Seis oficiales procesados
El juez Bonadío responsabiliza a los oficiales de la Fuerza Aérea de permitir que el avión, que no puede despegar desde más de 10 mil pies de altura, vaya a La Paz, que está a 13.300. Usaron un manual de operaciones apócrifo.
Por Eduardo Videla
Seis oficiales de la Fuerza Aérea fueron procesados por el delito de “estrago doloso agravado”, por su responsabilidad en la caída del avión Lear Jet 35A, el 9 de marzo de 2006, en Bolivia, cuando regresaba de una misión humanitaria en ese país, que provocó la muerte de sus seis tripulantes. En ese avión había viajado un día antes el entonces ministro de Salud, Ginés González García, quien a su regreso cambió de aparato porque la partida de esta máquina estaba demorada.
El juez federal Claudio Bonadío consideró probado que los seis militares procesados permitieron el vuelo de una máquina que no es apta para aterrizar ni despegar en aeropuertos a más de 10 mil pies de altura, como el de El Alto, en La Paz. Bonadío probó además que la Fuerza Aérea había elaborado un “manual” para operar el avión a mayor altura, transgrediendo nada menos que las indicaciones del fabricante. La investigación se inició a partir de una denuncia del ex piloto y actual director de cine Enrique Piñeyro.
Los seis militares fueron procesados como coautores de un delito que prevé penas de 10 a 25 años cuando, como en este caso, ocasiona la muerte de personas. Sin embargo, el juez resolvió que los procesamientos sean sin prisión preventiva, por entender que los acusados no pondrían trabas a la acción de la Justicia. De todas formas, trabó un embargo sobre sus bienes de 100 mil pesos por cabeza.
Los procesados son el brigadier José Luis Babari Zoco, quien se desempeñaba como comandante de Operaciones Aéreas (COA); el comodoro Marcelo Ayerdi, por entonces jefe de Estado Mayor del COA; el comodoro Oscar Bergia, en su calidad de jefe de la II Brigada Aérea; el vicecomodoro Carlos Alberto Grzona, jefe de Operaciones; Sebastián Segura, jefe de la Escuadrilla Lear Jet, y César Sprenger, jefe del Grupo Aéreo 2 en el momento de los hechos.
Según el juez, los seis autorizaron el vuelo del Lear Jet –identificado como Tango 21–, con destino a La Paz, pese a que esa máquina no puede viajar a destinos con una altura superior a los 10 mil pies. El aeropuerto de El Alto, en La Paz, está ubicado a 13.313 pies sobre el nivel del mar. Es decir que la altura superaba en 3300 pies (casi de mil metros) lo permitido por los fabricantes de la máquina.
En su descargo, los imputados presentaron un anexo con instrucciones para volar por sobre la altura máxima permitida. Miguel Angel Doscokz, representante de la empresa fabricante del avión, desconoció ante el juez la existencia de un apéndice que permita a un Lear Jet 35A despegar o aterrizar por sobre los 10 mil pies. Según explicó, a esa altura, “el aceite que baña la bancada del motor se filtra por los conductos de presurización, produciendo humo dentro de la cabina, pudiendo llegar a ocasionar una situación dificultosa”.
El avión había llevado el día anterior al ministro González García a Bolivia, con medicamentos y ayuda médica. De acuerdo con la investigación, la aeronave llegó con “desviaciones en la indicación de rumbo” y con “un olor muy intenso a cable quemado en la cabina”. La reparación de la máquina provocó la demora que obligó al ministro y al grupo de periodistas que cubrían el viaje –entre ellos, un cronista de Página/12– a tomar un vuelo de línea, con lo que salvaron sus vidas.
Según pudieron reconstruir los investigadores, a pocos minutos del despegue del Lear Jet se habría producido un intenso “calor y humo dentro de la cabina”, lo que habría provocado “la probable reacción tardía por parte de la tripulación en la operación de las llaves ‘bleed air’”, para estabilizar la aeronave. El avión despegó a las 16.27 hora argentina y a los cinco minutos se estrelló contra el piso.
Piñeyro presentó la denuncia en diciembre de 2007, cuando reunió pruebas que indicaban que quienes autorizaron el vuelo habían puesto en riesgo a la tripulación y a los pasajeros a sabiendas de que se estaba obrando al margen de las medidas de seguridad establecidas por el fabricante. También denunció a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré; al subsecretario de Asuntos Técnicos Militares, Germán Montenegro, y al titular de la Fuerza Aérea, brigadier Eduardo Schiaffino. Pero el juez no los consideró responsables de lo ocurrido.
De la investigación de Bonadío se desprende que este tipo de vuelos se realizaban desde la década del ’80, cuando se diseñó una “Lista de Control de Procedimientos, al no contarse con procedimientos estandarizados por la fábrica” para vuelos a esa altura.
Los informes revelan que, antes del vuelo fatal, s
e registran “17 operaciones de despegues y aterrizajes de un Lear Jet 35A en La Paz”, ocho de ellos entre 1981 y 1982 y los restantes entre septiembre de 2002 y junio de 2005. En uno de esos casos se registró una situación de emergencia similar, que fue superada por el piloto, quien tenía experiencia en vuelos de esta índole. En cambio, la tripulación destacada en 2006 nunca había viajado a La Paz en esa aeronave.
