TEMA DEL DOMINGO: EL ESTADO SECRETO
El Gobierno elevó los fondos reservados en $ 22 millones
Se decidió por decreto el 24 de agosto, pero la información no se hizo pública. Beneficia a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Dicen que es para sueldos. Pero el control de esos fondos está paralizado.
De forma reservada y por decreto, el gobierno de Néstor Kirchner decidió aumentar los gastos reservados en más de 22 millones de pesos. La medida beneficia, en teoría, a las áreas de Inteligencia de las tres Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Seguridad Interior.
El aumento de estos fondos se dispuso en el decreto de necesidad y urgencia 1108/07, publicado el viernes 24 de agosto en el Boletín Oficial, aunque la información estaba consignada en un anexo que no se hizo público. Se destinaron 7.710.000 pesos al área de inteligencia del Ejército, otros 7.500.000 a la Fuerza Aérea, otros 6.300.000 a la Armada y 746 mil pesos a la Dirección de Inteligencia Criminal, un organismo cuya misión es la confección de mapas del delito.
Con estas modificaciones, los fondos reservados del Gobierno aumentaron a $ 488 millones, incluyendo la plata que administran la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y las direcciones de Inteligencia de las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. La rendición de estos fondos, a diferencia del resto del Presupuesto nacional, sólo se presenta ante la Contaduría de la Nación con una planilla en la que el responsable de cada área indica cuánta plata gastó, sin ningún respaldo. Ni siquiera es accesible para los jueces, salvo un permiso especial del Presidente de la Nación. Así lo establece la Ley de Inteligencia, que prevé como único contralor a una Comisión del Congreso, creada para ese fin. Pe ro esa Comisión está paralizada desde hace por lo menos 9 meses. Y ni siquiera fue advertida del aumento en esta área sensible y a pocas semanas de las elecciones presidenciales (ver Una Comisión).
Ante la consulta de Clarín, el Ministerio de Defensa admitió el aumento de sus fondos y negó cualquier uso discrecional. Dieron una explicación: que la plata será destinada a sueldos del personal de Inteligencia. Según las fuentes, ese personal quedó afuera de un aumento del 16 por ciento que se les había dado a los militares en julio pasado.
Esta es la segunda vez en el último año que el Gobierno aumenta los fondos reservados, pero la primera que lo hace sin autorización del Congreso. En diciembre pasado, con el argumento de que se les debía un aumento a los agentes de la SIDE, el Gobierno había elevado la caja de la Secretaría en algo más de 30 millones de pesos. Sólo que aquella vez había enviado la consulta al Congreso y el aumento fue aprobado por la Comisión de Inteligencia. ¿Por qué ahora se hizo sin consulta?
El DNU 1108/07, donde se dispuso este aumento, fue un decreto muy importante para la gestión oficial del año y también, por cierto, extenso y complejo. Allí se dispuso un aumento de los gastos generales del Gobierno en cerca de 14.000 millones de pesos, lo que representa un 12% del total de gastos.
La mayor parte de los fondos reasignados, provenientes de la recaudación impositiva -mayor a la prevista-, se derivaron al Ministerio de Planificación, al pago de intereses de la deuda externa y a subsidios al sector energético y de transporte. En el camino, el aumento de los fondos reservados pasó inadvertido para todos los legisladores, incluso para los de la oposición, que el lunes 10 de setiembre dejaron pasar los 10 días hábiles previstos para objetar un DNU.
En uno de los últimos párrafos, el decreto reconocía que "quedan reservadas al Congreso las decisiones que afecten el monto del Presupuesto, el monto del endeudamiento y el incremento de las partidas que se refieren a gastos reservados". Esa fue la única mención a la modificación de estos fondos. Y se justificaba: "La naturaleza excepcional de la situación hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución".
La mención de los fondos reservados no estaba respaldada en el resto del DNU y tampoco en la planilla anexa que lo acompañaba. Sin embargo, una semana después la Oficina Nacional de Presupuesto reacomodó los gastos previstos para cada sector del Gobierno y allí Clarín detectó que los fondos reservados se habían elevado. En definitiva, sólo una lectura detallada de la ejecución presupuestaria permitía advertir el aumento.
¿Para qué sirven estos fondos y por qué son secretos? En diciembre de 2001, en plena crisis, el Congreso aprobó la Ley de Inteligencia nacional, con la intención de regular las actividades de Inteligencia. Allí se estableció que sólo la SIDE, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la Secretaría del Interior iban a tener fondos reservados, destinados al pago de sueldos de su personal de inteligencia y gastos operativos y de mantenimiento, que debían permanecer reservados porque su divulgación, se dijo, podía afectar tareas dedicadas a la seguridad nacional. También se fijaron las pautas sobre hacia dónde debe apuntar la inteligencia. En el caso de las Fuerzas Armadas, deben limitarse a tareas de inteligencia militar estratégica, esto es, al conocimiento de los riesgos potenciales de guerra con otros Estados. La ministra de Defensa, Nilda Garré, tomó en el último tiempo una serie de medidas para reforzar esa idea, después de que se detectó un caso de espionaje interno en la ciudad de Trelew (ver recuadro).
Para el 2007, el Congreso le había asignado al Ejército un presupuesto para tareas de inteligencia de 54.620.000 pesos; ahora tiene 62.330.000 pesos. La Arma da contaba con fondos reservados por 17.812.000 pesos; ahora tiene 25.312.000 pesos. Y la Fuerza Aérea, que tenía un presupuesto de 22.049.000 pesos, ya tiene 28.349.000.
En el caso de la Secretaría de Seguridad, cuenta con una Dirección de Inteligencia Criminal cuya misión es la confección de mapas del delito, tarea para la cual se incorporaron unos 40 oficiales de Inteligencia. Esa Dirección tenía un presupuesto de 16.751.000 pesos. Se le aumentó a 17.497.000.
Hace no mucho, fondos reservados han sido usados para pagar sobresueldos a funcionarios -durante el gobierno de Carlos Menem-, para el soborno en casos de gran impacto mediático -como la investigación del atentado a la AMIA- y se investiga si fondos de la SIDE fueron a parar a la valija de Mario Pontaquarto en el pago de coimas al Senado, en 2001. Claro, todo eso fue antes.
TEMA DEL DOMINGO: LA BICAMERAL QUE DEBE CONTROLAR A LOS SERVICIOS SECRETOS
Una comisión paralizada y amante de la intriga
Hace 9 meses adeuda un informe sobre su trabajo. La investigan por facturación trucha.
Hablo con la Comisión de Inteligencia?
-Sí.
-Quería saber cuándo se reunió la Comisión por última vez.
-No le puedo dar esa información.
-¿Por qué?
-Porque es información reservada.
-Sólo queríamos saber si se habían reunido alguna vez.
-Es información reservada.
-¿Con quién hablo?
-Eso también es reservado. 
La extrema discreción que demuestra el diálogo de Clarín con "alguien" de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, corresponde al único lugar previsto para controlar a los servicios secretos y sus fondos reservados. La Comisión gasta 3,6 millones de pesos al año y es menos contundente que reservada a la hora de los resultados: está siendo investigada por la Justicia por el uso de facturas truchas y lleva 9 meses demorando un informe que debió presentar al Congreso a fin del año pasado, sobre su labor durante el 2006.
Ese informe es nada menos que el balance de la gestión de la Comisión y la aprobación de lo que hicieron los organismos del sistema de Inteligencia. El rol de la Comisión es controlar que los fondos secretos sean usados para su fin, pero además debe monitorear que los servicios de inteligencia no actúen de forma ilícita -haciendo espionaje político, por ejemplo- y, en el caso de la SIDE, comprobar que sus intervenciones telefónicas tengan su correspondiente autorización judicial. Parece mucho y lo es.
La Comisión de Inteligencia empezó a funcionar en 2004 y desde hace dos años está a cargo de la diputada de Tucumán Stella Maris Córdoba, una mujer de muy buena relación con la senadora Cristina Kirchner. El signo político de la Comisión es casi exclusivamente kirchnerista, a excepción del diputado Oscar Rodríguez, un duhaldista histórico que fue vicejefe de la SIDE en 2002, y dos radicales -Alicia Mastandrea y Alberto Beccani- que, al ser consultados por Clarín, prefirieron no hablar.
En el Congreso se refieren a la Comisión de Inteligencia casi como si fuera de otro poder del Estado. "Ellos rinden cuentas en otro lado", dijo a Clarín un senador oficialista, en obvia referencia a la Casa Rosada. En las presidencias del Senado y de Diputados, donde deberían haber recibido el informe anual de la Comisión, ni siquiera saben si ese informe será presentado alguna vez y tampoco lo reclaman.
Fuentes de la Comisión aseguraron a Clarín que en el último año, los siete senadores y diputados que la integran se reunieron "unas 12 veces". La última fue hace tres meses, cuando se conoció una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios (Ufitco), que investiga a la Comisión por haber usado para su rendición de gastos tres facturas apócrifas, en una maniobra similar a la del caso Skanska. Al parecer, esas facturas son del 2004, cuando presidía la Comisión el diputado Mario Daniele, también del PJ.
La Comisión de Inteligencia es una de las más costosas del Congreso y recibe los fondos por asignación directa del Poder Ejecutivo, al que debe controlar. De los 3,6 millones que recibe, declara que 2,2 millones se insumen en contratos de especialistas y 735 mil pesos en viáticos.
A diferencia del resto de las Comisiones, la de Inteligencia no revela los nombres de sus contratados, en teoría para su protección personal. Uno de ellos trascendió: la Comisión contrató al CIPPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad, una ONG que suele reclamar políticas de transparencia en el Estado. El CIPPEC se ocupó de crear una página Web para la Comisión y de "tejer redes de contactos" en el exterior, según dijeron en el Congreso. La página Web lleva más de un año paralizada y el último evento que promociona es un encuentro sobre Tráfico de Personas, asunto que interesa a la diputada Stella Maris Córdoba, pero que nada tiene que ver con el control de los servicios secretos.
Desde la Comisión defienden su rol de control, aunque admiten las limitaciones. Sostienen que este año algunos de sus asesores viajaron a Estados Unidos para interiorizarse del funcionamiento de la Comisión de Inteligencia de ese país, que fue la inspiradora de la versión argentina. Que se hacen inspecciones sorpresivas en el edificio donde la SIDE hace escuchas telefónicas -esto recién desde fines del 2005- y que suele tener entrevistas con los responsables de los organismos de inteligencia. La última entrevista fue el 9 de agosto pasado, con dos funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad. "Puede que no sea mucho, pero es mejor que nada", dicen, en voz baja, y alimentan el misterio.
Seguro, seguro, que la tarazca va para la campaña, y mientras estos imbéciles boludean, ya debemos tener adentro unos cuantos agentes iranies esperando la orden en caso de ataque de eeuu... ¿que no...?
El Gobierno elevó los fondos reservados en $ 22 millones
Se decidió por decreto el 24 de agosto, pero la información no se hizo pública. Beneficia a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Dicen que es para sueldos. Pero el control de esos fondos está paralizado.
De forma reservada y por decreto, el gobierno de Néstor Kirchner decidió aumentar los gastos reservados en más de 22 millones de pesos. La medida beneficia, en teoría, a las áreas de Inteligencia de las tres Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Seguridad Interior.
El aumento de estos fondos se dispuso en el decreto de necesidad y urgencia 1108/07, publicado el viernes 24 de agosto en el Boletín Oficial, aunque la información estaba consignada en un anexo que no se hizo público. Se destinaron 7.710.000 pesos al área de inteligencia del Ejército, otros 7.500.000 a la Fuerza Aérea, otros 6.300.000 a la Armada y 746 mil pesos a la Dirección de Inteligencia Criminal, un organismo cuya misión es la confección de mapas del delito.
Con estas modificaciones, los fondos reservados del Gobierno aumentaron a $ 488 millones, incluyendo la plata que administran la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y las direcciones de Inteligencia de las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. La rendición de estos fondos, a diferencia del resto del Presupuesto nacional, sólo se presenta ante la Contaduría de la Nación con una planilla en la que el responsable de cada área indica cuánta plata gastó, sin ningún respaldo. Ni siquiera es accesible para los jueces, salvo un permiso especial del Presidente de la Nación. Así lo establece la Ley de Inteligencia, que prevé como único contralor a una Comisión del Congreso, creada para ese fin. Pe ro esa Comisión está paralizada desde hace por lo menos 9 meses. Y ni siquiera fue advertida del aumento en esta área sensible y a pocas semanas de las elecciones presidenciales (ver Una Comisión).
Ante la consulta de Clarín, el Ministerio de Defensa admitió el aumento de sus fondos y negó cualquier uso discrecional. Dieron una explicación: que la plata será destinada a sueldos del personal de Inteligencia. Según las fuentes, ese personal quedó afuera de un aumento del 16 por ciento que se les había dado a los militares en julio pasado.
Esta es la segunda vez en el último año que el Gobierno aumenta los fondos reservados, pero la primera que lo hace sin autorización del Congreso. En diciembre pasado, con el argumento de que se les debía un aumento a los agentes de la SIDE, el Gobierno había elevado la caja de la Secretaría en algo más de 30 millones de pesos. Sólo que aquella vez había enviado la consulta al Congreso y el aumento fue aprobado por la Comisión de Inteligencia. ¿Por qué ahora se hizo sin consulta?
El DNU 1108/07, donde se dispuso este aumento, fue un decreto muy importante para la gestión oficial del año y también, por cierto, extenso y complejo. Allí se dispuso un aumento de los gastos generales del Gobierno en cerca de 14.000 millones de pesos, lo que representa un 12% del total de gastos.
La mayor parte de los fondos reasignados, provenientes de la recaudación impositiva -mayor a la prevista-, se derivaron al Ministerio de Planificación, al pago de intereses de la deuda externa y a subsidios al sector energético y de transporte. En el camino, el aumento de los fondos reservados pasó inadvertido para todos los legisladores, incluso para los de la oposición, que el lunes 10 de setiembre dejaron pasar los 10 días hábiles previstos para objetar un DNU.
En uno de los últimos párrafos, el decreto reconocía que "quedan reservadas al Congreso las decisiones que afecten el monto del Presupuesto, el monto del endeudamiento y el incremento de las partidas que se refieren a gastos reservados". Esa fue la única mención a la modificación de estos fondos. Y se justificaba: "La naturaleza excepcional de la situación hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución".
La mención de los fondos reservados no estaba respaldada en el resto del DNU y tampoco en la planilla anexa que lo acompañaba. Sin embargo, una semana después la Oficina Nacional de Presupuesto reacomodó los gastos previstos para cada sector del Gobierno y allí Clarín detectó que los fondos reservados se habían elevado. En definitiva, sólo una lectura detallada de la ejecución presupuestaria permitía advertir el aumento.
¿Para qué sirven estos fondos y por qué son secretos? En diciembre de 2001, en plena crisis, el Congreso aprobó la Ley de Inteligencia nacional, con la intención de regular las actividades de Inteligencia. Allí se estableció que sólo la SIDE, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la Secretaría del Interior iban a tener fondos reservados, destinados al pago de sueldos de su personal de inteligencia y gastos operativos y de mantenimiento, que debían permanecer reservados porque su divulgación, se dijo, podía afectar tareas dedicadas a la seguridad nacional. También se fijaron las pautas sobre hacia dónde debe apuntar la inteligencia. En el caso de las Fuerzas Armadas, deben limitarse a tareas de inteligencia militar estratégica, esto es, al conocimiento de los riesgos potenciales de guerra con otros Estados. La ministra de Defensa, Nilda Garré, tomó en el último tiempo una serie de medidas para reforzar esa idea, después de que se detectó un caso de espionaje interno en la ciudad de Trelew (ver recuadro).
Para el 2007, el Congreso le había asignado al Ejército un presupuesto para tareas de inteligencia de 54.620.000 pesos; ahora tiene 62.330.000 pesos. La Arma da contaba con fondos reservados por 17.812.000 pesos; ahora tiene 25.312.000 pesos. Y la Fuerza Aérea, que tenía un presupuesto de 22.049.000 pesos, ya tiene 28.349.000.
En el caso de la Secretaría de Seguridad, cuenta con una Dirección de Inteligencia Criminal cuya misión es la confección de mapas del delito, tarea para la cual se incorporaron unos 40 oficiales de Inteligencia. Esa Dirección tenía un presupuesto de 16.751.000 pesos. Se le aumentó a 17.497.000.
Hace no mucho, fondos reservados han sido usados para pagar sobresueldos a funcionarios -durante el gobierno de Carlos Menem-, para el soborno en casos de gran impacto mediático -como la investigación del atentado a la AMIA- y se investiga si fondos de la SIDE fueron a parar a la valija de Mario Pontaquarto en el pago de coimas al Senado, en 2001. Claro, todo eso fue antes.
TEMA DEL DOMINGO: LA BICAMERAL QUE DEBE CONTROLAR A LOS SERVICIOS SECRETOS
Una comisión paralizada y amante de la intriga
Hace 9 meses adeuda un informe sobre su trabajo. La investigan por facturación trucha.
Hablo con la Comisión de Inteligencia?
-Sí.
-Quería saber cuándo se reunió la Comisión por última vez.
-No le puedo dar esa información.
-¿Por qué?
-Porque es información reservada.
-Sólo queríamos saber si se habían reunido alguna vez.
-Es información reservada.
-¿Con quién hablo?
-Eso también es reservado.
La extrema discreción que demuestra el diálogo de Clarín con "alguien" de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, corresponde al único lugar previsto para controlar a los servicios secretos y sus fondos reservados. La Comisión gasta 3,6 millones de pesos al año y es menos contundente que reservada a la hora de los resultados: está siendo investigada por la Justicia por el uso de facturas truchas y lleva 9 meses demorando un informe que debió presentar al Congreso a fin del año pasado, sobre su labor durante el 2006.
Ese informe es nada menos que el balance de la gestión de la Comisión y la aprobación de lo que hicieron los organismos del sistema de Inteligencia. El rol de la Comisión es controlar que los fondos secretos sean usados para su fin, pero además debe monitorear que los servicios de inteligencia no actúen de forma ilícita -haciendo espionaje político, por ejemplo- y, en el caso de la SIDE, comprobar que sus intervenciones telefónicas tengan su correspondiente autorización judicial. Parece mucho y lo es.
La Comisión de Inteligencia empezó a funcionar en 2004 y desde hace dos años está a cargo de la diputada de Tucumán Stella Maris Córdoba, una mujer de muy buena relación con la senadora Cristina Kirchner. El signo político de la Comisión es casi exclusivamente kirchnerista, a excepción del diputado Oscar Rodríguez, un duhaldista histórico que fue vicejefe de la SIDE en 2002, y dos radicales -Alicia Mastandrea y Alberto Beccani- que, al ser consultados por Clarín, prefirieron no hablar.
En el Congreso se refieren a la Comisión de Inteligencia casi como si fuera de otro poder del Estado. "Ellos rinden cuentas en otro lado", dijo a Clarín un senador oficialista, en obvia referencia a la Casa Rosada. En las presidencias del Senado y de Diputados, donde deberían haber recibido el informe anual de la Comisión, ni siquiera saben si ese informe será presentado alguna vez y tampoco lo reclaman.
Fuentes de la Comisión aseguraron a Clarín que en el último año, los siete senadores y diputados que la integran se reunieron "unas 12 veces". La última fue hace tres meses, cuando se conoció una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios (Ufitco), que investiga a la Comisión por haber usado para su rendición de gastos tres facturas apócrifas, en una maniobra similar a la del caso Skanska. Al parecer, esas facturas son del 2004, cuando presidía la Comisión el diputado Mario Daniele, también del PJ.
La Comisión de Inteligencia es una de las más costosas del Congreso y recibe los fondos por asignación directa del Poder Ejecutivo, al que debe controlar. De los 3,6 millones que recibe, declara que 2,2 millones se insumen en contratos de especialistas y 735 mil pesos en viáticos.
A diferencia del resto de las Comisiones, la de Inteligencia no revela los nombres de sus contratados, en teoría para su protección personal. Uno de ellos trascendió: la Comisión contrató al CIPPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad, una ONG que suele reclamar políticas de transparencia en el Estado.
El CIPPEC se ocupó de crear una página Web para la Comisión y de "tejer redes de contactos" en el exterior, según dijeron en el Congreso. La página Web lleva más de un año paralizada y el último evento que promociona es un encuentro sobre Tráfico de Personas, asunto que interesa a la diputada Stella Maris Córdoba, pero que nada tiene que ver con el control de los servicios secretos. Desde la Comisión defienden su rol de control, aunque admiten las limitaciones. Sostienen que este año algunos de sus asesores viajaron a Estados Unidos para interiorizarse del funcionamiento de la Comisión de Inteligencia de ese país, que fue la inspiradora de la versión argentina. Que se hacen inspecciones sorpresivas en el edificio donde la SIDE hace escuchas telefónicas -esto recién desde fines del 2005- y que suele tener entrevistas con los responsables de los organismos de inteligencia. La última entrevista fue el 9 de agosto pasado, con dos funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad. "Puede que no sea mucho, pero es mejor que nada", dicen, en voz baja, y alimentan el misterio.
Seguro, seguro, que la tarazca va para la campaña, y mientras estos imbéciles boludean, ya debemos tener adentro unos cuantos agentes iranies esperando la orden en caso de ataque de eeuu... ¿que no...?
