Ante la necesidad de incorporar nuevas plataformas de patrulla oceánica, y tras el fracaso del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos OPV, la Armada de Uruguay envió una comisión al Reino Unido para evaluar los patrulleros ofrecidos por el gobierno británico. La decisión refleja el interés del Poder Ejecutivo por incorporar, en plazos más acotados, nuevas capacidades de vigilancia marítima luego de recientes reveses en materia de adquisiciones, en el marco de un proceso más amplio de redefinición de la política naval con foco en soluciones de rápida disponibilidad.
En este contexto, el gobierno del presidente Yamandú Orsi resolvió encomendar una misión oficial integrada por dos capitanes de navío (uno del Cuerpo General y otro del Cuerpo de Ingenieros de Máquinas y Electricidad) que viajarán el próximo mes de mayo al puerto de Southampton. El objetivo será conocer de primera mano los patrulleros oceánicos (OPV) de la Marina Real británica que se encuentran bajo consideración, en lo que constituye un primer acercamiento formal a las unidades ofrecidas.
Las embarcaciones en evaluación corresponden a la primera generación de los patrulleros clase River: HMS Tyne (P281), HMS Severn (P282) y HMS Mersey (P283), en servicio desde 2003 y con previsión de baja antes de 2028. Su retiro forma parte del proceso de modernización de la flota británica, alineado con los compromisos de inversión en defensa asumidos por los países de la OTAN, lo que abre una ventana de oportunidad para su eventual transferencia a Uruguay.
Uno de los aspectos centrales a definir radica en las capacidades operativas de los buques. Si bien disponen de espacio para aprovisionamiento vertical, carecen de una plataforma para helicópteros, un requisito considerado clave en licitaciones anteriores. No obstante, la actual administración valora determinadas prestaciones logísticas de estas unidades, en un contexto donde la urgencia por reforzar la vigilancia marítima comienza a prevalecer sobre la incorporación de capacidades más complejas.
En términos económicos, estimaciones manejadas en ámbitos oficiales indican que cada unidad tendría un costo superior a los 20 millones de dólares, una cifra considerablemente inferior a los aproximadamente 60 millones que demandaría la construcción de una OPV desde cero en un astillero. Esta diferencia posiciona a la oferta británica como una alternativa particularmente atractiva desde el punto de vista presupuestario.
El análisis de estas opciones se produce en un escenario condicionado por antecedentes recientes. Meses atrás, el gobierno de EE.UU. había ofrecido la transferencia de un patrullero de la Guardia Costera de clase Reliance como solución intermedia, alternativa que continúa en evaluación. En paralelo, la rescisión del contrato con Cardama obligó al Ejecutivo a explorar acuerdos de Estado a Estado con nuevos socios, entre ellos Naval Group y Navantia, mientras se define el destino de la construcción ya iniciada y financiada parcialmente por Uruguay.
*Imágenes empleadas en carácter ilustrativo.-
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