cawan 5
Forista Sancionado o Expulsado
Aqui voy a poner alguna recopilacio sobre los robos de armamento que sufren las FFAA Y FFSS...En Campo de Mayo
Asaltan una guardia militar y roban fusiles
Los delincuentes se llevaron armas de gran poder de fuego
Un grupo de delincuentes copó el sábado un puesto de guardia del Ejército, en Campo de Mayo, y se apoderó de varias armas de altísimo poder de fuego. Fuentes militares confirmaron que a los centinelas militares les robaron cinco fusiles automáticos livianos (FAL) y una pistola 9mm. El operativo fue rápido y no hubo heridos ni intercambio de disparos. Alrededor de las 20.30, los soldados fueron sorprendidos dentro del contenedor usado como casilla de control, en la zona conocida como puerta 8 bis, ubicada sobre la ruta 8, que cruza la más importante guarnición militar del país.
El puesto de guardia está ubicado en un lugar de acceso público, donde los militares hacen un control de tránsito. Las patrullas móviles que rastrean el predio sólo reaccionaron ante el hecho consumado, cuando los malvivientes ya se habían fugado. La banda que atacó a los soldados había robado antes un vehículo en la localidad de San Martín y secuestrado durante unas horas a su dueño, Santiago Lardit Rocha, de 34 años. Este hombre fue ubicado en el baúl de su Volkswagen Pointer, donde lo encontraron finalmente en Hurlingham.
Los investigadores policiales consideran que el rapto de Lardit Rocha fue efectuado al azar y que el objetivo de los delincuentes era conseguir un automóvil para conseguir el armamento en Campo de Mayo.
"Se sospecha que no se trata de una banda de delincuentes comunes, sino de hombres pesados ; no cualquiera se anima a meterse con una guardia militar, porque siempre pueden encontrarse con algún Rambo y es mucho el riesgo", comentó anoche una fuente de seguridad que está al tanto de lo ocurrido. También se preocupó por el posible destino de esas armas, muy codiciadas entre las bandas, y especuló con que la forma de operar señalaría que los delincuentes fueron en busca de armamento para un golpe específico posterior.
Con fusiles como los robados el último fin de semana, un grupo muy organizado de delincuentes copó hace 15 días la comisaría de Maschwitz, donde, además de liberar detenidos, se quedó con el armamento policial.
Fuentes castrenses afirmaron anoche que los centinelas militares portan sus fusiles con el cargador de municiones colocado y con posibilidad de disparar. Sin embargo, en este caso el suboficial y los cuatro soldados de guardia no pudieron defenderse ya que uno de estos últimos fue encañonado en las inmediaciones del puesto y de esa manera forzado a franquear la entrada de los delincuentes en el lugar de descanso de sus compañeros.
Grave y repetido
En el Ejército se consideró "grave" este incidente. Y no es la primera vez que ocurre algo similar en los últimos años, aunque en las anteriores ocasiones los delincuentes no se llevaron un arsenal tan importante como el que representan los cinco FAL.
El 29 de julio de 2004, una persona armada con un cuchillo le arrebató el FAL a un solitario soldado de guardia en la Escuela de Suboficiales, también en Campo de Mayo. Una semana después hubo un intento de irrupción en el perímetro del Regimiento Patricios, en Palermo.
Luego de esos sucesos, la jefatura militar dio la orden de portar el armamento en condición de tiro.
Hasta entonces, las guardias eran casi simbólicas, dado que no se colocaban los cargadores en los fusiles. Tras esa directiva de defender la posición, una patrulla que vigilaba el predio interior de Campo de Mayo se tiroteó con desconocidos que dispararon desde la zona ocupada por Ceamse, cerca del camino del Buen Ayre.
El Ejército lleva adelante una investigación interna sobre este robo de armas, más allá de la causa penal, que es seguida por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, con la colaboración de la Gendarmería.
En las cercanías del puesto de guardia atacado se encuentran el Regimiento de Asalto Aéreo, la Compañía de Comandos 601, el Grupo de Artillería 1, el Batallón de Ingenieros 601, el Centro de Entrenamiento Conjunto para Misiones de Paz y las Escuelas de las Armas, entre otras unidades que tienen su sede en Campo de Mayo.
Si bien son varios miles los militares que recorren el predio durante la semana laboral, los fines de semana es reducida la cantidad de efectivos.
Por la posición del puesto de guardia, en el costado de la ruta 8, fuentes oficiales del Ejército manifestaron que técnicamente no podía hablarse de irrupción en un cuartel. Sin embargo, no dejaron de mostrarse preocupadas por el incidente, tras el cual se incrementaron las medidas de vigilancia interna en Campo de Mayo.
De todas maneras, nuevamente la seguridad militar fue quebrada.
Por Daniel Gallo
De la Redacción de LA NACION
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• El caso de un arsenal clandestino secuestrado en Caseros
Jueves 19 de octubre de 2000 | Publicado en edición impresa
, en los tribunales porteños, fueron indagados los cuatro ladrones detenidos por su presunta participación en el frustrado asalto con una ametralladora antiaérea contra un blindado en La Boca. A su vez, la fiscal de Mercedes que investiga otros robos que habría cometido esta misma banda aseguró que el armamento de guerra utilizado por la organización delictiva fue robado en partes que luego fueron rearmadas por un experto armero.
"El armamento de la banda había sido conseguido mediante un robo hormiga . Con las distintas partes robadas armaron las pistolas y la ametralladora que, finalmente, utilizaron y que estaban aptas para ser disparadas", expresó la fiscal de Mercedes Miriam Rodríguez en declaraciones a la agencia Télam.
La representante del Ministerio Público a cargo de la investigación del arsenal hallado en una casaquinta de Paso del Rey, luego del frustrado asalto contra el camión blindado en La Boca, precisó que las pístolas secuestradas tienen hasta tres numeraciones diferentes y que la ametralladora antiaérea Browning 50 calibre 12,7 mm tenía un cañón que pertenecía a otro modelo.
De acuerdo con los peritos que analizaron el armamento secuestrado, todas las armas fueron rearmadas a la perfección, estaban muy bien cuidadas e incluso algunas de ellas tenían sus numeraciones torneadas, de manera tal que ni con un revenido químico se descubrirán sus números de identificación originales.
El ministro de Seguridad bonaerense, Ramón Verón, señaló al sargento del Ejército Argentino, Luis Alejandro Olea, de 32 años, como el principal sospechoso de conseguir las armas para la banda.
Olea se había negado a declarar ante la fiscal de Mercedes, al igual que los otros detenidos, Juan Carlos Ventri, de 50, y Raúl Ernesto Viera, de 26.
El único de los cuatro detenidos por el hecho que declaró fue el delincuente Víctor Elvio Navarro, alias "Narigón Víctor", de 39 años, quien manifestó ser inocente del asalto en La Boca y ser víctima de policías de Moreno, quienes, según declaró, lo detuvieron cuando iba a cobrar una deuda.
La situación se repitió ayer, en los tribunales de Comodoro Py 2002, cuando los cuatro sospechosos fueron trasladados ante el juez de instrucción Nelson Jarazo, en medio de un importante operativo de seguridad.
Un arsenal clandestino
De esta manera crece la sospecha de los investigadores respecto de que las grandes bandas de asaltantes de bancos y de blindados se proveen de armamentos que fueron robados en los arsenales de las Fuerzas Armadas.
No obstante, el Estado Mayor General del Ejército aseguró que las armas halladas en procedimientos no fueron robadas de sus arsenales y voceros de la fuerza reconocieron que pudieron ser sustraídas durante los alzamientos "carapintadas" o en el ataque guerrillero a La Tablada.
La existencia de especialistas armeros clandestinos quedó corroborada el 15 de diciembre último, cuando en la localidad bonaerense de Caseros fue detenido un suboficial retirado de la Policía Federal.
De acuerdo con la policía bonaerense, el suboficial había montado un taller que funcionaba en los fondos de una casa situada en Magdalena al 3100, propiedad que fue tomada "por asalto" por el Grupo Halcón.
En el operativo fueron detenidos un sargento retirado de la Policía Federal y un armero civil, al que la Justicia habría identificado como Oscar Ignacio Pistoia, de 62 años, y su hijo de 35, a quienes acusaron de proveer armas a bandas de delincuentes.
"Un trabajo muy fino"
Además de todas las máquinas necesarias para una fábrica de armas, en el lugar se hallaron 50 proyectiles calibre 12,7 mm, del tipo que utiliza la ametralladora antiaérea que usó la banda en La boca.
Los investigadores sostuvieron que el ex suboficial hacía "un trabajo muy fino", fabricaba armas similares a las legales, y que utilizaba planos y un manual de Fabricaciones Militares para la confección del armamento.
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30/06/2009
Diarios/Agencias
Vicente Casares - Cañuelas
ASALTARON, SECUESTRARON Y ESPOSARON A DOS POLICÍAS
Cañuelas - Trascendió hoy que ayer, asaltaron, secuestraron y esposaron a dos policías dentro de un patrullero en la localidad de Vicente Casares, en el partido bonaerense de Cañuelas. Los asaltantes, de acuerdo con lo consignado, huyeron con las armas reglamentarias de los efectivos y una escopeta calibre 12.70 que encontraron dentro del patrullero. Aún no fueron localizados por la policía.
Hasta el momento, a pesar de los operativos dispuestos por la fuerza de seguridad provincial, los sujetos no habían podido ser localizados, según se informó.
Las víctimas del curioso episodio fueron un subteniente y un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes ayer, cerca de las 12:00 del mediodía, se encontraban patrullando las calles de Vicente Casares, de acuerdo con lo señalado hoy por un matutino porteño.
En un momento determinado, los policías divisaron a dos personas en actitud "sospechosa" y decidieron acercarse, según contaron posteriormente los propios policías al hacer la denuncia del hecho.
Cuando intentaron identificar a los dos sujetos, éstos se resistieron, los amenazaron con las armas que tenían en su poder y lograron reducirlos, se indicó.
Enseguida, de acuerdo con lo informado, tomaron las esposas que llevan los policías y los inmovilizaron.
Con el control de la situación, los dos ladrones llevaron a los efectivos hasta las afueras de la localidad, perteneciente al partido de Cañuelas, y los dejaron abandonados, a la vera del río Matanza.
Antes de escapar, los delincuentes se apoderaron de las armas reglamentarias de los policías y de la escopeta que hallaron dentro del patrullero.
Con ese botín, emprendieron la fuga a pie, dejando a los dos efectivos esposados y dentro del móvil policial.
Según se señaló, los dos policías finalmente fueron socorridos por compañeros de la fuerza, y más tarde hicieron la correspondiente denuncia, dando cuenta del robo del armamento.
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En Mendoza
Denunciaron robo de balas y granadas en un regimiento
MENDOZA - Unos tres mil proyectiles calibre 9 milímetros y cuatro granadas de guerra fueron robadas del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 16 en la localidad cordillerana de Uspallata, informaron fuentes de la investigación.
El hecho se registró alrededor de las 13.30 en la unidad militar ubicada sobre la ruta nacional 7 a 95 kilómetros al oeste de la capital mendocina.
El teniente coronel Carlos Alfonso explicó durante una conferencia de prensa que el ilícito se detectó en un polvorín ubicado a unos 1.500 metros detrás de las instalaciones centrales del Regimiento de la villa cordillerana.
Alfonso destacó que el polvorín "está rodeado de un alambrado olímpico de 1,80 metros de altura y rodeado de montículos de tierra, como prevención en caso de explosiones, con contenedores de cajas de municiones en su interior, en tanto que el armamento está en otro lugar bajo custodia de máxima seguridad". El militar comentó que "primero se detectó por los rondines la rotura del alambrado y luego que el candado del contenedor fue forzado".
Apoyo logístico
El teniente coronel estimó que en el robo "tuvo que haber apoyo logístico ya que para trasladar, aunque sea un solo cajón de municiones, hacen falta dos personas".
Alfonso evaluó que se trataría de delincuentes comunes ya que "sólo robaron munición para armas cortas, cuando en el mismo lugar hay de calibres mayores, para morteros o cañones".
El vocero militar adelantó que hay dos sumarios en desarrollo, uno de la Justicia Federal a cargo del juez Alfredo Manuel Rodríguez y otro interno de la fuerza, en tanto personal de la policía local participa de las investigaciones.
Por último recordó que "no es fácil llegar al lugar porque para ingresar al regimiento todos los vehículos son identificados, lo mismo que sus ocupantes".
La investigación del robo de los proyectiles y las cuatro granadas SMK2 -sin tren de fuego o detonador- quedó a cargo de la fiscal federal Claudia Noal de Catanio, informaron voceros del Ministerio de Seguridad mendocino.
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Mendoza
Robo al polvorín, bajo la lupa federal
Desde ayer se instruye el expediente, con la llegada del sumario policial, y en las próximas horas se espera el informe militar acerca de la sustracción de 3.318 proyectiles del RIM 16. Interrogatorios.
08-07-2008
Catherina Gibilaro
[email protected]
Ya se encuentran en manos de la Justicia federal el expediente del caso del robo de municiones en el polvorín del Regimiento de Infantería 16 de Uspallata.
El hecho, que fue fue detectado el viernes pasado al mediodía, significó para el Ejército un faltante de 3.318 proyectiles 9mm, cuatro granadas FMK 2 sin tren de fuego (no pueden estallar) y también numerosas municiones de fusil FAL 7.62 de fogueo.
La Secretaría Penal D, de Claudia Nofal, donde se instruye la causa, ya cuenta con el sumario realizado por la Policía de la Provincia y ahora se encuentra a la espera de la llegada del que instruyó el propio Ejército, el cual se estima que será entregado en las próximas horas.
Una vez que el juez federal Alfredo Manuel Rodríguez, titular del Juzgado Federal Nº3, cuente en su poder con todos los elementos necesarios que hacen a la causa, comenzará con los interrogatorios.
De ahí surgirá o no si algunos de los efectivos que integran el Regimiento 16 pueden ser pasibles de algún tipo de imputación o no. No se descarta en esferas allegadas a la investigación de que quien tuvo acceso a los proyectiles contó con el apoyo interno.
Actualmente, por orden de la superioridad del Comando de la Octava Brigada de Infantería de Montaña, cuyo titular es el coronel Julio Pelagatti, ya se sumarió al personal militar en su totalidad.
Una de las más grandes preocupaciones es que los proyectiles robados pasen al mercado negro, máxime teniendo en cuenta que la delincuencia utiliza armas con proyectiles de 9mm.
Otro golpe en 1992
Ésta no es la primera vez que una unidad militar de Mendoza es blanco de los delincuentes.
En 1992, en el polvorín del Sauce, en Guaymallén, donde había armamento del Ejército, detectaron la falta de 100 armas. La custodia en esa oportunidad estaba a cargo de personal policial de la Provincia.
La dependencia militar, que empezó a ser desguazada en 1990, había sido creada en 1940 y en los alrededores hay actualmente numerosos barrios, colonias de vacaciones y campings de fin de semana.
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El increíble robo de media docena de granadas FMK2 en el polvorín del Regimiento de Infantería de Montaña de Uspallata (RIM 16) en nuestra provincia, junto con miles de municiones calibre 9 milímetros, entre otros elementos de alto poder de fuego, tiene un antecedente histórico y enciende las alertas de los sistemas de Inteligencia y control de todo el MERCOSUR.
El circuito del tráfico de las granadas FMK2 -de fabricación argentina- es seguido por organismos de Inteligencia internacionales desde, por lo menos, el año 2000.
Pero algunos expertos dan cuenta que el tráfico de armas y municiones hacia el país vecino nació antes. El diario La Nación, informó en 2003 que “Viva Río descubrió que el tráfico de armamento militar argentino siempre existió, pero se intensificó a partir de 1995”.
En el año 2001, el gobierno brasileño entregó al argentino un paper en el que demostraba la aparición de una inusitada cantidad de este tipo de artefactos ofensivos en poder del crimen organizado de Río de Janeiro.
La ONG carioca especializada en control de armas Viva Rio fue quien llevó la voz cantante en la materia en el Cono Sur. Sus miembros, participaron de reuniones gubernamentales y de la sociedad civil, realizando un seguimiento paso a paso del tema.
La historia de las granadas argentinas FMK2 que fueron utilizadas en las favelas del Brasil empezó a ser desentrañada, según dio cuenta la mencionada entidad, el 12 de julio de 2002.
Ese día, por entonces gobernadora del Estado de Río de Janeiro, Benedita da Silva, entregó una lista de 3145 armas de fabricación argentina a representantes del consulado de nuestro país en su ciudad.
Un informe de la ONG indicó que “esa lista (elaborada por con el apoyo de Viva Rio en base a información provista por la División de Control de Armas y Expolsivos -DFAE- de la Policía Civil de Río de Janeiro) no incluía granadas de mano”. La lista de las granadas llegó a la Argentina por la correspondiente vía diplomática.
Lo que sucedió es que las armas de fuego argentinas (sin contar las granadas) ya eran una causa de preocupación, desde el momento en que representan alrededor del 2% del total de armas de fuego incautadas por la policía de Río de Janeiro y un del 8% de las armas de fuego incautadas de origen no brasileño.
Entre noviembre y diciembre de 2002, el periodista Antônio Werneck, del diario O Globo, publicó dos notas sobre el creciente número de granadas FMK2 de fabricación argentina que la policía carioca había secuestrado.
Una nota causó alto impacto en los dos países, ya que la publicaron tanto O Globo como la Nación, en Buenos Aires y se tituló: “A conexão argentina das granadas de guerra y Tráfico do Rio se abastece com granadas da Argentina”, de fácil traducción.
Las granadas y el crimen en Rio
Viva Rio informó que “en lo que concierne a granadas de mano, de las armas de ese tipo incautadas por la policía de Río de Janeiro entre enero y octubre de 2002, un 23,4% (103 en total) son granadas FMK2 de fabricación argentina. Por otra parte entre enero de 1995 y ocubre de 2002 la policía de Rio de Janeiro incautó 252 granadas FMK2 argentinas en operaciones contra el narcotráfico”.
Toda esta información incluyendo los números de lote de los cebos de fogueo (estopines) de las espoletas de las granadas argentinas fue remitida en noviembre de 2002 por la Secretaría de Seguridad Interior y la Policía de Río de Janeiro a la Senadora Diana Conti de la Comisión de Defensa del Senado argentino.
La ONG mendocina Espacios –fundadora de la Red Argentina para el Desarme- fue la encargada de encabezar el seguimiento legislativo de la investigación en nuestro país.
Pero fue la justicia del vecino país la que antes dio nombres y resultados de las pesquisas.
El diario porteño La Nación informó en abril de 2003: “En los últimos seis años fueron secuestradas por las policías Federal y Militar poco más de 3000 piezas de armamento militar de las Fuerzas Armadas argentinas en manos de narcotraficantes de los morros cariocas. Las pistolas Bersa, según un informe de Viva Río, serían de las preferidas por los traficantes, y en 1995 llegaron a ser secuestrados 55 fusiles y ametralladoras argentinos tan sólo en un allanamiento”.
La Nación recogió en ese momento la opinión de un investigador del gobierno brasileño, al trascender la información de que ese país ya tenía los nombres de los cabecillas de la red de trafiucantes y que, además, eran militares: "Lo único que puedo adelantar es que los nombres de los militares argentinos sospechosos de estar involucrados en el contrabando de armas fueron enviados a las autoridades argentinas", dijo el comisario Getulio Becerra, jefe de la Unidad Central de Represión al Narcotráfico de Brasil, que ahora espera una respuesta de Buenos Aires.
Luis Esnal, el corresponsal del diario porteño en Brasil, llegó a difundir una presunta ruta de las granadas FMK2. Dijo que “las armas pasan con facilidad las fronteras paraguayas desde la Argentina. Según la investigación, en Paraguay el armamento es depositado en camiones que atraviesan el río Paraná en una barca, hasta el Estado brasileño de Paraná. El cargamento llega en esos mismos camiones desde Paraná hasta Río de Janeiro, por la misma ruta que los paulistas viajan a la cidade maravillosa”.
Se dan a conocer nombres
El 1de agosto de 2003, el diario Clarín informó que “Juan Carlos Bassi, un oficial retirado de la Prefectura Naval argentina y dueño de una armería y con residencia en la ciudad de Rosario, era el destinatario de seis lanzacohetes, cuya carga fue fue interceptada por la Aduana en Puerto Iguazú”.
En aquella oportunidad, se indicó que “Bassi no era un apellido más en el mundo de las armas de fuego. Fue el propio ministro de Justicia, Seguridad y derechos Humanos Gustavo Béliz quien lo acusó de estar implicado en la causa por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita, AMIA, producido años atrás en Buenos Aires”.
Esa misma semana, el autor de esta nota entrevistó al por entonces diputado nacional Carlos Iparraguirre, quien había hecho propia la investigación sobre la presencia de granadas FMK2 argentinas en Brasil.
Iparraguirre –quien actualmente es el Secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe- consideró como "un dato sugestivo" el hecho de que Bassi "no solo habría sido investigado en el marco de la causa AMIA, tal como lo reconoció el Ministro Beliz en declaraciones públicas, sino que también han sido detectadas en manos de narcotraficantes del Brasil armas vendidas durante la década del ’90 desde una armería de su propiedad en la localidad de Puerto Iguazú, información que se desprende de una investigación administrativa que el Estado Argentino ha iniciado en virtud del listado de armamento de origen argentino incautado en Río de Janeiro. Se trata en concreto de 7 armas de la marca Bersa y de un Fusil Semiautomático FSL producido por Fabricaciones Militares que fueron vendidas por la Armería Shooters S.A de Juan Carlos Bassi y Cía S.C, de la ciudad de Puerto Iguazú".
Iparraguirre señaló, en aquella oportunidad, que "la armería de Bassi estuvo además involucrada en la causa N° 6149/96 que tramitara por ante el Juzgado Federal de Eldorado, Provincia de Misiones, caratulada "Pinto Soares, Jorge Roberto y otros s/contrabando de exportación en grado de tentativa y tenencia de armas de guerra", y dada de baja tras la investigación judicial”.
El legislador que reclamó informes al Estado argentino sobre las armas militares que aparecieron en poder del crimen organizado en las favelas de Rio de Janeiro, recordó la tarea de la ex gobernadora carioca Benedita da Silva, y que aquello motivó una investigación administrativa identificada con el expediente EXPECOM EX 001-001923/2001 del 14/6/2001.
“A estos listados remitidos por las autoridades brasileñas que obran en poder del gobierno argentino –dijo Iparraguirre en 2003-se ha sumado en mayo de este año otro listado con información detallada sobre 50 granadas argentinas FMK2 producidas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán secuestradas en operativos realizados por la Policía brasileña. Hasta el día de la fecha, dicha investigación no se ha materializado en una respuesta concreta a las autoridades del vecino país".
Sospechosas apariciones de granadas en lugares públicos
El robo tipo comando no ha sido precisamente la forma en que salieron del país las granadas. Muchos investigadores del país y del exterior abonan la teoría de que el tráfico se ha producido al estilo “hormiga” y utilizando espacios públicos muy concurridos para producir las transferencias.
Concretamente, a lo largo de los últimos cinco años han ido apareciendo pequeños grupos de granadas sueltas o en bolsas de supermercados en terrenos baldíos o junto a establecimientos educativos, tanto en Mendoza como en Córdoba y Rosario, además del conurbano bonaerense. Más que una cadena de descuidos, las coincidencias sugieren la existencia de toda una modalidad delictiva para traficar las famosas granadas argentinas que alimentan al delito en Río de Janeiro.
En enero de 2004, el ya citado portal especializado Desarme.org –muy respetado en los ámbitos de la seguridad y académicos- encendió una luz de alerta en ese sentido.
“Dos granadas FMK2 fueron secuestradas por la policía de la provincia argentina de Córdoba, además de una pistola y un revólver. Sucedió en el barrio Las Flores de la ciudad capital de Córdoba”, publicó el sitio, citando al diario La Voz del Interior.
La investigación periodística dio cuenta, entonces, que “no es la primera vez que este tipo de material militar aparece en manos de delincuentes o bien en terrenos baldíos. Al menos en dos oportunidades, se encontraron en bolsas junto a establecimientos educativos”.
Desarme.org publicó entonces que “se ha alertado en torno a la posibilidad de que exista un mercado negro del material bélico militar, en una provincia en donde todavía resuena la explosión de la Fábrica Militar de Armas y Municiones de Río Tercero, ocurrido hace algunos años atrás, y que muchos vinculan al tráfico ilegal desarrollado desde el Estado nacional”.
“Desactivadas”
No importa que estén “de baja” o “desactivadas” como dijeron las voces del Ejército luego de conocida la noticia del robo al polvorín de Uspallata.
Lo que importa es que el hecho se haya producido, nuevamente, en el seno de una dependencia que se supone preparada para guardar armas y municiones bajo las más estrictas normas de seguridad. Y también importa que de estas cosas nos enteremos porque trascienden y no porque se admita.
Este sólo último hecho es lo que le quita transparencia a la gestión de arsenales.
¿Cuántos hechos más se pueden producir o han sucedido sin que tengamos la enorme suerte o la casualidad de enterarnos?
Asaltan una guardia militar y roban fusiles
Los delincuentes se llevaron armas de gran poder de fuego
Un grupo de delincuentes copó el sábado un puesto de guardia del Ejército, en Campo de Mayo, y se apoderó de varias armas de altísimo poder de fuego. Fuentes militares confirmaron que a los centinelas militares les robaron cinco fusiles automáticos livianos (FAL) y una pistola 9mm. El operativo fue rápido y no hubo heridos ni intercambio de disparos. Alrededor de las 20.30, los soldados fueron sorprendidos dentro del contenedor usado como casilla de control, en la zona conocida como puerta 8 bis, ubicada sobre la ruta 8, que cruza la más importante guarnición militar del país.
El puesto de guardia está ubicado en un lugar de acceso público, donde los militares hacen un control de tránsito. Las patrullas móviles que rastrean el predio sólo reaccionaron ante el hecho consumado, cuando los malvivientes ya se habían fugado. La banda que atacó a los soldados había robado antes un vehículo en la localidad de San Martín y secuestrado durante unas horas a su dueño, Santiago Lardit Rocha, de 34 años. Este hombre fue ubicado en el baúl de su Volkswagen Pointer, donde lo encontraron finalmente en Hurlingham.
Los investigadores policiales consideran que el rapto de Lardit Rocha fue efectuado al azar y que el objetivo de los delincuentes era conseguir un automóvil para conseguir el armamento en Campo de Mayo.
"Se sospecha que no se trata de una banda de delincuentes comunes, sino de hombres pesados ; no cualquiera se anima a meterse con una guardia militar, porque siempre pueden encontrarse con algún Rambo y es mucho el riesgo", comentó anoche una fuente de seguridad que está al tanto de lo ocurrido. También se preocupó por el posible destino de esas armas, muy codiciadas entre las bandas, y especuló con que la forma de operar señalaría que los delincuentes fueron en busca de armamento para un golpe específico posterior.
Con fusiles como los robados el último fin de semana, un grupo muy organizado de delincuentes copó hace 15 días la comisaría de Maschwitz, donde, además de liberar detenidos, se quedó con el armamento policial.
Fuentes castrenses afirmaron anoche que los centinelas militares portan sus fusiles con el cargador de municiones colocado y con posibilidad de disparar. Sin embargo, en este caso el suboficial y los cuatro soldados de guardia no pudieron defenderse ya que uno de estos últimos fue encañonado en las inmediaciones del puesto y de esa manera forzado a franquear la entrada de los delincuentes en el lugar de descanso de sus compañeros.
Grave y repetido
En el Ejército se consideró "grave" este incidente. Y no es la primera vez que ocurre algo similar en los últimos años, aunque en las anteriores ocasiones los delincuentes no se llevaron un arsenal tan importante como el que representan los cinco FAL.
El 29 de julio de 2004, una persona armada con un cuchillo le arrebató el FAL a un solitario soldado de guardia en la Escuela de Suboficiales, también en Campo de Mayo. Una semana después hubo un intento de irrupción en el perímetro del Regimiento Patricios, en Palermo.
Luego de esos sucesos, la jefatura militar dio la orden de portar el armamento en condición de tiro.
Hasta entonces, las guardias eran casi simbólicas, dado que no se colocaban los cargadores en los fusiles. Tras esa directiva de defender la posición, una patrulla que vigilaba el predio interior de Campo de Mayo se tiroteó con desconocidos que dispararon desde la zona ocupada por Ceamse, cerca del camino del Buen Ayre.
El Ejército lleva adelante una investigación interna sobre este robo de armas, más allá de la causa penal, que es seguida por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, con la colaboración de la Gendarmería.
En las cercanías del puesto de guardia atacado se encuentran el Regimiento de Asalto Aéreo, la Compañía de Comandos 601, el Grupo de Artillería 1, el Batallón de Ingenieros 601, el Centro de Entrenamiento Conjunto para Misiones de Paz y las Escuelas de las Armas, entre otras unidades que tienen su sede en Campo de Mayo.
Si bien son varios miles los militares que recorren el predio durante la semana laboral, los fines de semana es reducida la cantidad de efectivos.
Por la posición del puesto de guardia, en el costado de la ruta 8, fuentes oficiales del Ejército manifestaron que técnicamente no podía hablarse de irrupción en un cuartel. Sin embargo, no dejaron de mostrarse preocupadas por el incidente, tras el cual se incrementaron las medidas de vigilancia interna en Campo de Mayo.
De todas maneras, nuevamente la seguridad militar fue quebrada.
Por Daniel Gallo
De la Redacción de LA NACION
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• El caso de un arsenal clandestino secuestrado en Caseros
Jueves 19 de octubre de 2000 | Publicado en edición impresa
, en los tribunales porteños, fueron indagados los cuatro ladrones detenidos por su presunta participación en el frustrado asalto con una ametralladora antiaérea contra un blindado en La Boca. A su vez, la fiscal de Mercedes que investiga otros robos que habría cometido esta misma banda aseguró que el armamento de guerra utilizado por la organización delictiva fue robado en partes que luego fueron rearmadas por un experto armero.
"El armamento de la banda había sido conseguido mediante un robo hormiga . Con las distintas partes robadas armaron las pistolas y la ametralladora que, finalmente, utilizaron y que estaban aptas para ser disparadas", expresó la fiscal de Mercedes Miriam Rodríguez en declaraciones a la agencia Télam.
La representante del Ministerio Público a cargo de la investigación del arsenal hallado en una casaquinta de Paso del Rey, luego del frustrado asalto contra el camión blindado en La Boca, precisó que las pístolas secuestradas tienen hasta tres numeraciones diferentes y que la ametralladora antiaérea Browning 50 calibre 12,7 mm tenía un cañón que pertenecía a otro modelo.
De acuerdo con los peritos que analizaron el armamento secuestrado, todas las armas fueron rearmadas a la perfección, estaban muy bien cuidadas e incluso algunas de ellas tenían sus numeraciones torneadas, de manera tal que ni con un revenido químico se descubrirán sus números de identificación originales.
El ministro de Seguridad bonaerense, Ramón Verón, señaló al sargento del Ejército Argentino, Luis Alejandro Olea, de 32 años, como el principal sospechoso de conseguir las armas para la banda.
Olea se había negado a declarar ante la fiscal de Mercedes, al igual que los otros detenidos, Juan Carlos Ventri, de 50, y Raúl Ernesto Viera, de 26.
El único de los cuatro detenidos por el hecho que declaró fue el delincuente Víctor Elvio Navarro, alias "Narigón Víctor", de 39 años, quien manifestó ser inocente del asalto en La Boca y ser víctima de policías de Moreno, quienes, según declaró, lo detuvieron cuando iba a cobrar una deuda.
La situación se repitió ayer, en los tribunales de Comodoro Py 2002, cuando los cuatro sospechosos fueron trasladados ante el juez de instrucción Nelson Jarazo, en medio de un importante operativo de seguridad.
Un arsenal clandestino
De esta manera crece la sospecha de los investigadores respecto de que las grandes bandas de asaltantes de bancos y de blindados se proveen de armamentos que fueron robados en los arsenales de las Fuerzas Armadas.
No obstante, el Estado Mayor General del Ejército aseguró que las armas halladas en procedimientos no fueron robadas de sus arsenales y voceros de la fuerza reconocieron que pudieron ser sustraídas durante los alzamientos "carapintadas" o en el ataque guerrillero a La Tablada.
La existencia de especialistas armeros clandestinos quedó corroborada el 15 de diciembre último, cuando en la localidad bonaerense de Caseros fue detenido un suboficial retirado de la Policía Federal.
De acuerdo con la policía bonaerense, el suboficial había montado un taller que funcionaba en los fondos de una casa situada en Magdalena al 3100, propiedad que fue tomada "por asalto" por el Grupo Halcón.
En el operativo fueron detenidos un sargento retirado de la Policía Federal y un armero civil, al que la Justicia habría identificado como Oscar Ignacio Pistoia, de 62 años, y su hijo de 35, a quienes acusaron de proveer armas a bandas de delincuentes.
"Un trabajo muy fino"
Además de todas las máquinas necesarias para una fábrica de armas, en el lugar se hallaron 50 proyectiles calibre 12,7 mm, del tipo que utiliza la ametralladora antiaérea que usó la banda en La boca.
Los investigadores sostuvieron que el ex suboficial hacía "un trabajo muy fino", fabricaba armas similares a las legales, y que utilizaba planos y un manual de Fabricaciones Militares para la confección del armamento.
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30/06/2009
Diarios/Agencias
Vicente Casares - Cañuelas
ASALTARON, SECUESTRARON Y ESPOSARON A DOS POLICÍAS
Cañuelas - Trascendió hoy que ayer, asaltaron, secuestraron y esposaron a dos policías dentro de un patrullero en la localidad de Vicente Casares, en el partido bonaerense de Cañuelas. Los asaltantes, de acuerdo con lo consignado, huyeron con las armas reglamentarias de los efectivos y una escopeta calibre 12.70 que encontraron dentro del patrullero. Aún no fueron localizados por la policía.
Hasta el momento, a pesar de los operativos dispuestos por la fuerza de seguridad provincial, los sujetos no habían podido ser localizados, según se informó.
Las víctimas del curioso episodio fueron un subteniente y un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes ayer, cerca de las 12:00 del mediodía, se encontraban patrullando las calles de Vicente Casares, de acuerdo con lo señalado hoy por un matutino porteño.
En un momento determinado, los policías divisaron a dos personas en actitud "sospechosa" y decidieron acercarse, según contaron posteriormente los propios policías al hacer la denuncia del hecho.
Cuando intentaron identificar a los dos sujetos, éstos se resistieron, los amenazaron con las armas que tenían en su poder y lograron reducirlos, se indicó.
Enseguida, de acuerdo con lo informado, tomaron las esposas que llevan los policías y los inmovilizaron.
Con el control de la situación, los dos ladrones llevaron a los efectivos hasta las afueras de la localidad, perteneciente al partido de Cañuelas, y los dejaron abandonados, a la vera del río Matanza.
Antes de escapar, los delincuentes se apoderaron de las armas reglamentarias de los policías y de la escopeta que hallaron dentro del patrullero.
Con ese botín, emprendieron la fuga a pie, dejando a los dos efectivos esposados y dentro del móvil policial.
Según se señaló, los dos policías finalmente fueron socorridos por compañeros de la fuerza, y más tarde hicieron la correspondiente denuncia, dando cuenta del robo del armamento.
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En Mendoza
Denunciaron robo de balas y granadas en un regimiento
MENDOZA - Unos tres mil proyectiles calibre 9 milímetros y cuatro granadas de guerra fueron robadas del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 16 en la localidad cordillerana de Uspallata, informaron fuentes de la investigación.
El hecho se registró alrededor de las 13.30 en la unidad militar ubicada sobre la ruta nacional 7 a 95 kilómetros al oeste de la capital mendocina.
El teniente coronel Carlos Alfonso explicó durante una conferencia de prensa que el ilícito se detectó en un polvorín ubicado a unos 1.500 metros detrás de las instalaciones centrales del Regimiento de la villa cordillerana.
Alfonso destacó que el polvorín "está rodeado de un alambrado olímpico de 1,80 metros de altura y rodeado de montículos de tierra, como prevención en caso de explosiones, con contenedores de cajas de municiones en su interior, en tanto que el armamento está en otro lugar bajo custodia de máxima seguridad". El militar comentó que "primero se detectó por los rondines la rotura del alambrado y luego que el candado del contenedor fue forzado".
Apoyo logístico
El teniente coronel estimó que en el robo "tuvo que haber apoyo logístico ya que para trasladar, aunque sea un solo cajón de municiones, hacen falta dos personas".
Alfonso evaluó que se trataría de delincuentes comunes ya que "sólo robaron munición para armas cortas, cuando en el mismo lugar hay de calibres mayores, para morteros o cañones".
El vocero militar adelantó que hay dos sumarios en desarrollo, uno de la Justicia Federal a cargo del juez Alfredo Manuel Rodríguez y otro interno de la fuerza, en tanto personal de la policía local participa de las investigaciones.
Por último recordó que "no es fácil llegar al lugar porque para ingresar al regimiento todos los vehículos son identificados, lo mismo que sus ocupantes".
La investigación del robo de los proyectiles y las cuatro granadas SMK2 -sin tren de fuego o detonador- quedó a cargo de la fiscal federal Claudia Noal de Catanio, informaron voceros del Ministerio de Seguridad mendocino.
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Mendoza
Robo al polvorín, bajo la lupa federal
Desde ayer se instruye el expediente, con la llegada del sumario policial, y en las próximas horas se espera el informe militar acerca de la sustracción de 3.318 proyectiles del RIM 16. Interrogatorios.
08-07-2008
Catherina Gibilaro
[email protected]
Ya se encuentran en manos de la Justicia federal el expediente del caso del robo de municiones en el polvorín del Regimiento de Infantería 16 de Uspallata.
El hecho, que fue fue detectado el viernes pasado al mediodía, significó para el Ejército un faltante de 3.318 proyectiles 9mm, cuatro granadas FMK 2 sin tren de fuego (no pueden estallar) y también numerosas municiones de fusil FAL 7.62 de fogueo.
La Secretaría Penal D, de Claudia Nofal, donde se instruye la causa, ya cuenta con el sumario realizado por la Policía de la Provincia y ahora se encuentra a la espera de la llegada del que instruyó el propio Ejército, el cual se estima que será entregado en las próximas horas.
Una vez que el juez federal Alfredo Manuel Rodríguez, titular del Juzgado Federal Nº3, cuente en su poder con todos los elementos necesarios que hacen a la causa, comenzará con los interrogatorios.
De ahí surgirá o no si algunos de los efectivos que integran el Regimiento 16 pueden ser pasibles de algún tipo de imputación o no. No se descarta en esferas allegadas a la investigación de que quien tuvo acceso a los proyectiles contó con el apoyo interno.
Actualmente, por orden de la superioridad del Comando de la Octava Brigada de Infantería de Montaña, cuyo titular es el coronel Julio Pelagatti, ya se sumarió al personal militar en su totalidad.
Una de las más grandes preocupaciones es que los proyectiles robados pasen al mercado negro, máxime teniendo en cuenta que la delincuencia utiliza armas con proyectiles de 9mm.
Otro golpe en 1992
Ésta no es la primera vez que una unidad militar de Mendoza es blanco de los delincuentes.
En 1992, en el polvorín del Sauce, en Guaymallén, donde había armamento del Ejército, detectaron la falta de 100 armas. La custodia en esa oportunidad estaba a cargo de personal policial de la Provincia.
La dependencia militar, que empezó a ser desguazada en 1990, había sido creada en 1940 y en los alrededores hay actualmente numerosos barrios, colonias de vacaciones y campings de fin de semana.
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El increíble robo de media docena de granadas FMK2 en el polvorín del Regimiento de Infantería de Montaña de Uspallata (RIM 16) en nuestra provincia, junto con miles de municiones calibre 9 milímetros, entre otros elementos de alto poder de fuego, tiene un antecedente histórico y enciende las alertas de los sistemas de Inteligencia y control de todo el MERCOSUR.
El circuito del tráfico de las granadas FMK2 -de fabricación argentina- es seguido por organismos de Inteligencia internacionales desde, por lo menos, el año 2000.
Pero algunos expertos dan cuenta que el tráfico de armas y municiones hacia el país vecino nació antes. El diario La Nación, informó en 2003 que “Viva Río descubrió que el tráfico de armamento militar argentino siempre existió, pero se intensificó a partir de 1995”.
En el año 2001, el gobierno brasileño entregó al argentino un paper en el que demostraba la aparición de una inusitada cantidad de este tipo de artefactos ofensivos en poder del crimen organizado de Río de Janeiro.
La ONG carioca especializada en control de armas Viva Rio fue quien llevó la voz cantante en la materia en el Cono Sur. Sus miembros, participaron de reuniones gubernamentales y de la sociedad civil, realizando un seguimiento paso a paso del tema.
La historia de las granadas argentinas FMK2 que fueron utilizadas en las favelas del Brasil empezó a ser desentrañada, según dio cuenta la mencionada entidad, el 12 de julio de 2002.
Ese día, por entonces gobernadora del Estado de Río de Janeiro, Benedita da Silva, entregó una lista de 3145 armas de fabricación argentina a representantes del consulado de nuestro país en su ciudad.
Un informe de la ONG indicó que “esa lista (elaborada por con el apoyo de Viva Rio en base a información provista por la División de Control de Armas y Expolsivos -DFAE- de la Policía Civil de Río de Janeiro) no incluía granadas de mano”. La lista de las granadas llegó a la Argentina por la correspondiente vía diplomática.
Lo que sucedió es que las armas de fuego argentinas (sin contar las granadas) ya eran una causa de preocupación, desde el momento en que representan alrededor del 2% del total de armas de fuego incautadas por la policía de Río de Janeiro y un del 8% de las armas de fuego incautadas de origen no brasileño.
Entre noviembre y diciembre de 2002, el periodista Antônio Werneck, del diario O Globo, publicó dos notas sobre el creciente número de granadas FMK2 de fabricación argentina que la policía carioca había secuestrado.
Una nota causó alto impacto en los dos países, ya que la publicaron tanto O Globo como la Nación, en Buenos Aires y se tituló: “A conexão argentina das granadas de guerra y Tráfico do Rio se abastece com granadas da Argentina”, de fácil traducción.
Las granadas y el crimen en Rio
Viva Rio informó que “en lo que concierne a granadas de mano, de las armas de ese tipo incautadas por la policía de Río de Janeiro entre enero y octubre de 2002, un 23,4% (103 en total) son granadas FMK2 de fabricación argentina. Por otra parte entre enero de 1995 y ocubre de 2002 la policía de Rio de Janeiro incautó 252 granadas FMK2 argentinas en operaciones contra el narcotráfico”.
Toda esta información incluyendo los números de lote de los cebos de fogueo (estopines) de las espoletas de las granadas argentinas fue remitida en noviembre de 2002 por la Secretaría de Seguridad Interior y la Policía de Río de Janeiro a la Senadora Diana Conti de la Comisión de Defensa del Senado argentino.
La ONG mendocina Espacios –fundadora de la Red Argentina para el Desarme- fue la encargada de encabezar el seguimiento legislativo de la investigación en nuestro país.
Pero fue la justicia del vecino país la que antes dio nombres y resultados de las pesquisas.
El diario porteño La Nación informó en abril de 2003: “En los últimos seis años fueron secuestradas por las policías Federal y Militar poco más de 3000 piezas de armamento militar de las Fuerzas Armadas argentinas en manos de narcotraficantes de los morros cariocas. Las pistolas Bersa, según un informe de Viva Río, serían de las preferidas por los traficantes, y en 1995 llegaron a ser secuestrados 55 fusiles y ametralladoras argentinos tan sólo en un allanamiento”.
La Nación recogió en ese momento la opinión de un investigador del gobierno brasileño, al trascender la información de que ese país ya tenía los nombres de los cabecillas de la red de trafiucantes y que, además, eran militares: "Lo único que puedo adelantar es que los nombres de los militares argentinos sospechosos de estar involucrados en el contrabando de armas fueron enviados a las autoridades argentinas", dijo el comisario Getulio Becerra, jefe de la Unidad Central de Represión al Narcotráfico de Brasil, que ahora espera una respuesta de Buenos Aires.
Luis Esnal, el corresponsal del diario porteño en Brasil, llegó a difundir una presunta ruta de las granadas FMK2. Dijo que “las armas pasan con facilidad las fronteras paraguayas desde la Argentina. Según la investigación, en Paraguay el armamento es depositado en camiones que atraviesan el río Paraná en una barca, hasta el Estado brasileño de Paraná. El cargamento llega en esos mismos camiones desde Paraná hasta Río de Janeiro, por la misma ruta que los paulistas viajan a la cidade maravillosa”.
Se dan a conocer nombres
El 1de agosto de 2003, el diario Clarín informó que “Juan Carlos Bassi, un oficial retirado de la Prefectura Naval argentina y dueño de una armería y con residencia en la ciudad de Rosario, era el destinatario de seis lanzacohetes, cuya carga fue fue interceptada por la Aduana en Puerto Iguazú”.
En aquella oportunidad, se indicó que “Bassi no era un apellido más en el mundo de las armas de fuego. Fue el propio ministro de Justicia, Seguridad y derechos Humanos Gustavo Béliz quien lo acusó de estar implicado en la causa por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita, AMIA, producido años atrás en Buenos Aires”.
Esa misma semana, el autor de esta nota entrevistó al por entonces diputado nacional Carlos Iparraguirre, quien había hecho propia la investigación sobre la presencia de granadas FMK2 argentinas en Brasil.
Iparraguirre –quien actualmente es el Secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe- consideró como "un dato sugestivo" el hecho de que Bassi "no solo habría sido investigado en el marco de la causa AMIA, tal como lo reconoció el Ministro Beliz en declaraciones públicas, sino que también han sido detectadas en manos de narcotraficantes del Brasil armas vendidas durante la década del ’90 desde una armería de su propiedad en la localidad de Puerto Iguazú, información que se desprende de una investigación administrativa que el Estado Argentino ha iniciado en virtud del listado de armamento de origen argentino incautado en Río de Janeiro. Se trata en concreto de 7 armas de la marca Bersa y de un Fusil Semiautomático FSL producido por Fabricaciones Militares que fueron vendidas por la Armería Shooters S.A de Juan Carlos Bassi y Cía S.C, de la ciudad de Puerto Iguazú".
Iparraguirre señaló, en aquella oportunidad, que "la armería de Bassi estuvo además involucrada en la causa N° 6149/96 que tramitara por ante el Juzgado Federal de Eldorado, Provincia de Misiones, caratulada "Pinto Soares, Jorge Roberto y otros s/contrabando de exportación en grado de tentativa y tenencia de armas de guerra", y dada de baja tras la investigación judicial”.
El legislador que reclamó informes al Estado argentino sobre las armas militares que aparecieron en poder del crimen organizado en las favelas de Rio de Janeiro, recordó la tarea de la ex gobernadora carioca Benedita da Silva, y que aquello motivó una investigación administrativa identificada con el expediente EXPECOM EX 001-001923/2001 del 14/6/2001.
“A estos listados remitidos por las autoridades brasileñas que obran en poder del gobierno argentino –dijo Iparraguirre en 2003-se ha sumado en mayo de este año otro listado con información detallada sobre 50 granadas argentinas FMK2 producidas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán secuestradas en operativos realizados por la Policía brasileña. Hasta el día de la fecha, dicha investigación no se ha materializado en una respuesta concreta a las autoridades del vecino país".
Sospechosas apariciones de granadas en lugares públicos
El robo tipo comando no ha sido precisamente la forma en que salieron del país las granadas. Muchos investigadores del país y del exterior abonan la teoría de que el tráfico se ha producido al estilo “hormiga” y utilizando espacios públicos muy concurridos para producir las transferencias.
Concretamente, a lo largo de los últimos cinco años han ido apareciendo pequeños grupos de granadas sueltas o en bolsas de supermercados en terrenos baldíos o junto a establecimientos educativos, tanto en Mendoza como en Córdoba y Rosario, además del conurbano bonaerense. Más que una cadena de descuidos, las coincidencias sugieren la existencia de toda una modalidad delictiva para traficar las famosas granadas argentinas que alimentan al delito en Río de Janeiro.
En enero de 2004, el ya citado portal especializado Desarme.org –muy respetado en los ámbitos de la seguridad y académicos- encendió una luz de alerta en ese sentido.
“Dos granadas FMK2 fueron secuestradas por la policía de la provincia argentina de Córdoba, además de una pistola y un revólver. Sucedió en el barrio Las Flores de la ciudad capital de Córdoba”, publicó el sitio, citando al diario La Voz del Interior.
La investigación periodística dio cuenta, entonces, que “no es la primera vez que este tipo de material militar aparece en manos de delincuentes o bien en terrenos baldíos. Al menos en dos oportunidades, se encontraron en bolsas junto a establecimientos educativos”.
Desarme.org publicó entonces que “se ha alertado en torno a la posibilidad de que exista un mercado negro del material bélico militar, en una provincia en donde todavía resuena la explosión de la Fábrica Militar de Armas y Municiones de Río Tercero, ocurrido hace algunos años atrás, y que muchos vinculan al tráfico ilegal desarrollado desde el Estado nacional”.
“Desactivadas”
No importa que estén “de baja” o “desactivadas” como dijeron las voces del Ejército luego de conocida la noticia del robo al polvorín de Uspallata.
Lo que importa es que el hecho se haya producido, nuevamente, en el seno de una dependencia que se supone preparada para guardar armas y municiones bajo las más estrictas normas de seguridad. Y también importa que de estas cosas nos enteremos porque trascienden y no porque se admita.
Este sólo último hecho es lo que le quita transparencia a la gestión de arsenales.
¿Cuántos hechos más se pueden producir o han sucedido sin que tengamos la enorme suerte o la casualidad de enterarnos?
