Canadá reabre el debate sobre los aviones de combate y sitúa al F-35 y al Gripen en el centro de una disputa sobre empleos y autonomía industrial
08/01/2026
El gobierno canadiense ha transformado la revisión de sus principales programas de defensa en un instrumento estratégico para impulsar el empleo industrial y tecnológico, enfrentando a la estadounidense Lockheed Martin con la sueca Saab en una disputa que va mucho más allá del rendimiento militar de los aviones de combate.
En medio de un aumento significativo del gasto en defensa y las recientes tensiones comerciales con Estados Unidos, Ottawa busca utilizar las adquisiciones militares como palanca para fortalecer su base industrial, reducir las vulnerabilidades externas y generar beneficios económicos a largo plazo.
La ministra de Industria, Mélanie Joly, declaró que una de las prioridades del gobierno para 2026 es garantizar que los miles de millones invertidos en defensa se traduzcan en producción local, innovación y empleos cualificados.
Bajo el liderazgo del primer ministro Mark Carney, Canadá está preparando una estrategia industrial de defensa que abarca desde nuevos aviones de combate y submarinos hasta la expansión de la producción nacional de vehículos blindados, satélites y sistemas avanzados de vigilancia y comunicación.
La lógica es clara: transformar el gasto militar en motores de crecimiento económico, especialmente en un escenario de incertidumbre en el comercio internacional.
En el centro de este debate se encuentra el programa de reemplazo del CF-18, en el que Canadá se comprometió a adquirir 88 aviones de combate F-35A en 2023.
Hasta el momento, solo 16 aeronaves están efectivamente contratadas y en proceso de entrega, mientras que el resto del pedido ha estado bajo revisión tras el cambio de gobierno. La decisión adquirió dimensiones políticas y económicas tras la imposición de nuevos aranceles estadounidenses a los productos canadienses, lo que reforzó la percepción de que la dependencia excesiva de los proveedores estadounidenses representa un riesgo estratégico.
Informes recientes del Auditor General de Canadá también han contribuido a reavivar la controversia.
Las estimaciones oficiales indican que el costo total del programa F-35 ha aumentado significativamente en comparación con las proyecciones iniciales, debido a factores como las fluctuaciones del tipo de cambio, la inflación, los costos de infraestructura especializada y los gastos de mantenimiento y soporte a largo plazo.
Analistas canadienses señalan que, si bien el F-35 ofrece claras ventajas operativas en términos de sigilo e interoperabilidad con los aliados de la OTAN y NORAD, el modelo de apoyo global limita el control soberano sobre el mantenimiento, las actualizaciones y la disponibilidad de la flota.
En este contexto, Saab ha recuperado protagonismo en el debate político canadiense. La compañía sueca ofrece el Gripen con una propuesta basada en gran medida en la producción local, la transferencia de tecnología y la participación directa de la industria canadiense.
Según Saab, el ensamblaje e integración del avión de combate en Canadá, junto con la posible adquisición del avión de alerta temprana aerotransportado GlobalEye, podría generar más de 12.000 empleos directos e indirectos durante décadas, además de crear una cadena de suministro nacional más robusta y exportable. Este argumento tiene especial relevancia en provincias como Quebec, donde la industria aeroespacial tiene un peso económico y político significativo.
Lockheed Martin, por su parte, argumenta que Canadá ya forma parte integral del ecosistema industrial global del F-35, con decenas de empresas locales que suministran componentes y servicios a la flota global del caza. El fabricante destaca que esta participación ha generado miles de millones de dólares en contratos a lo largo de los años y podría crecer a medida que aumenta la demanda global de mantenimiento y modernización.
Aun así, miembros del gobierno canadiense cuestionan si este modelo garantiza empleos estables y suficiente control estratégico dentro del país, especialmente durante períodos de tensión política o comercial con Washington.
Cualquier cambio radical de rumbo conlleva riesgos y costos adicionales. La introducción de un segundo tipo de caza implicaría complejidad logística, duplicación de los sistemas de entrenamiento y mantenimiento, así como impactos operativos en una fuerza aérea altamente integrada con Estados Unidos.
Aun así, el gobierno ve la revisión como una oportunidad para renegociar las compensaciones industriales, presionar a los proveedores y alinear la política de defensa con objetivos económicos más amplios. El debate canadiense ilustra una tendencia creciente entre los países aliados: utilizar programas militares estratégicos no sólo para fortalecer las capacidades de combate sino también para impulsar la soberanía industrial, los empleos de alta tecnología y la resiliencia económica.
O governo do Canadá transformou a revisão de seus grandes programas de defesa em um instrumento estratégico para impulsionar empregos industriais e tecnológicos, colocando frente a frente a norte-…
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