: 67 años. Hipertensión arterial, diabético.
José Maurente: 66 años. Cáncer de piel, diabético.
Tranquilino Machado: 62 años. Angor inestable y Síndrome de Brugada.
General Miguel Dalmao: 63 años. Cardiopatía isquémica severa. Tuvo infarto agudo de miocardio, severo y prolongado. Angioplastia con colocación de 2 Stent. Cirugía con 3 by-pass y múltiples complicaciones.
Sargento Ernesto Soca: 63 años. Operado del colon con colecistectomía. Quiste hidático calcificado. En tratamiento psiquiátrico por paranoia.
Coronel (FAU) José Ribero (FAU): 66 años. Presentó neumopatía aguda bilateral. Hipertensión arterial. Hijo con serios problemas psiquiátricos.
Nelson Bardecio (fotógrafo policial): 72 años. Adenoma de próstata. Cardiopatía isquémica. Infarto, 5 by-pass. Arterias obstruidas en miembros inferiores.
“Sigo pensando lo mismo”
Presidente Mujica, ¿sigue pensando en que los militares represores no deberían estar presos?
Yo sigo pensando lo mismo pero la sociedad en la que vivo tiene otro concepto. Yo no peleé para tener ancianos presos. Preferiría que se murieran en sus casas. No me refiero únicamente a estos militares presos, sino a todos los presos salvo algunos peligrosos.
Para mí es una causa progresista no tener gente en las cárceles. ¿Para qué vamos a tener a un tipo de 85 años preso? ¡Dejalos que la muerte los encuentre en un rincón por ahí y dales arresto domiciliario! La pena, en estos casos no es para el preso sino para el conjunto de sus afectos que lo rodean; son sus hijos, la familia toda. Los estás castigando a ellos, en definitiva.
La vida me enseñó que hay cuentas que no se cobran y que la Justicia es algo que inventaron los hombres para poder convivir, porque si no, sería la ley del Talión; mucho peor. Por eso, alguna vez he negado a la Justicia en cierta forma. La Justicia es esa figura de una mujer vieja, con los ojos vendados y dos balanzas que están a la misma altura. Mentira, esa vieja inclina el platillo según la lucha de clase o según como viene la mano
la republica
¿Qué hacer con los militares presos?
Es un tema complejo y polémico, con aristas jurídicas, políticas y hasta de corte humanitario
El presidente José Mujica volvió a insistir en los últimos días con que es partidario de la prisión domiciliaria salvo los casos que revistan peligrosidad. “¿Para qué vamos a tener a un tipo de 85 años preso? ¡Dejalos que la muerte los encuentre en un rincón por ahí y dales arresto domiciliario!”, afirmó en entrevista a LA REPÚBLICA publicada el 2 de enero pasado. El tema no es nuevo y ha dado vueltas en la cabeza del mandatario desde tiempo atrás. En el reportaje, el Presidente reconoció que la sociedad en la que vive “tiene otro concepto” (ver recuadro).
El tema resurgió de manera indirecta a mediados del año pasado (17 de mayo) con la muerte en prisión en Argentina del dictador Jorge Rafael Videla, a los 87 años, por causas naturales. Un día antes, en nuestro país, eran sepultados los restos del coronel ( r ) Carlos Calcagno. Este oficial gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria decretada por la entonces jueza Mariana Mota, en virtud de su delicada situación de salud. Un mes después, el 28 de junio, moría en la prisión de Coraceros el teniente coronel ( r) Alberto Gómez, debido a una falla cardíaca. La idea de solicitar la prisión domiciliaria se reactivó en algunos sectores políticos y castrenses. Empero, la decisión de conceder ese beneficio es un resorte del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo.
En base a distintas fuentes, LA REPÚBLICA reconstruyó el estado de salud de la mayoría de los militares presos. Todos purgan condenas por graves violaciones a los derechos humanos y tienen por delante varios años de reclusión. Incluso, tienen pendientes varios pedidos de extradición. Cinco de los militares presos superan los 70 años; casi todos padecen insuficiencias de distinto tipo o enfermedades crónicas y graves como cáncer o incluso Parkinson. Al menos tres están bajo tratamiento psiquiátrico.
El más anciano, el dictador Gregorio Álvarez, de 87 años, fue operado por cataratas en ambos ojos. Con todo, Álvarez, pese a su avanzada edad, es de los militares que menos patologías presenta desde el punto de vista médico. Recientemente, fue recluido en un módulo, separado del resto de los presos, debido a inconvenientes personales con algunos de sus viejos camaradas de armas.
Gregorio Álvarez. 87 años. Operado de cáncer de piel. Fue operado de cataratas en ambos ojos.
Jorge Chialanza: 79 años. Tiene insuficiencia cardíaca global, mal de Parkinson y fue operado de un tumor de colon el pasado 28 de mayo.
Juan Carlos Gómez: 78 años . Fue sobreseído recientemente por la Justicia. Estuvo tres años preso. Tiene insuficiencia renal crónica, poliartritis reumatoidea crónica, hipertensión arterial y está en tratamiento psiquiátrico por depresión.
Ernesto Ramas: 77 años. Tiene una cardiopatía isquémica, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Se le realizó angioplastia con Stent liberador de droga. Tuvo un infarto. Presenta angor diario. Tiene diabetes tipo 2. Fue operado de tumor de piel. Debido a su situación, permanece internado en el Hospital de las FFAA.
José N. Gavazzo: 74 años. Tiene una cardiopatía isquémica, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Se le realizó angioplastia con Stent, se le colocó marcapasos. En junio del año pasado estuvo en el CTI por bradicardia. Tiene insufiencia renal crónica.
José Arab: 73 años. Tiene síndrome bipolar de columna con canal lumbar estrecho. Tiene diverticulosis, insuficiencia renal, diabetes, y tuvo en 2007 una hemorragia digestiva aguda.
Gilberto Vázquez: 66 años. Tiene cáncer de próstata, divertículos y debe operarse por disuria.
Arturo Aguirre: 69 años. Hipertensión arterial, diabético. Bajo tratamiento por salud mental.
Jorge Silveira: 68 años. Cardiopatía isquémica. Se le hizo angioplastia con colocación de Stent. Periódicamente presenta cólicos nefríticos. En tratamiento psiquiátrico por angustia.
Larcebeau: 67 años. Hipertensión arterial, diabético.
José Maurente: 66 años. Cáncer de piel, diabético.
Tranquilino Machado: 62 años. Angor inestable y Síndrome de Brugada.
General Miguel Dalmao: 63 años. Cardiopatía isquémica severa. Tuvo infarto agudo de miocardio, severo y prolongado. Angioplastia con colocación de 2 Stent. Cirugía con 3 by-pass y múltiples complicaciones.
Sargento Ernesto Soca: 63 años. Operado del colon con colecistectomía. Quiste hidático calcificado. En tratamiento psiquiátrico por paranoia.
Coronel (FAU) José Ribero (FAU): 66 años. Presentó neumopatía aguda bilateral. Hipertensión arterial. Hijo con serios problemas psiquiátricos.
Nelson Bardecio (fotógrafo policial): 72 años. Adenoma de próstata. Cardiopatía isquémica. Infarto, 5 by-pass. Arterias obstruidas en miembros inferiores.
“Sigo pensando lo mismo”
Presidente Mujica, ¿sigue pensando en que los militares represores no deberían estar presos?
Yo sigo pensando lo mismo pero la sociedad en la que vivo tiene otro concepto. Yo no peleé para tener ancianos presos. Preferiría que se murieran en sus casas. No me refiero únicamente a estos militares presos, sino a todos los presos salvo algunos peligrosos.
Para mí es una causa progresista no tener gente en las cárceles. ¿Para qué vamos a tener a un tipo de 85 años preso? ¡Dejalos que la muerte los encuentre en un rincón por ahí y dales arresto domiciliario! La pena, en estos casos no es para el preso sino para el conjunto de sus afectos que lo rodean; son sus hijos, la familia toda. Los estás castigando a ellos, en definitiva.
La vida me enseñó que hay cuentas que no se cobran y que la Justicia es algo que inventaron los hombres para poder convivir, porque si no, sería la ley del Talión; mucho peor. Por eso, alguna vez he negado a la Justicia en cierta forma. La Justicia es esa figura de una mujer vieja, con los ojos vendados y dos balanzas que están a la misma altura. Mentira, esa vieja inclina el platillo según la lucha de clase o según como viene la mano
la republica
Será juzgado por sus pares por delitos de homicidio y arriesga la pérdida del estado militar
Gregorio Álvarez a Tribunal de Honor
Alvarez, teniente general (r), preso desde diciembre de 2007, quien ejerció la presidencia de facto entre 1981 y 1985, encabeza la lista de militares que serán juzgados por sus pares, según la determinación del Poder Ejecutivo. El Tribunal de Honor deberá integrarse por oficiales de similar jerarquía, en este caso, tres ex Comandantes en Jefe en situación de retiro.
Según el reglamento, por su orden, de izquierda a derecha (de menor antigüedad a mayor antigüedad), el Tribunal correspondería que lo integren los ex Jefes del Ejército Jorge Rosales, Carlos Días y Angel Bertolotti.
Los fallos de los Tribunales de Honor son independientes de los juicios de los tribunales judiciales, civiles o militares, ni interfieren con los trámites normales en el fuero civil o militar ni eximen alinclulpado de la jurisdicción penal militar o común.
En 2009, Alvarez fue condenado por el homicidio de 37 personas durante su etapa como comandante del Ejército. Meses atrás, un fallo de un Tribunal de Apelaciones había revocado el procesamiento de Alvarez por el “homicidio muy especialmente agravado” de Luis Luzardo, militante tupamaro fallecido en 1973. Empero, permanecerá preso.
“Cada oficial está obligado a ser un ejemplo de conducta”, señala el Reglamento en su artículo 3 º y define al honor (artículo 1º) como “la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a nosotros mismos”. También señala que la virtud militar “es por excelencia, una religión, la religión del deber”.
Los Tribunales de Honor, agrega, se limitarán a juzgar, solamente, el aspecto moral de las cuestiones que se les sometan, en las que actuarán como jueces de hecho, de acuerdo a la conciencia que se formen frente a la verdad depurada e inspirándose siempre en el sentimiento de Honor y Deber militar”. En ese sentido, a los Tribunales de Honor compete emitir su parecer respecto a la conducta de un oficial en retiro cuando haya sido “condenado por juez competente”. Los fallos se encuadran dentro de ciertos límites que van desde la absolución a la descalificación por condena de tribunales ordinarios. La falta más severa figura con el límite E- Descalificación por condena de Tribunales Ordinarios. En este caso, lleva aparejada la “pérdida del Estado Militar (baja)”, de acuerdo al Código Penal Militar.
Hace un año atrás, el propio ministro de Defensa Fernández Huidobro había adelantado a LA REPUBLICA que varios militares, condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, debían pasar por un Tribunal de Honor Militar. La decisión que finalmente se concretó en la víspera, cuenta con el apoyo del comandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre.
“Las cosas se deben hacer con el menor daño posible para la sociedad y con el mejor beneficio posible para la ciudadanía”, había señalado el secretario de Estado.
Los condenados
Además de Alvarez, la nómina de militares con condena firme de la justicia la integran el capitán de fragata (r) Juan Carlos Larcebeau, condenado a 20 años de prisión como coautor en el homicidio de 29 personas trasladadas desde el exterior en 1978 en forma clandestina. Luego, el coronel José Nino Gavazzo, condenado a 25 años de prisión por la muerte de 28 uruguayos secuestrados en Argentina en 1976.
El coronel Ricardo Arab, condenado a 25 años de prisión también por la muerte de 28 uruguayos secuestrados en Argentina. Arab también había sido procesado por la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976. El coronel (en situación de reforma) Gilberto Vázquez, condenado a 20 años de prisión por 28 homicidios (también fue procesado por la desaparición de María Claudia).
El coronel Ernesto Ramas recibió la condena a 20 años de prisión por el homicidio de 28 personas. El coronel Luis Maurente, condenado a 20 años de prisión por 28 homicidios; el soldado Ernesto Soca, con 20 años por 28 homicidios. Cierra la lista el coronel Jorge “Pajarito” Silveira, condenado a 20 años de prisión por 28 homicidios (también fue procesado por la desaparición de María Claudia García de Gelman). Este último, solicitó en 2005 la formación de un Tribunal de Honor por todos los hechos que se le imputaron aunque el mismo nunca se integró.
De puño y letra
A través del decreto Nº 55/985 del 8 de febrero de 1985, el gobierno de facto de la época aprobó un nuevo reglamento de los tribunales de Honor de las FFAA, sustitutivo del aprobado por decreto el 20 de mayo de 1969. Se trata de un librillo de 58 páginas, impreso en la propia imprenta del Ejército. Fue uno de los últimos actos de gobierno del teniente general (r ) Gregorio Alvarez, quien dimitió a su cargo cuatro días después
la republica
El último dictador uruguayo será juzgado por un tribunal militar
El general aún goza de beneficios por seguir formando parte del Ejército oriental, que ahora le podría sacar el grado y quitar la jubilación y la posibilidad de atenderse en el Hospital Militar, un centro de excelencia en el país.
tiempo argentino
Gregorio Álvarez a Tribunal de Honor
Alvarez, teniente general (r), preso desde diciembre de 2007, quien ejerció la presidencia de facto entre 1981 y 1985, encabeza la lista de militares que serán juzgados por sus pares, según la determinación del Poder Ejecutivo. El Tribunal de Honor deberá integrarse por oficiales de similar jerarquía, en este caso, tres ex Comandantes en Jefe en situación de retiro.
Según el reglamento, por su orden, de izquierda a derecha (de menor antigüedad a mayor antigüedad), el Tribunal correspondería que lo integren los ex Jefes del Ejército Jorge Rosales, Carlos Días y Angel Bertolotti.
Los fallos de los Tribunales de Honor son independientes de los juicios de los tribunales judiciales, civiles o militares, ni interfieren con los trámites normales en el fuero civil o militar ni eximen alinclulpado de la jurisdicción penal militar o común.
En 2009, Alvarez fue condenado por el homicidio de 37 personas durante su etapa como comandante del Ejército. Meses atrás, un fallo de un Tribunal de Apelaciones había revocado el procesamiento de Alvarez por el “homicidio muy especialmente agravado” de Luis Luzardo, militante tupamaro fallecido en 1973. Empero, permanecerá preso.
“Cada oficial está obligado a ser un ejemplo de conducta”, señala el Reglamento en su artículo 3 º y define al honor (artículo 1º) como “la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a nosotros mismos”. También señala que la virtud militar “es por excelencia, una religión, la religión del deber”.
Los Tribunales de Honor, agrega, se limitarán a juzgar, solamente, el aspecto moral de las cuestiones que se les sometan, en las que actuarán como jueces de hecho, de acuerdo a la conciencia que se formen frente a la verdad depurada e inspirándose siempre en el sentimiento de Honor y Deber militar”. En ese sentido, a los Tribunales de Honor compete emitir su parecer respecto a la conducta de un oficial en retiro cuando haya sido “condenado por juez competente”. Los fallos se encuadran dentro de ciertos límites que van desde la absolución a la descalificación por condena de tribunales ordinarios. La falta más severa figura con el límite E- Descalificación por condena de Tribunales Ordinarios. En este caso, lleva aparejada la “pérdida del Estado Militar (baja)”, de acuerdo al Código Penal Militar.
Hace un año atrás, el propio ministro de Defensa Fernández Huidobro había adelantado a LA REPUBLICA que varios militares, condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, debían pasar por un Tribunal de Honor Militar. La decisión que finalmente se concretó en la víspera, cuenta con el apoyo del comandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre.
“Las cosas se deben hacer con el menor daño posible para la sociedad y con el mejor beneficio posible para la ciudadanía”, había señalado el secretario de Estado.
Los condenados
Además de Alvarez, la nómina de militares con condena firme de la justicia la integran el capitán de fragata (r) Juan Carlos Larcebeau, condenado a 20 años de prisión como coautor en el homicidio de 29 personas trasladadas desde el exterior en 1978 en forma clandestina. Luego, el coronel José Nino Gavazzo, condenado a 25 años de prisión por la muerte de 28 uruguayos secuestrados en Argentina en 1976.
El coronel Ricardo Arab, condenado a 25 años de prisión también por la muerte de 28 uruguayos secuestrados en Argentina. Arab también había sido procesado por la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976. El coronel (en situación de reforma) Gilberto Vázquez, condenado a 20 años de prisión por 28 homicidios (también fue procesado por la desaparición de María Claudia).
El coronel Ernesto Ramas recibió la condena a 20 años de prisión por el homicidio de 28 personas. El coronel Luis Maurente, condenado a 20 años de prisión por 28 homicidios; el soldado Ernesto Soca, con 20 años por 28 homicidios. Cierra la lista el coronel Jorge “Pajarito” Silveira, condenado a 20 años de prisión por 28 homicidios (también fue procesado por la desaparición de María Claudia García de Gelman). Este último, solicitó en 2005 la formación de un Tribunal de Honor por todos los hechos que se le imputaron aunque el mismo nunca se integró.
De puño y letra
A través del decreto Nº 55/985 del 8 de febrero de 1985, el gobierno de facto de la época aprobó un nuevo reglamento de los tribunales de Honor de las FFAA, sustitutivo del aprobado por decreto el 20 de mayo de 1969. Se trata de un librillo de 58 páginas, impreso en la propia imprenta del Ejército. Fue uno de los últimos actos de gobierno del teniente general (r ) Gregorio Alvarez, quien dimitió a su cargo cuatro días después
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El último dictador uruguayo será juzgado por un tribunal militar
El general aún goza de beneficios por seguir formando parte del Ejército oriental, que ahora le podría sacar el grado y quitar la jubilación y la posibilidad de atenderse en el Hospital Militar, un centro de excelencia en el país.
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Esta mas que clara su posicion hacia los soldados que defendieron la democracia de mi pais no tenga la menor duda señor.
Será juzgado por sus pares por delitos de homicidio y arriesga la pérdida del estado militar
Gregorio Álvarez a Tribunal de Honor
Alvarez, teniente general (r), preso desde diciembre de 2007, quien ejerció la presidencia de facto entre 1981 y 1985, encabeza la lista de militares que serán juzgados por sus pares, según la determinación del Poder Ejecutivo. El Tribunal de Honor deberá integrarse por oficiales de similar jerarquía, en este caso, tres ex Comandantes en Jefe en situación de retiro.
Según el reglamento, por su orden, de izquierda a derecha (de menor antigüedad a mayor antigüedad), el Tribunal correspondería que lo integren los ex Jefes del Ejército Jorge Rosales, Carlos Días y Angel Bertolotti.
Los fallos de los Tribunales de Honor son independientes de los juicios de los tribunales judiciales, civiles o militares, ni interfieren con los trámites normales en el fuero civil o militar ni eximen alinclulpado de la jurisdicción penal militar o común.
En 2009, Alvarez fue condenado por el homicidio de 37 personas durante su etapa como comandante del Ejército. Meses atrás, un fallo de un Tribunal de Apelaciones había revocado el procesamiento de Alvarez por el “homicidio muy especialmente agravado” de Luis Luzardo, militante tupamaro fallecido en 1973. Empero, permanecerá preso.
“Cada oficial está obligado a ser un ejemplo de conducta”, señala el Reglamento en su artículo 3 º y define al honor (artículo 1º) como “la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a nosotros mismos”. También señala que la virtud militar “es por excelencia, una religión, la religión del deber”.
Los Tribunales de Honor, agrega, se limitarán a juzgar, solamente, el aspecto moral de las cuestiones que se les sometan, en las que actuarán como jueces de hecho, de acuerdo a la conciencia que se formen frente a la verdad depurada e inspirándose siempre en el sentimiento de Honor y Deber militar”. En ese sentido, a los Tribunales de Honor compete emitir su parecer respecto a la conducta de un oficial en retiro cuando haya sido “condenado por juez competente”. Los fallos se encuadran dentro de ciertos límites que van desde la absolución a la descalificación por condena de tribunales ordinarios. La falta más severa figura con el límite E- Descalificación por condena de Tribunales Ordinarios. En este caso, lleva aparejada la “pérdida del Estado Militar (baja)”, de acuerdo al Código Penal Militar.
Hace un año atrás, el propio ministro de Defensa Fernández Huidobro había adelantado a LA REPUBLICA que varios militares, condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, debían pasar por un Tribunal de Honor Militar. La decisión que finalmente se concretó en la víspera, cuenta con el apoyo del comandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre.
“Las cosas se deben hacer con el menor daño posible para la sociedad y con el mejor beneficio posible para la ciudadanía”, había señalado el secretario de Estado.
Los condenados
Además de Alvarez, la nómina de militares con condena firme de la justicia la integran el capitán de fragata (r) Juan Carlos Larcebeau, condenado a 20 años de prisión como coautor en el homicidio de 29 personas trasladadas desde el exterior en 1978 en forma clandestina. Luego, el coronel José Nino Gavazzo, condenado a 25 años de prisión por la muerte de 28 uruguayos secuestrados en Argentina en 1976.
El coronel Ricardo Arab, condenado a 25 años de prisión también por la muerte de 28 uruguayos secuestrados en Argentina. Arab también había sido procesado por la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976. El coronel (en situación de reforma) Gilberto Vázquez, condenado a 20 años de prisión por 28 homicidios (también fue procesado por la desaparición de María Claudia).
El coronel Ernesto Ramas recibió la condena a 20 años de prisión por el homicidio de 28 personas. El coronel Luis Maurente, condenado a 20 años de prisión por 28 homicidios; el soldado Ernesto Soca, con 20 años por 28 homicidios. Cierra la lista el coronel Jorge “Pajarito” Silveira, condenado a 20 años de prisión por 28 homicidios (también fue procesado por la desaparición de María Claudia García de Gelman). Este último, solicitó en 2005 la formación de un Tribunal de Honor por todos los hechos que se le imputaron aunque el mismo nunca se integró.
De puño y letra
A través del decreto Nº 55/985 del 8 de febrero de 1985, el gobierno de facto de la época aprobó un nuevo reglamento de los tribunales de Honor de las FFAA, sustitutivo del aprobado por decreto el 20 de mayo de 1969. Se trata de un librillo de 58 páginas, impreso en la propia imprenta del Ejército. Fue uno de los últimos actos de gobierno del teniente general (r ) Gregorio Alvarez, quien dimitió a su cargo cuatro días después
la republica
El último dictador uruguayo será juzgado por un tribunal militar
El general aún goza de beneficios por seguir formando parte del Ejército oriental, que ahora le podría sacar el grado y quitar la jubilación y la posibilidad de atenderse en el Hospital Militar, un centro de excelencia en el país.
tiempo argentino
Tengo entendido que la jubilacion no se la pueden sacar debido a que es un patrimonio generado.
Un tipo con pelotas y convicciones.
Se votará hoy el ascenso para siete oficiales generales
Parlamento completa hoy la cúpula de las FF.AA.
La Comisión Permanente del Poder Legislativo votará en esta jornada ascensos de oficiales generales de las Fuerzas Armadas y de esa forma, a partir del 1° de febrero en que asumirán la nueva jerarquía, quedará completa la cúpula militar.
Los ascensos son para seis oficiales del Ejército y uno de la Armada. En la Fuerza Aérea no se produjeron vacantes en el generalato en los últimos meses y su cúpula está completa.
Los oficiales que serán ascendidos son el capitán de navío Jorge Jaunsolo al grado de contralmirante en la Armada, y los coroneles del Ejército Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry, Julio Macías, Miguel Giordano y Héctor Tabárez al grado de general.
La novedad de la nómina de coroneles propuestos para llegar a general es que el Poder Ejecutivo ha resuelto darle más presencia en el generalato a la legión de los Tenientes de Artigas, una sociedad de oficiales que en la época de la dictadura tuvo mucha presencia en el Ejército y era considerada el archienemigo del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
El coronel Sequeira integra esa legión, en tanto que Giordano no pertenece a los Tenientes pero fue propuesto por ese grupo para ascender.
Nuevo comandante.
A su vez, el general Juan Villagrán, hasta hace poco jefe de la División Ejército III, será el nuevo comandante en jefe del Ejército a partir del 1° de febrero en sustitución del general Pedro Aguerre que tomó el cargo en septiembre de 2011, según una decisión del Poder Ejecutivo.
El 1° de febrero, además, habrá varios cambios de destino para numerosos oficiales generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en tanto los recién ascendidos recibirán su primera tarea en la nueva jerarquía.
Un destino que se puede adelantar es el del general Milton Ituarte, quien desde esa fecha será el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) sustituyendo al general Daniel Castellá.
El Esmade seguirá, así, a cargo del Ejército y no habrá rotación entre las fuerzas.
El nuevo comandante del Ejército Villagrán ya ha tomado algunas medidas de designación en su gabinete y el área de la comunicación social del Ejército, según pudo saber El País.
elpais.uy
Parlamento completa hoy la cúpula de las FF.AA.
La Comisión Permanente del Poder Legislativo votará en esta jornada ascensos de oficiales generales de las Fuerzas Armadas y de esa forma, a partir del 1° de febrero en que asumirán la nueva jerarquía, quedará completa la cúpula militar.
Los ascensos son para seis oficiales del Ejército y uno de la Armada. En la Fuerza Aérea no se produjeron vacantes en el generalato en los últimos meses y su cúpula está completa.
Los oficiales que serán ascendidos son el capitán de navío Jorge Jaunsolo al grado de contralmirante en la Armada, y los coroneles del Ejército Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry, Julio Macías, Miguel Giordano y Héctor Tabárez al grado de general.
La novedad de la nómina de coroneles propuestos para llegar a general es que el Poder Ejecutivo ha resuelto darle más presencia en el generalato a la legión de los Tenientes de Artigas, una sociedad de oficiales que en la época de la dictadura tuvo mucha presencia en el Ejército y era considerada el archienemigo del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
El coronel Sequeira integra esa legión, en tanto que Giordano no pertenece a los Tenientes pero fue propuesto por ese grupo para ascender.
Nuevo comandante.
A su vez, el general Juan Villagrán, hasta hace poco jefe de la División Ejército III, será el nuevo comandante en jefe del Ejército a partir del 1° de febrero en sustitución del general Pedro Aguerre que tomó el cargo en septiembre de 2011, según una decisión del Poder Ejecutivo.
El 1° de febrero, además, habrá varios cambios de destino para numerosos oficiales generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en tanto los recién ascendidos recibirán su primera tarea en la nueva jerarquía.
Un destino que se puede adelantar es el del general Milton Ituarte, quien desde esa fecha será el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) sustituyendo al general Daniel Castellá.
El Esmade seguirá, así, a cargo del Ejército y no habrá rotación entre las fuerzas.
El nuevo comandante del Ejército Villagrán ya ha tomado algunas medidas de designación en su gabinete y el área de la comunicación social del Ejército, según pudo saber El País.
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