El Estado está dispuesto a vender su parte en Pluna
El titular del MTOP, Enrique Pintado, dijo que se evaluará la oferta del socio privado
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La empresa aérea registró un récord de pasajer
El gobierno está dispuesto a considerar una eventual venta al socio mayoritario privado de la participación estatal en Pluna, siempre que se trate de una oferta que respete “el valor real” de las acciones con un pago “al contado”, y que incluya una fórmula que deslinde la responsabilidad sobre la garantía por la compra de aviones, dijo el miércoles a El Observador el ministro de Transporte, Enrique Pintado.
Desde la contraparte privada, voceros de Sociedad Aeronáutica Oriental –propietaria del 75% del paquete accionario de Pluna– confirmaron a El Observador el interés en realizar una oferta concreta por la parte minoritaria, siempre que se demuestre la voluntad política desde el gobierno en realizar las modificaciones legales que se requieren.
Además, fijaron en US$ 15 millones el piso de referencia para determinar el valor de las acciones estatales, derivado del pago que realizó el año pasado la aerolínea canadiense Jazz Airlines para incorporarse a la sociedad.
Pintado, dijo a Búsqueda que la propuesta elevada por la Sociedad Aeronáutica Oriental (SAO) no fue “de recibo”, porque no incluía un pago en efectivo para el Estado por su 25% en la compañía.
SAO envió en marzo una carta al ministro de Transporte, Enrique Pintado, y al por entonces subsecretario de Economía, Pedro Buonomo, oficializando su intención de adquirir la totalidad de las acciones de la compañía que aún no controla.
La propuesta incluía un diseño financiero que mantenía la garantía del Estado sobre la compra de las primeras siete aeronaves Bombardier CRJ900 NextGen.
“Le respondimos que no era de recibo la propuesta. (...) No salíamos de las garantías de las aeronaves por las cuales, por suerte, ya se está pagando y estamos en menor proporción, y se nos ofrecía una ingeniería con la cual no recibíamos al contado ningún dinero”, declaró Pintado. “Esto es una cuestión económica, no ideológica ni estratégica. Si hubiéramos tenido una propuesta contante y sonante de dinero, bueno, la hubiera evaluado con el presidente de la República”, agregó al semanario.
Desde SAO informaron a El Observador que aguardarán a tener una respuesta oficial –que todavía no recibieron– para diseñar una fórmula de compra que conforme a los involucrados. “Si hay voluntad política de vender, el tema de las garantías se puede solucionar”, dijeron.
Además, por ley el Estado no puede mantener una posición en Pluna inferior a 20%. Si se decide la venta, deberá buscarse el acuerdo político para cambiar la normativa.
En cuanto al valor de las acciones del Estado, “la única referencia” cercana en el tiempo fue la operación de capitalización realizada el año pasado, cuando se produjo el ingreso a la sociedad de la canadiense Jazz Airlines, señaló un vocero de la firma. En abril de 2010 Pluna recibió una inyección de fondos de US$ 5 millones por parte del Estado y
US$ 15 millones del socio privado.
La contraparte privada fue aportada por Jazz, que de esta forma se hizo con el control de un tercio de la sociedad que posee el 75% de las acciones de Pluna, lo que dejó en los hechos a la aerolínea canadiense con una participación equivalente a la del Estado en Pluna.
Para los representantes de SAO también existen fórmulas para destrabar la situación y llegar a un acuerdo con la garantía.
“El tema sería parte de la negociación. El socio privado puede sugerir y facilitar alternativas, pero las garantías son del Estado uruguayo a un banco canadiense”, agregó la fuente vinculada a SAO.
Una alternativa es que Pluna Ente Autónomo (EA), la empresa que controla la participación estatal en la aerolínea, “pase a ser el dueño de los aviones, y se los arriende a Pluna SA a largo plazo”. El socio privado argumenta que hoy el valor de mercado de los aviones es mayor al del crédito garantizado, teniendo en cuenta la depreciación del dólar respecto al momento de compra y las amortizaciones realizadas.
Así como Pluna EA es responsable de los servicios de rampa en el aeropuerto de Punta del Este, puede sumar “como negocio” el arrendamiento de aviones a largo plazo. “Si el negocio no funciona, vende los aviones y cobra el dinero”, señalan desde el socio privado.
El Estado es garante de un crédito por US$ 177 millones concedido por el Scotiabank de Canadá para la compra inicial de siete aeronaves CRJ 900 NextGen, que terminaron de recibirse en diciembre de 2009. Posteriormente Pluna adquirió seis aeronaves más del mismo modelo. La última arribará al país en diciembre de este año. Esta última compra se realizó sin garantía del Estado uruguayo.
Pluna registró pérdidas cercanas a US$ 10,5 millones en el ejercicio 2010-2011 cerrado en junio, con un resultado operativo que se situó en terreno positivo, según supo El Observador. Con ese balance, la empresa acumula la cuarta reducción consecutiva de las pérdidas desde que asumió la nueva administración a mediados de 2007. En los ejercicios anteriores, el rojo en el resultado neto de la empresa había sido de US$ 25,7 millones (2007-08);
US$ 22,6 millones (2008-09) y US$ 17,6 millones (2009-10).
el observador
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Socio privado ofreció al Estado comprar sus acciones en Pluna
El gobierno desestimó vender la parte pública y considera estratégica su participación
El accionista privado mayoritario de Pluna envió en marzo de este año una oferta de compra por el 25% de las acciones de la aerolínea que componen la participación estatal en la empresa, como forma de hacerse con el control total de la compañía, informaron a El Observador fuentes oficiales.
La carta, firmada por la Sociedad Aeronáutica Oriental (SAO) –que integran el grupo LeadGate y la aerolínea canadiense Jazz– fue entregada a mediados de marzo al ministro de Transporte, Enrique Pintado y al entonces subsecretario de Economía, Pedro Buonomo, que fue uno de los jerarcas estatales que también participó en el proceso de reprivatización de Pluna en 2007, cuando se desempeñaba en la Asesoría Macroeconómica del MEF.
La propuesta diseñada por el socio privado que controla 75% de la compañía y está a cargo de su gestión, incluyó conversaciones sobre un plan financiero para que el Estado mantenga el respaldo sobre la garantía que extendió por la compra de la primera partida de siete aviones Bombardier CRJ-900, que en su momento costaron US$ 178 millones, según pudo confirmar El Observador.
La operación aportaría mayor flexibilidad para el accionista mayoritario en la gestión de la empresa, debido a que en más de una oportunidad se han registrado enfrentamientos con la representación estatal en decisiones de naturaleza ejecutiva.
Si bien no se manejaron cifras concretas, la incorporación a la sociedad de la aerolínea canadiense Jazz Airlines, que compró una participación equivalente a 25% del capital accionario de Pluna por US$ 15 millones, valuó a la aerolínea en US$ 60 millones. En la actualidad, el Estado debe mantener por ley una porción minoritaria no inferior a 20% en la compañía, por lo que una operación de este tipo requeriría cambiar la normativa.
Negativa.
En una primera instancia, el gobierno “desestimó” la propuesta de los socios privados, informaron fuentes gubernamentales.
La oferta llegó en momentos donde la contraparte estatal discute la necesidad de una eventual capitalización de la aerolínea, que el año pasado registró pérdidas por US$ 17 millones, aunque desde la parte privada se afirma que el resultado operativo positivo hace innecesaria una nueva inyección de fondos.
Más allá de los números de la empresa “el Estado quiere continuar teniendo participación en un negocio que puede aportar a la economía y al desarrollo del turismo”, señalaron desde el gobierno.
Otro aspecto que llevó a desestimar la propuesta del accionista privado es que el Estado “es garantía” de los aviones Bombardier adquiridos por Pluna.
Consultado sobre este punto, un experto en estructuración de negocios que ha asesorado al Estado y a empresas privadas –y que prefirió mantener su nombre en reserva–, señaló que existen alternativas para que se produzca una desvinculación del Estado de la compañía aérea sin que se vea afectada su garantía sobre los aviones.
Una opción sería separar la transacción en dos partes. Por un lado, se desvincula la propiedad de los aviones y de la deuda generada por su compra de la aerolínea Pluna, y se transfiere a un fideicomiso que mantendría la participación societaria en las mismas condiciones. De esta forma, Pluna sería propietaria de la marca y de las operaciones de la aerolínea, y el socio privado compraría la participación en esa compañía al Estado, explicó el experto.
Bajo esa hipótesis, el Estado mantendría su participación en el fideicomiso, y por tanto, la propiedad de las aeronaves y de deuda garantizada. Pluna suscribiría un contrato de arrendamiento con la firma titular de las aeronaves durante el tiempo que dure el repago de los aviones. Eso garantizaría el flujo de fondos para la cancelación de intereses y las amortizaciones de capital, y el Estado mantendría su participación en la propiedad de las aeronaves en caso de ser necesaria la ejecución de la garantía.
El Observador intentó confirmar la información con voceros de Sociedad Aeronáutica Oriental, accionista mayoritario de Pluna, pero desde la compañía declinaron realizar declaraciones sobre este tema.
No obstante, informaron que la firma maneja en un horizonte de “dos a tres años” concretar una apertura del capital en la Bolsa de Valores y en un segundo mercado, que podría ser Chile. Además, Pluna está estudiando la posibilidad de concretar una emisión de deuda en Argentina, entre “varias herramientas posibles” para captar financiamiento, que dependerá de las condiciones de los mercados internacionales.
La compañía recibirá antes de fin de año tres nuevos aviones CRJ-900 NextGen con lo que elevará su flota a 13 unidades. La aerolínea proyecta sumar tres nuevas rutas a Chile (Antofagasta, Puerto Montt y Concepción); una a Campo Grande en Brasil, y está pendiente de la habilitación para volar a Bariloche y Mendoza en Argentina. Hoy vuela a nueve destinos en Brasil, dos en Argentina, y uno en Chile y Paraguay.
el observador
