Fuerzas de Seguridad - Noticias Breves
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fanatikorn
Colaborador
Debe ser la "contraprestación" por haberles enviado fuerzas federales que los políticos de la provincia (y los policías) no quieren ahí.
¿Te tengo que tener acá porque la gente común lo pidió y el gobierno nacional respondió? Ok, pero vas a vivir de tal manera que no quieras volver ni a punta de FAL.
¿Te tengo que tener acá porque la gente común lo pidió y el gobierno nacional respondió? Ok, pero vas a vivir de tal manera que no quieras volver ni a punta de FAL.
...Tal cual...si aca mas de uno esta "preocupado" por la venida de los verdes...no olvidan que hace mas de año y medio cuando estaban aca la gente respiraba tranquila...y...¡¡¡ESO no es tolerado!!!...noooo 
Esos te frenan un corchazo?
Nice. Yo quiero tener un FAL. Después avisen dónde comprar.
Qué sería lo de arriba?
Parece un FAL de los que utilizaba Israel...
Es un FAP me parece, el bipode lo delata
fanatikorn
Colaborador
Alguien no aprobó regla de tres simple en 4° grado....
Un FAP.
Los utiliza el GIGN, así que malos no deben ser:
Fijate el grosor.
Cuántas armas habrán bajado de estantes de armerías o de gabinetes de coleccionistas amigos para poner en las fotos.... 
Algunas son verosímiles, pero en otras fotos parece que tenemos delincuentes preparándose para una guerra de trincheras.
Ni hablar de que hay hasta armas de aire o gas en algunas fotos.
Algunas son verosímiles, pero en otras fotos parece que tenemos delincuentes preparándose para una guerra de trincheras.
Ni hablar de que hay hasta armas de aire o gas en algunas fotos.
Cuántas armas habrán bajado de estantes de armerías o de gabinetes de coleccionistas amigos para poner en las fotos....
Algunas son verosímiles, pero en otras fotos parece que tenemos delincuentes preparándose para una guerra de trincheras.
Ni hablar de que hay hasta armas de aire o gas en algunas fotos.
Esteeeee.... habia pensado exactamente lo mismo....
Pero no habia querido poner nada para que no me tilden de "conspirativista"...
.Ahora al menos somos dos...
Y más que para una "guerra de trincheras" para una exposición histórica...
- [URL='http://www.clarin.com/']Clarin.com
- Política
- 12/10/16 - 18:08
El decreto que lo repone en el cargo se publicará mañana en el Boletín Oficial, pudo saber Clarín.
[/URL]
http://www.clarin.com/politica/Gomez-Centurion-vuelve-manana-Aduana_0_1667233387.html
http://www.clarin.com/politica/Gomez-Centurion-vuelve-manana-Aduana_0_1667233387.html
Alguien no aprobó regla de tres simple en 4° grado....
4 perros y una perrita. La perrita ya tenía nombre. Los innominados eran los machos.
Igual el título y la foto generan confusión...
Los utiliza el GIGN, así que malos no deben ser:
Fijate el grosor.
Grosso el grosor.
fanatikorn
Colaborador
Tanto les costaba explicar esto?4 perros y una perrita. La perrita ya tenía nombre. Los innominados eran los machos.
Igual el título y la foto generan confusión...
O en todo caso subir una foto de los 4 nominados, y no meter a la hembrita que ya tiene nomb........para que me gasto, si total en esas oficinas da la impresión que trabajan así:
nico22
Colaborador
Interesante nota,mezcla un poco de seguridad con defensa
Ante un mar de incógnitas
decisión de coordinar los organismos que controlan la frontera promete fortalecer la lucha contra el narcotráfico que se ha propuesto Mauricio Macri. También desnuda los límites que la realidad impone a ese programa. La creación de una comisión para armonizar la tarea de Seguridad, Migraciones, Cancillería y Defensa hará más poderosa a la ministra Patricia Bullrich en el gabinete. Pero también inaugura un mar de incógnitas.
Por ejemplo: hace 15 días se dispuso que numerosos gendarmes y prefectos destacados en los confines del país regresen al área metropolitana. Con menos personal, Macri debe readaptar su estrategia.
La profecía de Macri se está cumpliendo. Un par de meses atrás, cuando ordenó a Gustavo Lopetegui coordinar a las fuerzas del área metropolitana, adelantó: "Apenas baje la inflación, el problema lo van a tener ustedes, porque aumentará la preocupación por el delito". La nueva escena encuentra al Gobierno en plena gimnasia ensayo-error.
Hace dos semanas, después de una reunión con María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Bullrich, el Presidente repuso en el conurbano y en el sur de la ciudad de Buenos Aires a los prefectos y gendarmes que habían sido destacados en la frontera, como parte de su plan contra el narcotráfico. Se volvió así a la receta de los kirchneristas Nilda Garré y Sergio Berni. Con el mismo resultado: la frontera quedó desprotegida. Para corregir ese déficit, el ex ministro de Defensa Agustín Rossi y el ex jefe del Ejército César Milani habían lanzado el operativo Fortín II, enviando tropas al interior para combatir a los traficantes.
Ese empleo de las Fuerzas Armadas para suministrar seguridad fue ilegal. Lo prohibía la ley de defensa. Y el decreto 727 de Néstor Kirchner y Garré, aun más restrictivo: establece que los militares sólo tienen facultades para "asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro/s Estado/s".
Rossi, Milani y Cristina Kirchner ignoraron esas limitaciones y enviaron miles de soldados a custodiar la frontera. Para perplejidad de los organismos de derechos humanos ligados a la ex presidenta, el encargado de corregir esa transgresión fue Macri. Hace seis meses, su ministro de Defensa, Julio Martínez, replegó a esos militares. Y algo más: derivó a la AFI y a Seguridad el 90% del presupuesto destinado por Milani a inteligencia militar. Unos $ 900 millones.
En vez de aplaudir estas decisiones, que ya ocurrieron, los filántropos kirchneristas alertan sobre la posible convocatoria a las Fuerzas Armadas para tareas de policía, que todavía no ocurrió. Bullrich no prevé esa utilización. Aun cuando no se sepa con qué efectivos reemplazará a los gendarmes y prefectos que patrullarán el conurbano. El debate se abre entre los que promueven la participación castrense en la seguridad y quienes la desaconsejan por completo. Vistas en su trazo grueso, ambas posiciones parecen equivocadas.
El decreto Kirchner/Garré atrasa varios años. Sólo concibe que los militares luchen contra otros ejércitos estatales. Por ejemplo: ante un eventual ataque de EI habría que arreglárselas con las policías, la Gendarmería y la Prefectura. Tampoco es fácil distinguir la seguridad interior de la exterior en la nueva guerra cibernética. Además, ¿cómo vigilar el espacio aéreo sin la Fuerza Aérea? ¿Habrá que dotar de una aeronáutica a los gendarmes? Las leyes de defensa y seguridad fueron pensadas en el clima de los años 80, cuando el máximo imperativo de la democracia era retirar a los militares de la política interior. El cambio histórico obliga a revisar antiguas limitaciones. Pero de eso no se infiere que los soldados deban convertirse en policías, ejecutando el control directo del narcotráfico. Los mexicanos tomaron esa senda, de la que ahora no saben cómo regresar.
Estas discusiones son alentadoras porque es imposible establecer una estrategia de defensa y seguridad sin alcanzar un consenso político. El gran inconveniente está en la realidad. Macri debe elaborar un plan de largo plazo y, al mismo tiempo, cubrir las urgencias derivadas del colapso de varias policías. La fórmula para resolver ese problema difiere aún entre los principales dirigentes de Cambiemos. Vidal, por ejemplo, se ha propuesto tomar el control de la bonaerense sin ensayar reforma alguna. En cambio, Rodríguez Larreta se ha lanzado a fusionar la Metropolitana con la sección porteña de la Federal en una nueva policía. Ambas tareas modificaron la configuración del aparato nacional de seguridad. Por eso Bullrich debe ejecutar un plan mientras rediseña sus instrumentos.
En el Coloquio de Idea, Vidal confirmó que la inseguridad es su pesadilla. Es comprensible. A los enormes dramas objetivos ella agregó un enfoque inicial desacertado. El indolente Daniel Scioli dejó una herencia calamitosa. Y Vidal supuso, aconsejada por su ministro Cristian Ritondo, que podría superarla apelando al equipo de su antecesor. Todos los días aparece una nueva evidencia de ese error. Quiere decir que la gobernadora tiene que bajar los niveles de inseguridad mientras se va apropiando, de a poco, de las palancas para hacerlo.
Caja policial
El último paso de esta marcha ocurrió la semana pasada. Vidal tomó una decisión valiente. Quitó a la conducción de la policía el control de la administración y lo puso en manos de Ignacio Greco, el secretario legal y administrativo del Ministerio de Seguridad. Greco ya cumplió esa tarea. En 2010, el jefe de gobierno Macri lo destacó como "interventor" administrativo de la Metropolitana, desautorizando a su ministro Guillermo Montenegro. Fue cuando envió a Edgardo Cenzón a controlar a Diego Santilli en Espacio Público. Greco siempre tuvo cierta dependencia de Cenzón. Pero ahora reportará a Vidal. Entre otras cosas, porque Cenzón renunció a ser ministro de Obras Públicas de la gobernadora. Conclusión: la propia Vidal vigilará la caja de la bonaerense. Ignacio Parera y Marcelo Rocchetti, los codiciosos escoltas de Ritondo, seguirán esperando.
Greco capturó la administración de la policía a raíz de un escándalo. El encargado de esa área, comisario general Néstor Martín, presentó una declaración jurada con siete propiedades, $ 2 millones y un helicóptero. Martín estuvo al frente de los fondos policiales durante casi toda la gestión Scioli. Hombre de confianza de los ministros Casal y Granados, a Martín se le asignó la máxima jerarquía y se le permitió usar uniforme a pesar de pertenecer al escalafón administrativo. Era, entre otras cosas, el encargado de distribuir los fondos de las prestaciones adicionales. Una inagotable fuente de recursos que la cúpula bonaerense obtenía en combinación con una liga de intendentes amigos. El negocio es conocido: sobrefacturar servicios extras. Ahora esa tarea está en manos de Greco, quien debe despejar una duda principal: ¿mantendrá el sistema de reparto en los niveles inferiores?
El nombre de Martín siempre estuvo asociado a helicópteros. En 2011 la prensa se preguntó qué tuvo que ver con la desaparición de un Robinson 44 piloteado por el ex comisario Alejandro Ferzola y alquilado por la Agencia de Seguridad Vial, que dependía de Florencio Randazzo. La nave desapareció cuando sobrevolaba Brandsen y nunca más se vio. Para Randazzo, "es probable que haya sido un accidente". Para las habladurías del funcionariado, Ferzola huyó al cielo con una caja de caudales. Un Sobremonte intergaláctico.
El caso Martín vuelve a golpear al jefe de la bonaerense, Pablo Bressi. ¿No sabía que su administrador era multimillonario? ¿No lo sabía Ritondo? No hay por qué desconfiar. Pero el corolario es inevitable: gente que para advertir un delito necesita que un funcionario se autoincrimine en una declaración jurada, ¿está en condiciones de detectar la infiltración bonaerense de los carteles mexicanos? Otro misterio: ¿por qué Macri y Vidal, que no cesan de denunciar la negligencia y complicidad del kirchnerismo con el avance de la droga, pusieron al frente de sus policías a los responsables de impedir ese delito en la administración anterior? Bressi fue el jefe de lucha contra el narco de la bonaerense de Scioli. Y Néstor Roncaglia, el titular de la Federal, el responsable de drogas peligrosas de la gestión Cristina Kirchner.
Vidal intenta romper el pacto con el orden preexistente. No sólo en el caso de la seguridad. También en el del juego. El binguero Daniel Angelici, íntimo de Macri, deberá explicar a sus colegas que la gobernadora les aumentará Ingresos Brutos. El problema de Vidal es otro: ignora si, con las elecciones cada vez más cerca, es hora de romper el statu quo. ¿Teme represalias? Esta ambigüedad desorienta a los policías. No saben manejarse con matices.
La estrategia de la gobernadora, que consiste en ir colonizando de a poco una estructura en la que los rasgos mafiosos se van volviendo crónicos, contrasta con la de Rodríguez Larreta. El jefe porteño encaró, contra el consejo de varios asesores, una audaz reforma policial. Debe incorporar 19.000 efectivos de la Federal a una Metropolitana de sólo 6000.
Es un experimento complejo. Desafía la identidad de los agentes federales, que son provincializados. Tienen, es cierto, un aliciente: la sustantiva mejora salarial. Pero ese salto plantea curiosidades. ¿A qué se debe que haya policías que prefieren permanecer en la Federal renunciando a ganar más plata? ¿No quieren renunciar a la mística o a los negocios? Larreta parece saberlo. Pidió a Bullrich que le transfiera todo menos el instituto de formación. De la Federal quiere el cuerpo. Al parecer, no quiere el alma.
Esta contradicción se proyecta sobre una decisión relevante. ¿Quién conducirá la nueva organización? ¿Un policía o un civil? Para la primera opción prevalece el nombre del comisario José Pedro Potocar. Pero, en plena transición, esa opción es un detalle. Y no ha sido definida.
Fuente La Nacion
Ante un mar de incógnitas
decisión de coordinar los organismos que controlan la frontera promete fortalecer la lucha contra el narcotráfico que se ha propuesto Mauricio Macri. También desnuda los límites que la realidad impone a ese programa. La creación de una comisión para armonizar la tarea de Seguridad, Migraciones, Cancillería y Defensa hará más poderosa a la ministra Patricia Bullrich en el gabinete. Pero también inaugura un mar de incógnitas.
Por ejemplo: hace 15 días se dispuso que numerosos gendarmes y prefectos destacados en los confines del país regresen al área metropolitana. Con menos personal, Macri debe readaptar su estrategia.
La profecía de Macri se está cumpliendo. Un par de meses atrás, cuando ordenó a Gustavo Lopetegui coordinar a las fuerzas del área metropolitana, adelantó: "Apenas baje la inflación, el problema lo van a tener ustedes, porque aumentará la preocupación por el delito". La nueva escena encuentra al Gobierno en plena gimnasia ensayo-error.
Hace dos semanas, después de una reunión con María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Bullrich, el Presidente repuso en el conurbano y en el sur de la ciudad de Buenos Aires a los prefectos y gendarmes que habían sido destacados en la frontera, como parte de su plan contra el narcotráfico. Se volvió así a la receta de los kirchneristas Nilda Garré y Sergio Berni. Con el mismo resultado: la frontera quedó desprotegida. Para corregir ese déficit, el ex ministro de Defensa Agustín Rossi y el ex jefe del Ejército César Milani habían lanzado el operativo Fortín II, enviando tropas al interior para combatir a los traficantes.
Ese empleo de las Fuerzas Armadas para suministrar seguridad fue ilegal. Lo prohibía la ley de defensa. Y el decreto 727 de Néstor Kirchner y Garré, aun más restrictivo: establece que los militares sólo tienen facultades para "asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro/s Estado/s".
Rossi, Milani y Cristina Kirchner ignoraron esas limitaciones y enviaron miles de soldados a custodiar la frontera. Para perplejidad de los organismos de derechos humanos ligados a la ex presidenta, el encargado de corregir esa transgresión fue Macri. Hace seis meses, su ministro de Defensa, Julio Martínez, replegó a esos militares. Y algo más: derivó a la AFI y a Seguridad el 90% del presupuesto destinado por Milani a inteligencia militar. Unos $ 900 millones.
En vez de aplaudir estas decisiones, que ya ocurrieron, los filántropos kirchneristas alertan sobre la posible convocatoria a las Fuerzas Armadas para tareas de policía, que todavía no ocurrió. Bullrich no prevé esa utilización. Aun cuando no se sepa con qué efectivos reemplazará a los gendarmes y prefectos que patrullarán el conurbano. El debate se abre entre los que promueven la participación castrense en la seguridad y quienes la desaconsejan por completo. Vistas en su trazo grueso, ambas posiciones parecen equivocadas.
El decreto Kirchner/Garré atrasa varios años. Sólo concibe que los militares luchen contra otros ejércitos estatales. Por ejemplo: ante un eventual ataque de EI habría que arreglárselas con las policías, la Gendarmería y la Prefectura. Tampoco es fácil distinguir la seguridad interior de la exterior en la nueva guerra cibernética. Además, ¿cómo vigilar el espacio aéreo sin la Fuerza Aérea? ¿Habrá que dotar de una aeronáutica a los gendarmes? Las leyes de defensa y seguridad fueron pensadas en el clima de los años 80, cuando el máximo imperativo de la democracia era retirar a los militares de la política interior. El cambio histórico obliga a revisar antiguas limitaciones. Pero de eso no se infiere que los soldados deban convertirse en policías, ejecutando el control directo del narcotráfico. Los mexicanos tomaron esa senda, de la que ahora no saben cómo regresar.
Estas discusiones son alentadoras porque es imposible establecer una estrategia de defensa y seguridad sin alcanzar un consenso político. El gran inconveniente está en la realidad. Macri debe elaborar un plan de largo plazo y, al mismo tiempo, cubrir las urgencias derivadas del colapso de varias policías. La fórmula para resolver ese problema difiere aún entre los principales dirigentes de Cambiemos. Vidal, por ejemplo, se ha propuesto tomar el control de la bonaerense sin ensayar reforma alguna. En cambio, Rodríguez Larreta se ha lanzado a fusionar la Metropolitana con la sección porteña de la Federal en una nueva policía. Ambas tareas modificaron la configuración del aparato nacional de seguridad. Por eso Bullrich debe ejecutar un plan mientras rediseña sus instrumentos.
En el Coloquio de Idea, Vidal confirmó que la inseguridad es su pesadilla. Es comprensible. A los enormes dramas objetivos ella agregó un enfoque inicial desacertado. El indolente Daniel Scioli dejó una herencia calamitosa. Y Vidal supuso, aconsejada por su ministro Cristian Ritondo, que podría superarla apelando al equipo de su antecesor. Todos los días aparece una nueva evidencia de ese error. Quiere decir que la gobernadora tiene que bajar los niveles de inseguridad mientras se va apropiando, de a poco, de las palancas para hacerlo.
Caja policial
El último paso de esta marcha ocurrió la semana pasada. Vidal tomó una decisión valiente. Quitó a la conducción de la policía el control de la administración y lo puso en manos de Ignacio Greco, el secretario legal y administrativo del Ministerio de Seguridad. Greco ya cumplió esa tarea. En 2010, el jefe de gobierno Macri lo destacó como "interventor" administrativo de la Metropolitana, desautorizando a su ministro Guillermo Montenegro. Fue cuando envió a Edgardo Cenzón a controlar a Diego Santilli en Espacio Público. Greco siempre tuvo cierta dependencia de Cenzón. Pero ahora reportará a Vidal. Entre otras cosas, porque Cenzón renunció a ser ministro de Obras Públicas de la gobernadora. Conclusión: la propia Vidal vigilará la caja de la bonaerense. Ignacio Parera y Marcelo Rocchetti, los codiciosos escoltas de Ritondo, seguirán esperando.
Greco capturó la administración de la policía a raíz de un escándalo. El encargado de esa área, comisario general Néstor Martín, presentó una declaración jurada con siete propiedades, $ 2 millones y un helicóptero. Martín estuvo al frente de los fondos policiales durante casi toda la gestión Scioli. Hombre de confianza de los ministros Casal y Granados, a Martín se le asignó la máxima jerarquía y se le permitió usar uniforme a pesar de pertenecer al escalafón administrativo. Era, entre otras cosas, el encargado de distribuir los fondos de las prestaciones adicionales. Una inagotable fuente de recursos que la cúpula bonaerense obtenía en combinación con una liga de intendentes amigos. El negocio es conocido: sobrefacturar servicios extras. Ahora esa tarea está en manos de Greco, quien debe despejar una duda principal: ¿mantendrá el sistema de reparto en los niveles inferiores?
El nombre de Martín siempre estuvo asociado a helicópteros. En 2011 la prensa se preguntó qué tuvo que ver con la desaparición de un Robinson 44 piloteado por el ex comisario Alejandro Ferzola y alquilado por la Agencia de Seguridad Vial, que dependía de Florencio Randazzo. La nave desapareció cuando sobrevolaba Brandsen y nunca más se vio. Para Randazzo, "es probable que haya sido un accidente". Para las habladurías del funcionariado, Ferzola huyó al cielo con una caja de caudales. Un Sobremonte intergaláctico.
El caso Martín vuelve a golpear al jefe de la bonaerense, Pablo Bressi. ¿No sabía que su administrador era multimillonario? ¿No lo sabía Ritondo? No hay por qué desconfiar. Pero el corolario es inevitable: gente que para advertir un delito necesita que un funcionario se autoincrimine en una declaración jurada, ¿está en condiciones de detectar la infiltración bonaerense de los carteles mexicanos? Otro misterio: ¿por qué Macri y Vidal, que no cesan de denunciar la negligencia y complicidad del kirchnerismo con el avance de la droga, pusieron al frente de sus policías a los responsables de impedir ese delito en la administración anterior? Bressi fue el jefe de lucha contra el narco de la bonaerense de Scioli. Y Néstor Roncaglia, el titular de la Federal, el responsable de drogas peligrosas de la gestión Cristina Kirchner.
Vidal intenta romper el pacto con el orden preexistente. No sólo en el caso de la seguridad. También en el del juego. El binguero Daniel Angelici, íntimo de Macri, deberá explicar a sus colegas que la gobernadora les aumentará Ingresos Brutos. El problema de Vidal es otro: ignora si, con las elecciones cada vez más cerca, es hora de romper el statu quo. ¿Teme represalias? Esta ambigüedad desorienta a los policías. No saben manejarse con matices.
La estrategia de la gobernadora, que consiste en ir colonizando de a poco una estructura en la que los rasgos mafiosos se van volviendo crónicos, contrasta con la de Rodríguez Larreta. El jefe porteño encaró, contra el consejo de varios asesores, una audaz reforma policial. Debe incorporar 19.000 efectivos de la Federal a una Metropolitana de sólo 6000.
Es un experimento complejo. Desafía la identidad de los agentes federales, que son provincializados. Tienen, es cierto, un aliciente: la sustantiva mejora salarial. Pero ese salto plantea curiosidades. ¿A qué se debe que haya policías que prefieren permanecer en la Federal renunciando a ganar más plata? ¿No quieren renunciar a la mística o a los negocios? Larreta parece saberlo. Pidió a Bullrich que le transfiera todo menos el instituto de formación. De la Federal quiere el cuerpo. Al parecer, no quiere el alma.
Esta contradicción se proyecta sobre una decisión relevante. ¿Quién conducirá la nueva organización? ¿Un policía o un civil? Para la primera opción prevalece el nombre del comisario José Pedro Potocar. Pero, en plena transición, esa opción es un detalle. Y no ha sido definida.
Fuente La Nacion
nico22
Colaborador
- Clarin.com
- Política
- 20/10/16 - 18:52
Exclusivo
En los próximos días, el Presidente firmará un decreto para pasar la comisión de Fronteras del ministerio del Interior al de Seguridad.
lucha contra el narcotráfico
El presidente Mauricio Macri firmará en los próximos días un decreto para modernizar la ley de Fronteras a fin de aumentar los controles para la lucha contra el narcotráfico y otras nuevas formas de crimen organizado, mientras se envían más gendarmes para combatir la inseguridad en el Gran Buenos Aires, informaron a Clarínfuentes gubernamentales. El decreto es políticamente sensible porque regirá sobre 9.600 kilómetros de fronteras que tiene el país.
Como primera medida, el decreto transferirá la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad de la órbita del ministerio del Interior de Rogelio Frigerio al de Seguridad de Patricia Bullrich. Esta comisión tendrá un plazo de 180 días para enviar un proyecto de ley a fin de definir una nueva ley de fronteras, que no se actualiza desde hace 70 años. “El proyecto de ley será consultado con “ministerios, gobernadores y especialistas”, remarcaron las fuentes.
Esta nueva política se toma mientras se movilizan efectivos de la Gendarmería y Prefectura de las fronteras para enviarlos al Conurbano por la inseguridad, proceso que comenzó con el ex presidente Carlos Menem y fue continuado por todos los gobiernos. A partir del decretose aumentará la presencia de funcionarios nacionales de la Aduana, Migraciones, Senasa y Vialidad en las fronteras.
Mirá también: Arranca hoy el desembarco de fuerzas federales en 4 distritos calientes del GBA
Las fuentes explicaron que “en general en el norte está bien la actual extensión pero en otras zonas del país no”.
Más allá de si es un aumento geográfico de la zona, este decreto y luego la ley le dará más competencia a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura y otros organismos nacionales en las provincias. Para no herir susceptibilidades, las medidas se coordinarán con los gobernadores e intendentes de la zona.
El caso de la pariente del gobernador kirchnerista de Formosa, Gildo Insfran, involucrada en un caso de tráfico de marihuana es un ejemplo de la necesidad de que el estado nacional recupere el control de las fronteras.
Mirá también: Ordenan detener al familiar de Insfrán por el camión con 2.500 kilos de marihuana
Los 2543 kilos de marihuana incautados del camión de una sobrina del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
Otro de los cambios de fondo es la integración de la comisión nacional. Desde 1996 estaba militarizada con la designación de vocales como el jefe de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. A partir del decreto de Macri, se saca a los militares y habrá representantes de la secretaria de Lucha contra el Narcotráfico, de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería, y de Planeamiento Estratégico y Política Militar de Defensa.
Esta presencia del ministerio que dirige Julio Martínez se debe a la necesidad de coordinar el trabajo con el control del espacio aéreo y los radares de la Fuerza Aérea y el Ejército para la detección de vuelos ilegales.
A principios de año, Martínez suspendió la participación del Ejército en el operativo Escudo Norte. Entre otras razones, el kirchnerismo había dejado una deuda de 170 millones de pesos a los efectivos que participaron de ese operativo incrementado por el ex jefe del Ejército, general César Milani. Martínez pagó la deuda pero se quedó con menos fondos presupuestarios.
Todos estos representantes actuarán bajo la supervisión del secretario de Fronteras de Seguridad, Luis Green.
Las fuentes subrayaron que el decreto de Macri “no abre la puertapara el patrullaje de las fronteras por las fuerzas armadas sino que, por lo contrario, respalda y potencia lo que vienen haciendo la Gendarmería y la Prefectura”. Sin embargo, enfoca el problema de los delitos transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y otros que la Conferencia de Ejércitos Americanos con el apoyo de EE.UU viene señalando como “los nuevos desafíos” militares del continente.
La custodia presidencial ya no dependerá de Bullrich y vuelve a la Casa Militar
La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial.
El Gobierno dispuso hoy que el servicio de protección y custodia del presidente Mauricio Macri deje de estar a cargo del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich y quede bajo la responsabilidad de la Casa Militar, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.
A través de la resolución 567 de la cartera de Seguridad publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó la decisión del 26 de agosto último, que establecía “las pautas de organización del servicio de protección de estado y custodia” que incluía “el régimen de seguridad presidencial, del vicepresidente de la nación, jefe de gabinete de ministros y apoyo operativo; y de custodia de funcionarios”.
La medida oficializada hoy con la firma de la ministra Bullrich sustituye dos artículos de la resolución 389 de agosto último y restringe dichas pautas al “régimen de seguridad del vicepresidente de la nación, jefe de gabinete de ministros y apoyo operativo; y de custodia de funcionarios”.
Respecto de la custodia presidencial, la resolución determina que la “responsabilidad sobre la seguridad” del Presidente y sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del mandatario y de su familia “corresponde a la Casa Militar dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”, respondiendo a lo establecido en el decreto 648 del 26 de mayo de 2004.
De esta manera, Seguridad brindará el servicio de protección y custodia en los tres niveles ya dispuestos, que determina el nivel 1 para el vicepresidente de la Nación y su núcleo familiar.
En el nivel 2, se encuentra el jefe de Gabinete de Ministros, y el ministro y el secretario de Seguridad, mientras que en el nivel 3 ubica a los ministros y funcionarios que Seguridad considere deba brindar el servicio de protección de estado y custodia, y a los ex presidentes de la Nación.
http://www.cronista.com/economiapol...y-vuelve-a-la-Casa-Militar-20161021-0081.html
Mafia china: las nuevas acusaciones y las escuchas que complican a la banda más violenta del país
La Justicia procesó a los jefes de la tríada Pixiu por seis extorsiones armadas. Hoy, se les agregan otros diez hechos que incluyen aprietes y tiroteos. Intervenciones telefónicas del caso revelan cómo contrataban sicarios argentinos y buscaban lavar su dinero. Las sospechas en Migraciones
Por Federico Fahsbender 22 de octubre de 2016
Presuntos miembros de Pixiu con su jefe, Yong Ye.
Pixiu, la mayor organización de la mafia china en la Argentina, sospecha la Justicia, llegó a controlar más de 300 supermercados en todo el país para recaudar un millón y medio de dólares mensuales. Era, sin dudas, un pequeño imperio. A mediados de junio pasado, Pixiu cayó con un estruendo.
La doctora María Gabriela Lanz, a cargo del Juzgado de Instrucción N°42, ordenó 22 allanamientos luego de una larga y meticulosa investigación de la división Defraudaciones y Estafas de la PFA. Hubo más de 20 detenidos, entre ellos quien sería el mayor jefe de la tríada, Yong Ye, de 36 años, apodado "A Di", "el grande", o "el grosso", nacido en la provincia china de Fujián, con DNI argentino. Lo encontraron en su aguantadero más reciente, ubicado en la calle Ramón Falcón al 5200, con siete celulares, una camioneta Mercedes Benz modelo Sprinter, un Toyota Corolla, siete celulares y 130 mil pesos en efectivo. "Se había ido ahí hace poco, sabía que lo estábamos buscando", apunta un investigador.
Se encontraron armas: la Policía irrumpió en un karaoke en la calle Carabobo al 1000 del Bajo Flores, un centro de operaciones de la banda presuntamente regenteado por Yong Ye, para encontrar, además de tres mujeres víctimas de trata, dos argentinas y una paraguaya, seis armas de fuego ocultas en una Renault Kangoo. Había escopetas y pistolas, dos de ellas con pedido de secuestro de tribunales de Morón y San Isidro, uno de ellos tras una denuncia de robo de un ciudadano chino.
También hubo fuego en el operativo. El grupo GEOF ingresó a uno de los principales bastiones de Pixiu en la provincia de Buenos Aires, el supermercado "Mis Sueños" sobre la avenida Rivadavia en San Martín. Fueron recibidos con balas por miembros de la banda; un integrante del GEOF se llevó un tiro en el casco y otro en el brazo derecho. Se detuvieron siete ciudadanos chinos, siete de ellos indocumentados. En el lugar había más armas debajo de una escalera, cinco piezas entre pistolas, rifles y revólveres de diversos calibres con la munición correspondiente.
Yong Ye, por su parte, se negó a declarar ante Lanz. El supuesto jefe consolidó su poder en Pixiu en los últimos años, un mando heredado de su tío y a su padre, según fuentes judiciales, cuando absorbió en su estructura a gran parte de la tríada Wan Ke, una banda en territorio porteño con la cual tenía lazos sanguíneos, lo que permitió su despliegue territorial que no solo incluía a la CABA sino también a zonas en el GBA y en el interior del país. De vuelta en Tribunales, el presunto jefe de Pixiu tiene más de de trece años de problemas con la ley.
En febrero de 2005, el Tribunal Oral porteño N°25 lo condenó a seis meses por amenazas, una pena que se unificó a la impuesta en agosto de 2003: dos años y nueve meses de prisión en suspenso firmadospor el TOC N°5. En noviembre de 2009, un tribunal cordobés le dio tres años y diez meses por extorsión en grado de tentativa y lesiones graves. No solo su prontuario le justificó la prisión preventiva: susrepetidas salidas desde el país hacia China de acuerdo a información de Migraciones fueron otro motivo que pesó en la firma de la doctora Lanz en cuanto a evaluar un riesgo de fuga.
Hoy, Yong Ye está preso en el penal de Devoto: fue trasladado desde Ezeiza luego de una pelea en donde otro interno resultó herido. Su situación, por lo pronto, no mejora. La jueza Lanz lo procesó junto a dos de sus lugartenientes, Huang Xi Ling y Yang Yehui, que también fueron capturados en la redada de junio. Los delitos que se les imputa son los usuales atribuidos a la banda Pixiu: extorsión con abuso de armas y lesiones graves reiteradas bajo el paraguas de una asociación ilícita.Lanz les impuso, además de prisión preventiva, un embargo que asciende a 4,5 millones de pesos. El fallo de la jueza fue ya fueconfirmado por la Sala I de la Cámara del Crimen.
Lanz procesó puntualmente a Yong Ye y a sus subalternos por seis hechos ocurridos entre diciembre de 2015 y junio de este año en supermercados chinos de Capital Federal. Cada uno de los casos refleja la típica modalidad de la mafia china: amenazar primero, por carta o teléfono con extorsiones que ascendieron de diez a cincuenta mil dólares y disparar después, usualmente a repositores o a quien esté en la caja. Los comerciantes oriundos de Fujián, "paisanos" de los integrantes de Pixiu en su propia jerga, eran las víctimas preferenciales.
Así, el supermercadista -aunque también se sospecha que Pixiu atacaba restaurantes y polirrubros– se convertía en un "protegido" de la tríada si es que decidía pagar la extorsión, que se renovaba con cuotas mensuales que podían ascender hasta 50 mil pesos. Para demostrarlo, el supermercado exhibía un sticker con el animal mítico que da nombre al grupo, un híbrido de león y dragón, además del cartel de la "Cámara de Comerciantes, Empresarios e Industriales Chinos de la Provincia de Buenos Aires", una organización apócrifa inventada por Pixiu para darle una suerte de marco cínico a sus actividades en la frecuencia baja de la comunidad china.
La Justicia procesó a los jefes de la tríada Pixiu por seis extorsiones armadas. Hoy, se les agregan otros diez hechos que incluyen aprietes y tiroteos. Intervenciones telefónicas del caso revelan cómo contrataban sicarios argentinos y buscaban lavar su dinero. Las sospechas en Migraciones
Por Federico Fahsbender 22 de octubre de 2016
Presuntos miembros de Pixiu con su jefe, Yong Ye.
Pixiu, la mayor organización de la mafia china en la Argentina, sospecha la Justicia, llegó a controlar más de 300 supermercados en todo el país para recaudar un millón y medio de dólares mensuales. Era, sin dudas, un pequeño imperio. A mediados de junio pasado, Pixiu cayó con un estruendo.
La doctora María Gabriela Lanz, a cargo del Juzgado de Instrucción N°42, ordenó 22 allanamientos luego de una larga y meticulosa investigación de la división Defraudaciones y Estafas de la PFA. Hubo más de 20 detenidos, entre ellos quien sería el mayor jefe de la tríada, Yong Ye, de 36 años, apodado "A Di", "el grande", o "el grosso", nacido en la provincia china de Fujián, con DNI argentino. Lo encontraron en su aguantadero más reciente, ubicado en la calle Ramón Falcón al 5200, con siete celulares, una camioneta Mercedes Benz modelo Sprinter, un Toyota Corolla, siete celulares y 130 mil pesos en efectivo. "Se había ido ahí hace poco, sabía que lo estábamos buscando", apunta un investigador.
Se encontraron armas: la Policía irrumpió en un karaoke en la calle Carabobo al 1000 del Bajo Flores, un centro de operaciones de la banda presuntamente regenteado por Yong Ye, para encontrar, además de tres mujeres víctimas de trata, dos argentinas y una paraguaya, seis armas de fuego ocultas en una Renault Kangoo. Había escopetas y pistolas, dos de ellas con pedido de secuestro de tribunales de Morón y San Isidro, uno de ellos tras una denuncia de robo de un ciudadano chino.
También hubo fuego en el operativo. El grupo GEOF ingresó a uno de los principales bastiones de Pixiu en la provincia de Buenos Aires, el supermercado "Mis Sueños" sobre la avenida Rivadavia en San Martín. Fueron recibidos con balas por miembros de la banda; un integrante del GEOF se llevó un tiro en el casco y otro en el brazo derecho. Se detuvieron siete ciudadanos chinos, siete de ellos indocumentados. En el lugar había más armas debajo de una escalera, cinco piezas entre pistolas, rifles y revólveres de diversos calibres con la munición correspondiente.
Yong Ye, por su parte, se negó a declarar ante Lanz. El supuesto jefe consolidó su poder en Pixiu en los últimos años, un mando heredado de su tío y a su padre, según fuentes judiciales, cuando absorbió en su estructura a gran parte de la tríada Wan Ke, una banda en territorio porteño con la cual tenía lazos sanguíneos, lo que permitió su despliegue territorial que no solo incluía a la CABA sino también a zonas en el GBA y en el interior del país. De vuelta en Tribunales, el presunto jefe de Pixiu tiene más de de trece años de problemas con la ley.
En febrero de 2005, el Tribunal Oral porteño N°25 lo condenó a seis meses por amenazas, una pena que se unificó a la impuesta en agosto de 2003: dos años y nueve meses de prisión en suspenso firmadospor el TOC N°5. En noviembre de 2009, un tribunal cordobés le dio tres años y diez meses por extorsión en grado de tentativa y lesiones graves. No solo su prontuario le justificó la prisión preventiva: susrepetidas salidas desde el país hacia China de acuerdo a información de Migraciones fueron otro motivo que pesó en la firma de la doctora Lanz en cuanto a evaluar un riesgo de fuga.
Hoy, Yong Ye está preso en el penal de Devoto: fue trasladado desde Ezeiza luego de una pelea en donde otro interno resultó herido. Su situación, por lo pronto, no mejora. La jueza Lanz lo procesó junto a dos de sus lugartenientes, Huang Xi Ling y Yang Yehui, que también fueron capturados en la redada de junio. Los delitos que se les imputa son los usuales atribuidos a la banda Pixiu: extorsión con abuso de armas y lesiones graves reiteradas bajo el paraguas de una asociación ilícita.Lanz les impuso, además de prisión preventiva, un embargo que asciende a 4,5 millones de pesos. El fallo de la jueza fue ya fueconfirmado por la Sala I de la Cámara del Crimen.
Lanz procesó puntualmente a Yong Ye y a sus subalternos por seis hechos ocurridos entre diciembre de 2015 y junio de este año en supermercados chinos de Capital Federal. Cada uno de los casos refleja la típica modalidad de la mafia china: amenazar primero, por carta o teléfono con extorsiones que ascendieron de diez a cincuenta mil dólares y disparar después, usualmente a repositores o a quien esté en la caja. Los comerciantes oriundos de Fujián, "paisanos" de los integrantes de Pixiu en su propia jerga, eran las víctimas preferenciales.
Así, el supermercadista -aunque también se sospecha que Pixiu atacaba restaurantes y polirrubros– se convertía en un "protegido" de la tríada si es que decidía pagar la extorsión, que se renovaba con cuotas mensuales que podían ascender hasta 50 mil pesos. Para demostrarlo, el supermercado exhibía un sticker con el animal mítico que da nombre al grupo, un híbrido de león y dragón, además del cartel de la "Cámara de Comerciantes, Empresarios e Industriales Chinos de la Provincia de Buenos Aires", una organización apócrifa inventada por Pixiu para darle una suerte de marco cínico a sus actividades en la frecuencia baja de la comunidad china.
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