voluntad política" como explicación de la ausencia de una reforma seria en el sector. Entonces, ¿a qué se debe la falta de cambios significativos?
La "política de defensa" oficial implícita del gobierno de Carlos Menem podría describirse como "la búsqueda de renta".13 Requiere un poco de explicación. Existe en la Argentina una política de los partidos de capturar instituciones del estado como "botín de guerra política", con ciertos "derechos adquiridos" por parte del victorioso en la contienda electoral. Es una regla tácita, por ejemplo, que tienen derecho a colocar amigos, parientes y clientes políticos (sin criterio de méritos o idoneidad) en cualquier puesto de la administración que ellos controlan. Un "civil service" al estilo inglés no existe. Un resultado de esto es que en los 19 años de gobierno democrático muy pocos civiles con conocimientos de defensa han trabajado en el ámbito oficial de defensa. Quizás el mejor ejemplo es que de los 13 Ministros de Defensa desde 1983 ninguno (ni el actual) ha tenido experiencia previa antes de entrar en el ministerio. La causa fundamental de la falta de civiles en los sucesivos gobiernos no ha sido la falta de oferta de talento, sino la falta de demanda por parte de los políticos encargados del área, quienes tenían otras metas que poco tenían que ver con la elaboración de una coherente política de defensa. Con escasas excepciones los cargos se han llenado con allegados políticos sin preocupación por su idoneidad.14 Esta fue la situación durante el gobierno de Carlos Menem. El gobierno (que asumió el 10 de diciembre de 1999) siguió aproximadamente en la misma línea.
En esta situación operante en el área de defensa algunas personas (anónimas) en altas esferas del aparato de defensa que he entrevistado me hablaron de un contexto en el cual la corrupción no era ajena. Indicaron que se lucraba con casi todo lo que estuviera a mano: no sólo cargos en el Ministerio, sino también ascensos, fábricas, compras, ventas, privatizaciones, importaciones, exportaciones. Casi todo era moneda de cambio. La persona que no estuviera bien integrada en "la interna", o aquel que criticara, era expulsado. En esa situación, por ejemplo, la construcción por la Fuerza Aérea de la pista de Anillaco15 era posible, como también la venta de armas a Ecuador y Croacia, en forma ilegal en ambos casos. Nadie levantaba la voz en contra de la legalidad de los
procedimientos.16 Si bien la política de defensa oficial explícita era (y es) la defensa del territorio nacional, junto con otras misiones como la de contribuir a misiones de mantenimiento de paz con Fuerzas de Paz, y ayudar en momentos de desastres, la política implícita era lucrar con el ministerio y no hacer cambios significativos en las instituciones armadas. Aun el actual gobierno se limita a "administrar" el status quo; no "conduce”.
Un segundo aspecto de las políticas en el área de defensa comenzó a aparecer durante la presidencia de Carlos Menem, pero continua hoy en día. Se refiere a la naturaleza de las relaciones con Estados Unidos. En el gobierno menemista éstas fueron descritas por el Ministro de Relaciones Exteriores como de "relaciones carnales." Argentina cambió su antigua política de distanciamiento de Estados Unidos por una de casi estricto alineamiento. Le ha traído varios beneficios en el área de defensa (v.g., equipos militares), pero también la ha sometido a presiones casi imparables para inmiscuir a los militares en la lucha interna contra el narcotráfico (la cuál violaría la Ley de Defensa). El gobierno de De la Rúa (y el actual gobierno) si bien dijo haber disminuido el nivel de adhesión a la voluntad norteamericana, hasta hoy sigue la misma línea, corriendo así el riesgo de distanciarse de los países vecinos que matizan más sus relaciones con Estados Unidos.
Un tercer aspecto de la política de defensa argentina es el enfoque implícito característico de los sectores considerados "progresistas" de la dirigencia política. Su postura puede caracterizarse como de "benign neglect" (la negligencia benigna), es decir, no se ocupan del problema, evidentemente con la expectativa de que así el problema de defensa o mejorará o desaparecerá. Esta posición nos fue expresada claramente por un (en ese momento) futuro candidato presidencial del FREPASO. "Ese tema (defensa) no me interesa." Muchos ciudadanos argentinos siguen pensando de esa forma. No se entiende que los problemas no van a desaparecer por arte de magia. Argentina precisa una reforma militar, y la transparencia del gasto militar ayudaría a llevar a los ciudadanos a esa conclusión.
Un cuarto aspecto de la política de defensa es el mantenimiento del status quo por parte de la dirigencia política civil y los altos jefes militares. En parte esta política está basada en la ignorancia de los cambios necesarios y cómo llevarlos a cabo, y en parte se debe a un deseo de sobrellevar una mala situación maximizando la obtención de beneficios corporativos. Usando la misma definición en ambos países, el gasto militar en Argentina en 1999 fue 4.143 millones de dólares (ver Cuadro 3), mientras el de Chile fue 2.120 millones de dólares, casi la mitad.17 Debería subrayarse aquí que la notoria diferencia no se debe a un nivel más elevado de salarios militares en Argentina, dado que, al contrario, estos son más elevados en Chile. Tampoco se puede explicar por un
mayor número de oficiales y suboficiales en Argentina (ya que en 1997 entre las tres fuerzas sumaban sólo 53.686 versus 57.320 en Chile).18
No, Argentina gasta más (y sin llegar al nivel de operatividad chilena) porque gasta mal. Por ejemplo, en 1998 Chile gastó 585 millones de dólares en retiros militares.19 Ese mismo año Argentina gastó 1.184 millones de dólares, más que el doble. Valdría la pena estudiar el porqué de esta última diferencia. Examinando la estructura de los cuadros activos, uno llega a sospechar por qué. En 1999 el Ejército Argentino tenía 34 generales, de los cuales 24 eran generales de brigada (el Ejército tiene sólo 11 brigadas), y tenía siete generales de división (el Ejército no tiene ninguna división). Comparando altos oficiales (a nivel de coronel o general) en las tres fuerzas con sus pares en las fuerzas norteamericanas se encuentra que, por cada 1.000 oficiales, Argentina tiene 2,5 veces el número de generales que las Fuerzas Armadas Estadounidenses y un cuarto más de coroneles (ver Cuadro 2). 20 Esto ocurre a pesar de que existe mayor número de puestos de mando en las Fuerzas Armadas Estadounidenses (es decir por ejemplo, ellos tienen divisiones y cuerpos de ejército, mientras Argentina no los tiene). Además, las Fuerzas Armadas Argentinas tienen 3,55 oficiales y suboficiales por cada tropa, mientras las fuerzas estadounidenses tienen 0,19. Argentina está "top heavy", tiene demasiado altos oficiales y suboficiales para el tamaño de sus fuerzas.21 Esto significa que hay demasiados uniformados cobrando en actividad y pasividad, una clara indicación de la necesidad de una reforma militar, y una clara señal de que la corporación militar está aprovechándose del fisco. Sin embargo, las autoridades civiles no toman las decisiones necesarias, aun frente al aumento significativo en el costo de defensa y las implicaciones negativas para la capacidad operativa.
fuente:http://www.ndu.edu/chds/Journal/PDF/Scheetz-Thomas.pdf
La "política de defensa" oficial implícita del gobierno de Carlos Menem podría describirse como "la búsqueda de renta".13 Requiere un poco de explicación. Existe en la Argentina una política de los partidos de capturar instituciones del estado como "botín de guerra política", con ciertos "derechos adquiridos" por parte del victorioso en la contienda electoral. Es una regla tácita, por ejemplo, que tienen derecho a colocar amigos, parientes y clientes políticos (sin criterio de méritos o idoneidad) en cualquier puesto de la administración que ellos controlan. Un "civil service" al estilo inglés no existe. Un resultado de esto es que en los 19 años de gobierno democrático muy pocos civiles con conocimientos de defensa han trabajado en el ámbito oficial de defensa. Quizás el mejor ejemplo es que de los 13 Ministros de Defensa desde 1983 ninguno (ni el actual) ha tenido experiencia previa antes de entrar en el ministerio. La causa fundamental de la falta de civiles en los sucesivos gobiernos no ha sido la falta de oferta de talento, sino la falta de demanda por parte de los políticos encargados del área, quienes tenían otras metas que poco tenían que ver con la elaboración de una coherente política de defensa. Con escasas excepciones los cargos se han llenado con allegados políticos sin preocupación por su idoneidad.14 Esta fue la situación durante el gobierno de Carlos Menem. El gobierno (que asumió el 10 de diciembre de 1999) siguió aproximadamente en la misma línea.
En esta situación operante en el área de defensa algunas personas (anónimas) en altas esferas del aparato de defensa que he entrevistado me hablaron de un contexto en el cual la corrupción no era ajena. Indicaron que se lucraba con casi todo lo que estuviera a mano: no sólo cargos en el Ministerio, sino también ascensos, fábricas, compras, ventas, privatizaciones, importaciones, exportaciones. Casi todo era moneda de cambio. La persona que no estuviera bien integrada en "la interna", o aquel que criticara, era expulsado. En esa situación, por ejemplo, la construcción por la Fuerza Aérea de la pista de Anillaco15 era posible, como también la venta de armas a Ecuador y Croacia, en forma ilegal en ambos casos. Nadie levantaba la voz en contra de la legalidad de los
procedimientos.16 Si bien la política de defensa oficial explícita era (y es) la defensa del territorio nacional, junto con otras misiones como la de contribuir a misiones de mantenimiento de paz con Fuerzas de Paz, y ayudar en momentos de desastres, la política implícita era lucrar con el ministerio y no hacer cambios significativos en las instituciones armadas. Aun el actual gobierno se limita a "administrar" el status quo; no "conduce”.
Un segundo aspecto de las políticas en el área de defensa comenzó a aparecer durante la presidencia de Carlos Menem, pero continua hoy en día. Se refiere a la naturaleza de las relaciones con Estados Unidos. En el gobierno menemista éstas fueron descritas por el Ministro de Relaciones Exteriores como de "relaciones carnales." Argentina cambió su antigua política de distanciamiento de Estados Unidos por una de casi estricto alineamiento. Le ha traído varios beneficios en el área de defensa (v.g., equipos militares), pero también la ha sometido a presiones casi imparables para inmiscuir a los militares en la lucha interna contra el narcotráfico (la cuál violaría la Ley de Defensa). El gobierno de De la Rúa (y el actual gobierno) si bien dijo haber disminuido el nivel de adhesión a la voluntad norteamericana, hasta hoy sigue la misma línea, corriendo así el riesgo de distanciarse de los países vecinos que matizan más sus relaciones con Estados Unidos.
Un tercer aspecto de la política de defensa argentina es el enfoque implícito característico de los sectores considerados "progresistas" de la dirigencia política. Su postura puede caracterizarse como de "benign neglect" (la negligencia benigna), es decir, no se ocupan del problema, evidentemente con la expectativa de que así el problema de defensa o mejorará o desaparecerá. Esta posición nos fue expresada claramente por un (en ese momento) futuro candidato presidencial del FREPASO. "Ese tema (defensa) no me interesa." Muchos ciudadanos argentinos siguen pensando de esa forma. No se entiende que los problemas no van a desaparecer por arte de magia. Argentina precisa una reforma militar, y la transparencia del gasto militar ayudaría a llevar a los ciudadanos a esa conclusión.
Un cuarto aspecto de la política de defensa es el mantenimiento del status quo por parte de la dirigencia política civil y los altos jefes militares. En parte esta política está basada en la ignorancia de los cambios necesarios y cómo llevarlos a cabo, y en parte se debe a un deseo de sobrellevar una mala situación maximizando la obtención de beneficios corporativos. Usando la misma definición en ambos países, el gasto militar en Argentina en 1999 fue 4.143 millones de dólares (ver Cuadro 3), mientras el de Chile fue 2.120 millones de dólares, casi la mitad.17 Debería subrayarse aquí que la notoria diferencia no se debe a un nivel más elevado de salarios militares en Argentina, dado que, al contrario, estos son más elevados en Chile. Tampoco se puede explicar por un
mayor número de oficiales y suboficiales en Argentina (ya que en 1997 entre las tres fuerzas sumaban sólo 53.686 versus 57.320 en Chile).18
No, Argentina gasta más (y sin llegar al nivel de operatividad chilena) porque gasta mal. Por ejemplo, en 1998 Chile gastó 585 millones de dólares en retiros militares.19 Ese mismo año Argentina gastó 1.184 millones de dólares, más que el doble. Valdría la pena estudiar el porqué de esta última diferencia. Examinando la estructura de los cuadros activos, uno llega a sospechar por qué. En 1999 el Ejército Argentino tenía 34 generales, de los cuales 24 eran generales de brigada (el Ejército tiene sólo 11 brigadas), y tenía siete generales de división (el Ejército no tiene ninguna división). Comparando altos oficiales (a nivel de coronel o general) en las tres fuerzas con sus pares en las fuerzas norteamericanas se encuentra que, por cada 1.000 oficiales, Argentina tiene 2,5 veces el número de generales que las Fuerzas Armadas Estadounidenses y un cuarto más de coroneles (ver Cuadro 2). 20 Esto ocurre a pesar de que existe mayor número de puestos de mando en las Fuerzas Armadas Estadounidenses (es decir por ejemplo, ellos tienen divisiones y cuerpos de ejército, mientras Argentina no los tiene). Además, las Fuerzas Armadas Argentinas tienen 3,55 oficiales y suboficiales por cada tropa, mientras las fuerzas estadounidenses tienen 0,19. Argentina está "top heavy", tiene demasiado altos oficiales y suboficiales para el tamaño de sus fuerzas.21 Esto significa que hay demasiados uniformados cobrando en actividad y pasividad, una clara indicación de la necesidad de una reforma militar, y una clara señal de que la corporación militar está aprovechándose del fisco. Sin embargo, las autoridades civiles no toman las decisiones necesarias, aun frente al aumento significativo en el costo de defensa y las implicaciones negativas para la capacidad operativa.
fuente:http://www.ndu.edu/chds/Journal/PDF/Scheetz-Thomas.pdf
