EMPIEZAN LOS PASES DE FACTURA DE LA EX CORTINA DE HIERRO

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Rumanía abre una grieta en el pasado
Tras años de silencio, la fiscalía investiga por genocidio a dos jefes de prisiones comunistas
En los centros penitenciarios se torturaba a presos políticos durante la década de los cincuenta

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Prisión de Ramnicu Sarat, donde se confinaba a prisioneros políticos, en septiembre. / Cristian Movila (NYT)

La última vez que hubo un proceso por genocidio en Rumanía fue el día de Navidad de 1989. Duró un par de horas y terminó con Nicolae y Elena Ceausescu fusilados, desmadejados en el patio del cuartel militar de Targoviste, a 79 kilómetros de Bucarest. Medio mundo ha visto el vídeo del juicio sumario y parte de la ejecución de quienes solo cinco días antes dirigían una de las dictaduras comunistas más desquiciadas de Europa. El lugar en el que ocurrió es hoy un tosco museo con agujeros de bala en la pared y dos siluetas dibujadas en el suelo para señalar dónde cayeron.
El museo municipal abrió hace casi dos meses. Ese 3 de septiembre, en Bucarest, la fiscalía general anunciaba una investigación por genocidio (un delito que no prescribe) contra Alexandru Visinescu, el director de una cárcel donde las palizas, el hambre y el frío extremo se empleaban para machacar a cualquiera que oliera a disidente. Es la primera vez que se formula una acusación así en 24 años. Esa decisión supone perforar en toneladas de tiempo y oscuridad: las que se edificaron sobre los 600.000 presos políticos de la época del terror de corte estalinista que precedió a Ceausescu, entre 1945 y 1964. Es una grieta pequeña, en primer lugar porque el acusado tiene 88 años y es poco probable que se le llegue a juzgar. Pero una grieta, porque Rumanía apenas ha empezado a volver la vista sobre los crímenes cometidos en 44 años de dictaduras comunistas.
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Alexandru Visinescu, de 87 años, en Bucarest, el 3 de septiembre. / Vadim Ghirda (AP)
Dumitrescu es una mujer enérgica capaz de intercalar la risa en el relato de esos años de horror. Ahora Visinescu está acusado de genocidio. "Ya no me compensa. Nadie me devolverá la juventud", dice con amargura mientras plantea que, más que la batalla de la justicia tardía, vale la pena dar la de la memoria: "Mi objetivo no es que lo condenen a él o a cualquier otro, sino que los rumanos sepan lo que ha pasado. Me saca de quicio que digan que no existían las negras. Ahora [en la fiscalía] han cogido un cabo de la cuerda y espero que empiecen a tirar. Eso servirá para que se conozca el pasado".
A Rumanía le ha costado décadas iniciar siquiera ese gesto. La maraña de la que tirar es gigantesca y brutal. Incluso los casos más cercanos en el tiempo, como el de la mayoría de los 1.200 muertos que hubo durante la revolución de 1989, siguen impunes. Por eso Teodor Maries, el presidente de una asociación de víctimas de la represión de los últimos días del comunismo llamada 21 de Diciembre de 1989 considera que la investigación sobre Visinescu "es una excepción, es como un defecto bueno del sistema. La opinión pública ha reaccionado por la presión de la prensa y nosotros seguimos con nuestra lucha".
El miedo sigue vivo para algunos de los torturados en los cincuenta. "Me atemorizaría encontrarme con Visinescu por la calle", admite Aurora Dumitrescu. Durante todo este tiempo, el carcelero Visinescu ha vivido en su piso de Bucarest junto al parque Cismigiu, uno de los más bonitos de la ciudad, con sus barcas y lleno de gente paseando en estos días soleados de otoño. Sin embargo, quizá solo ahora ha sentido algo parecido al miedo. Cuando un instituto que investiga los crímenes comunistas puso a la Fiscalía sobre la pista de Visinescu, la prensa y las televisiones se lanzaron a informar sobre él. Reaccionó con agresividad. Se siente acorralado.
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Ion Ficior, a la salida de la oficina de la Fiscalía, en Bucarest, el 24 de octubre. / V. G. (AP)
La falta de voluntad política para investigar tiene que ver con las conexiones con el pasado de las élites en democracia. "En las instituciones hay bloqueos porque los hijos de los antiguos fiscales comunistas son fiscales. Los hijos de los de la Securitate están en los servicios secretos, los hijos de los políticos comunistas están en el Parlamento y en la Administración igual", señala el historiador Marius Oprea, que añade: "Vivimos en un país que ha condenado el comunismo pero solo de fachada [el presidente, Traian Basescu, lo hizo en 2006], y ha creado este instituto en el que trabajo, pero no tenemos acceso a toda la información que necesitamos. En el caso Visinescu, la justicia llega tarde como siempre, pero es un principio".
La sede de la asociación de antiguos presos políticos es una castigada mansión con vidrieras. Los tres hombres que han venido a la cita con sus libros de memorias, sus fotos y sus recortes de periódico, que llevan corbata y que saludan a las mujeres besándoles la mano, no esperan nada de la justicia. Los tres se ríen cuando se les pregunta si creen que llegarán a juicio los casos que se investigan. "¡No! Es una mascarada", dicen. El presidente, Octav Bjoza, es el más joven. Tiene 75 años. "Me transformaron en la cárcel. Mi sufrimiento no acabó cuando salí, y no ha terminado aún. Pude aguantar todo eso porque un compañero me enseñó que se podía sufrir con dignidad", explica. Antes de hablar de sí mismo quiere relatar los horrores que vivieron miles de personas en cárceles y campos de trabajos forzados. Quiere decir que en Pitesti obligaban a los presos a comerse los excrementos de otros. Quiere que se sepa que en ese lugar se convertía a algunos reclusos en torturadores a cambio de comida o de dormir solo en el camastro. Al rato, coge aire y empieza a contar. "En Periprava el hambre era terrible. Ficior llevaba la unidad central. Un día nos hicieron plantar cebollas pequeñas, pero no podíamos más y nos las comimos. Nos guardamos un kilo cada uno en la ropa para los viejos de la cárcel. Un militar nos vio. Nos pusieron de rodillas, nos quitaron la ropa y encontraron las cebollas. 'Ahora os lo vais a comer todo', nos dijo el guardia. Dos de nosotros lo conseguimos y nos destrozó el intestino. Uno no pudo y en ese momento llegó Ficior. Preguntó qué pasaba y el que no fue capaz de acabar recibió un puñetazo en la sien y patadas solo en la cabeza hasta que quedó inconsciente". Dice que llevan años reclamando, incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero no han tenido respuesta o les dicen que todo ha prescrito. Para él, que acusen ahora a Visinescu y a Ficior "no significa nada", porque "lo único que ha hecho la justicia rumana es proteger a criminales, y son sus hijos los que ocupan la judicatura".
En Bucarest no hay nada parecido a un museo de verdad sobre el periodo comunista. Y otros, como el de Targoviste, donde ejecutaron a Ceausescu, la interpretación y la memoria no pintan nada. "Rumanía está rezagada respecto a otros países de la región. El que más ha avanzado es Polonia", compara Muraru, director del IICMER. "Los casos de Visinescu y Ficior marcan un punto de inflexión, pero no es irreversible. Es un proceso frágil", explica. Catalina Tudorache, de 26 años, está sentada en un banco de la plaza de la Revolución, al lado de donde huyeron en helicóptero los Ceausescu. "De él sí se habla más, pero no de los crímenes comunistas ni de los años cincuenta. Somos un poco pasivos y olvidamos con facilidad en Rumanía". En el bachillerato solo hay una asignatura, optativa, sobre esos 44 años.
Ion Radu, de 82 años y antiguo profesor de inglés, también estuvo en Periprava. Pero no es tan pesimista como sus compañeros y piensa que es importante que se investigue lo que pasó para que lo sepan los jóvenes. "Aunque sea muy despacio, creo que nos enfrentaremos al pasado. Es imposible que esto quede en el olvido para siempre. Yo quiero luchar".
"Quiero saber quién mató a mi padre"
Maria Bendorfean tiene 53 años. Quedó viuda con tres hijos cuando su marido murió tiroteado en la puerta del hotel Intercontinental, en el centro de Bucarest. Las fuerzas de seguridad dispararon sobre los manifestantes que protestaban contra la dictadura. Fue el 21 de diciembre de 1989, cuatro días antes de la ejecución de los Ceausescu. "Nadie me ha ayudado con casi nada. Al principio el Estado nos dio paquetes de comida. Pensábamos que se haría justicia después de la revolución, pero no se ha hecho nada", se queja Bendorfean. Su hija Alexandra tenía entonces un año. Ahora tiene 25 y quiere saber quién mató a su padre. "Solo quiero ponerle cara a los que lo hicieron. El 21 de diciembre es una fecha simbólica, sale en la tele, pero pasa ese día y ya no le importa a nadie. Además, casi ningún abogado quiere trabajar en estos casos". Su madre se enteró por la televisión de que la Asociación 21 de Diciembre de 1989 había logrado en 2011 que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos censurara la falta de una investigación real en Rumanía sobre uno de esos casos. El presidente de la asociación subraya que supuso un precedente para que más familias acudieran a Estrasburgo. La lucha de esta organización para documentar los expedientes y se investigaran es muy enrevesada, llena de interrupciones y batallas legales. Sin embargo, 24 años después, "está todo bloqueado", afirma Ioana Sfiraiala, una de sus abogadas. "El sistema está corrupto desde dentro, los herederos del régimen comunista tienen cargos importantes en la justicia", denuncia.
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Internacional / Eslovaquia, una secesión impuesta
Los eslovacos: «Estábamos orgullosos de ser de Checoslovaquia»

Dicen que los políticos les dejaron sin su país «para hacerse ricos» y reclaman una «explicación convicente» que 20 años después todavía no ha llegado

1«Con la escisión los políticos quisieron hacerse ricos»


El músico Maatej Danis nos habla sin complejos de sus orígenes en el desaparecido país que unía a checos y eslovacos: «Nací en una atmósfera checoslovaca. No había odio ni envidia. Mi familia estaba muy orgullosa de ser de Checoslovaquia. Tuve una banda musical de "blues" y ahora toco solo. Tengo un par de espectáculos en Chequia. Donde tengo más éxito es en Moravia, la región checa más cercana a Eslovaquia».
Danis cree que la escisión fue solo un negocio para los políticos: «En 1992 sólo un 20 por ciento quería la separación de las dos repúblicas, pero los políticos querían ser ricos. Ya sabe el refrán de la época comunista: "Si no robas al Estado es porque estás robando a la familia". Aunque los checos han estado a lo largo de la historia más próximos a Austria, y los eslovacos más vinculados a Hungría».
«¿Qué votaría hoy si hubiese un referéndum?». Silencio y cierta perplejidad. «Pienso que votaría "no" a la reunificación, por nuestra diferencia de mentalidad. Hoy es imposible. Nadie lo pide y las nuevas generaciones tienen miedo a que cambie algo de su idiosincrasia».
¿No crees que la reunificación sería mejor para afrontar el paro, especialmente duro entre los jóvenes de ambas repúblicas? «Sí, en teoría si nos uniéramos de nuevo seríamos más fuertes en la economía y en el mundo. Pero creo que el problema es emocional».
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La plaza central de Kiev se queda pequeña en la protesta contra Yanukovich
Decenas de miles de personas llegadas de toda Ucrania han tomado hoy el centro de Kiev para exigir la dimisión del presidente ucraniano y la convocatoria de elecciones anticipadas

Derriban una estatua de Lenin en Kiev
Decenas de miles de personas llegadas de toda Ucrania han tomado hoy el centro de Kiev para exigir la dimisión del presidente ucraniano, Víctor Yanukóvich, y la convocatoria de elecciones anticipadas.
La Plaza de la Independencia, conocida ya en todo el mundo como el «Euromaidán» (maidán es plaza en ucraniano) y donde la oposición mantiene cientos de tiendas de campaña, se ha quedado pequeña y los manifestantes han llenado algunas calles que confluyen en la plaza y también la colina que se eleva sobre la misma. Además, han levantado barricadas y bloquean la mayoría de los edificios oficiales en el llamado Barrio Gubernamental de Kiev.
Las barricadas han sido levantadas a decenas de metros de la sede del Gobiernos, toda vez que éste y otros edificios gubernamentales de Kiev están protegidos por más de mil policías, entre ellos el cuerpo especial de antidisturbios "Berkut".
Además, el monumento al revolucionario soviético Vladimir Lenin ubicado en el bulevar Shevchenko de Kiev ha sido derribado este domingo en torno a las 18.00 horas por un grupo de manifestantes. La estatua fue primero envuelta con un cable de acero que provocó la decapitación de la misma al grito de «¡Yanukovich es el siguiente!», según informa el diario 'Kyiv Post' en su edición digital. Los atacantes también corearon el himno nacional ucraniano. Posteriormente utilizaron un mazo para terminar de hacer pedazos la estatua.
La agencia de noticias estatal, UNN, ha informado además de que un grupo de miembros de la Unión Panucraniana Svoboda (Libertad), de extrema derecha, han aparecido en la plaza de la Independencia, epicentro de las protestas contra Yanukovich, con un trozo de la estatua de Lenin. «Lenin está muerto», ha proclamado uno de los portadores del pedazo de la estatua, Andrew Illienko. Svoboda es junto a la Unión Panucraniana Batkivschina (Patria) de la ex primera ministra Yulia Timoshenko y la Alianza Democrática Ucraniana para la Reforma (UDAR) del boxeador Vitali Klitschko el partido que encabeza las manifestaciones contra el Gobierno de Yanikovich.
Las calles y el transporte público de Kiev son a estas horas un río de gente que fluye sin parar hacia la Plaza de la Independencia, donde ya se encuentran, según la Policía de Kiev, alrededor de 20.000 personas y donde ha empezado a mediodía (09.00 GMT) un mitin de los líderes de la oposición al Partido de las Regiones de Yanukóvich.
Un grupo de ciudadanos británicos han llegado al «Euromaidán» con banderas del Reino Unido en mano, en unas de las cuales se puede ver una inscripción en ucraniano que reza «Gran Bretaña está con vosotros».
Poco antes, un centenar de activistas con la boca tapada con cintas negras recorrió la calle Jreschatik, la principal arteria de Kiev que atraviesa la Plaza de la Independencia, en una acción denominada como «La marcha silenciosa del pueblo ucraniano» para expresar su apoyo a los periodistas atacados por los antidisturbios el pasado fin de semana. Mientras, casi 5.000 agentes de policía velan por el orden público en el centro de la capital del país, informó el Ministerio de Interior ucraniano. Tanto la Policía de Kiev como la oposición han advertido a los congregados sobre la alta probabilidad de que se produzcan provocaciones violentas durante la jornada de hoy.
El partido opositor Batkivshina (Patria), liderado desde la cárcel por la ex primera ministra Yulia Timoshenko, ha denunciado en un comunicado que las autoridades tienen intención de usar a cerca de mil saboteadores a sueldo para provocar desordenes públicos en el «Euromaidán» y obtener así el pretexto para declarar el estado de excepción en la ciudad. A poco más de un kilómetro de la "Marcha del Millón", frente a la sede de la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania, alrededor de 3.000 personas llegadas también de todo el país han iniciado una acción de apoyo a Yanukóvich y a su Partido de las Regiones.

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Rumania enjuicia su pasado
El director de una cárcel comunista donde se torturó a presos políticos hace 50 años se sienta en el banquillo acusado de crímenes contra la humanidad



Alexandru Visinescu, antiguo comandante de Ramnicu Sarat, a la salida e los juzgados de Bucarest el pasado 24 de septiembre. / Bogdan Cristel (Reuters)
Celdas en las que apenas se podía dar dos pasos. Húmedos muros y tan gruesos que no se percibía sonido alguno del otro lado. “Frío, hambre... y una soledad inhumana”, describe Valentin Cristea. A sus 88 años, este ingeniero retirado es, posiblemente, el único superviviente de Ramnicu Sarat, más conocida como “la prisión del silencio”, una de las oscuras cárceles rumanas por la que pasaron entre 1945 y 1964 —durante el régimen estalinista de Gheorghe Gheorghiu-Dej, los llamados años negros— decenas de detenidos de la élite política e intelectual de Rumania. Allí, muchos fueron torturados y sometidos a régimen de aislamiento; tanto que algunos de quienes sobrevivieron habían olvidado vocalizar. Hoy, el hombre que gobernó ese penal del este del país durante casi una década responde ante la justicia por lo sucedido tras sus muros. Se llama Alexandru Visinescu, tiene 89 años y está acusado de crímenes contra la humanidad. El proceso judicial abierto contra él, y que ha comenzado estos días en Bucarest, es el primero de estas características en Rumania.
ajusticiamiento del dictador Nicolae Ceaucescu —que gobernó tras Gheorghiu-Dej— y la caída del régimen comunista, se resiste a ajustar cuentas con su pasado. La de Ramnicu Sarat no fue, ni mucho menos, la única prisión orientada a aniquilar y silenciar toda oposición durante los años negros; tampoco el único lugar de detención del régimen de Ceaucescu. Entre 1945 y 1989 más de 600.000 personas —intelectuales, oficiales, religiosos, opositores políticos— pasaron por prisiones o campos de detención en Rumania, según ha documentado el Instituto para la Investigación de los Crímenes del Comunismo (IICCMER), un organismo creado por el Gobierno. Muchos murieron. Sin embargo, salvo la condena a un puñado de oficiales de alto rango a principios de la década de 1990 —liberados por motivos de salud— nadie ha respondido por aquello ante la justicia.
Una justicia por la que Visinescu se siente atacado. El hombre de mirada tosca no entiende por qué se le persigue ahora. Hasta que el año pasado la fiscalía inició su investigación contra él —gracias a documentos y testimonios aportados por el IICCMER—, el antiguo comandante hacía vida normal en Bucarest. Hoy, apenas sale de casa, no contesta al interfono y se resiste a abrir la puerta de su céntrico apartamento. Su abogado, que rehusó hablar con este diario, le ha aconsejado que se mantenga alejado de la prensa, con la que ha tenido varios encontronazos. Sin embargo, al final descorre los cerrojos que separan su pequeño estudio del exterior. Tras la puerta, y acompañado de un intenso olor a cerrado —como si no hubiese abierto la ventana en años—, surge un hombre encorvado, con el ceño fruncido y manos temblorosas. “Estoy saturado. Esto me está destruyendo. En este país sólo hay indiferencia por lo que me está pasando”, lamenta.
“Yo no he hecho nada. Esto me está destruyendo”, dice en su casa el acusado
La fiscalía le acusa de la muerte de al menos 14 personas, y de someter a los prisioneros bajo su cargo a condiciones “destinadas a destruirles física y psicológicamente”. Desde que comenzó el proceso judicial, Visinescu ha reclamado su inocencia. Sostiene que se limitó a cumplir órdenes, que no era más que un peón en la cadena y que no tuvo ninguna responsabilidad en lo que ocurría en Ramnicu Sarat. “Yo no he hecho nada y mírame ahora, ¡estoy enfermo!”, reclama alisándose el cabello canoso. Un argumento, el de su mala salud, que también
ha sido enunciado por su abogado en varias ocasiones.
Biro Attila del diario Gandul. Él conoce a fondo los casos, su trabajo junto al IICCMER sacó a la luz el listado de supuestos torturadores; el más joven de 65 años.
Para Dumitrescu que Alexandru Visinescu se siente en el banquillo es un avance: “Que la justicia reconozca lo que pasó, que saque a la luz los crímenes del terror de la época comunista, es importantísimo para nosotros; pero también para nuestros hijos y nuestros nietos. Este país tiene que conocer, aceptar y afrontar su historia”.
“Quienes nos pisotearon tienen poder”
Aquel día de 1959 se casaba uno de sus amigos más queridos, y a Dumitru Bazan no se le ocurrió otra cosa que levantarse en el banquete de boda y ponerse a cantar. El joven ingeniero de 25 años de Iasi (noreste de Rumania) entonó varias canciones populares. También el Desteapta-te, române! (¡Despiértate, rumano!), una tonada de tintes nacionalistas y patrióticos prohibida en 1947 por el régimen comunista. “Unos días después me detuvieron. Algún familiar o supuesto amigo me denunció”, dice.
Bazan, que hoy tiene 80 años y está en medio de la vendimia en su pequeña finca de las afueras de Iasi, fue condenado por crímenes contra el Estado. Pasó seis años en dos prisiones con otros detenidos políticos. “Todo agujeros, en los que solo seguir respirando era todo un logro”, recuerda. Pertenece a una de las pocas asociaciones de antiguos presos políticos que hay en el país. Junto a historiadores, tratan de recopilar testimonios y documentos que arrojen algo de luz sobre la época comunista de Rumania. “Un tiempo lleno de silencios”, dice. También, cuenta, aspiran a que sus indagaciones sirvan para sentar en el banquillo a sus torturadores. No es sencillo. En 2006, el Instituto para la Investigación de los Crímenes Comunistas (IICCMER) llevó a la fiscalía amplia documentación contra 200 supuestos torturadores de la época. Fue rechazada. Hoy, solo hay dos procesos abiertos y 33 en investigación.
“Qué esperamos. Quienes nos pisotearon aún están en el Gobierno, y si no, sus hijos o nietos. Así es imposible que encontremos reparación”, dice. A Bazan le hierve la sangre cada vez que alguno de esos herederos se alza hoy en los actos oficiales para cantar el Desteapta-te, române!. La canción por la que pasó seis años entre rejas es hoy el himno nacional del país.
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¿Por qué asesinan a exiliados postsoviéticos en Turquía?
La semana pasada, un disidente de Uzbekistán fue ejecutado en Estambul, el último de una larga serie de crímenes políticos

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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan
Últimamente, el disidente uzbeco Abdullah Bukhari solía llevar un chaleco antibalas cada vez que se dirigía al edificio donde trabajaba, la Asociación Ihsan de Solidaridad y Servicios de Aprendizaje, en el extrarradio deEstambul, donde prestaba tareas de orientación religiosa. «Había estado recibiendo amenazas de muertede los servicios de inteligencia uzbecos durante los últimos tres meses y estaba bajo estrecha vigilancia», ha asegurado al diario turco «Yeni Safak» una persona que le conocía bien, y que fue testigo de su asesinato. «La policía turca sabía de estas amenazas», afirma el hombre.
Pero la semana pasada, por algún motivo, Bukhari decidió salir sin el chaleco ni avisar a ninguno de sus estudiantes de que se dirigía a la sede. La muerte le alcanzó en plena calle, a pocos metros del lugar. «Un pistolero le disparó a corta distancia», explica el testigo. Las heridas recibidas le provocaron la muerte poco después en el hospital.
Tras examinar las imágenes de las diversas cámaras de seguridad de la zona e interrogar a algunas personas presentes en el lugar del crimen, la policía detuvo este fin de semana a un sospechoso, identificado como Z.M., un ciudadano ruso de origen checheno, que en el momento del arresto se encontraba en posesión de un arma como la utilizada en el asesinato de Bukari, así como de un falso pasaporte ucraniano.La pistola ha sido enviada a balística, a la espera de confirmar si en efecto se trata del arma ejecutora.
Este asesinato no es sino el último de una serie de ejecuciones políticas contra exiliados procedentes del espacio post-soviético que han tenido lugar en suelo turco. Entre 2008 y 2011, media docena de islamistas chechenos fueron abatidos enEstambulpor pistoleros sospechosos de estara las órdenes del presidente de Chechenia, Ramzan Kadírov, o del Kremlin. Un intento de asesinar al clérigo checheno Semseddin Batukaev fue abortado por sus guardaespaldas, que lograron reducir al pistolero, cuyo arresto proporcionó un caudal de pistas a los investigadores.
El sicario tenía en su casa una lista con futuros objetivos, entre ellos Vaha Umárov,uno de los hermanos del líder yihadista checheno Dokku Umárov, que fue presumiblemente abatido por las fuerzas de seguridad rusas en marzo de este año. La semana pasada, el presidente Kadírov acusó a Ahmat Umárov, otro de sus hermanos y también refugiado en Estambul, de estar detrás de un atentado contra un retén policial en Grozni a principios de mes.
El año pasado, el empresario checheno Medet Ünlü, autoproclamado «cónsul honorario de la República de Ichkeria» [el nombre que los independentistas chechenos utilizan para referirse a us país], fue acribillado en Ankara. En un primer momento las sospechas se centraron en las fuerzas de seguridad del campo prorruso, pero en un sorprendente giro de los acontecimientos, los familiares de Ünlü aseguran ahora que los responsables podrían ser los propios yihadistas chechenos, debido a su oposición al envío de combatientes chechenos a la guerra de Siria.
«La posición de Ünlü contra la explotación de los chechenos en Siria era muy importante. En la comunidad caucásica enTurquía, era una persona en una posición de liderazgo que corrió el riesgo de posicionarse en contra de esto», afirma ahora su abogado, Erdal Dogan, en una entrevista con la publicación «Al Monitor». «Tenemos serias sospechas de que gente encargos públicos allanó el camino para el asesinato, y creemos que todavía están impidiendo la detención de los sospechosos», afirma Dogan, en una acusación clara al gobierno islamista de Recep Tayyip Erdogan, que durante los últimos dos años ha apoyado el paso de yihadistas a través de Turquía en un intento de derrocar al régimen del presidente sirio Bashar Al Assad.
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Por qué Letonia se resiste a revelar los secretos de la KGB?

El país báltico oculta los nombres de los agentes encargados de la represión política entre 1945 y 1991

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Una mujer pasea por un monumento conmemorativo a las víctimas de la represión en la Unión Soviética
La «Casa de la Esquina» es un bonito edificio situado en el corazón de Riga, pensado para albergar a la burguesía de la ciudad y destacado por su estilo art déco. Sin embargo, su pasado oculta una historia mucho más macabra, tal y como explica «BBC Mundo» en un reportaje publicado en su página web. Los servicios de inteligencia de la Unión Soviética —llamados NKVD primero y KGB a partir de 1954— tuvieron allí su sede tras el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1991, fecha del hundimiento del régimen comunista. Muchos letones exigen ahora que los nombres de los agentes responsables de la represión política de esos años sean revelados.
El buzón de la «Casa de la Esquina» era una advertencia y un receptor de chivatazos. Su objetivo consistía en que los letones pudieran depositar cartas donde señalar a sus compatriotas sospechosos de actividades antisoviéticas. Según los cálculos aportados, alrededor de 30.000 trabajaron a las órdenes de la KGB durante esas décadas de represión. Algunos como agentes, y otros como meros informantes. También estaban los que padecían las consecuencias. Como el poeta Knuts Skujenieks, cuyo delito fue escribir versos críticos con el poder de la época. «Si te sacaban al pasillo y venía otro preso, tenías que darte la vuelta contra la pared, mirando al suelo, para que no supieras quién más estaba aquí», declaró al medio inglés.
La participación activa de una parte de la sociedad letona en la represión todavía crea polémica. Sobre todo porque según explicó a «BBC Mundo» el historiador Karls Kangeris, muchos políticos actuales no quieren que se descubra su antigua colaboración con la KGB. El que fuera el último jefe de este servicio de inteligencia, Edmunds Johansons, confirma esta tesis y afirma que la identificación de los culpables provocaría un cataclismo en el país báltico. «Tenemos que construir un futuro para una Letonia independiente y no mirar hacia atrás», explicó al medio británico.
Los documentos que identifican a las víctimas de la KGB se guardan en una vieja fábrica de las afueras de Riga. Los nombres de los agentes responsables no figuran allí. Esta información, cifrada, está recogida en una serie de tarjetas ocultas a ojos curiosos por las autoridades de Letonia. Pero Skujenieks, el poeta represaliado, considera mejor que esos papeles no vean la luz. Principalmente porque con la independencia de la nación los rusos trasladaron a Moscú muchos de ellos. Los registros del país báltico son engañosos y solo crearían más desconcierto, explicó.
En el veinticinco aniversario de la independencia de Letonia de la Unión Soviética, el pasado comunista y su espiral represiva todavía ahoga la convivencia democrática del país báltico.
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Primera condena en Rumanía por 'crímenes contra la humanidad' durante el comunismo

Alexandru Visinescu, el carcelero de Rumanía. AFP


El antiguo director de una de las prisiones más temidas del antiguo régimen comunista de Rumanía, Alexandru Visinescu, ha sido condenado este viernes a una pena de 20 años de cárcel por "crímenes contra la humanidad", una sentencia inédita desde que el país recuperó la democracia hace un cuarto de siglo.
Visinescu, de 89 años y procesado desde el pasado septiembre, ha sido condenado por su gestión de la prisión de Ramnicu Sarat entre 1956 y 1963. En ese presidio se recluyó a muchos detenidos políticos en condiciones inhumanas, y al menos 14 de ellos murieron durante su mandato.
La fiscalía había solicitado una pena de 25 años, y la defensa tiene ahora diez días para apelar, algo que según indicó es "muy probable" que suceda.
Los reclusos de Ramnicu Sarat estaban en régimen de aislamiento, tenían prohibido hablar y era frecuente que sufrieran palizas y hambre debido a la escasa comida que se les suministraba.
La Fiscalía le acusó de "falta de cuidados médicos y degradación de la salud de los prisioneros debido a una mala alimentación, celdas gélidas, palizas y castigos aplicados de manera indiscriminada y abusiva".
Visinescu, que no estuvo en el tribunal cuando se leyó la sentencia, siempre ha alegado que se limitó a seguir órdenes y no ha mostrado signos de arrepentimiento.
Los abogados de la defensa han venido subrayando durante el juicio que el ahora condenado tiene una delicada salud. En una de sus declaraciones en el juicio defendió que "las causas de la muertes fueron naturales" y que las sanciones "se aplicaban siguiendo los informes de los guardias".
Se estima que hasta 200.000 personas estuvieron encarceladas en Rumanía por sus ideas políticas entre 1945 y 1989, según organizaciones de memoria histórica rumanas.
'Una victoria moral'
Visinescu es la primera persona que responde por los crímenes del régimen comunista desde que el último dictador rumano, Nicolae Ceausescu, y su esposa Elena, fueron ejecutados tras un juicio sumario en la revolución de 1989, que acabó con la dictadura.
Este primer juicio llega más de 25 años después de la caída de la dictadura, cuando la mayoría de los supuestos responsables de otros crímenes han muerto o tienen ya más de 80 años.
Diferentes asociaciones rumanas han valorado de forma positiva la sentencia, aunque recuerdan que ningún alto cargo del régimen comunista ha sido nunca condenado.
"Es una victoria moral para nosotros", declaró a los medios rumanos tras el juicio Anca Cernea, cuyo padre y abuelo estuvieron internados en esa prisión.
"Cometió crímenes, y aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces, debe pagar por ello", agregó.
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La fiscalía rumana acusa a Iliescu de crímenes contra la humanidad
El expresidente de Rumanía será procesado por la represión violenta de una manifestación en 1990


El expresidente Iliescu a la salida de la sede de la Fiscalía, este miércoles en Bucarest. / GRIGORE POPESCU (AFP)

La fiscalía rumana ha abierto un procedimiento judicial contra el expresidente Ion Iliescu por crímenes contra la humanidad por la represión violenta de las protestas pacíficas de 1990, en las que murieron cuatro personas y más de mil resultaron heridas. El exmandatario, de 85 años, ha sido acusado de aplastar un movimiento de oposición a su Gobierno que sacó a miles de personas a las calles de Bucarest en junio de 1990, seis meses después de la caída del régimen comunista de Nicolae Ceaucescu.
Iliescu, de 85 años, miembro del aparato comunista en la época del exdictador ajusticiado, llamó a miles de mineros —conocidos como bocas negras— para contener a los manifestantes que habían organizado protestas y sentadas en las calles del centro de la capital rumana en junio de 1990; un mes después de las primeras elecciones democráticas (aunque con acusaciones y sospechas de irregularidades) en el país. Los mineros del valle del Jiu —unos 20.000 según los historiadores— llegaron a Bucarest con la orden de Iliescu de contener lo que llamó un "golpe de estado fascista".
La fiscalía, que imputa al expresidente también otros delitos penales, precisa que el 17 de junio, en la "represión violenta" de la marcha en la plaza de la Universidad de Bucarest, perdieron la vida cuatro personas, otras tres resultaron heridas graves y más de mil sufrieron "castigos corporales" y detenciones.
Terror al alba en Ias calles de Bucarest
No es la primera vez que la justicia rumana investiga al exmandatario, que según informa Efe acudió este miércoles a la fiscalía. Iliescu, que siempre ha negado su participación en la ola represiva, fue absuelto de los cargos de asesinato en 2008. Los jueces no hallaron entonces evidencias que probasen su papel en los hechos.
Este nuevo procedimiento judicial contra el expresidente, que podría enfrentarse a hasta 25 años de prisión, se produce un año después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a Rumanía por su investigación "incompleta y deficiente" de los sucesos de junio de 1990. Una investigación, dijeron, marcada por "largos períodos de inactividad". Rumanía fue condenada entonces a pagar unos 30.000 euros a las esposas de dos de los fallecidos durante esa represiva.
Iliescu fue una de las cabezas del Frente de Salvación Nacional (FSN) —la estructura que tomó el mando del país durante la revolución de 1989— y lideró junto a Petre Roman el Gobierno provisional después de que Ceaucescu y su esposa Elena fueran ajusticiados por los cargos de genocidio. En junio de 1990, ante el temor a que las protestas pacíficas desembocaran en una pérdida de poder del gobernante FSN —que ya se había transformado en partido y había vencido en las elecciones— Iliescu recurrió a los mineros afines. Estos, armados con grandes estacas, porras metálicas y gruesos cables de acero recorrieron las calles de Bucarest buscando a " fascistas, gamberros y drogadictos".
El líder del FSN agradeció después a los mineros haber salvado la democracia. Algo más de un año más tarde, otra protesta minera pondría en jaque a su Gobierno. Iliescu dejó el poder en 1996. Aunque volvió a presidir el país entre 2000 y 2004, con el Partido Socialdemócrata.
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