México y la lucha contra el narcotráfico

Sebastian

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Una protesta masiva en México DF exige que se esclarezca el ‘caso Iguala’

Miles de manifestantes recorren el centro de la capital con padres de los 43 desaparecidos en el Estado de Guerrero y piden dar con su paradero y que se diriman responsabilidades


Óscar Granados México 22 OCT 2014 - 22:04 CEST54


FOTOGALERÍA DE LA MARCHA. / REUTERS LIVE

Un clamor de justicia resonó en la Ciudad de México por el 'caso Iguala'. Una multitud de unas 50.000 personas, según las autoridades locales, exigió este miércoles por la tarde al Gobierno federal una respuesta clara sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre.

"Estamos cayendo en la desesperación... Se vuele a repetir la historia del 68 [la matanza de Tlatelolco]", dijo Juan Estrada, que esta tarde caminó junto a las familias de los desaparecidos por el Paseo de la Reforma, una de las principales vías de México DF, hasta el Zócalo, la plaza central de la capital. "Esta marcha no es de fiesta, Ayotzinapa está de luto", afirmó un estudiante de la escuela de los desaparecidos. Los manifestantes reclamaron que se dé con su paradero y que se arreste a los máximos responsables de lo ocurrido. A la protesta, además de los alumnos de la escuela de las víctimas, acudieron un gran número de estudiantes llegados de 39 centros educativos de todo México.

Esta es la segunda protesta multitudinaria que los universitarios organizan en la Ciudad de México por el caso Iguala. El pasado 15 de octubre, los estudiantes se manifestaron en dos sitios distintos: en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México y frente a las oficinas de la Fiscalía federal, en donde los jóvenes dañaron la fachada del edificio, construida con cristales, al lanzar algunas piedras y palos.

Este miércoles, un grupo de figuras mexicanas de relieve —entre ellos el exrector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, la escritora Elena Poniatowska y el líder del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X. González — exigió en un mensaje público al Gobierno mexicano la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar la desaparición.

Estamos cayendo en la desesperación... Se vuele a repetir la historia del 68 [la matanza de Tlatelolco]
Juan Estrada, un manifestante​

A 26 días de la desaparición, los estudiantes no han sido los únicos que han levantado la voz. Los organismos internacionales también lo han hecho. “¿Dónde queda Iguala? ¡A menos de 200 kilómetros del Distrito Federal, a tres horas por carro! ¡No hay excusa! Éste no es un sitio remoto que queda en la selva distante, y sin embargo le tomó cuatro días al presidente de México intentar incluso delegar responsabilidades en las autoridades de Iguala”, reclamó Human Rights Watch. Su denuncia se sumó a la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la de la ONU. EE UU y la OEA también habían pedido que México esclareciera la desaparición de los estudiantes.

La protesta de este miércoles ha sido hasta ahora la más masiva. Terminó sobre las diez de la noche. En el Zócalo, cuando todo acababa, habló Bernabé, 60 años, un campesino de Guerrero. Su hijo Adán es uno de los desaparecidos. "Ya no tengo confianza en el Gobierno federal ni estatal. Ya va a hacer un mes y no sé nada de mi hijo". Su voz entrecortada y la narración conmovió a los asistentes, la mayoría vestidos de blanco. "Todos los pobres también tenemos un corazón y con ese corazón duro vamos a luchar hasta encontrarlos" sentenció Bernabé.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/22/actualidad/1414008264_261066.html
 

Sebastian

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Una protesta en Iguala termina con el incendio del Palacio Municipal

Varias explosiones en el interior del Ayuntamiento han asustado a los vecinos, que salieron a la calle de forma masiva para manifestarse

Paula Chouza Iguala, Guerrero 23 OCT 2014 - 02:47 CEST63


FOTOGALERÍA. Saqueos y destrozos en el Ayuntamiento de Iguala / ATLAS

Una marcha que recorrió este miércoles las calles de la ciudad mexicana de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes hace 26 días, concluyó con la quema del Ayuntamiento y saqueos dentro del edificio. Mientras los manifestantes rompían con palos los vidrios del consistorio, el animador de la marcha pedía disculpas: “No venimos a alterar la paz social”. Un cartel con la imagen de la esposa del alcalde ardía en la plaza, hombres con el rostro cubierto seguían destrozando las ventanas y el discurso, pese a todo, continuaba.

“Lo sentimos, pero esto que le están haciendo los compañeros al Ayuntamiento no es nada en comparación con lo que les ocurrió a nuestros hijos. A uno lo desollaron y lo tiraron en la carretera como a un animal, estuvieron horas sin que nadie los recogiera, 43 estudiantes siguen desaparecidos”. El fuego comenzó poco después de la una de la tarde, cuando una avanzadilla de manifestantes se adentró en las dependencias municipales después de recorrer unos tres kilómetros en relativa calma. Varias explosiones en el interior del palacio asustaron enseguida a los vecinos, que habían salido a la calle de forma masiva para apoyar la marcha.

“¡Apártense, no vaya a reventar el tanque de gas!”, avisaba un hombre en la plaza. “¡Todos al interior de la capilla, para atrás, para atrás!”, gritaban algunos. El humo negro que salía por las puertas y ventanas del edificio cubrió parte del zócalo. La gente huía de la escena. Dentro se consumía todo.

Tras unos minutos de enorme tensión, la ciudad de Iguala, de 130.000 habitantes, volvió a respirar y las calles se abrieron a la circulación de nuevo. En el interior del palacio municipal, todavía en llamas, varios lugareños cargaban ventiladores y máquinas expendedoras de agua. "¿No les da vergüenza?", gritaban los vecinos fuera. Una unidad de bomberos que acudió a apagar el fuego fue recibida a patadas y tuvo que retirarse. "Lo que hizo la policía municipal con esos jóvenes estuvo mal, pero esto también. ¿Por qué tnemos que pagarlo nosotros?", comentaba un hombre indgnado. Pasaron más de dos horas hasta que los operarios pudieron entrar al inmueble.

Poco después de las diez de la mañana padres de estudiantes desaparecidos, colectivos sociales y alumnado de distintos puntos del país se reunían frente al mercado de abastos del municipio, situado en la salida de la ciudad hacia Taxco. Dos supuestos agentes federales infiltrados fueron retenidos en el transcurso de la marcha. A ambos les pidieron la identificación y los obligaron a caminar descalzos en primera fila, escoltados por varios jóvenes encapuchados.“Nunca antes vimos tantas personas juntas”, decía una mujer al asomar la cabeza por la puerta de su academia minutos antes del ataque en la plaza. “Hoy tenemos cerrado por si acaso. Estos días el pueblo ha estado tranquilo, pero hay temor porque sabemos que tienen fama de guerrilleros”, murmurab un señor a su lado. Las rejas de casi todos los comercios estaban echadas este miércoles. En la calle había rabia, dolor, solidaridad, pero ninguna autoridad presente.

El alcalde municipal y su esposa se encuentran prófugos. Su suplente todavía no ha tomado posesión del cargo. La Policía Federal no llegó hasta horas después de que los ciudadanos destrozaran el Ayuntamiento. De la Gendarmería, que ha tomado el control en lugar de los agentes municipales, ni rastro. Iguala es ahora una ciudad sin ley. Todo comenzó la noche del 26 de septiembre, donde después de un enfrentamiento con la policía municipal, 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa —un centro de estudios para maestros rurales— desaparecieron. Otras seis personas fallecieron ese día en los choques: tres alumnos, un ama de casa, un chófer y un futbolista del equipo local Avispones.

Estos días el pueblo ha estado tranquilo, pero hay temor porque sabemos que tienen fama de guerrilleros
Un vecino de Iguala​

El caso se ha vuelto un desafío para el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que se ha esforzado por mostrar al mundo la imagen de un México reformista, moderno. La falta de respuestas a casi un mes del suceso pone contra las cuerdas al Ejecutivo. “Venimos a pedir responsabilidades, al presidente, por su política de terror y miedo, que ha permitido al narco asentarse en el país; al gobernador Aguirre por sus omisiones en el caso; y al alcalde José Luis Abarca, por su participación y por estar coludido con el crimen organizado”, gritaban los manifestantes.

Las primeras investigaciones indican que los 43 jóvenes fueron entregados por la policía municipal al cartel local, Guerreros Unidos. Menos de una semana después del suceso fueron halladas varias fosas con restos de 28 cuerpos quemados, pero las autoridades descartaron que se tratase de los normalistas desaparecidos. Los vecinos se muestran escépticos hasta que un equipo de forenses independiente tenga los resultados, pero aseguran que las tierras del municipio están sembradas de cadáveres.

"¡Qué salimos en la tele!” exclamaba una mujer con una niña en brazos al ver la avalancha de periodistas desfilando por la calle principal. Después, el ruido de cristales, los explosivos, mucho humo. Todo el folclor quedó fuera de plano.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/23/actualidad/1414060784_300494.html
 
Qué mala prensa a la marca Argentina le da este paramilitar en México, la zona esta llena de fuerzas de todo tipo, muchos de civil, como los de la foto y el video, para saber que pasó con los estudiantes secuestrados de la escuela normal de Iguala.



 

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la situación de los estudiantes desaparecidos en Mexico en el que se han visto comprometidas las autoridades del estado de Guerrero por presuntamente auxiliar a los narcos que ejercen influencia en el sector. Lo que se sabe es que este hecho provocó la renuncia del Gobernador y un nombramiento apresurado por decreto del Presidente Peña Nieto de un académico miembro directivo y rofesor de la Universidad Autónoma de Guerrero llamado Rogelio Ortega.

En mexico van de mal en peor, salen de un cómplice promotor de la delincuencia como Gobernador para nombrar al delincuente promovido.

Nuevo gobernador de Guerrero envuelto en posible escándalo


Ahora bien, el problema con la cadena de custodia de los susodichos computadores no fue porque estos hayan sido alterados ya que el operativo se llevó a cabo por miembros de la fiscalía que fueron quienes levantaron todo lo encontrado en la escena y la Interpol certificó la indemnidad de los dispositivos encontrados o la ausencia de cualquier tipo de manipulación, lo que sucedió fue que como el levantamiento de los cuerpos y los elemento materiales probatorios se efectuó en un País distinto, se requería la presencia de autoridades que ejercieran funciones judiciales y de policía, cosa que jamás iba a pasar. A propósito, está corroborado que los narcos que controlan ese Estado son los socios estratégicos del cartel de las farc en Mexico.
 
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Asesinan al general responsable de la seguridad pública en el noreste de México


El delegado regional de la zona norte de Seguridad Pública del estado mexicano de Tamaulipas, el general Ricardo César Niño Villarreal, fue asesinado este lunes, según el periódico 'La Jornada', que cita a la procuraduría estatal.
El general asumió el cargo el pasado mes de mayo cuando el gobierno federal asumió la seguridad pública en Tamaulipas y dividió el estado en cuatro delegaciones, una de ellas, la del norte, con sede en Nuevo Laredo, a cargo de Niño Villareal.
http://actualidad.rt.com/ultima_hora/view/145769-asesinar-responsable-seguridad-publica-mexico
 

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Detenido el alcalde de Iguala por la desaparición de los 43 estudiantes

El regidor y su esposa han sido arrestados en la Ciudad de México, según fuentes oficiales

Jan Martínez Ahrens México 4 NOV 2014 - 14:49 CET52


José Luis Abarca y su mujer, María de Los Ángeles Pineda, en una imagen del 3 de julio de 2014. / JESUS GUERRERO (AFP)

La historia de una ambición ha llegado a su fin. Tras dejar en evidencia durante casi 40 días a las fuerzas de seguridad mexicanas, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerados los autores intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio, fueron capturados en una oscura madriguera del laberíntico Distrito Federal. En su detención, meticulosamente diseñada por la cúpula policial, no hubo tiros ni gritos. La pareja que durante dos años, bajo la sombra del narco, impuso un reino del terror en Iguala, el matrimonio cuya sed de poder desembocó en una vorágine de violencia sin apenas parangón en México, fue apresada de madrugada mientras dormían mansamente en una anodina casa de alquiler del distrito de Iztapalapa.

Su caída arroja una primera luz en el largo y terrorífico túnel en que se ha convertido el caso Iguala. De sus declaraciones, los investigadores esperan obtener pistas que permitan dar con el paradero de los estudiantes. Un objetivo que se ha convertido en un clamor nacional y que, cada día que pasa sin resultados, ahonda la crisis política abierta por la desaparición de los normalistas el pasado 26 de septiembre. Las autoridades, con la detención, se quitan además la espina de incompetencia que tenían clavada desde que, a los tres días de los hechos, la pareja, responsable directa de la feroz represión policial que acabó con la vida de seis personas y el secuestro de 43, se dio a la fuga tras pedir tranquilamente una baja municipal. La imagen del alcalde declarando que, en la noche en que Iguala fue presa de la barbarie, él no se había enterado de nada porque había estado de baile y cena con su esposa, se había vuelto un símbolo de la impunidad que corroe México.

En poder de los Abarca se ocultan muchas claves de este enigmático caso. La principal es su vinculación con el narco. Las declaraciones del detenido líder del cartel de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, sitúan a ambos en la cúpula local de la organización. La pareja, apoyada por este poder oscuro, había protagonizado un fulgurante ascenso social. En pocos años pasaron de vender sandalias y sombreros de paja a dirigir un pequeño imperio inmobiliario en Iguala. Desde esta atalaya dieron el salto a la política.
Apoyado por el factótum local del PRD, Abarca se hizo en 2012, sin experiencia política alguna, con la alcaldía de la tercera ciudad del Estado de Guerrero, el más violento y pobre de México. Como regidor, puso el control de la Policía Municipal en manos del cartel de Guerreros Unidos, que directamente elegía a los agentes.
Durante su mandato, las tropelías y abusos se dispararon. Hombre de carácter despótico, Abarca fue acusado de eliminar personalmente a sus rivales políticos. Así ocurrió con el ingeniero Arturo Hernández Cardona, líder de Unidad Popular, un movimiento de defensa de los derechos de los campesinos. Hernández Cardona, tras una agria disputa con el alcalde, fue torturado y asesinado junto a otros dos dirigentes de su organización. Un superviviente declaró que fue el propio Abarca quien le mató de dos tiros. Uno en la cara y otro en el pecho. La acusación cayó en el cajón del olvido.

En este entramado, la esposa ocupaba un papel central. Hija de una operaria del capo Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de Jefes, y hermana de los dos narcos que crearon el embrión de Guerreros Unidos antes de morir asesinados por una supuesta traición, Pineda Villa manejaba los hilos financieros del cartel en Iguala. Mujer de carácter fuerte, su ambición había crecido en los últimos tiempos y ya tenía planeado presentarse a la alcaldía en las elecciones de 2015.
Para ello había lograda ser nombrada consejera estatal del PRD (izquierda) y ocupado la dirección de un organismo municipal de asistencia social. El día de las desapariciones había organizado en el zócalo de Iguala el acto que debía servirle de pistoletazo de salida en su carrera electoral. Fue entonces cuando los normalistas, procedentes de su escuela en Ayotzinapa, llegaron a la ciudad. Su entrada fue avistada por los halcones del narco. La policía alertó al alcalde y su esposa.

Estos, temerosos de que fuesen a reventar el acto, exigieron impedirlo a toda costa. La orden dio paso a la barbarie. Los estudiantes fueron tratados como sicarios rivales. Apoyados por agentes de la vecina localidad de Cocula, también controlada por el narco, la policía municipal desató una feroz persecución. A tiros mataron a dos estudiantes, a un tercero lo desollaron vivo y le arrancaron los ojos.

A otras tres personas las asesinaron, tras disparar 400 balazos, al confundirlas con normalistas. Decenas de estudiantes fueron conducidos a la comandancia policial, y en un plan diseñado para borrar las huellas, fueron entregadas a los agentes de Cocula que, a su vez, los pusieron en manos de los liquidadores del narco.

El propio jefe de los sicarios informó a líder de Guerreros Unidos de la captura. En sus mensajes, identificó a los jóvenes como integrantes del cartel rival de Los Rojos. Casarrubias dio orden de “defender el territorio”.

Los estudiantes, en una noche sin apenas luna, fueron llevados en camionetas de ganado a los cerros. En este punto se pierde su pista. Los indicios apuntan a que fueron exterminados. Pero las identificaciones de los cuerpos hallados en las fosas no han permitido corroborar esta hipótesis. La detención de los Abarca puede arrojar luz sobre las tinieblas. En su mano está que el caso que ha convulsionado a México llegue en los próximos días a su fin.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/04/actualidad/1415100270_134244.html
 

Sebastian

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"Vi al alcade de Iguala disparar en la cabeza al ingeniero Cardona"

Un testigo de la Fiscalía relata a EL PAÍS como Abarca mató en 2013 a su principal rival político y otros dos opositores tras secuestrarlos


Jan Martínez Ahrens México 6 NOV 2014 - 17:12 CET178

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El testigo del otro crimen del alcalde de Iguala. / Reuters-LIVE! / Saúl Ruiz

Nicolás Mendoza Villa es un superviviente. En la madrugada del 1 de junio de 2013, secuestrado, maniatado y torturado, vio cómo el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, detenido ahora por la desaparición de 43 estudiantes de Magisterio, mataba de un tiro en la cabeza a su rival político, el ingeniero Arturo Hernández Cardona, líder de Unidad Popular, un movimiento de defensa de los campesinos. Entonces pensó que él sería el siguiente en morir. "Sólo pedí que arrojaran mi cuerpo cerca de una carretera para que mi familia pudiera hallarlo", recuerda. El destino le deparó otra suerte. Cuando le trasladaban para asesinarle, pudo escapar monte a través. Desde entonces es un fugitivo en su propia tierra. El narco ha puesto precio a su cabeza.

Mendoza ha tenido que abandonar Iguala, dispersar a su familia y vivir en la miseria. Su casa ha sido saqueada dos veces por los sicarios. Sabe que le buscan para matarle. Es el único testigo que, antes de la tragedia de los estudiantes desaparecidos, se atrevió a declarar contra Abarca y revelar su vínculo con el narco. Un testimonio clave que sirve de base a la acusación de la Procuraduría General (la fiscalía mexicana) contra el regidor, por el asesinato de Hernández Cardona y que pesa en su orden de detención.

Ayer, horas después de la captura del alcalde y apoyado por organizaciones humanitarias, habla por primera vez con un periodista. Lo hace a duras penas. No confía en nadie. "En esta vida solo me queda huir", dice. Está sentado en un rincón de un bar cualquiera. Apenas sabe leer o escribir. Su historia, espaciada por tensos silencios, es la que sigue.

Natural de Chilpancingo (Guerrero) trabajó durante años como agricultor antes de ponerse al servicio del ingeniero Hernández Cardona como chófer. La tarde del jueves 30 de mayo de 2013 conducía una camioneta por la carretera de Iguala. Junto a él y Hernández Cardona viajaban seis miembros de Unidad Popular. Venían de uno de sus actos de protesta contra el alcalde Abarca, cuando un Jeep les cortó el paso. Seis hombres armados bajaron y les apuntaron. Les hicieron descender. Nada más pisar el asfalto, el ingeniero, un político con fama de indomable, recibió un balazo en la pierna derecha. No querían resistencia. Luego vinieron siete tiros al aire y la orden de volver al coche. Empezaba el secuestro.

Los sicarios les condujeron, maniatados, hasta un paraje en las afueras de Iguala. No estaban solos. En el lugar había otros secuestrados. Las torturas dieron comienzo esa misma noche. Primero, un interrogador les inquiría uno a uno. "Quería saber por qué hacíamos pintadas, por qué atacábamos al alcalde, por qué habíamos bloqueado las casetas de la carretera...". Acabadas las preguntas, un sicario les golpeaba con un tubo de hierro en las rodillas. A veces, les azotaba con un látigo de alambre. Los surcos negros que Mendoza Villa luce en los brazos, lo atestiguan.

Cuando le trasladaban para asesinarle, pudo escapar monte a través. Desde entonces es un fugitivo en su propia tierra

El calvario se prolongó el viernes. Ese día dejaron de tener dudas sobre su destino. Tres de los secuestrados que encontraron al llegar fueron asesinados. "A uno le cortaron la cabeza con un machete", explica. Esa noche hizo su primera aparición el alcalde Abarca. Vestía unos pantalones ajustados negros, un jersey igualmente oscuro y ceñido, y una gorra. Le acompañaba su jefe de policía. "Nos miraban mientras nos golpeaban, sin decir nada, solo bebiendo cerveza". Abarca volvería de madrugada, a otra sesión de tortura. Fue entonces cuando se acercó al líder de Unidad Popular. Le ofreció un botellín de cerveza. El ingeniero lo rechazó. A unos 10 metros había unas fosas que los sicarios habían excavado esa tarde. Todos sabían lo que significaban.

"Abarca ordenó que llevaran al ingeniero a la fosa. Allí le empezó a decir: '¿Por qué me pintas el Ayuntamiento, eh? Ya que tanto me estás chingando, me voy a dar el gusto de matarte". Hernández Cardona intentó permanecer de pie, callado. "Vi cómo Abarca le apuntaba a la cabeza, en la mejilla izquierda, y le disparaba. Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar". Tras el crimen, una fuerte lluvia se derramó sobre aquel paraje. El pánico se apoderó del resto de secuestrados. Uno de ellos, Rafael Banderas, intentó huir. Fue alcanzado y liquidado. El resto se apretujó bajo la lona que les protegía del aguacero que caía. Aún no era su hora.

Esta pareció llegar al día siguiente, cuando los sicarios les metieron en un Jeep con los cadáveres del ingeniero y Banderas. "Estaban preocupados, en el pueblo había empezado nuestra búsqueda y querían alejarse". Se dirigieron hacia un basurero de Mescala. Al descender, otro secuestrado, Ángel Román Ramírez, aprovechó un descuido de los dos sicarios que les custodiaban para escapar. No llegó muy lejos. Cayó a mitad de carretera. Los narcos se acercaron a paso lento a matarle. Fue entonces cuando el resto vio la oportunidad y se lanzó al monte. "Me metí entre los árboles, escuché seis disparos, pero no paré, creía que me alcanzaban, pero no me persiguieron. Pasamos ocho horas ocultos, hasta que paramos un coche que nos llevó a Iguala". Allí se dispersaron.
Los otros no han vuelto a aparecer. Solo Mendoza Villa se ha atrevido. Con ayuda de la viuda de Hernández Cardona, prestó declaración jurada de lo ocurrido. El asesinato del ingeniero y sus compañeros levantó una polvareda. Los normalistas atacaron el Ayuntamiento de Iguala. La Procuraduría inició algunas pesquisas. Al final, nadie hizo nada.

Abarca siguió gobernando hasta que el 26 de septiembre la barbarie atrapó a los estudiantes de Magisterio de Ayotzinapa. Ahora, el procurador general ha reactivado su caso y avalado su testimonio. "Pero en cualquier momento me pueden matar. Sólo pido protección para mí y mi familia".

Mendoza Villa tiene 44 años, esposa y cuatro hijos. Durante su narración, varias veces, ha dudado en seguir. Teme a Abarca y lo que significa, incluso preso.

—¿Y a Iguala piensa volver algún día?

—Jamás. Eso es el infierno.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/06/actualidad/1415243866_630436.html
 

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La sociedad civil se echa a la calle

Los padres de los 43 desaparecidos encabezan una marcha multitudinaria en el DF

Pablo de Llano México 6 NOV 2014 - 00:47 CET27


FOTOGALERÍA. Los manifestantes toman las calles del DF / Vídeo: ATLAS

Pasadas las cuatro de la tarde hora local, arrancó en la sede presidencial de Los Pinos la tercera gran manifestación ciudadana por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre. La marcha pacífica llegó sobre las siete al Zócalo, plaza principal de la capital y centro simbólico del país, después de atravesar el Paseo de la Reforma, una avenida nuclear de la ciudad. Los organizadores estiman que hubo unos 100.000 manifestantes, pero el Gobierno del DF calcula que fueron 20.000. La marcha la integraron fundamentalmente estudiantes universitarios.

“¿Por qué-por qué-por qué / por qué nos asesinan / si somos la esperanza / de América Latina?”, cantan los estudiantes. “¡Ayotzi vive, Ayotzi vive, Ayotzi vive y vive-la lucha sigue y sigue!”. El predominio de los estudiantes ha sido abrumador frente a la presencia aún discreta del ciudadano medio, del trabajador, del funcionario, del profesional liberal, de familias, aquellos sectores que, unidos al creciente impulso estudiantil, podrían hacer que las protestas actuales alcanzasen un nivel mayor de masa crítica. La indignación es notable y masiva, pero parece que de momento no ha roto diques.

“Este caso ha removido conciencias, pero todavía no es suficiente la respuesta", dice Ilda Rosales, una profesora de 52 años que participa en la marcha con su hija Silvana, estudiante de cine. Detrás de ellas avanza una pancarta blanca con grandes letras negras en la que se lee: “El Estado ha muerto”. Silvana explica que los muchachos que llevan ese cartel son parte del “contingente” de escuelas de arte -un concepto organizativo que remite más a la disciplina marcial que a la rebeldía social, pero así se organizan las marchas masivas en México: por contingentes-. Su madre opina que falta que más gente de su generación se sume al movimiento, y cree que una de las razones de que eso no ocurra aún en mayor medida se debe a que a través de la televisión, el medio de más influencia en todo el país, se transmite “un discurso de conformismo y pasividad”.

“Aquí estamos, pegándole. Ayotzinapa está abriéndole los ojos a mucha banda”, dice Ana, estudiante de 16 años de Procesos Industriales en el Instituto Politécnico, un centro público de tradición reivindicativa, como demostró en octubre con una serie de marchas en contra de la reforma educativa del actual Gobierno, que acabaron provocando que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, bajase de su despacho a la calle para atender sus reclamos. A la izquierda de Ana hay un pequeño cartel en manos de otra joven: “Seguimos en pie, por la sangre de nuestros compañeros”.

Las marchas no están siendo canalizadas por partidos políticos. El caso Iguala, ocurrido en la zona de Guerrero, un Estado gobernado por la izquierda, el PRD, dentro de una República dirigida por un partido de centro, el PRI, ha potenciado en la opinión pública la idea de que la corrupción que aqueja al país hunde sus raíces en todas las formaciones.

A la cabeza de la marcha están los alumnos de la mayor universidad pública de México, la UNAM; los del Instituto Politécnico, las escuelas de Magisterio rurales y los de la Universidad Iberoamericana, un prestigioso centro privado. Estas universidades han decidido hacer paros desde este miércoles hasta el viernes. El movimiento también incluye organizaciones sociales, sindicatos, colectivos de artistas o miembros críticos de la Iglesia.

Sobre las siete de la tarde la manifestación llegó al Zócalo y ahí hablaron los familiares de los desaparecidos, que vienen y van desde la Escuela Normal de Ayotzinapa (donde estudiaban los desaparecidos) hasta la capital de la República para reforzar con su presencia los actos de protesta. Unas ocho horas de camino ida y vuelta para tratar de que México no pierda el pulso de la tragedia. Detrás del estrado principal estaba sentado Víctor Alfonso, 16 años, hermano de uno de los desaparecidos, Jesús Govany Rodríguez Tlatempa. “Me siento con mucho rencor. Sobre todo con el presidente Abarca”, dice aludiendo al exalcalde de Iguala recién detenido. “A veces me siento adolorido porque no tengo cerca a mi hermano. Quiero ir a buscarlo. O matar al que le hizo eso a mi hermano”.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/05/actualidad/1415226712_360955.html
 

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Los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala fueron asesinados

El procurador general anuncia que los normalistas fueron transportado hasta un basurero de Cocula y ahí ejecutados
Jan Martínez Ahrens México 8 NOV 2014 - 01:07 CET827


El procurador general de México, Jesús Murillo Karam. / E. GARRIDO (REUTERS)

México se dio este viernes un largo abrazo con la muerte. La confirmación, tan temida como esperada, de que los 43 estudiantes de Magisterio desaparecidos el 26 de septiembre habían sido asesinados hizo saltar en mil pedazos las últimas y frágiles ilusiones y empujó al país a un abismo de dolor de magnitudes históricas. El heraldo de la terrible nueva fue el procurador general, Jesús Murillo Karam. En una multitudinaria conferencia de prensa, anunció los resultados de la investigación que, en las últimas semanas, ha mantenido en vilo al país. En tono grave, evitando las espinas que pudiesen aumentar el dolor de las familias, Murillo Karam explicó que aquella noche los normalistas detenidos por la Policía Municipal fueron entregados a sicarios de Guerreros Unidos, el cartel que controlaba Iguala, y que fueron conducidos, hacinados en un camión y una camioneta, hacia un basurero de Cocula, una localidad vecina.

Los sicarios levantaron una inmensa pira con los cuerpos, que ardió durante horas

Amontonados, malheridos, golpeados, muchos de los estudiantes, quizá hasta una quincena, murieron asfixiados en el trayecto. Una vez en el paraje, los sicarios, siempre según la confesión de los criminales detenidos, fueron bajando, con los brazos en alto, a los normalistas vivos e interrogándolos. Querían saber por qué habían acudido a Iguala, por qué se habían enfrentado al alcalde y su esposa. Luego, con frialdad abismal, los tumbaban en el suelo y los mataban. Con sus cuerpos levantaron una inmensa pira que alimentaron con maderas, desperdicios y neumáticos. La hoguera, el fuego de la barbarie que a buen seguro seguirá crepitando durante años en la memoria de muchos mexicanos, ardió desde la madrugada hasta las tres de la tarde sin que nadie viese o dijese nada. Luego, por orden de sus superiores, los sicarios recogieron los restos calcinados, los fracturaron y los arrojaron en bolsas de basura al río Cocula. La corriente se los llevó hasta un destino desconocido.

Dos de estas bolsas han sido recuperadas por la policía federal. Sus restos están siendo investigados. Debido a su estado, según la procuraduría, no se ha podido efectuar la prueba de ADN y, por lo tanto, el último eslabón de la investigación sigue sin cerrar. Para conseguirlo, el Gobierno mexicano anunció que pedirá ayuda a los mejores centros internacionales. En cualquier caso, el relato ofrecido por el procurador general tiene una base firme. Su reconstrucción viene acompañada de imágenes y grabaciones de los tres sicarios, plenamente identificados, que participaron en la matanza. Con voces juveniles, como si hablaran de un transporte de ganado, los asesinos confesos describían ante las cámaras cómo eliminaron a esos jóvenes. Su indiferencia producía escalofrío. El crimen masivo, metódico, abismal de los 43 normalistas era para ellos poco menos que una rutina. Difícilmente, México podrá olvidar sus palabras. Y aún menos los padres.

Desde el primer día, se han negado a aceptar, al menos en voz alta, la muerte. Aferrados a la esperanza de que estuviesen secuestrados e incluso, como se dijo en un primer momento, ocultos en la sierra para evitar la represión, las familias no han querido dar su brazo a torcer ante las evidencias que se acumulaban a diario. Y este viernes, al conocer el alud de dolor que se les venía encima, rechazaron las confesiones de los sicarios y redujeron el relato oficial al hallazgo de “seis bolsas con cenizas y huesos”. “Nuestros hijos siguen vivos. Ya los dieron por muertos una vez y no era cierto”, aseguró un portavoz. Altamente movilizados, apoyados por numerosos grupos políticos y organizaciones sociales, los padres no están dispuestos a reconocer la pérdida de los estudiantes (que mientras no se identifiquen los restos seguirán como desaparecidos) hasta que no medien pruebas periciales internacionales. Pero estas tardarán y, tratándose de restos calcinados, quizá nunca lleguen.

Lo que sí que permanecerá son esas confesiones que abren un escenario sísmico en el que bailan de la mano la impunidad y la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Pocos en México hallan explicación a la barbarie que acabó con decenas de muchachos de extracción humilde, maestros rurales en ciernes, que armados solo con sus ideales osaron enfrentarse a la tenebrosa figura del alcalde de Iguala y su esposa, dos terminales del sanguinario cartel de Guerreros Unidos. El atrevimiento les costó la vida. Ese día el crimen organizado lanzó una demostración de poder que ha sobrepasado mucho de los límites vistos hasta ahora en México. La sangría ha dejado en estado de conmoción una tierra que hace pocas semanas, enfrascada en grandes proyectos, miraba al futuro con optimismo.

Los restos calcinados fueron fracturados y arrojados en bolsas de basura al río Cocula

Golpeada por esta pérdida de confianza, la presidencia de Enrique Peña Nieto se va a tener que enfrentar al reto más difícil de su mandato y posiblemente más complejo en décadas: demostrar al mundo que, pese a esta vorágine de violencia, México, el vecino de la mayor potencia planetaria, es un país moderno y pujante, capaz de encabezar la América hispana. Ese será un trabajo en el que los líderes de esta República de 120 millones de habitantes tendrán que volcarse en los próximos años y que, a la postre, condicionará el lugar en la historia de Peña Nieto. “Los hallazgos indignan y agravian a la sociedad mexicana. Llegaremos hasta el final para dar con los culpables de estos crímenes abominables. Comparto el dolor y la angustia de las familias”, declaró Peña Nieto.

Como primer paso para esta ingente tarea, el presidente ha convocado a los partidos y fuerzas sociales a un gran pacto nacional. La iniciativa, cuyo objetivo declarado es evitar que se repita una matanza como la de Iguala, llega en un momento de fuertes turbulencias. No se trata sólo de una crisis de seguridad. El PRD, el partido que gobierna Guerrero y que permitió la entrada en el ayuntamiento del alcalde Abarca, ha quedado malparado. Y perdido este amortiguador, la confesión de la muerte de los normalistas y, con ella, la bestial exhibición de fuerza del narco en el Estado más violento de México, hace temer que la incipiente revuelta de los compañeros de las víctimas se transforme en una marejada de imprevisibles consecuencias.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/07/actualidad/1415397033_961306.html
 
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MDD

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El horror en una de sus màximas expresiones. Mis condolencias para esas familias y que Dios tenga en la gloria a estos jòvenes.
Tomemos nota de todos estos problemas y de como acà dejamos que cualquier delincuente haga lo que quiere ... Si no comenzamos a actuar sobre el narcotràfico y los politicos mafiosos vamos a sufrir de la misma manera.
 

Iconoclasta

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Es realmente terrible, y lo que me pone a pensar, es si esto se conoce, lo que son capaces de hacer en el "desconocimiento"

Terrible la verdad
 

Sebastian

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La nueva generación de carteles

Guerreros Unidos pertenece a una tipología de bandas ultraviolentas en México, más dedicada a la extorsión que a la droga, que sustituye a los grupos tradicionales

Jan Martínez Ahrens México 11 NOV 2014 - 01:47 CET57


Guardias comunitarios marchan por los desaparecidos de Guerrero. / J.L.C. (EFE)

Compactas, ultraviolentas y con fuerte implantación territorial. La brutal guerra abierta que México libra desde hace ocho años contra los carteles de la droga ha generado una nueva tipología de organizaciones criminales. La época de los grandes capos, al estilo de El Chapo Guzmán, con redes que operaban en todo el país, capaces de arbitrar en las disputas territoriales y con conexiones privilegiadas en capitales internacionales, ha llegado a su fin y ha dado paso a una era de pequeñas bandas zonales, de estructura ligera y capaz de multiplicarse en ambientes extremadamente hostiles.

En este universo fragmentado, sometido a presión constante por los clanes rivales y la intervención militar, estos organismos virales han dejado de lado, como principal fuente de ingreso, el negocio de la droga y, según los especialistas, se han lanzado al beneficio obtenido por la extorsión, el robo y el secuestro, tres delitos que les han deparado el dominio territorial, pero que requieren del uso constante de la violencia para su mantenimiento.

Este es el caso de los Guerreros Unidos, acusado del asesinato de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala. "Las nuevas bandas son más locales y depredadoras; en el caso de Guerrero el fenómeno ha alcanzado el paroxismo por la histórica debilidad institucional del territorio; nada les ha frenado y se han apoderado de poblaciones como Iguala. Guerreros Unidos es el ejemplo más claro. Son poco sofisticados, operan a nivel local y la venta de drogas internacional la hacen con intermediarios. Son hijos de la fragmentación", señala el analista de seguridad Alejandro Hope.

La organización nació de las cenizas del imperio de Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de Jefes, un antiguo aliado de El Chapo Guzmán, al que la Marina dio muerte a tiros el 16 de diciembre de 2009. Su caída dejó sin cetro un vasto territorio que abarcaba amplias franjas del Pacífico y del centro de México. El resultado fue una virulenta desmembración que dio origen a múltiples células criminales (solo en Guerrero, según fuentes de inteligencia, operan en la actualidad 10 grupos) que empezaron a disputarse el botín. Una de ellas destacó rápidamente.

Los ajustes de cuentas con otros clanes son cada vez más brutales

Su embrión había sido una cohorte de sicarios de enorme ferocidad que Beltrán Leyva ordenó crear en 2005 para controlar Guerrero, el Estado más violento y pobre de México, y hacer frente a otros carteles. El encargo de abrir esta sucursal recayó en dos hermanos hábiles en el traslado de la droga que llegaba a Acapulco desde Colombia y Venezuela. Se llamaban Alberto y Mario Pineda Villa, y eran precisamente los hermanos de la esposa del alcalde de Iguala. Formaron un grupo denominado Los Pelones, que con el tiempo formarían la espina dorsal de Guerreros Unidos.

En 2009, los Pineda Villa acabaron asesinados, supuestamente por haber intentado traicionar al Jefe de Jefes. Y cuando este, meses después, murió a manos de la Marina, el control de esta sucursal del crimen fue tomado por Cleotilde Toribio Rentería, alias El Tilde, y más tarde por un temible matón, Mario Casarrubias Salgado, alias Sapo Guapo. Bajo su mando, la banda experimentó un crecimiento acelerado. Sin escrúpulos a la hora de mutilar, torturar o asesinar, el cartel logró infiltrarse en la vida policial y política de Guerrero, donde ha extendido el pago de cuotas hasta límites nunca vistos.

Su expansión ha venido acompañada de una lucha sin cuartel contra los clanes rivales, especialmente Los Rojos, a cuyo malherido líder, Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez, eliminó con silenciador un sicario disfrazado de médico el 14 de diciembre de 2012 en una unidad de vigilancia intensiva de Ciudad de México. Esta liquidación dio inicio a una brutal guerra que dejó, sólo en el Estado de México, más de 70 cadáveres sobre el asfalto. Este baño de sangre puso sobre aviso a las autoridades, temerosas de que la violencia llegase a la capital.

El 29 de abril pasado, Casarrubias, de 33 años, fue capturado. Como es habitual, fue sustituido con celeridad. El puesto lo ocupó su hermano Sidronio, el capo que tomando a los normalistas por integrantes de Los Rojos dio luz verde a su exterminio en "defensa del territorio". Sidronio cayó en manos de la policía hace dos semanas. A estas horas, otro sicario debe ocupar su puesto, preparando el próximo ajuste de cuentas.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/11/actualidad/1415666834_096555.html
 

Sebastian

Colaborador
El matrimonio del diablo
El alcalde de Iguala y su mujer han vivido de la corrupción, la violencia y el narco.
Desde la cárcel, niegan saber nada de los 43 desaparecidos

Jan Martínez Ahrens Iguala 16 NOV 2014 - 23:12 CET19


José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, en mayo de 2013. / EFE


Eran las siete y cuarto de la tarde de un viernes cuando Naborina Salgado Macedonio oyó seis detonaciones trepar por el hueco de la escalera. Abajo, en el descansillo de la entrada, había quedado sin vida Justino, su hijo. Un balazo le había atravesado el rostro, otros dos el abdomen; los tres restantes no encontraron a su víctima. La reconstrucción policial demostraría que, antes de morir, el hombre, vestido aquel día con su guayabera más blanca, había intentado subir las escaleras para buscar refugio en la casa de su madre. Los sicarios no lo permitieron.

Nunca se supo quién lo mató, o nunca se quiso saber, pero en Iguala hay cosas que se entienden sin necesidad de palabras. Justino Carvajal Salgado, procedente de una familia con fuertes raíces políticas en Guerrero, era el síndico-administrador del Ayuntamiento, el eterno y fallido aspirante a la alcaldía y un funcionario harto de las injerencias de María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del regidor. A su muerte, siguió el silencio y a este, un gesto elocuente. Un año después del crimen, el 8 de marzo de 2014, se celebró en el cabildo un homenaje en su memoria. El alcalde, José Luis Abarca Velázquez, se levantó y, a la vista de todos, se marchó antes de que empezase. Nadie se atrevió a preguntar por qué.

Al regidor de Iguala, ahora encarcelado junto a su esposa como autor intelectual de la desaparición (y probablemente, matanza) de los 43 estudiantes de magisterio, siempre le siguió una sombra de terror. De pelo corto, cuerpo depilado y músculo de gimnasio, le gustaba moverse a solas por una tierra donde los políticos no dan un paso sin un enjambre de escoltas. A veces, al volante de su deportivo gris, llegaba conduciendo sin ninguna protección al Palacio del Gobierno, en Chilpancingo, y ante los otros alcaldes hacía demostración de lo que todos sabían: que él, a diferencia de sus compañeros, no tenía nada que temer.

Quienes le han tratado le recuerdan como un pequeño déspota, tajante en sus respuestas y con dificultades para enhebrar un razonamiento complejo. A la prensa, cuando se dignaba a responder, siempre contestaba que todo iba bien. Y cuando los asuntos eran espinosos, que él no sabía nada. Eso dijo cuando le inquirieron por el asesinato el 1 de junio de 2013 de su principal adversario político, el ingeniero Arturo Hernández Cardona, líder de Unidad Popular, y a quien, según declararía meses después un testigo, había ultimado él personalmente de dos tiros.

Y tampoco supo nada después de la masacre de Iguala. Con los cadáveres aún calientes de seis personas, cinco muertos a balazos y otro desollado vivo, Abarca aseguró con su estilo tajante que no se había enterado, que él había pasado la noche bailando rancheras con su esposa y que, ya de mañana, todo estaba tranquilo y en calma. En aquel momento no se conocía aún la desaparición de los 43 normalistas. Para cuando se descubrió, él y su esposa se habían fugado.

Nadie duda de que en su huida recibieron ayuda de Guerreros Unidos. Una organización salvaje, surgida del colapso del imperio de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, e íntimamente conectada a su esposa. Dos de sus hermanos, Alberto y Mario, habían hecho carrera en el narco. Empezaron a principios de 2000 en Guerrero, como pequeños vendedores de droga, pero poco a poco ascendieron en la escala del crimen hasta que el cartel de Sinaloa, en aquellas fechas en manos del Chapo Guzmán, les abrió las puertas al tráfico de cocaína procedente de Colombia y Venezuela. Cumplido este cometido, recibieron un encargo más venenoso: abrir una sucursal de sicarios en Guerrero para enfrentarse a la expansión de los Zetas y la Familia Michoacana. El resultado fue el embrión de Guerreros Unidos.

Cuando El Chapo se separó de Beltrán Leyva, los hermanos Pineda se apuntaron aparentemente al bando de este último. En diciembre de 2009 una mano asesina arrojó sus cadáveres a la carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca. Supuestamente habían intentado traicionar al Jefe de Jefes. Ese mismo año, un tercer hermano, Salomón, ingresó en prisión por narcotráfico y posesión de armas. Al salir de la cárcel, se integró en Guerreros Unidos como uno de los cabecillas. Para completar este abismal círculo familiar, la madre ha sido señalada como testaferro del narco. Hace un año la secuestró un cartel rival. Maniatada y con los ojos tapados, fue obligada a contar ante una cámara los pormenores de su familia, entre otros, que su yerno protegía los intereses de Guerreros Unidos.

Con esta parentela, a pocos les extrañó la fulgurante escalada social del matrimonio. En pocos años, habían pasado de vender sandalias y sombreros de paja a poseer 17 propiedades entre ellas el centro comercial Los Tamarindos, el mayor de la ciudad. Desde esta plataforma, Abarca dio el salto a la política de la mano del factótum local Lázaro Mazón, ahora fulminado por el escándalo. Mazón, antiguo alcalde de Iguala por el PRD y en sus últimos tiempos hombre fuerte en la zona del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, intercedió en su época de senador para lograr la cesión de terrenos sobre los que se construyó el centro comercial.

Una vez alcanzada la alcaldía, Abarca fue, día a día, cediendo el terreno a su esposa. La primera dama de la ciudad de provincias venía con hambre de poder. Ella era la que aparecía en las fotografías en primer plano, ella era la que, como recuerdan algunos concejales, entraba en las reuniones y daba las órdenes. Calculadora y dominante, empezó a preparar su asalto a la alcaldía. Ocupó la presidencia de un organismo público, Desarrollo Integral de la Familia (DIF), logró ser elegida consejera estatal del PRD y su próximo paso era presentar la candidatura.

En su expansión, tuvo sus primeros choques, entre ellos con su rival, el administrador municipal Justino Carvajal Salgado. Y también con el ingeniero Hernández Cardona, a quien en público llegó a amenazar de muerte. Ambos no tardaron en desaparecer del mapa.

Nada parecía poder frenar su ascenso. Tenía de su parte el dinero, el cargo y, sobre todo, el poder de las tinieblas. Como ha declarado el líder de Guerreros Unidos, ahora detenido, ella manejaba las cuentas del cartel y había financiado las campañas del ya defenestrado gobernador Ángel Aguirre, del PRD.

El 26 de septiembre, utilizando como excusa la presentación de su informe de actividades en el DIF, organizó un gran acto en el zócalo. Arrancaba su carrera para las elecciones de 2015. Fue justo ese día cuando llegaron a Iguala dos autobuses cargados de normalistas. Iban a recaudar fondos. Viejos enemigos políticos del matrimonio, su presencia en la ciudad encendió las alarmas.

La pareja exigió a la policía municipal, un brazo armado del cartel, que impidiese que reventasen el acto. La orden devino en locura. Los agentes atacaron a sangre y fuego a los estudiantes. Los que no lograron huir fueron detenidos y, según la fiscalía, conducidos a manos de los liquidadores de Guerreros Unidos. En un vertedero, con la precisión que dan años de práctica, se les ejecutó e incineró.

Pero la pareja no se alteró. Aún tuvo tiempo para pedir su baja del cargo y abandonar Iguala con tranquilidad. Durante más de un mes su paradero fue un misterio. En la madrugada del 4 de noviembre fueron capturados en una desdentada casa del barrio de Iztapalapa, en la laberíntica Ciudad de México. Dormían sobre un colchón hinchable. Él estaba demacrado; ella, maquillada y nerviosa. Desde entonces, han negado cualquier implicación en los hechos. Como tantas otras veces, aducen que no saben nada.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/16/actualidad/1416174287_820611.html
 

Shandor

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¿Actúan en México agentes de EE.UU. disfrazados de militares nacionales?

The Wall Street Jornal'. Cuatro veces al año el Cuerpo de Alguaciles de EE.UU. envía al sur grupos pequeños de sus especialistas para participar en "operaciones específicas" de "corto plazo" contra narcotraficantes, y que al llegar a México se ponen el uniforme de los marines mexicanos y usan armas del ejército de este país. De la misma forma actuaría el FBI y la Administración para el Control de Drogas, "desempeñando un papel de apoyo", afirma el diario, citando como fuentes personas cercanas a las operaciones.

En el marco de estas operaciones, los agentes estadounidenses pueden actuar incluso contra personas que no se encuentran oficialmente en la lista de los más buscados por EE.UU. En casos de amenaza, las operaciónes pueden desembocar en misiones de abolición explícitas. Además de la incursión de agentes terrestres, la aviación estadounidense también participaría en operaciones dentro de México desde hace al menos 4 años. Últimamente aviones habrían empezado a volar dentro de Guatemala, afirma 'The Wall Streer Journal'.

Según el diario, la captura el pasado mes de abril del capo Joaquin Guzman Loera, alias 'El Chapo', líder del Cártel de Sinaloa, fue fruto de una de estas operaciones.

La información revelada puede levantar ampollas en la sociedad mexicana, donde la presencia de militares estadounidenses dentro del país es desde hace tiempo una cuestión polémica, opina 'The Wall Street Journal'. Interpelada por el diario, la embajada de México en EE.UU. rechazó la información, afirmando que las agencias policiales o los militares extranjeros "no están autorizados a llevar armas dentro del territorio mexicano o a participar en redadas y operaciones policiales".

¿Guerra contra el narcotráfico o narcoestado?

En los últimos cinco años han sido capturados siete líderes de los cárteles más poderosos, dos de ellos en 2014, según el diario mexicano 'El Universal'. A ellos hay que añadir la captura por EE.UU. del líder del cártel del Golfo, Juan Francisco Sáenz Tamez el pasado mes de octubre. Queda abierta la cuestión de si los esfuerzos de las autoridades mexicanas contra los cárteles son suficientes. En septiembre la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que en México operan 9 grandes cárteles que controlan 43 células criminales, entre ellas, el grupo Guerreros Unidos que una semana después asesinó a 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Dicho crimen puso una vez más al descubierto la simbiosis de las autoridades y los narcos, al menos en algunas partes del país. Omar García, superviviente de la tragedia, relató el viernes que la policía de Iguala mató, motivada por el alcalde de la ciudad, a un estudiante, hirió a otros seis y desapareció con los 43 estudiantes, para luego entregarlos a Guerreros Unidos, hecho confirmado por la PGR. "En México hay un gobierno narco, en las campañas políticas son los narcos los que inyectan recursos", denunció en una entrevista con la radio colombiana Caracol.

El periodista Raúl Zibechi, que no diferencia entre narcos y "clases dominantes" en México, llama la atención sobre "la alianza entre la élite económica y el poder militar-estatal para aplastar las resistencias populares". "Lo que llamamos narco es parte de la élite y, como ella, no puede sino tener lazos estrechos con los estados", escribe en 'La Jornada'. "Esta alianza no podía hacerse sin el concurso de la agencia antidrogas estadounidense, así como de sus fuerzas armadas", subraya.


Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/147974-agentes-eeuu-actuan-mexico-disfrazados-marinas
 

Sebastian

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Peña Nieto elimina la policía municipal para frenar al narco

El presidente de México admite que el Estado ha cedido terreno al crimen organizado
El 90% de los mexicanos consideran a la policía como la institución más corrupta del país


Jan Martínez Ahrens México 27 NOV 2014 - 23:13 CET665


Agentes de la policía del DF, el pasado 15 de octubre. / C. DAUT (REUTERS)

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, fijó este jueves en la lucha contra la impunidad su próximo gran objetivo de mandato. Frente a una nación indignada por la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio, con unos niveles de erosión política inimaginables hace apenas un año, el mandatario intentó recuperar la iniciativa con un amplio paquete de reformas, incluidos profundos cambios constitucionales, destinado a poner fin a la inoperancia policial y judicial detrás de la que se solapa gran parte de la violencia que desgarra al país.

“A raíz de la tragedia de Iguala, México está nuevamente a prueba. [...] México no puede seguir así, asumo la responsabilidad de la lucha para liberar al país de la criminalidad, para acabar con la impunidad y lograr que todos los culpables de la tragedia de Iguala sean castigados. El grito de "'Todos somos Ayotzinapa' muestra el dolor colectivo y muestra una nación unida. Es un llamado a seguir transformando México. Los momentos difíciles ponen a prueba la fortaleza, entereza y grandeza de las naciones”, afirmó con la solemnidad de los grandes días, en un mensaje a la nación desde el Palacio Nacional y ante lo más granado de los tres poderes.

Para hacer frente a este desafío, el presidente anunció la próxima disolución de todas las policías municipales (repartidas en 1.800 entidades y con más de 170.000 agentes) y su integración en 32 cuerpos estatales, empezando por los convulsos estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán (en la parte sur-occidente del país) y Tamaulipas (al noreste). "Esta reforma implicará un enorme reto presupuestal. Y por ello requerirá un proceso de transición administrativa responsable, que dé prioridad a las entidades con mayor urgencia de atención", declaró Peña Nieto.

Cada día se registran por término medio 63 homicidios (en España no llega a uno), 20 desapariciones y 5 secuestros

Esta medida de choque se combinará con una ley que permitirá luchar contra la infiltración del narco en las corporaciones municipales, uno de los problemas que ha sacado a relucir el caso Iguala, donde tanto la policía local como el alcalde estaban en nómina del cartel de Guerreros Unidos. Ante esta lacra, la reforma permitirá a las autoridades federales asumir el control de los ayuntamientos o directamente su disolución cuando haya indicios de que actúan bajo las órdenes del crimen organizado.

A estas dos medidas de choque, Peña Nieto añadió el envío de un contingente policial (10.000 agentes federales, según fuentes parlamentarias) a Tierra Caliente, la violenta región que comparten Michoacán, Guerrero y el Estado de México, y que en los últimos años ha sido el principal foco de criminalidad del país. Uno de esos espacios en los que, como admitió Peña Nieto en su discurso, el Estado ha cedido terreno al crimen. El combate contra la impunidad lo completó el mandatario con una reordenación de competencias penales para clarificar la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala (“la base de la corrupción”, en palabras de Peña Nieto), la creación de un documento nacional de identidad, un reforzamiento de los sistemas de control de la tortura y las desapariciones forzadas, así como de la corrupción. En este último punto, anunció la entrada en funcionamiento de auditorias y sistemas especiales de vigilancia a las autoridades y empresas que trabajen con la Administración.

Como es habitual en la política de Peña Nieto, este cuadro reformista lo cerró con medidas sociales destinadas a paliar la desigualdad y pobreza en los estados más pobres (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), creando zonas especiales de desarrollo. El punto clave de su discurso, con todo, radicó en la transformación de los cuerpos de seguridad. La tarea no es fácil.

Solo en los últimos cinco años más de 2.500 agentes municipales han sido detenidos en México

El 90% de la población considera a la policía como una de las instituciones más corruptas. Y la criminalidad desborda en México todos los márgenes. Cada día se registran por término medio 63 homicidios (en España no llega a uno), 20 desapariciones y 5 secuestros. Esta cascada de casos cae en manos de una justicia fallida, como demuestra que el 97% de las denuncias por asesinato queden sin culpable penal o que desde 2006, según Human Rights Watch, no se haya impuesto ninguna condena por desaparición forzosa.

El resultado es una amplia pérdida de confianza que lleva a muchos ciudadanos a evitar a la policía cuando son víctimas de un crimen. Ocurre, por ejemplo, con los secuestros, donde solo se denuncia el 2%, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística. La profunda penetración del narco en las estructuras policiales da alas a este recelo ciudadano. Sobre todo, en el primer escalón municipal. Mal pagadas, peor consideradas y con un nivel de instrucción bajo, estas fuerzas son cooptadas a menudo por las organizaciones criminales. Solo en los últimos cinco años más de 2.500 agentes municipales han sido detenidos por su participación en delitos graves.

De poco sirven las continuas depuraciones a las que se somete a las fuerzas locales desde tiempos de Felipe Calderón (2000-2006). Una y otra vez, triunfa la vieja receta del narco: para ocupar una plaza basta con disponer de un grupo de sicarios dispuestos a todo y tomar bajo control, mediante el chantaje de la plata o el plomo, a los agentes municipales. Alcanzado este punto, los grupos mafiosos acceden a las bases de datos y conocen los movimientos de cualquier ciudadano. En Iguala ocurrió así. Al jefe de la Policía Municipal, según la fiscalía, le tenían en nómina con 48.000 dólares al mes. A sus agentes los elegía directamente el cartel. Y el alcalde y su esposa, protagonistas de un fulgurante ascenso social y económico que les llevó de un puesto de sandalias y sombreros a la cúspide local, eran miembros orgánicos del cartel.

"En la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional, que no podemos ignorar. Un grupo criminal que controlaba el territorio; autoridades municipales que eran parte de la propia estructura de la organización delictiva; policías municipales que en realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes", detalló Peña Nieto, quien elevó este fracaso institucional registrado en Iguala a un problema nacional: "Lo más desafiante para México es que a pesar de las acciones emprendidas en la actual y anteriores administraciones, algunas de estas condiciones de debilidad institucional siguen presentes".

El decálogo contra la inseguridad
1. Ley contra la infiltración del crimen organizado en municipios. Una reforma constitucional permitirá la disolución de las corporaciones municipales que tengan relación con los grupos delincuenciales.

2. Definición de las competencias de la autoridad en el combate al delito. "Cuando es responsabilidad de todos, no es de nadie", ha declarado el presidente. El sistema del país es complejo ya habrá una reforma al sistema de competencias penales.

3. Policías estales únicas. Creación obligatoria de policías estatales únicas, lo que conlleva la eliminación de los cuerpos de seguridad locales. Se empezará por Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.

4. Teléfono único de emergencias. El 911 será el número para pedir auxilio en casos de emergencia en todo el país.

5. Clave única de identidad.

6. Operativo Federal en la región de Tierra Caliente.

7. Impulsar el derecho humano a la justicia. El presidente propondrá en el próximo periodo ordinario de sesiones una "amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana", que los mexicanos accedan a ella con facilidad.

8. Acciones para fortalecer los derechos humanos. Se trata de facultar al Congreso para crear las leyes generales de tortura y desaparición forzada que permita definir protocolos y procedimientos exhaustivos contra la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, y crear un sistema nacional de búsqueda de desaparecidos.

9. Combate a la corrupción.

10. Transparencia y rendición de cuentas. Se creará un portal de información sobre contratistas y proveedores de todo el Gobierno federal. para mantener los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/27/actualidad/1417116838_759316.html
 
Peña Nieto elimina la policía municipal para frenar al narco

El presidente de México admite que el Estado ha cedido terreno al crimen organizado
El 90% de los mexicanos consideran a la policía como la institución más corrupta del país


Jan Martínez Ahrens México 27 NOV 2014 - 23:13 CET665


Agentes de la policía del DF, el pasado 15 de octubre. / C. DAUT (REUTERS)

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, fijó este jueves en la lucha contra la impunidad su próximo gran objetivo de mandato. Frente a una nación indignada por la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio, con unos niveles de erosión política inimaginables hace apenas un año, el mandatario intentó recuperar la iniciativa con un amplio paquete de reformas, incluidos profundos cambios constitucionales, destinado a poner fin a la inoperancia policial y judicial detrás de la que se solapa gran parte de la violencia que desgarra al país.

“A raíz de la tragedia de Iguala, México está nuevamente a prueba. [...] México no puede seguir así, asumo la responsabilidad de la lucha para liberar al país de la criminalidad, para acabar con la impunidad y lograr que todos los culpables de la tragedia de Iguala sean castigados. El grito de "'Todos somos Ayotzinapa' muestra el dolor colectivo y muestra una nación unida. Es un llamado a seguir transformando México. Los momentos difíciles ponen a prueba la fortaleza, entereza y grandeza de las naciones”, afirmó con la solemnidad de los grandes días, en un mensaje a la nación desde el Palacio Nacional y ante lo más granado de los tres poderes.

Para hacer frente a este desafío, el presidente anunció la próxima disolución de todas las policías municipales (repartidas en 1.800 entidades y con más de 170.000 agentes) y su integración en 32 cuerpos estatales, empezando por los convulsos estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán (en la parte sur-occidente del país) y Tamaulipas (al noreste). "Esta reforma implicará un enorme reto presupuestal. Y por ello requerirá un proceso de transición administrativa responsable, que dé prioridad a las entidades con mayor urgencia de atención", declaró Peña Nieto.

Cada día se registran por término medio 63 homicidios (en España no llega a uno), 20 desapariciones y 5 secuestros

Esta medida de choque se combinará con una ley que permitirá luchar contra la infiltración del narco en las corporaciones municipales, uno de los problemas que ha sacado a relucir el caso Iguala, donde tanto la policía local como el alcalde estaban en nómina del cartel de Guerreros Unidos. Ante esta lacra, la reforma permitirá a las autoridades federales asumir el control de los ayuntamientos o directamente su disolución cuando haya indicios de que actúan bajo las órdenes del crimen organizado.

A estas dos medidas de choque, Peña Nieto añadió el envío de un contingente policial (10.000 agentes federales, según fuentes parlamentarias) a Tierra Caliente, la violenta región que comparten Michoacán, Guerrero y el Estado de México, y que en los últimos años ha sido el principal foco de criminalidad del país. Uno de esos espacios en los que, como admitió Peña Nieto en su discurso, el Estado ha cedido terreno al crimen. El combate contra la impunidad lo completó el mandatario con una reordenación de competencias penales para clarificar la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala (“la base de la corrupción”, en palabras de Peña Nieto), la creación de un documento nacional de identidad, un reforzamiento de los sistemas de control de la tortura y las desapariciones forzadas, así como de la corrupción. En este último punto, anunció la entrada en funcionamiento de auditorias y sistemas especiales de vigilancia a las autoridades y empresas que trabajen con la Administración.

Como es habitual en la política de Peña Nieto, este cuadro reformista lo cerró con medidas sociales destinadas a paliar la desigualdad y pobreza en los estados más pobres (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), creando zonas especiales de desarrollo. El punto clave de su discurso, con todo, radicó en la transformación de los cuerpos de seguridad. La tarea no es fácil.

Solo en los últimos cinco años más de 2.500 agentes municipales han sido detenidos en México

El 90% de la población considera a la policía como una de las instituciones más corruptas. Y la criminalidad desborda en México todos los márgenes. Cada día se registran por término medio 63 homicidios (en España no llega a uno), 20 desapariciones y 5 secuestros. Esta cascada de casos cae en manos de una justicia fallida, como demuestra que el 97% de las denuncias por asesinato queden sin culpable penal o que desde 2006, según Human Rights Watch, no se haya impuesto ninguna condena por desaparición forzosa.

El resultado es una amplia pérdida de confianza que lleva a muchos ciudadanos a evitar a la policía cuando son víctimas de un crimen. Ocurre, por ejemplo, con los secuestros, donde solo se denuncia el 2%, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística. La profunda penetración del narco en las estructuras policiales da alas a este recelo ciudadano. Sobre todo, en el primer escalón municipal. Mal pagadas, peor consideradas y con un nivel de instrucción bajo, estas fuerzas son cooptadas a menudo por las organizaciones criminales. Solo en los últimos cinco años más de 2.500 agentes municipales han sido detenidos por su participación en delitos graves.

De poco sirven las continuas depuraciones a las que se somete a las fuerzas locales desde tiempos de Felipe Calderón (2000-2006). Una y otra vez, triunfa la vieja receta del narco: para ocupar una plaza basta con disponer de un grupo de sicarios dispuestos a todo y tomar bajo control, mediante el chantaje de la plata o el plomo, a los agentes municipales. Alcanzado este punto, los grupos mafiosos acceden a las bases de datos y conocen los movimientos de cualquier ciudadano. En Iguala ocurrió así. Al jefe de la Policía Municipal, según la fiscalía, le tenían en nómina con 48.000 dólares al mes. A sus agentes los elegía directamente el cartel. Y el alcalde y su esposa, protagonistas de un fulgurante ascenso social y económico que les llevó de un puesto de sandalias y sombreros a la cúspide local, eran miembros orgánicos del cartel.

"En la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional, que no podemos ignorar. Un grupo criminal que controlaba el territorio; autoridades municipales que eran parte de la propia estructura de la organización delictiva; policías municipales que en realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes", detalló Peña Nieto, quien elevó este fracaso institucional registrado en Iguala a un problema nacional: "Lo más desafiante para México es que a pesar de las acciones emprendidas en la actual y anteriores administraciones, algunas de estas condiciones de debilidad institucional siguen presentes".

El decálogo contra la inseguridad
1. Ley contra la infiltración del crimen organizado en municipios. Una reforma constitucional permitirá la disolución de las corporaciones municipales que tengan relación con los grupos delincuenciales.

2. Definición de las competencias de la autoridad en el combate al delito. "Cuando es responsabilidad de todos, no es de nadie", ha declarado el presidente. El sistema del país es complejo ya habrá una reforma al sistema de competencias penales.

3. Policías estales únicas. Creación obligatoria de policías estatales únicas, lo que conlleva la eliminación de los cuerpos de seguridad locales. Se empezará por Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.

4. Teléfono único de emergencias. El 911 será el número para pedir auxilio en casos de emergencia en todo el país.

5. Clave única de identidad.

6. Operativo Federal en la región de Tierra Caliente.

7. Impulsar el derecho humano a la justicia. El presidente propondrá en el próximo periodo ordinario de sesiones una "amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana", que los mexicanos accedan a ella con facilidad.

8. Acciones para fortalecer los derechos humanos. Se trata de facultar al Congreso para crear las leyes generales de tortura y desaparición forzada que permita definir protocolos y procedimientos exhaustivos contra la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, y crear un sistema nacional de búsqueda de desaparecidos.

9. Combate a la corrupción.

10. Transparencia y rendición de cuentas. Se creará un portal de información sobre contratistas y proveedores de todo el Gobierno federal. para mantener los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/27/actualidad/1417116838_759316.html

Mientras Mexico disuelve las policias comunales por su fragilidad ante la penetracion narco acá se vende esa merda como la "solución a la inseguridad". Me hacen acordar como en los 90´cuando adoptaron e implementaron el modelo educativo español que era un fracaso y los españoles estaban por cambiarlo. La historia se vuelve a repetir...
 
Muy triste lo que pasa en México, comunas y ciudades enteras regenteadas por un mix de políticos y narcos, los narco-gobiernos o narco-estados, una difícil situación como para pensar que se puede arreglar en cuestión de meses.
Yo no quiero eso para mi país.


Con la identificación de uno de los normalistas secuestrados y asesinados, México enfrenta una dura batalla contra los narco-gobiernos locales

Más de dos meses después de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, sobre los que aún no se sabe si están vivos o muertos, el análisis de los restos de un cuerpo descubierto en un basural estableció que se trata de uno de los estudiantes de la Escuela normal de Ayotzinapa, secuestrados a fines de septiembre pasado. La información fue transmitida a sus padres por el equipo de legistas argentinos comprometidos por las familias de los desaparecidos.

Alexander Mora Venancio jamás realizará su sueño de ser maestro de escuela. Él es el primero de los 43 estudiantes desaparecidos que pudo identificar un prestigioso laboratorio austríaco, procediendo al análisis ADN de un hueso que le habían enviado las autoridades mexicanas.
Esta primera identificación tendería a confirmar la tesis del ministerio público mexicano. A partir del descubrimiento de restos humanos en bolsas lanzados a un río, las autoridades pretendían que se trataba de los estudiantes desaparecidos. Se basaba en los testimonios de tres detenidos que habrían reconocido haberlos asesinado y quemado sus cuerpos en un basural, antes de hacer desaparecer las cenizas.
Esta versión de los hechos jamás fue aceptada por los padres de las víctimas. Ellos suponían hasta ahora que sus hijos todavía estaban vivos, mientras no haya pruebas de lo contrario.
La cuestión que se posa a continuación es saber si los legistas austríacos llegarán a identificar los restos de los otros cuerpos. Una tarea difícil, incluso imposible cuando se trata de analizar esencialmente las cenizas.


http://analisis-global.blogspot.com.ar/2014/12/confirmada-la-identidad-de-uno-de-los.html?spref=tw

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Muy triste lo que pasa en México, comunas y ciudades enteras regenteadas por un mix de políticos y narcos, los narco-gobiernos o narco-estados, una difícil situación como para pensar que se puede arreglar en cuestión de meses.
Yo no quiero eso para mi país.


Con la identificación de uno de los normalistas secuestrados y asesinados, México enfrenta una dura batalla contra los narco-gobiernos locales

Más de dos meses después de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, sobre los que aún no se sabe si están vivos o muertos, el análisis de los restos de un cuerpo descubierto en un basural estableció que se trata de uno de los estudiantes de la Escuela normal de Ayotzinapa, secuestrados a fines de septiembre pasado. La información fue transmitida a sus padres por el equipo de legistas argentinos comprometidos por las familias de los desaparecidos.

Alexander Mora Venancio jamás realizará su sueño de ser maestro de escuela. Él es el primero de los 43 estudiantes desaparecidos que pudo identificar un prestigioso laboratorio austríaco, procediendo al análisis ADN de un hueso que le habían enviado las autoridades mexicanas.
Esta primera identificación tendería a confirmar la tesis del ministerio público mexicano. A partir del descubrimiento de restos humanos en bolsas lanzados a un río, las autoridades pretendían que se trataba de los estudiantes desaparecidos. Se basaba en los testimonios de tres detenidos que habrían reconocido haberlos asesinado y quemado sus cuerpos en un basural, antes de hacer desaparecer las cenizas.
Esta versión de los hechos jamás fue aceptada por los padres de las víctimas. Ellos suponían hasta ahora que sus hijos todavía estaban vivos, mientras no haya pruebas de lo contrario.
La cuestión que se posa a continuación es saber si los legistas austríacos llegarán a identificar los restos de los otros cuerpos. Una tarea difícil, incluso imposible cuando se trata de analizar esencialmente las cenizas.


http://analisis-global.blogspot.com.ar/2014/12/confirmada-la-identidad-de-uno-de-los.html?spref=tw

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Y... habría que preguntarle a algun que otro politico del conurbano como hacen para empapelar con sus nauseabundas jetas todas las rutas y avenidas. Sus sonrisas putrefactas desde inmensas gigantografias que cuestan $200.000 al mes. Y lo vienen haciendo desde hace mas de un año. Deben tener bolsillo de payaso... o cuenta corriente narco...
 

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