UN AVIADOR EN TELA DE JUICIO
El ascenso de un comodoro fue rechazado por otros oficiales · Habría rehuido una misión de combate en Malvinas
Por LUIS GARASINO
De la Redacción de Clarín
El pedido de retiro de un comodoro propuesto para ascender a brigadier y las severas medidas disciplinarias dispuestas contra otros dos oficiales de la máxima jerarquía de la Fuerza Aérea son las secuelas de un episodio acaecido hace 16 años durante la guerra de Malvinas que ahora preocupa a la cúpula de la institución.
El hecho que reflotó el problema es el caso de un piloto que renunció a su ascenso a brigadier, al ser acusado de no cumplir una misión ordenada durante el conflicto con los británicos.
Este episodio, hasta ahora mantenido en secreto, ocurrió en mayo de 1982 cuando tres cazabombarderos A4-C Skyhawks despegaron desde la base de San Julián, Santa Cruz, en una misión de ataque contra la flota británica. El vuelo estaba al mando del entonces capitán Jorge Alberto Pierini, que llevaba como escoltas al primer teniente Ernesto Ureta y al teniente Daniel Méndez.
La escuadrilla volaba rozando la superficie del mar y en absoluto silencio de radio para burlar los radares del enemigo. De pronto, Pierini se comunicó con Ureta, le ordenó cancelar la misión y arrojar al mar la carga de bombas de 500 kilos, según reveló la revista trespuntos.
El primer teniente Ureta cuestionó la orden. Pero finalmente prevaleció el criterio del comandante de la escuadrilla, quien más tarde discutió agriamente con su subordinado durante el "debriefing" (informe de misión) realizado frente a superiores de ambos.
Pierini alegó que su avión tenía fallas de motor, pero Ureta se mostró inflexible en su acusación.
"No quiso enfrentar al enemigo", dijo.
Todo esto quedó, supuestamente, olvidado por casi tres años. En 1985 el entonces jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Ernesto Crespo, encomendó a una junta de calificación que revisara el desempeño durante la guerra de Pierini y de otros cinco oficiales.
El dictamen de la junta no fue concluyente, aunque señaló que "había dudas" sobre el desempeño en combate de los involucrados. Crespo escribió de puño y letra en hoja aparte, que ninguno de esos integrantes de la Fuerza debía ser ascendido a oficial superior (comodoro o brigadier).
Pero el año pasado Pierini fue propuesto para el ascenso a brigadier. Su nombre se incluyó en la lista elevada al ministro de Defensa, Jorge Domínguez, y su pliego enviado a la Presidencia de la Nación y a la Comisión de Acuerdos del Senado.
Fue entonces que Crespo -actualmente retirado- pidió una audiencia con el actual jefe del Estado Mayor, brigadier general Rubén Montenegro, a quien le informó sobre la investigación, el dictamen de la junta y de su recomendación expresa para que los oficiales cuestionados no fueran ascendidos. Pero ese último documento no se encontró en los archivos.
Otro oficial también advirtió a sus superiores inmediatos sobre las posibles consecuencias negativas del ascenso de Pierini. Se trata del brigadier Carlos Tomba, piloto de Pucará durante el conflicto, que fue condecorado con la medalla "Al Valor en Combate".
Tomba reiteró esta opinión ante el jefe del Estado Mayor y comandantes superiores. Pero en enero pasado fue sancionado con 20 días de arresto, lo que implica su pase a disponibilidad y el retiro. No fue todo: le rechazaron un recurso para reconsiderar la medida y en marzo le aplicaron 15 días de arresto suplementarios.
Por el caso Pierini también sancionaron a otro brigadier ya retirado. El afectado fue Gustavo Piuma Justo - quien durante la guerra estuvo en el escuadrón "Dagger"en la base de San Julián- que en noviembre pasado se presentó ante la junta de calificaciones para cuestionar el ascenso y también fue sancionado con un arresto de 10 días.
Ante el desarrollo de los acontecimientos, Montenegro citó a Pierini y sin vueltas le dio a elegir entre someterse a una nueva investigación sobre su actuación en la guerra o pedir directamente el retiro. El oficial cuestionado optó por la última alternativa.
Consultado por Clarín, Pierini respondió lacónicamente: "No voy a hablar sobre este tema". Y sugirió realizar cualquier otra averiguación en los más altos niveles de la Fuerza.
Los expertos consultados por Clarín estiman que un hecho tan grave debió ser investigado en su momento por la justicia castrense. Y las conclusiones del caso elevadas a un consejo de guerra, no sometidas a una instancia administrativa como la junta de calificación.
Los mandos de la institución se abstuvieron de referirse públicamente a este tema. Pero un vocero señaló que "la Fuerza Aérea realiza un análisis profundo para poner punto final a un caso que, aparentemente, no fue cerrado después de 17 años por las sucesivas conducciones del arma".