Caballero Negro
Colaborador
El Conflicto Interno en Colombia
- Tema iniciado Douglas Hernandez
- Fecha de inicio
Lamentable lo que tiene que vivir Colombia hasta el día de hoy. Las FARC, específicamente entre otros grupos guerrilleros, llevan si mal no recuerdo casi 60 años -60 AÑOS, fuera de joda!- haciendo una "revolución" que evidentemente no llega a ningún lado. ¿Qué justicia social espera lograr una lucha intestina de más de medio siglo a punta de pistola?? No tiene sentido, por mucho romanticismo que el discurso político quiera darle.
Ojalá el pueblo hermano de Colombia pueda llegar finalmente a la paz que se há saboteado tantas veces.
Saludos!!!
Ojalá el pueblo hermano de Colombia pueda llegar finalmente a la paz que se há saboteado tantas veces.
Saludos!!!
Caballero Negro
Colaborador
La ideología que enarbolan muchos grupos criminales es una llave que les permite posicionarse en círculos académicos, políticos y entre alguno que otro despistado, a su vez, esto les legitima para poder sentarse a negociar de tu a tu con el Estado.
Hay una narrativa trasnochada cargada de slogans como la justicia social, la desigualdad, la doctrina de la seguridad nacional, el neoliberalismo, el capitalismo, el ambientalismo, la reforma agraria, etc, uno puede pensar que algunas de esas temáticas son válidas, otras discutibles y otras irracionales, pero el propósito de eso supongo que es justificarles, ir creando un estado de opinión favorable manipulando la historia que muchos hemos vivido, y así, convertir a los victimarios en víctimas y viceversa. Claro que todas esas frases hechas son insubstanciales porque no resisten el menor análisis, basta hurgar cinco centímetros en la historia y en los hechos, para ver las inconsistencias, los anacronismos y las mentiras.
Lo cierto es que independientemente de las narrativas, aquí lo que hay son negocios espectaculares que mueven miles de millones de dólares al año, negocios de tráfico de drogas, minería ilegal, tráfico de armas, trata de personas, extorsión a gran escala, y también de muchos negocios legales asociados a esos otros ilícitos dentro y fuera del país. Es de los discursos, las propuestas, las reformas que dicen querer emprender e incluso las amnistías les valen cinco pesos. A ellos no les importa la reintegración o hacer política en municipios apartados y pequeños, lo que les importa es regentear lo más tranquilamente sus negocios mientras y acrecentar de la manea más rápida posible su poder e influencia mientras se sientan a habla con el gobierno; eso ya ha pasado muchísimas veces, o sea que alternen gobiernos de mano dura con gobiernos de mano blanda, y mientras negocian aprovechan para expandirse; creo que ETA lo llamaba la estrategia del hacha y la serpiente, cosa que hace parte de la combinación de todas las formas de lucha.
Este es un tema que tiene tentáculos criminales y negocios igual o más delicados en Venezuela y Ecuador. Acá no hay ideologías, hay negocios, por eso se ven guerrilleros que fueron parte de carteles o de autodefensas, gente del ejército que les vende armas, el poder corruptor de esta gene es colosal, ideologías no hay. Es que el poder no admite vacío, alguien o algo lo tiene que llenar, mientras la coca y los otros negocios estén ahí, nadie se va a desmoviliza de verdad, y no se van a ceder esas ganancias que nunca se obtendrán de otro modo; se desmovilizan algunos para lavar sus pecados y tener puesto de congresista gratis.
Actualmente nos estamos retrotrayendo en el tiempo en seguridad y desarrollo, la policía y las FFMM tienen las manos atadas con esa orden que tienen de no poder cumplir su función constitucional, se están comenzando a ver cosas que hace muchos años no se veían y en lugares en los que hace muchos años no se veían.
Última edición:
Caballero Negro
Colaborador
Mayor incautación de armas en los últimos años se produjo por dos carros mal parqueados
Hola, Cab!
Excelente análisis. Doloroso también, ya que el problema que está pasando Colombia lo pága sufridamente la población. No puedo agregar mucho más a tus palabras, concuerdo en varios aspectos.
En fin. Esperemos a que se vaya resolviendo de la mejor manera en pos del bienestar de los ciudadanos, és un panorama dificil, ya lo créo, pero sin embargo han demostrado también que así como existen estas injusticias de criminales, le han dado lucha. "El poder no admite vacios", bien lo has dicho, lo que genera conflicto indudablemente, pero también oportunidades.
Saludos!!!
Caballero Negro
Colaborador
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se destapa en el último año en su cargo. Admite que la operatividad de Ejército y Policía ha caído en el país por culpa de unos decretos mal entendidos y que las cifras que llevará a su visita a Washington, el día de hoy, dejan muy mal parada la lucha contra el narcotráfico
En un comienzo pareció como que usted estaba dispuesto a hacer todo lo que le pidiera el Gobierno, en aras de la ‘paz total’. Incluso hasta saltarse la Constitución y la ley…
Pues el 9 de enero anterior convoqué una reunión con mi vicefiscal, Martha Mancera; el comisionado (Danilo) Rueda y el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández. En ella les expliqué claramente que la posición de la Fiscalía es que no nos pueden pedir levantamiento de capturas con fines de extradición contra narcos. No hay ley de sometimiento y hacerlo carece de sustento político. Los narcos de los que hablamos no son narcos solamente: son los que están matando líderes sociales, asesinos de desmovilizados, de reincorporados y son los encargados de acabar con el proceso de paz de Santos. En esa reunión me dijeron: Fiscal, usted tiene toda la razón.
¿Y qué pasó entonces?
Pues que uno o dos días después enviaron a la Fiscalía los decretos y los oficios solicitando el levantamiento de órdenes de captura de 16 personas, de las cuales cinco tienen fines de extradición. Me sorprendí mucho, porque ellos ya sabían que eso yo no lo podía hacer. ¿Cuál es el tema jurídico? El Presidente puede pedir el levantamiento de las órdenes de captura sin fines de extradición a los jueces directamente, esa no es competencia del Fiscal. Pero las que tienen fines de extradición, sí. Y esas no las levantará esta fiscalía. Punto cerrado de la conversación.
Y en eso lo apoya la procuradora Cabello…
Y el defensor (Carlos Camargo), y hasta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que está encima, vigilando este procedimiento.
¿Qué tiene que hacer el Gobierno para saltar por encima de su negativa y dejar libres a esos narcos?
Frente al Fiscal, nada, nada. Tiene que ir al Congreso, sacar una ley de sometimiento con todos los condicionamientos, que el Fiscal General revisará si eso se cumple o no. Pero si la ley no cumple con esos requerimientos, aplicaré la excepción de inconstitucionalidad del artículo 4.º y no dejo salir a nadie.
¿Cómo están hoy sus relaciones con el presidente Petro? Él mismo contó que lo llamó desde Davos y quedaron en verse el 30 de enero. Pero, además, publicó un trino en el cual le dio a usted la razón en algunos puntos…
Me dijo: “Mire, he visto el tema y estoy muy preocupado”. Le respondí que yo también. Me reconoció que él nunca supo que entre esos nombres habían incluido extraditables. “En eso tiene razón, Fiscal”.
¿Y entonces por qué el jefe de la Policía, Henry Sanabria, sale y dice que muchos de esos ya salieron de sus bases de datos?
Pues ese es un tema que tendrá que revisar e investigar la Fiscalía General de la Nación.
Parecería que el presidente Petro puso en esa dirección de la Policía al más ‘blandito’ de todos, porque ni siquiera mide las consecuencias jurídicas de sus actos…
Hay que revisar sus declaraciones, porque él dijo que sacaron de las bases de datos órdenes de captura del Eln y de los otros. Pero si son las del ‘clan del Golfo’ y de las Farc, cuyas órdenes de captura yo no levanté ni levantaré, pues obviamente podría haber una responsabilidad penal. En todo caso, hay que distinguir entre proceso de paz y ley de sometimiento.
Pero, de todas maneras, usted ha sido muy enfático en eso de que las Fuerzas Militares y la Policía no pueden interrumpir sus operaciones constitucionales…
No pueden interrumpirlas, a pesar de que el Gobierno sacó, el 31 de diciembre, cuatro decretos, del 2656 al 60, que decretaban cese del fuego bilateral y temporal de carácter nacional con varias organizaciones criminales. En el artículo segundo de ese decreto se ordena la suspensión de operaciones militares y de operativos policiales en contra de los miembros de cada una de esas organizaciones. A renglón seguido, se dice que la suspensión de operaciones militares y operativos policiales se hará, sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional.
Traduzca eso, por favor…
El jefe de la Policía Judicial de Colombia no es el Presidente, es el Fiscal General de la Nación, y no el director de la Policía Nacional. Luego las actividades policiales que tengan que ver con judicialización, en las que trabajan de la mano Dijín y CTI, no se pueden suspender en ninguna parte del territorio nacional y no están incluidas dentro de este concepto de operativos policiales.
¿Qué pasa si se llega a suspender la actividad judicial de la Policía Nacional?
Que tendremos que llamar a interrogatorio a los responsables porque están desconociendo el orden constitucional, que es justamente la facultad de perseguir judicialmente a quienes haya que perseguir por cuenta del artículo 250 de la Constitución, que son las facultades del Fiscal General de la Nación. Creo que queda claro el tema.
Vemos a la Policía muy confundida. Y al Ejército también, sobre el cual usted sí no tiene mando…
No, el Ejército tiene que cumplir con el decreto.
O sea, suspender operaciones ofensivas…
Suspender operaciones militares, pero el Ejército tiene que estar en todo el territorio nacional porque la Constitución se lo ordena.
El gobernador del Meta dijo, cuando secuestraron a los treinta militares durante más de 48 horas, que ellos no estaban ni erradicando ni haciendo operativos, sino solo patrullando. ¿Usted cómo patrulla un lugar sin eventualmente tener que hacer una acción militar, incluso considerada ‘ofensiva’? ¿O es que patrullar se limita a pasear por las calles de un municipio?
El decreto que les ordenó dice que la Fuerza Pública conserva su obligación de preservar la integridad del territorio, el orden constitucional y el ejercicio de los derechos. Lo cual, justamente, significa que la gente viva bien, protegida en su vida, honra y bienes. Ahora, si esa protección no está garantizada y hay que hacer operaciones, pues tendrán que actuar. Esa es mi preocupación, desde el punto de vista del entendimiento de esos decretos.
¿Y alguien del Gobierno lo ha regañado por haber dicho eso?
Nadie del Gobierno me tiene por qué regañar. Soy autónomo e independiente. No soy ni subalterno ni amanuense del Presidente. He apoyado la ‘paz total’, pero, por supuesto, cuando ocurren eventos que alteran la ruta de aplicación de la Constitución y la ley es facultad y función del Fiscal decirlo.
Aunque es bueno que el Fiscal le diga no al Presidente cuando sea necesario, tampoco es bueno que un Fiscal y el gobierno de turno estén peleando…
No he tenido problema alguno con ninguna persona del Gobierno, salvo por lo que nos ocurrió con el señor alto comisionado para la Paz y con el secretario jurídico de Presidencia, que nos dejaron sorprendidos con decretos que consideramos manifiestamente inconstitucionales. Previamente, para evitar choques de trenes, les habíamos advertido.
¿Por qué Petro está tan bravo con su posición con respecto a la SAE (Sociedad de Activos Especiales) y trina esta cosa tan dura: “No sé qué le pasa al Fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que, a través de sus políticos, logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron. La riqueza de la mafia retorna a la mafia”. Primero, lo pone a usted de amanuense de la mafia. Pero, segundo, ¿acaso los jueces inmolados no corrieron a cargo del movimiento guerrillero en el que Petro militó en su juventud?
Son inaceptables las expresiones del Presidente. Le pedí respeto, porque son intromisiones que amenazan la independencia de la justicia. Creo que en ese tema se desconoce que esta Fiscalía le ha quitado en los dos últimos años a la mafia 26 billones de pesos, y se los hemos entregado a la SAE, que debe administrar esos recursos. Hoy la SAE depende del Gobierno Nacional. Durante los últimos tres meses hemos, infructuosamente, tratado de lograr que funcionarios de esa entidad se reúnan y entreguen los documentos relativos a sus denuncias de corrupción.
Pero el señor de la SAE dice que él no ha incumplido ninguna cita a la Fiscalía…
Se han incumplido citas a la Fiscalía, aunque no todas. Pero nosotros no coadministramos. Por eso resolvimos de una vez llamar a declarar bajo la gravedad del juramento a todos estos funcionarios para que nos digan dónde está la supuesta corrupción que denunciaron hace tres meses. Necesitamos saber, y lo vamos a averiguar, qué ha pasado con los 26 billones de pesos incautados que hemos venido entregando allá. No necesitamos autorización de nadie para meternos en una entidad e investigar.
Al Gobierno no le gustó que usted citara a ese funcionario en lugar de asistir a una mesa de trabajo…
Nosotros no participamos en mesas para detectar irregularidades. Habíamos planteado una mesa para recibir las denuncias, pero no han hecho ninguna. Las han hecho ante los medios, pero cuando usted sienta bajo gravedad del juramento a estas personas, o cuando los lleva a la Fiscalía o los cita, no van, como ha ocurrido con el caso del director de la UNP, o el señor (Gustavo) Bolívar, que ha pedido varias veces aplazamiento. En ejercicio de la competencia de la Fiscalía, citamos a las personas para que digan cuáles son los elementos de sus denuncias. Al final, por transparencia pública, le diremos al país si entregaron algo o no.
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/francisco-barbosa-fiscal-general-de-la-nacion-paz-total-735919
En un comienzo pareció como que usted estaba dispuesto a hacer todo lo que le pidiera el Gobierno, en aras de la ‘paz total’. Incluso hasta saltarse la Constitución y la ley…
Pues el 9 de enero anterior convoqué una reunión con mi vicefiscal, Martha Mancera; el comisionado (Danilo) Rueda y el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández. En ella les expliqué claramente que la posición de la Fiscalía es que no nos pueden pedir levantamiento de capturas con fines de extradición contra narcos. No hay ley de sometimiento y hacerlo carece de sustento político. Los narcos de los que hablamos no son narcos solamente: son los que están matando líderes sociales, asesinos de desmovilizados, de reincorporados y son los encargados de acabar con el proceso de paz de Santos. En esa reunión me dijeron: Fiscal, usted tiene toda la razón.
¿Y qué pasó entonces?
Pues que uno o dos días después enviaron a la Fiscalía los decretos y los oficios solicitando el levantamiento de órdenes de captura de 16 personas, de las cuales cinco tienen fines de extradición. Me sorprendí mucho, porque ellos ya sabían que eso yo no lo podía hacer. ¿Cuál es el tema jurídico? El Presidente puede pedir el levantamiento de las órdenes de captura sin fines de extradición a los jueces directamente, esa no es competencia del Fiscal. Pero las que tienen fines de extradición, sí. Y esas no las levantará esta fiscalía. Punto cerrado de la conversación.
Y en eso lo apoya la procuradora Cabello…
Y el defensor (Carlos Camargo), y hasta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que está encima, vigilando este procedimiento.
¿Qué tiene que hacer el Gobierno para saltar por encima de su negativa y dejar libres a esos narcos?
Frente al Fiscal, nada, nada. Tiene que ir al Congreso, sacar una ley de sometimiento con todos los condicionamientos, que el Fiscal General revisará si eso se cumple o no. Pero si la ley no cumple con esos requerimientos, aplicaré la excepción de inconstitucionalidad del artículo 4.º y no dejo salir a nadie.
¿Cómo están hoy sus relaciones con el presidente Petro? Él mismo contó que lo llamó desde Davos y quedaron en verse el 30 de enero. Pero, además, publicó un trino en el cual le dio a usted la razón en algunos puntos…
Me dijo: “Mire, he visto el tema y estoy muy preocupado”. Le respondí que yo también. Me reconoció que él nunca supo que entre esos nombres habían incluido extraditables. “En eso tiene razón, Fiscal”.
¿Y entonces por qué el jefe de la Policía, Henry Sanabria, sale y dice que muchos de esos ya salieron de sus bases de datos?
Pues ese es un tema que tendrá que revisar e investigar la Fiscalía General de la Nación.
Parecería que el presidente Petro puso en esa dirección de la Policía al más ‘blandito’ de todos, porque ni siquiera mide las consecuencias jurídicas de sus actos…
Hay que revisar sus declaraciones, porque él dijo que sacaron de las bases de datos órdenes de captura del Eln y de los otros. Pero si son las del ‘clan del Golfo’ y de las Farc, cuyas órdenes de captura yo no levanté ni levantaré, pues obviamente podría haber una responsabilidad penal. En todo caso, hay que distinguir entre proceso de paz y ley de sometimiento.
Pero, de todas maneras, usted ha sido muy enfático en eso de que las Fuerzas Militares y la Policía no pueden interrumpir sus operaciones constitucionales…
No pueden interrumpirlas, a pesar de que el Gobierno sacó, el 31 de diciembre, cuatro decretos, del 2656 al 60, que decretaban cese del fuego bilateral y temporal de carácter nacional con varias organizaciones criminales. En el artículo segundo de ese decreto se ordena la suspensión de operaciones militares y de operativos policiales en contra de los miembros de cada una de esas organizaciones. A renglón seguido, se dice que la suspensión de operaciones militares y operativos policiales se hará, sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional.
Traduzca eso, por favor…
El jefe de la Policía Judicial de Colombia no es el Presidente, es el Fiscal General de la Nación, y no el director de la Policía Nacional. Luego las actividades policiales que tengan que ver con judicialización, en las que trabajan de la mano Dijín y CTI, no se pueden suspender en ninguna parte del territorio nacional y no están incluidas dentro de este concepto de operativos policiales.
¿Qué pasa si se llega a suspender la actividad judicial de la Policía Nacional?
Que tendremos que llamar a interrogatorio a los responsables porque están desconociendo el orden constitucional, que es justamente la facultad de perseguir judicialmente a quienes haya que perseguir por cuenta del artículo 250 de la Constitución, que son las facultades del Fiscal General de la Nación. Creo que queda claro el tema.
Vemos a la Policía muy confundida. Y al Ejército también, sobre el cual usted sí no tiene mando…
No, el Ejército tiene que cumplir con el decreto.
O sea, suspender operaciones ofensivas…
Suspender operaciones militares, pero el Ejército tiene que estar en todo el territorio nacional porque la Constitución se lo ordena.
El gobernador del Meta dijo, cuando secuestraron a los treinta militares durante más de 48 horas, que ellos no estaban ni erradicando ni haciendo operativos, sino solo patrullando. ¿Usted cómo patrulla un lugar sin eventualmente tener que hacer una acción militar, incluso considerada ‘ofensiva’? ¿O es que patrullar se limita a pasear por las calles de un municipio?
El decreto que les ordenó dice que la Fuerza Pública conserva su obligación de preservar la integridad del territorio, el orden constitucional y el ejercicio de los derechos. Lo cual, justamente, significa que la gente viva bien, protegida en su vida, honra y bienes. Ahora, si esa protección no está garantizada y hay que hacer operaciones, pues tendrán que actuar. Esa es mi preocupación, desde el punto de vista del entendimiento de esos decretos.
¿Y alguien del Gobierno lo ha regañado por haber dicho eso?
Nadie del Gobierno me tiene por qué regañar. Soy autónomo e independiente. No soy ni subalterno ni amanuense del Presidente. He apoyado la ‘paz total’, pero, por supuesto, cuando ocurren eventos que alteran la ruta de aplicación de la Constitución y la ley es facultad y función del Fiscal decirlo.
Aunque es bueno que el Fiscal le diga no al Presidente cuando sea necesario, tampoco es bueno que un Fiscal y el gobierno de turno estén peleando…
No he tenido problema alguno con ninguna persona del Gobierno, salvo por lo que nos ocurrió con el señor alto comisionado para la Paz y con el secretario jurídico de Presidencia, que nos dejaron sorprendidos con decretos que consideramos manifiestamente inconstitucionales. Previamente, para evitar choques de trenes, les habíamos advertido.
¿Por qué Petro está tan bravo con su posición con respecto a la SAE (Sociedad de Activos Especiales) y trina esta cosa tan dura: “No sé qué le pasa al Fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que, a través de sus políticos, logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron. La riqueza de la mafia retorna a la mafia”. Primero, lo pone a usted de amanuense de la mafia. Pero, segundo, ¿acaso los jueces inmolados no corrieron a cargo del movimiento guerrillero en el que Petro militó en su juventud?
Son inaceptables las expresiones del Presidente. Le pedí respeto, porque son intromisiones que amenazan la independencia de la justicia. Creo que en ese tema se desconoce que esta Fiscalía le ha quitado en los dos últimos años a la mafia 26 billones de pesos, y se los hemos entregado a la SAE, que debe administrar esos recursos. Hoy la SAE depende del Gobierno Nacional. Durante los últimos tres meses hemos, infructuosamente, tratado de lograr que funcionarios de esa entidad se reúnan y entreguen los documentos relativos a sus denuncias de corrupción.
Pero el señor de la SAE dice que él no ha incumplido ninguna cita a la Fiscalía…
Se han incumplido citas a la Fiscalía, aunque no todas. Pero nosotros no coadministramos. Por eso resolvimos de una vez llamar a declarar bajo la gravedad del juramento a todos estos funcionarios para que nos digan dónde está la supuesta corrupción que denunciaron hace tres meses. Necesitamos saber, y lo vamos a averiguar, qué ha pasado con los 26 billones de pesos incautados que hemos venido entregando allá. No necesitamos autorización de nadie para meternos en una entidad e investigar.
Al Gobierno no le gustó que usted citara a ese funcionario en lugar de asistir a una mesa de trabajo…
Nosotros no participamos en mesas para detectar irregularidades. Habíamos planteado una mesa para recibir las denuncias, pero no han hecho ninguna. Las han hecho ante los medios, pero cuando usted sienta bajo gravedad del juramento a estas personas, o cuando los lleva a la Fiscalía o los cita, no van, como ha ocurrido con el caso del director de la UNP, o el señor (Gustavo) Bolívar, que ha pedido varias veces aplazamiento. En ejercicio de la competencia de la Fiscalía, citamos a las personas para que digan cuáles son los elementos de sus denuncias. Al final, por transparencia pública, le diremos al país si entregaron algo o no.
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/francisco-barbosa-fiscal-general-de-la-nacion-paz-total-735919
Caballero Negro
Colaborador
La plata de las Farc se la llevaron para Suiza: ‘Martín Sombra’ reafirma hipótesis
El excomandante y “carcelero” de la guerrilla además dijo frente a la supuesta fortuna de la guerrilla de la que no se tiene rastro, que podía medirse en diamantes, oro, y fajos incontables de dinero de 50 y 100 dólares.
La W tuvo acceso a la segunda versión voluntaria del excomandante de las Farc, Elí Mendoza, ‘Martín Sombra’, quien ante los magistrados de la JEP se refirió a la hipótesis de la llamada fortuna de las Farc que se encuentra fuera del país, dándole crédito a ello. “Sombra” sentenció que el exjefe máximo de la guerrilla Alfonso Cano, tras la muerte de Manuel Marulanda, mandó los miles de millones de dólares de las Farc a cuentas en Suiza, y señaló que Rodrigo Granda tendría que “responder” por lo que pasó con la fortuna de la guerrilla.“Yo sí sé que ese dinero se fue para Suiza, pa´ Suiza salió ese dinero y ahí es donde don Granda va a tener que responder porque ese era coordinador de relaciones internacionales. Un día de estos lo jalamos aquí a ver qué. (...) Ese dinero se lo llevó Alfonso Cano” sentenció Mendoza.
De acuerdo con lo dicho por Elí Mendoza “no pueden decir que no porque yo ese día estaba ahí, que ‘El Mono’ dijo (Jojoy), Alfonso Cano no quería al ‘Mono’ y dijo: eso va para Suiza, Sombra. Pueden buscar con los familiares, que eso hay una plata grande”.
https://www.wradio.com.co/2023/01/24/la-plata-de-las-farc-se-la-llevaron-para-suiza-martin-sombra-reafirma-hipotesis/
Caballero Negro
Colaborador
Roy Barreras fue mencionado en el caso de corrupción con recursos del posconflicto
El presidente del Congreso es mencionado en un audio de la red de corrupción de los recursos de la paz de Colombia.En las últimas, el medio de comunicación W Radio reveló que el nombre del presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, salió a flote en una interceptación telefónica tras una investigación que actualmente realiza la Fiscalía sobre una red de corrupción con recursos destinados para la paz en Colombia.
Según la información, el audio fue aportado por el ente investigador como material probatorio, en medio de una audiencia que se adelantó en Cali (Valle del Cauca), contra varios contratistas que estarían involucrados en el hecho.
https://www.lafm.com.co/politica/roy-barreras-fue-mencionado-en-el-caso-de-corrupcion-con-recursos-del-posconflicto
Caballero Negro
Colaborador
El abatido a.Matamba tenía en la nomina a un par de coroneles y varios suboficiales.
TC. Robinson Javier Gonzalez del Rio. excomandante del BIBOY, se ganaba 30 millones de pesos mensuales en la nomina del CdG, no le alcanzaba con los 10 o 15 millones que gana un teniente coronel.
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TC. Robinson Javier Gonzalez del Rio. excomandante del BIBOY, se ganaba 30 millones de pesos mensuales en la nomina del CdG, no le alcanzaba con los 10 o 15 millones que gana un teniente coronel.
‘Otoniel’, ‘Matamba’ y falsos positivos: los señalamientos al general (r) Barrero Gordillo
Caballero Negro
Colaborador
SEMANA revela correos, interceptaciones telefónicas inéditas y un expediente que estaba refundido. La Corte Suprema dice que con los negocios en Venezuela se habrían enriquecido ella y varios de sus familiares.
Un verdadero arsenal de pruebas pone a la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, contra las cuerdas. El expediente estaba arrumado, guardando polvo, envuelto en bolsas plásticas negras, en el antiguo edificio del DAS, en el centro de Bogotá. Allí reposan horas de interceptaciones telefónicas, correos electrónicos, informes de inteligencia, reportes de operaciones, estudios de transacciones bancarias, negocios en Venezuela con empresas plenamente identificadas, pruebas de tiquetes y viajes, documentos de carácter político y hasta delicadas comunicaciones a través de radioperadores con los máximos jefes de las Farc.Se trata de un nuevo capítulo que fue reconstruido por la Corte Suprema de Justicia. Durante meses, los investigadores se dieron a la tarea de rastrear y recuperar información de alto valor que se encontraba “refundida” en diferentes despachos judiciales y que apunta directamente contra la senadora Córdoba y su estrecha relación con las Farc, que ella creía era un capítulo superado luego de la anulación del fallo disciplinario que la había sacado de la política y la nula idoneidad probatoria del contenido del computador de Raúl Reyes.
SEMANA revela en exclusiva todas las evidencias hasta ahora desconocidas que para la Corte Suprema dejan al descubierto que la relación de Córdoba con los entonces terroristas de las Farc no solo era un hecho sino un delito, pues no mediaba autorización del Gobierno. Además, hay pruebas de millonarios y silenciosos negocios de la senadora en Venezuela y en Ecuador e interceptaciones telefónicas en las que habla a viva voz de delicados asuntos.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/ROSGY3IDFREMBNWPKZNFSVVFBY.jpg)
Un explosivo documento, al parecer condenado a perderse, fue recuperado “en el sótano del antiguo DAS, bajo las cajas que contienen las decoraciones navideñas, envuelto y amarrado en bolsas negras para evitar el deterioro”.
Se trata del “informe final de policía judicial” con el código 68761XX, en el que investigadores reportan a la Corte los hallazgos. Dan cuenta de la gravedad de los hechos que se le atribuyen a la senadora y que habían sido recogidos hace más de diez años en una investigación realizada por la Fiscalía y que estaba durmiendo el sueño de los justos.
En una de las carpetas encontradas está el soporte de la orden para interceptar y revisar los correos de algunas de las personas más cercanas a la senadora Córdoba. “Con base en información aportada por fuente humana, quien indicó tener información relacionada con una organización criminal, que utiliza las cuentas de correos [email protected], [email protected], [email protected] y chats de internet para circulación de información relacionada con movimientos de dinero para financiamiento de actividades terroristas de las Farc”.
Ese documento toma más vigencia que nunca porque precisamente están los nombres de dos de sus asesores más cercanos quienes prendieron el ventilador y ahora son testigos: Andrés Vásquez y Ricardo Montenegro. El primero fue quien soltó un bombazo al advertir que las acciones humanitarias que realizaba Córdoba para la liberación de secuestrados en realidad era una plataforma política para ella, para las Farc y para el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez.
Vásquez, además, ha contado sobre los millonarios negocios de Piedad Córdoba, estrechamente ligados al denominado testaferro del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el colombiano Álex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/REPRAYWMZFF2RD2S3UZFW22SVY.jpg "En los correos tambin se menciona a su hijo el exsenador Juan Luis Castro Crdoba y su inters en los millonarios negocios en Venezuela")
En los correos también se menciona a su hijo, el exsenador Juan Luis Castro Córdoba, y su interés en los millonarios negocios en Venezuela. - Foto: archivo particular
Montenegro fue durante más de diez años su asesor jurídico. Sobre él, señala el informe de la Fiscalía, aparece en sus correos “información sobre la campaña de una persona relacionada como Piedad Córdoba (...) con acuerdos políticos del Partido Liberal, comunicados de Colombianos y Colombianas por la Paz, campaña contra las bases militares, documentos de las Farc, coordinaciones de viajes, entrevistas, movimientos de dinero, pagos de tiquetes aéreos, hospedajes, realización de eventos”.
También está un correo de 2010 en el que se menciona al hoy extraditado por narcotráfico y hermano de la senadora, Álvaro Córdoba, [email protected] y [email protected], “donde hacen referencia a una alianza con la empresa Logistic para el desarrollo de proyectos en Venezuela”.
Esta información refundida por más de una década corrobora las recientes denuncias de los negocios tasados en millones de dólares en Venezuela y la relación de Álex Saab con estas transacciones, tal como fue publicado por SEMANA, y para los cuales usaban a Logistic.
En otro correo, Álvaro Córdoba le envía un mensaje a Piedad y a un hombre llamado Pedro Vene Briceño, al parecer de Sur Logística, “donde menciona elementos pendientes por pagar y la suma de 5 millones de dólares, anexando los documentos de la Distribuidora Proveal - anexo de cuentas por pagar divisas”.
En la carpeta de enviados, “se halló las comunicaciones de fecha 24 de junio al 4 de septiembre de 2010, relacionadas con amenazas, campamento juvenil “Che Guevara”, campañas políticas, cartas entre organizaciones ELN, Farc, Apoyo Colombianos y Colombianas por la paz y organismos internacionales como Unasur”.
En las interceptaciones también aparece su hijo Juan Luis Castro,quien fue senador por la Alianza Verde. Manda mensajes a Piedad Córdoba, Andrés Vásquez, a un hombre llamado Felipe Cárdenas, “donde envía informe de los negocios que tendrían en Venezuela a través de la empresa Acciones de la Frontera SA, e Importaciones y Exportaciones LBT CA”.
Cárdenas envía un mensaje a Juan Luis y a Piedad, donde “da a conocer pormenores de los negocios que estarían realizando en Venezuela a través de la empresa Sur Logística”. Esta seguidilla de correos deja claro que la senadora, familiares y personas de confianza tenían pleno conocimiento de los negocios que hacía en Venezuela.
Dice el informe en poder de SEMANA que “en la carpeta de correos enviados hace mención a Piedad Córdoba y da a conocer la información de transferencias bancarias, movimientos de dinero, coordinaciones para desplazamientos en aviones, propiedades, vuelos, pagos, cotizaciones, donde se involucra a la empresa colombiana Constructora Caribe CA, que a su vez hace contactos y efectúa movimientos de dinero por solicitud de Andrés Vásquez, asesor de la senadora. Estos recursos al parecer son manejados por la empresa en Colombia Led Media, advirtiéndose cuantiosas transferencias de dinero en dólares, de empresas y personas de nacionalidad venezolana”.
“Igualmente hace referencia a las comunicaciones entre María Alejandra Meza, dependiente de Carlos Battistini, propietario de la empresa venezolana Constructora Caribe que habría cancelado varios desplazamientos en vuelos charter a quien referencian en los correos como “La Senadora”, “La Señora”, “Senadora Piedad Córdoba”, según el explosivo informe enviado a la Corte Suprema de Justicia.
Alejandra Meza, quien ya figura en los expedientes judiciales como una mujer de origen venezolano y que se mueve en alto nivel en el sector empresarial, ya había sido señalada, desde 2010, por el envío de giros a Córdoba.
En la carpeta de entrada de Alejandra Meza hay “movimientos bancarios y actividades desarrolladas para la empresa venezolana Constructora del Caribe, especialmente de la urbanización Villa Alianza en Venezuela, transferencias en cuenta en el Banco Wanchovia Bank, cuyo beneficiario es Carabajal Equine Service Inc”.
Retumba la Farcpolítica
De este tema también hay detalles clave. De ahí una solicitud de la Corte Suprema de Justicia que llama poderosamente la atención por los duros señalamientos implícitos en una comunicación enviada a la justicia de Estados Unidos y que solo puede responder un preso en ese país: nada menos que Marlon Martín, sobrino de Iván Márquez, capturado en medio de una operación de narcotráfico con Jesús Santrich, cuando ya se había firmado el acuerdo de paz.En estos términos habla la Corte de la congresista del Pacto Histórico: “Se investiga a la senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz por presuntos vínculos con la entonces organización criminal Farc y, en ese contexto, con su apoyo para visibilizarse a nivel nacional e internacional junto con el gobierno de Venezuela, con quienes mantenía relaciones directas a través de sus asesores, vínculo que utilizó para obtener recursos a través de gestiones ante la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) y de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), por lo que recibía una comisión”. Hay que recordar que los Clap eran uno de los principales negocios del extraditado Álex Saab en el país vecino.
“El dinero obtenido por estas operaciones financieras, se infiere, fue utilizado una parte para enriquecer ilegalmente a la investigada y a su círculo familiar, y por otra, a la realización de diversos eventos de carácter político que buscaban que la investigada obtuviera una posición de poder privilegiada en Colombia para su beneficio y el de la organización criminal”, dice de forma contundente la solicitud enviada a autoridades judiciales de Estados Unidos.
La justificación de esta solicitud deja claro que la Farcpolítica en el caso Córdoba está totalmente vigente. “Es importante obtener la declaración de Marlon Marín, ya que se ha podido obtener pruebas que indican que una de las formas de comunicación de la investigada con el grupo insurgente era a través de un correo humano que dependía directamente de Iván Márquez, a quien se le conocía con el nombre de guerra de Raúl, persona que es ampliamente conocida por el testigo y a quien al parecer incluso reemplazó, lo que resulta pertinente para el esclarecimiento de los hechos”, dice la carta rogatoria conocida en exclusiva por SEMANA.
La información que estaba guardando polvo en la Fiscalía da certeza de la relación que habría entre las Farc y la senadora Córdoba, por eso, el expediente con el radicado 29875 que avanza en la Corte, ha hecho reaparecer el fantasma de la Farcpolítica.
¿Mediadora?
Para la justicia es determinante establecer si las estrechas relaciones y los acercamientos de Córdoba con las Farc se dieron cuando ya contaba con el aval del Gobierno o si el vínculo se daba de tiempo atrás con una organización terrorista, como era calificada esta guerrilla, y desde la clandestinidad.“Respecto a los contactos de importancia, se encuentra el hallado con el nombre de taniamarquez53, contacto de [email protected], desde el 8 de septiembre de 2006, casi un año antes de que se diera la autorización a la senadora para que fungiera como facilitadora con las Farc. Es de anotar que por medios abiertos se indica que existieron comunicaciones entra alias Tania y alias Esperanza, operadora de radio de Raúl Reyes”, señala otro informe de la Fiscalía enviado a la Corte Suprema de Justicia.
Es tan clara la relación que advierten que la señora de nombre “Tania”, a quien califican como la operadora de radio de Iván Márquez, se “encontraba en territorio venezolano para esta época, realizando contactos a través de la senadora con el presidente Hugo Chávez a fin de lograr el acuerdo para la entrega de personas secuestradas”. En las pesquisas se ha determinado que el número 53 en el correo de Tania, obedece al frente al que pertenecía y que era dirigido por el Mono Jojoy.
Aunque la justicia señaló que el contenido de los computadores de Raúl Reyes, hallados en la operación “Fénix”, no tiene validez como prueba, en el informe hacen una salvedad que resulta determinante, y es establecer, con los correos involucrados, direcciones IP, y datos biográficos digitales, la relación entre Córdoba y las Farc, corroborando así las espinosas evidencias que se encontraron en su momento en el equipo del abatido exjefe guerrillero.
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Los audios de Piedad
SEMANA también conoció otro informe más reciente en el que están los primeros audios de conversaciones de Córdoba que fueron obtenidos por la Fiscalía y que hoy hacen parte de los miles de folios del expediente que lleva la Sala de Instrucción.Se trata de horas de grabaciones de conversaciones de 2019 en las que se habla de negocios de obra pública en Ecuador, de movidas políticas, de su hijo el exsenador Juan Luis Castro, de su hermano recién extraditado Álvaro Córdoba, de viajes, de negociaciones con bancos, y en las que hasta la congresista se muestra consciente de la posibilidad de que estuviera siendo interceptada. Así lo dice en varias ocasiones e, incluso, manifiesta a sus interlocutores que los temas es mejor tratarlos personalmente.
“Nosotros lo que necesitamos es plata huevón”, se escucha a Piedad Córdoba en uno de los audios interceptados, en el que habla con un hombre identificado como Manuel y quien sería la punta de lanza de los jugosos negocios en Ecuador.
Se refieren a obras públicas en la ciudad de Manta que ya tienen acordadas, y es tal su interés que incluso le dice a Manuel: “Si me toca ir allá a Manta, yo voy, yo no tengo ningún problema”. Se trata de la construcción y el mejoramiento de una vía a la entrada de esta ciudad, para lo cual incluso dicen que les darían un adelanto del 60 por ciento.
El negocio estaba cerrado. Córdoba así lo manifiesta: “Eso va derecho, no tiene arrugas, nosotros lo vamos a hacer ¿Qué es lo importante, ah? Me voy a sentar con ella, ella necesita que yo le hiciera un favor, ya se lo hice esta mañana; que le haga otro favor, lo hacemos esta semana, pero ten la absoluta certeza: en Ecuador se va a hacer”.
Es una danza de millones y ya conocen el método. Así lo deja claro Manuel, su interlocutor: “Yo sí le dije a ella y al alcalde, usted me dice necesitamos hacer unos pavimentos, yo le garantizo que le traigo una empresa que en Colombia ha hecho pavimentos por 20 o 30, 40 millones de dólares, eso no tiene problema”.
Durante las horas de grabación, Córdoba sospecha que tiene intervenido el teléfono, por eso cuenta que “me estaba hablando de unas cosas en Panamá, pero a mí me da mucho miedo hablar de cuentas y vainas de esas, les da por decir que yo tengo una cuenta en Panamá ficticia o cualquier [[Editado por el sistema]] de esas; mejor hablémoslo personalmente”.
Estos audios son de 2019, cuando el lío de las Farc ya no asustaba a Córdoba y se preparaba para regresar a ser candidata al Congreso, por eso de lo que habla es de negocios, plata y política.
Manifiesta preocupación por su hijo Juan Luis Castro, quien había llegado al Senado catapultado con su apoyo político, pero de quien señala no le alcanza la plata y “necesita meterse en negocios”.
En una conversación con una persona aún no identificada por las autoridades, se escucha que “le había dicho a Juan que almorzáramos contigo porque lo veo con muchas ganas de meterse en un negocio ¿me entiendes? La esposa de Juancito es muy querida, pero no quiere venir a Colombia y le está quedando muy hijue***, parece tiene una casa la hijue*** en un sitio muy costoso y además tiene un apartamentazo aquí (...) Cuando él estaba trabajando allá como médico ganaba mucho más que como senador, ayer me dijo que quería meterse contigo en algún negocio”.
Se trata de todo un arsenal de pruebas, unas que seguramente conocía cuando navegaba en aguas turbulentas por los procesos judiciales que enfrentaba por ese triángulo protagonizado por ella, las Farc y el presidente de Venezuela Hugo Chávez, el cual seguramente ya creía engavetado.
No obstante, la senadora Córdoba siempre ha manifestado que todos esos señalamientos forman parte de una persecusión política contra ella y su familia, y que siempre ha respondido ante las autoridades, e incluso ha salido ganadora.
También hay claras evidencias de los millonarios negocios con el gobierno de Venezuela y empresas a las que les ayudaba a recuperar la cartera para recibir millonarias coimas, pero ahora se ve que también los hacía en Ecuador. La justicia le respira en la nuca y tendrá que retomar una de las frases que se escucha en los audios en poder de SEMANA, sin mayor contexto. “No me deprimo yo con tanto hijue**** chicharrón”.
Fuente: semana.com
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Arauca, en medio de la guerra entre las disidencias y el ELN
Caballero Negro
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Fiscal Francisco Barbosa reacciona a portada de SEMANA sobre trampa de los narcos a la 'paz total'
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La Corte Internacional de DD.HH. condena a Colombia por "exterminio" del partido Unión Patriótica
El "plan de exterminio" del Partido Unión Patriótica (UP) fue ejecutado con violaciones a los derechos humanos de unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas, a partir de mediados de los años ochenta.
Unas 6 mil personas del partido UP fueron asesinadas en Colombia a partir de mediados de los 80
"La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, que perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros", indicó el Tribunal.
Según la sentencia, los actos cometidos por el Estado "constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, que contó con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad".
La UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985 como resultado de un proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno nacional, detalló la CIDH.
La CIDH condena a Colombia por "exterminio" del partido UP – DW – 30/01/2023
El "plan de exterminio" del Partido Unión Patriótica (UP) fue ejecutado con violaciones a los derechos humanos de unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas, a partir de mediados de los años ochenta.
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Caballero Negro
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5.508 miembros de la Fuerza Pública desaparecidos en medio del conflicto en Colombia
En este proceso participan los firmantes del Acuerdo de Paz que han aportado información clave a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por desaparecidas.Bogotá
Caracol Radio conoció en Primicia el panorama completo del universo de personas desaparecidas en medio del conflicto armado correspondientes a miembros de la Fuerza Pública, esto incluye a soldados y policías.
Esta información ha sido recopilada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas con ayuda de las organizaciones sociales y el Ministerio de Defensa que indica que el universo es de 5.508 desaparecidos miembros de la Fuerza Pública. Los cinco departamentos con más registros son: Antioquia 1.214, Meta 506, Caquetá 347, Cesar 304 y Santander con 245 desaparecidos.
https://caracol.com.co/2023/01/31/5508-miembros-de-la-fuerza-publica-desaparecidos-en-medio-del-conflicto-en-colombia/
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El descaro de Timochenko, quien llegó a ser uno de los peores criminales de Colombia, quiere que a ex-Farc los reconozcan como víctimas, “nos obligaron a una guerra”
El actual presidente del Partido Comunes aseguró que analizan hacer esta solicitud a la JEP.https://www.semana.com/politica/articulo/timochenko-buscara-que-exmiembros-de-las-farc-sean-acreditados-como-victimas-del-conflicto-nos-obligaron-a-una-guerra/202314/
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Capturan a militares por tráfico de armas del Ejército Nacional
De acuerdo con las investigaciones, los capturados, al parecer, harían parte de una red de tráfico de armas, municiones y explosivos. Los señalados son dos integrantes activos de la institución, tres militares retirados y dos particulares
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Hay que anotar que se consideran de uso privativo de la Fuerza Pública las miras infrarrojas, laséricas o de ampliación lumínica, los silenciadores y los elementos que alteren su sonido, así como cualquier tipo de armamento. (Colprensa - Diego Pineda)
El Ejército Nacional informó el martes 31 de enero que en el desarrollo de labores de Contrainteligencia Militar, se efectuó la captura por orden judicial de siete personas señaladas de los delitos de concierto para delinquir y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Las operaciones se realizaron en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, el 25 de enero, en Florencia, Cali y Bogotá. Los capturados corresponden a dos integrantes activos de la institución, tres militares retirados y dos particulares.
De acuerdo con las investigaciones, los capturados, al parecer, harían parte de una red de tráfico de armas, municiones y explosivos.
En su información, el Ejército Nacional explicó que estos resultados se obtienen desde las capacidades con las que cuenta la institución, a través de las labores de contrainteligencia institucional, “que se llevan a cabo de forma permanente, ceñidos a la política de transparencia y cero tolerancia con la corrupción”, se lee en el comunicado compartido a la opinión pública.
En otro punto del documento el Ejército Nacional expuso que: “seguirá facilitando todo el apoyo necesario a las autoridades judiciales conforme al principio constitucional de colaboración armónica, así mismo, se dará inicio a las investigaciones internas a que haya lugar”.
De acuerdo con el Código Penal, en el artículo 366 Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos:
Hay que anotar que se consideran de uso privativo de la fuerza pública las miras infrarrojas, laséricas o de ampliación lumínica, los silenciadores y los elementos que alteren su sonido, así como cualquier tipo de armamento.
Son varias las investigaciones que existen en la Fiscalía General de la Nación sobre redes de tráfico de armas dentro de las Fuerzas Armadas del país. Uno de esos casos se abrió en noviembre de 2022 cuando fueron capturados ocho integrantes de una red delictiva señalada de hurtar armas de fuego y munición de uso privativo de la Fuerza Pública.
En ese momento habló el comandante de las Fuerza Militares, el mayor general Helder Fernán Giraldo, que confirmó que al interior de la entidad también se están adelantando investigaciones.
Una investigación de El Tiempo expuso cuál sería el modus operandi de los uniformados que usarían su posición dentro de estas instituciones para lucrarse de delitos relacionados a la comercialización de armamento.
En un primer punto, el periódico señaló que el material bélico que se negocia estaría destinado a abastecer a grupos delincuenciales como el ‘Clan del Golfo’, a las disidencias de las Farc y al ELN.
Asimismo, el trabajo periodístico se refiere, puntualmente, a las labores del coronel del Óscar Alexander Amado Pinzón, capturado en 2021 tras ser acusado de traficar armamento militar que, posteriormente, terminó en manos de agrupaciones armadas al margen de la ley. El hombre quedó libre por vencimiento de términos en septiembre de 2022, luego de declararse como inocente de los hechos.
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Capturan a militares por tráfico de armas del Ejército Nacional
De acuerdo con las investigaciones, los capturados, al parecer, harían parte de una red de tráfico de armas, municiones y explosivos. Los señalados son dos integrantes activos de la institución, tres militares retirados y dos particulares
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