Ataque al Regimiento de Infanteria de Monte 29 - Nuevo aniversario

 
testimonio del Jefe de Guardia

Con la guardia, formando a las 8 de la mañana. Mi turno se debía extender hasta el otro día a las 8. Y esa mañana tuve un entredicho con Mayol porque él había salido de descanso el viernes y apareció ese día (domingo) a eso de las 10.30 diciendo que iba a buscar algo. Cuando me informan eso, ordeno que antes de que se retire venga a hablar conmigo, y le pregunto qué había ido a buscar, y en forma muy dubitativa me dice: “algo”. Entonces le informo que voy a hacer averiguaciones de qué realmente fue a hacer al cuartel, y si era algo malo o que no andaba bien, iba a tener problemas. Me termina diciendo que fue a buscar un pulóver y eso me generó más dudas, hacía casi 38 grados de calor. ¿Para qué iba a querer un pulóver?

Cuando él se va, me informan que estuvo recorriendo varios sectores del cuartel. Entonces ordeno cambiar de lugar las ametralladoras y luego envío una patrulla de cinco hombres a revisar el perímetro del cuartel. La conducta de Mayol me llevó a tomar esa decisión.


¿Sabían que los iban a atacar?

-Lo que decían los informes de inteligencia es que el cuartel al estar en una provincia tranquila y cercana a Paraguay, tenía esa vía fácil de escape, y hacia el Oeste hacia zonas inhóspitas en la provincia de Salta también se podía escapar. Ésas eran las variables que se manejaban. Pero en gran parte el éxito a medias que tuvieron ellos fue el efecto sorpresa. Sin embargo la reacción de los soldados fue inmediata, rápida y así se los pudo contener.

Sobre eso pensé mucho tiempo después, que si nos cambiábamos a la siesta, si nos retirábamos a dormir afuera de la guardia, quizás había uno o dos muertos menos. Pero eso uno ya lo analiza después de los hechos. Incluso un suboficial me dijo para hacer esos cambios ahí mismo, pero no lo hicimos, la idea que teníamos era que de pasar algo, iba a pasar a la noche.

Es Mayol el que regresa a eso de las cuatro de la tarde e ingresa por otro puesto de guardia, uno secundario, y lo hace reduciendo a uno de sus compañeros, al que le había pedido que lo deje entrar, y como le dijo que debía ir e ingresar por el puesto 1, el puesto principal de guardia, lo encañonó y es por ahí donde ingresaron. Usaron siete vehículos que eran del mismo color y modelo de los vehículos que ingresaban diariamente al regimiento. Por ejemplo, una camioneta idéntica a la que usaba el cura, que incluso esa mañana fue a dar misa; otra camioneta igual a la del proveedor de carne y otra igual a la que proveía las gaseosas.

-¿En qué momento se da cuenta de que el cuartel estaba bajo ataque?

-Estaba en el recinto de la guardia cuando empezaron los primeros disparos. Pudimos escapar por las ventanas y el grueso de los atacantes quedó encerrado en ese lugar, nos disparaban a través de las mismas ventanas que habíamos saltado. De ahí bordeamos el perímetro del cuartel a través de un alambrado olímpico, ellos nos disparaban porque nos veían. Lo que yo relato es lo que vi y en las zonas que yo estuve. En ese mismo momento, otro grupo de soldados se quedó parapetado del lado de afuera del puesto de guardia para contener a los atacantes. En ese momento el combate fue intenso y frenético porque los soldados ya habían visto a varios de sus compañeros que estaban muertos. Por ejemplo, en el sector de enfermería intentaron entrar, pero no pudieron. Lo curioso fue que ahí un médico y dos enfermeros resistieron con una pistola. Hicieron varios disparos y los atacantes se dirigieron a otro sector. Ocho de los guerrilleros murieron justamente alrededor de la guardia y otros cinco murieron en diferentes sectores del cuartel. Todos fallecieron combatiendo, estaban preparados, y todo lo que habían hecho lo habían planificado con mucho tiempo de antelación. No eran improvisados, creo que fue una operación digna de ser estudiada.

-¿En qué momento terminó el combate?

-Lo que recuerdo es, tipo 16.40, terminé en una zanja donde me parapeté, y ahí me di cuenta de que tenía una herida de bala en la pierna izquierda. Estuve internado un mes, y lo que me complicó fue una infección debido a que había aguas servidas en la zanja donde me resguardé. Lo último que recuerdo fue la voz del capitán diciendo “alto el fuego”. Luego me cargaron en un Unimog.

-¿Qué sensación tuvo cuando volvió al cuartel?

-Cuando uno tiene un contacto directo con la violencia, después no quiere saber nada de eso. Es algo muy fuerte, en el cuartel de Formosa estuve hasta 1977. Todos los años voy a los actos de Formosa y lo que me sigue impresionando es que la mayoría de los soldados que murieron lo hicieron en la mayor pobreza
 
La historia del “Monto” infiltrado, del que todos sospechaban

Luis Alberto Mayol era santafesino y la primera parte del servicio militar en 1975 la cumplió en un Batallón de Arsenales ubicado en la localidad de San Lorenzo en esa provincia. Esa unidad militar, en marzo de 1975 había sido atacada por lo que por entonces se definía como “elementos subversivos”, que se habían llevado armas del lugar.

Tras investigaciones internas los servicios de inteligencia del Ejército quedaron con dudas sobre el accionar y “lealtad ideológica” del joven Mayol. Por eso decidieron trasladarlo en mayo de ese año al cuartel de Formosa. En su nuevo destino, el santafesino no gozaba de la simpatía de sus superiores, oficiales y suboficiales, quienes desconfiaban de él por el antecedente en el polvorín de San Lorenzo. El 5 de octubre de 1975 esas sospechas pasaron a ser certezas, Mayol era militante montonero y hacía de infiltrado en la unidad militar. Cayó durante el combate y una vez que cesó el enfrentamiento, su cadáver que yacía sobre el pasto en el predio militar, recibía entre uno y tres disparos de cada militar que pasaba a su lado.
 
entre las Placas con nombres del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Oscar Boero y Reinaldo Briggiler murieron durante el ataque al cuartel de Formosa, en 1975

 
De los doce guerrilleros caídos en Formosa, ocho eran de Santa Fe: Roberto Mayol (Santa Fe), Reinaldo Briggiler (San Jerónimo Norte), Emio Rossi (San Fabián), Oscar Boero (Santa Clara de Buena Vista), Juan Sebastián Hernández (Rosario), Luis Carlos Morero (Rosario), Oscar Suárez (Santa Fe) y José Daniel Graziano (Rosario).

Roberto Mayol




Reinaldo Briggiler (San Jerónimo Norte) el general Peron era Padrino de su hija Briggiler fue un combatiente montonero con el grado de oficial 2º, caído en el asalto al Regimiento 29 de Infantería de Monte en Formosa, el 5 de octubre de 1975. Llevaba consigo un documento trucho con el nombre de Ángel Sergio Córdoba. El ataúd con sus restos fue colocado el 1º de noviembre de ese mismo año en el panteón familiar del cementerio municipal de Santa Fe, a instancias de su padre que recuperó su cuerpo. OTRO QUE LA FAMILIA COBRO UNA SUCULENTA INDEMINIZACION POR PARTE DEL ESTADO


 
BOERO, Oscar Ramón



En su casa paterna, en noviembre de 1972, con motivo del Congreso de la Juventud Peronista, durmió toda la conducción nacional de la J.P. Siguiendo en el tiempo, en un momento, descubierto en sus actividades políticas, debió pasar a la clandestinidad, buscando refugio en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. Va a Ezeiza con sus hermanos en 1973 a recibir a Perón. Combatiente montonero (oficial 1º), conducción de la Columna 27 Corrientes-Misiones. Caído en el asalto al Regimiento 29 de Infantería de Monte en Formosa, el 5 de octubre de 1975. Para esa acción portaba un documento falso a nombre de Emilio Chiocca

Boero tuvo dos hijos (Fernando y Susana) que actualmente residen en España. OTROS QUE COBRARON LA SUCULENTA INDEMINIZACION
 
HERNÁNDEZ LARGUÍA, Juan Sebastián



Montonero, “El Canche” Hernández Larguía tomó parte del asalto al Regimiento de Infantería 29 de Monte, en Formosa, el 5 de octubre de 1975. Días antes de partir hacia aquella provincia para el combate, se despidió de todos sus amigos y conocidos y nadie entendía porqué. Su cuerpo sin vida fue retirado por sus familiares, velado y enterrado en su ciudad natal, luego de que su padre, a días del ataque al regimiento, fue cruzado por un desconocido en la calle que le dijo: “Su hijo murió como un héroe. Vaya a buscar su cuerpo a Formosa”.

MARCHE OTRA SUCULENTA INDEMINIZACION PARA AHI
 
El total pagado por el Estado oscila entre US$ 1700 millones y US$ 1900 millones. Cada beneficiado habría recibido US$ 220.000. Como contrapartida, no recibieron reconocimientos ni compensaciones las víctimas de la guerrilla.
Esos dos datos fueron suministrados por el entonces secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Sergio Chodos, a cargo del organismo que debía realizar los pagos.

Con el paso del tiempo, los parientes de la mayoría de los guerrilleros muertos cobraron una indemnización que en los años noventa fue de 224 mil pesos/dólares y que en marzo de 2010 ascendía a 620.919 pesos; hacia esta fecha, los padres de los soldados caídos en aquel combate percibían una pensión de 842 pesos mensuales. Como puede verse, la comparación entre ambos pagos mostraba una asimetría evidente: de acuerdo con la tasa de interés que se tomara, para el Estado la vida de un guerrillero valía entre seis y siete veces más que la de un soldado conscripto, que estaba aquel día de guardia cumpliendo con la ley.
Además, los guerrilleros muertos en Formosa figuraban en la nómina del principal monumento del país en honor de las víctimas del terrorismo de Estado, ubicado en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires, frente al Aeroparque. No deberían estar allí, según una interpretación estricta de la norma de la Legislatura porteña que lo aprobó, el 21 de julio de 1998, para homenajear solamente a “los detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado”. Pero en el segundo semestre de 2003 hubo un fuerte debate entre los organismos de derechos humanos, “y al final se decidió ampliar la lista para incluir a todos los que dieron su vida en la guerra revolucionaria”, desde 1969, seis años antes de la última dictadura, según reveló un miembro de la Comisión pro-Monumento, que también fue integrada por funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y legisladores porteños.
 
Por ese motivo, ahora el monumento porteño abarca a todos “los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”, según figura en una leyenda al comienzo de las placas de cada uno de los homenajeados.
Oro y bronce también para aquellos jóvenes atacantes del cuartel de Formosa, a pesar de que no podían ser considerados víctimas del terrorismo de Estado, ya que fueron muertos en un tiroteo provocado por ellos durante la presidencia de la viuda de Perón, que había asumido de acuerdo con la Constitución, el 1° de julio de 1974. Aquel día murió su marido, el general Juan Domingo Perón, con quien Isabelita compartió la fórmula ganadora en los comicios del 23 de septiembre de 1973.

Con el aporte de esos datos y de otros extraídos de libros y documentos de la época, una asociación civil llamada Abogados por la Justicia y la Concordia logró el 8 de julio de 2011 que la justicia exigiera a la Secretaría de Derechos Humanos que informara si los herederos de sesenta y ocho personas incluidas en un nuevo anexo del Nunca Más habían cobrado la indemnización prevista en la ley 24.411, sancionada y promulgada en los noventa, durante la presidencia de Carlos Menem.
¿Qué establecía esa norma? Un “beneficio extraordinario”, equivalente a cien veces el sueldo mensual más elevado de la administración pública nacional, para los herederos de los desaparecidos y de “toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de diciembre de 1983”, cuando terminó la dictadura.
Además, según el artículo quinto de esa ley, “en el caso de aparición” de una persona “no habrá obligación de reintegrar el beneficio si ya ha sido percibido”. Eso también vale para el caso de eventuales errores en la aprobación de ese pago.
No fue la única ley sancionada en los noventa para reparar las diversas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura; todas esas normas tuvieron como base una causa iniciada en Córdoba por los sobrevivientes de la Unidad Penitenciaria Nº 1 contra el Estado, que fue patrocinada por el abogado especializado en derechos humanos Juan Carlos Vega, ex diputado nacional de la Coalición Cívica.

A partir del gobierno de Néstor Kirchner, en 2003, la interpretación oficial pasó a ser que esta ley incluía también a los parientes de todos los guerrilleros muertos en cualquier circunstancia, desde por lo menos el 28 de junio de 1966, cuando el presidente radical Arturo Illia fue derrocado por el general Juan Carlos Onganía. El kirchnerismo pasó de recordar a las víctimas de la dictadura y del terrorismo de Estado a honrar a todos los caídos por la revolución, sin importar cuándo y cómo murieron.
No fue Kirchner quien creó esta interpretación, que ya se venía insinuando en gobiernos anteriores, pero fue ciertamente quien la asumió como la única que valía y la llevó más lejos, de una manera sistemática, creando las categorías necesarias con el propósito de que no hubiera ya marcha atrás.
Luego, durante el gobierno de su esposa, Cristina Kirchner, hubo otra vuelta de tuerca y, con el respaldo de muchos opositores, el Congreso Nacional volvió a estirar esa indemnización hacia atrás para incluir a más beneficiados. Tanto es así que ahora pueden cobrar como víctimas del terrorismo de Estado los parientes de todos los desaparecidos y muertos en “ejecuciones sumarias” desde el 16 de junio de 1955, durante el segundo gobierno de Perón, cuando un intento golpista de militares y civiles masacró en la Plaza de Mayo a más de trescientas personas.
Esta nueva interpretación del terrorismo de Estado es aun más polémica que las anteriores, en parte porque abarca solo un episodio del segundo gobierno de Perón, el que resulta más adecuado al paradigma kirchnerista, a su manera de entender e interpretar la historia de las últimas décadas. Además, no se trata ya de castigar las violaciones de derechos humanos de un gobierno sino de sancionar una matanza protagonizada por una escuadra rebelde de treinta y cuatro aviones de la Marina.
El terrorismo de Estado pasó a ser interpretado como la práctica común utilizada por todos los adversarios de los luchadores por la revolución, controlen o no el aparato estatal.

Al 30 de abril de 2013, el sueldo mensual más alto de la administración pública nacional era el Nivel A y tenía catorce grados, del 0 (11.264,76 pesos), al 14 (24.123,12 pesos). La Secretaría de Derechos Humanos no informa el valor de la indemnización para cada una de esas víctimas; para tener una idea de la cantidad, podemos tomar el sueldo mensual del grado promedio, el 7, que era de 16.912,08 pesos, y multiplicarlo por cien. Con este criterio, la indemnización llegaba a 1.691.208 pesos.
Sin embargo, tanto los fundamentos del proyecto de la ley 24.411 como los discursos de los diputados y senadores que la aprobaron indican que el objetivo era reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, incluso antes del golpe de 1976, pero no beneficiar a las víctimas de la represión realizada dentro de la ley. Lo confirmó el ex senador Eduardo Menem, quien estuvo a cargo de la presidencia del Senado en la sesión en la que se debatió y aprobó ese proyecto, el 7 de diciembre de 1994: “El sentido era muy claro; reparar a todas las víctimas de la represión ilegal de los militares, incluso antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Por ejemplo, en el caso de la Masacre de Trelew, en 1972. Y también a las víctimas de los grupos paramilitares, como la Triple A. Pero para mí no se debe aplicar a los ataques a cuarteles como el de Formosa porque, ante el ataque a un regimiento, en democracia, ¿cómo no se iban a defender los militares? Es absurdo pensar que no deberían haberse defendido”.

En abril de 2006, durante la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Kirchner presentó una versión “actualizada” del Nunca Más, que incorporó el Anexo II, con una lista de 1.169 personas que figuraban como “desaparecidos” o víctimas de “ejecución sumaria” entre el 1° de enero de 1969 y el 24 de marzo de 1976.
En realidad, la Conadep había sido creada por el presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 para investigar la desaparición de personas sólo durante la dictadura. Por lo tanto, el Anexo II, con esos 1.169 nombres, excede el objetivo original de aquella comisión, que fue integrada por destacadas personalidades encabezadas por el escritor Ernesto Sabato.
En esa versión “actualizada” del Nunca Más, el kirchnerismo también sumó un nuevo prólogo en el que rechazó en forma explícita la “teoría de los dos demonios”; es decir, la justificación del “terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificadora en la acción de particulares, frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables”.
La tercera modificación en el informe de la Conadep, que como el Anexo II y el nuevo prólogo también fue realizada en silencio, como un hecho consumado, fue el agregado de dos conceptos nuevos, que se sumaron al de desaparición y sirvieron para calificar dos tipos de delitos que tampoco estaban previstos en el decreto de Alfonsín:
Desaparición forzada: cuando el cuerpo de la víctima no ha sido identificado ni entregado a sus familiares. La categoría “desaparición”, a secas, quedó para los casos en los que los parientes ya recuperaron los restos de la persona que estuvo desaparecida.
Ejecución sumaria: en un e-mail enviado el 9 de junio de 2010, la Dirección de Gestión de Políticas Reparadoras de la Secretaría de Derechos Humanos me informó que esa categoría fue “decidida por las autoridades de la Secretaría en el momento de la actualización del anexo del Nunca Más”, y me detalló los quince casos en los que es aplicada por el gobierno, que transcribo en forma textual:

-Asesinato de detenidos-desaparecidos/Inhumación clandestina.
-Enfrentamiento.
-Ejecución/Asesinato.
-Ejecución/Asesinato/Inhumación administrativa.
-Enfrentamiento fraguado/Asesinato de cautivos.
-Enfrentamiento fraguado/Asesinato de cautivos/ Inhumación clandestina.
-Fallecimiento durante detención.
-Homicidio en el “Cordobazo”.
-Muerte por secuelas de tortura.
-Secuestro y asesinato.
-Asesinato de detenidos-desaparecidos.
-Excesos en eventual defensa/Ejecución sumaria.
-Supuesto enfrentamiento.
-Tormento seguido de muerte.
-Víctima accidental en el marco del terrorismo de Estado.
Todos los casos imaginables parecen caber en esta categoría creada especialmente por el kirchnerismo.

De los 1.169 nombres del Anexo II del Nunca Más, 526 correspondían a “Ejecución sumaria” y sus datos provenían del Redefa, es decir del Registro de Fallecidos de la ley 24.411. Son los legajos de cada uno de los muertos cuyos parientes han reclamado el cobro del beneficio extraordinario previsto por esa norma. Eso supone que sus parientes habrían cobrado esa indemnización. En la mayoría de los casos fue así, pero no en todos: parientes de Fernando Abal Medina, el primer jefe de Montoneros, que encabeza el listado por razones alfabéticas, me dijeron que “nadie de la familia cobró nunca nada por Fernando” ni está interesado en hacerlo.
Abal Medina es un caso paradigmático de la laxitud con la cual el kirchnerismo elaboró ese listado. No se trata, claramente, de una víctima de “ejecución sumaria”: fue abatido a los 23 años en un tiroteo con la Policía Bonaerense en la pizzería La Rueda, en William Morris, el 7 de septiembre de 1970, apenas tres meses después del secuestro y asesinato del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, con el cual Montoneros se dio a conocer. Como era el jefe, Abal Medina fue quien ejecutó a Aramburu con una pistola 9 milímetros luego de un “juicio revolucionario”. Junto con él murió su amigo Carlos Gustavo Ramus, cuando quiso lanzar una granada contra los policías que le estalló en la mano; también Ramus figura en esa nómina.


Fernando Abal Medina
Uno de los parientes de Abal Medina, que era tío del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina hijo, me aseguró que ellos mismos se sorprendieron cuando se enteraron de la inclusión del ex jefe montonero en el Nunca Más. “Nunca nos avisaron nada de eso, ni tampoco que figuraba en el monumento de la Costanera. Fernando no se reivindicaría jamás como una víctima de ejecución sumaria sino como un combatiente, que murió en un tiroteo”, me dijo la fuente, que pidió permanecer en el anonimato. “Habíamos iniciado gestiones con el entonces secretario de Derechos Humanos, (Eduardo Luis) Duhalde, a quien conocíamos mucho, para retirar a Fernando, si bien de manera discreta, tanto del Nunca Más como del Monumento; no lo pudimos conseguir”, agregó.
En esa lista hay de todo, desde víctimas de bandas paraestatales como la Triple A hasta los sesenta y ocho guerrilleros que motivaron la presentación de los Abogados por la Justicia y la Concordia. Figuraron en ese pedido Haymal, los ocho guerrilleros muertos en Formosa y miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo caídos en el monte tucumano y durante los ataques a las instalaciones militares de Azul, Villa María, Fray Luis Beltrán y Monte Chingolo; todos ellos habían fallecido en 1974 y 1975, durante el gobierno de Isabel Perón.

Fue necesaria la intervención del juez federal en lo Contencioso Administrativo Esteban Furnari, porque el gobierno se negaba, como siempre, a brindar esos datos. Finalmente, la Secretaría de Derechos Humanos tuvo que informar sobre cada uno de esos pagos.
En el caso de los guerrilleros muertos en Formosa, se supo que, en una primera instancia, cada uno de los pedidos de resarcimiento fue rechazado con el argumento de que “la muerte no se produjo en situación justificada legalmente”; es decir, no se encuadraba en la ley promulgada por Menem el 28 de diciembre de 1994.
Pero luego todos esos reclamos resultaron aprobados en virtud de una nueva norma, la ley 24.823, que vino a completar la ley 24.411 y fue promulgada por Menem el 23 de mayo de 1997. La clave fue el artículo sexto, que permitió esos pagos. ¿Y qué decía ese artículo? Que “en caso de duda sobre el otorgamiento de la indemnización prevista por la ley 24.411, deberá estarse a lo que sea más favorable al beneficiario o sus causahabientes o herederos, conforme al principio de la buena fe”.

Se trata de los casos Reinaldo R. Brigiller ($ 396.364),($ 322.560), Jorge Alberto Livieres ($ 224.000), Alfredo Velázquez ($ 224.000)y José Daniel Graziano ($ 322.560). El expediente de Oscar Ramón Boero está en trámite y
otro -como Luis Carlos Morero-aparece ya abonado ($ 396.364), pero con el nombre
de Jorge Horacio Morero.


Reinaldo Briggiler

Saúl Kobrinsky

Jorge Alberto Livieres













Alfredo Velázquez











Juan Sebastián Hernández




Los últimos dos casos abonados por Cristina Kirchner ascendieron a $ 901.407, el 26 de agosto último, para indemnizar a la familia de Ismael Antonio Monzón, muerto en el ataque a Monte Chingolo, y a $ 750.984, el 9 de mayo, por la muerte de Juan Sebastián Hernández, fallecido en el ataque a Formosa.

Otros casos cuestionables en cuanto a su inclusión en la lista de beneficiados por las disposiciones introducidas por el kirchnerismo se dieron bajo las siguientes circunstancias:

El 12 de abril de 1975, luego de expropiar un camión cerealero en el cruce de la ruta 6 y Panamericana, a la altura de Campana, cayeron muertos en combate Guillermo Rodríguez (apodado “Mario”), Carlos Pablo Molinas (“Oscar”), Luis Bocco (el “Flaco Tito”) y Carlos Alberto Tuda (el “Negro Nano”). Ninguno de ellos estaba citado en el primer informe de la Conadep, pero aparecen en el informe encargado por Néstor Kirchner en 2006 como “víctimas de ejecución sumaria”.


Guillermo Atilio Rodríguez

Carlos Molinas Benuzzi

Carlos Alberto Tuda
Las militantes montoneras Ana María Teresa Drago y María Cristina Lucchesi saltaron al vacío el último día de 1976, en Rosario, cuando su casa fue rodeada por fuerzas de seguridad. En el listado de 2006, el caso Drago aparece como “ejecución sumaria” y el de Lucchesi como “desaparición forzada”.


Ana María Teresa Drago

María Cristina Luchessi
En abril de 1976, hallaron ahorcada en Lomas de Zamora a María Teresa Cerviño, con un cartel que decía: “Yo fui montonera. ¡Seguime!”. Su cuerpo fue identificado y el juez Raúl Varesio dictó el sobreseimiento provisional de la causa por no poder individualizar al autor del crimen. A pesar de que su cuerpo había aparecido, en el informe de 2006 su caso se menciona como “desaparición forzada”.


María Teresa Cerviño
Jorge Riganti murió cuando transportaba una bomba en su Citroën, en La Plata, el 7 de mayo de 1976. En el informe de la Secretaría de DD.HH. se señala su caso como de ejecución sumaria.

Evita Montonera y el autor Gillespie coinciden en señalar que Montoneros declaró traidor a Carlos Roth por colaborar con el enemigo y que la propia organización ordenó su ejecución. Para el informe oficial, Roth es un caso de desaparición forzada, en enero de 1976.


Carlos Guillermo Roth
El listado de 2006 menciona como desaparición forzada el caso del ciudadano francés Jean-Henri Raya Ribard, muerto en Brasil el 21 de noviembre de 1973. No se explica la inclusión de un extranjero, muerto fuera de la Argentina en tiempos en que gobernaba Juan Domingo Perón.


Jean-Henri Raya Ribard
Se trata de casos que se ajustan a la premisa de “no entregarse vivos, resistir hasta escapar o morir en el intento”, como lo definió la organización conducida por Mario Firmenich en la revista Evita Montonera , de marzo de 1976. La mayoría de ellos no había sido incluido en el informe original de la Conadep, que consideraba 8961 casos, y cuyo prólogo -escrito por Ernesto Sabato- fue modificado en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner por considerar que reivindicaba la “teoría de los dos demonios”.

Con esas incorporaciones, se llegó a 9334 casos. El agregado de los integrantes de las organizaciones guerrilleras que cayeron fue hecho como una reivindicación. Pero ese reconocimiento contrasta con el silencio que mantiene el Gobierno hasta hoy acerca de los pagos de indemnizaciones a los familiares de esas mismas personas.

Como era de esperar, el artículo sexto de la nueva ley fue utilizado de una manera generosa por los gobiernos que se fueron sucediendo desde 1997 para autorizar numerosos pagos que no se ajustaban a la ley original.
Fue el caso del reclamo de los parientes de Haymal: según la información oficial, el pago de 224 mil pesos fue autorizado el 25 de abril de 2002 por una resolución firmada por el presidente Eduardo Duhalde y su ministro de Justicia, Jorge Vanossi, en base a un informe favorable que había sido elaborado dos años antes por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que en aquel momento, el 11 de abril de 2000, era encabezada por la actual diputada ultrakirchnerista Diana Conti; gobernaba el presidente Fernando de la Rúa, de la Alianza. Ese informe concluyó que Haymal “falleció a causa del accionar de un grupo paramilitar” y que debía ser aplicado el artículo sexto de la ley 24.823, el que se refería a los casos dudosos.
“Al ministro no le llegaban todos esos casos. El Ministerio tenía dos secretarías de Estado: Justicia y Derechos Humanos; los temas vinculados a Derechos Humanos los resolvía directamente esa Secretaría”, dice Vanossi.
Con los datos aportados por la Secretaría de Derechos Humanos, los Abogados por la Justicia y la Concordia presentaron el 11 de mayo de 2012 una denuncia por los presuntos delitos de defraudación a la administración pública, asociación ilícita, violación de deberes de los funcionarios públicos, apología del delito y prevaricato. Pretendían que, además, la justicia impidiera el pago de las “indemnizaciones irregulares en trámite” y ordenara al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que quitara del monumento en la Costanera los nombres de los guerrilleros mencionados.
La denuncia cayó en el Juzgado Federal Nº 7, a cargo de Norberto Oyarbide, que menos de un mes después, el 4 de junio de 2012, la desestimó. ¿Su argumento? Muy escueto: todas las leyes que establecen ese beneficio a las personas que “entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983 hayan estado detenidas, hayan sido víctimas de desaparición forzada o hayan sido muertas en alguna de las condiciones y circunstancias establecidas en las mismas”.

Otros guerrilleros caídos en Córdoba en tiroteos con policías y militares antes del último golpe también figuran como víctimas del terrorismo de Estado, tanto en el Nunca Más como en el monumento de la Costanera porteña, entre ellos:
Liliana Raquel Gelin, muerta a los 21 años en un asalto al Banco de la Provincia de Córdoba.
José Sabino Navarro, el único jefe de Montoneros que provenía de una familia pobre y peronista; sucedió a Abal Medina hasta que fue “despromovido”, castigado, porque tenía una amante y enviado a Córdoba. Murió el 9 de agosto de 1971, luego de una espectacular persecución policial por la sierra cerca de Alta Gracia.
Carlos Olmedo, el primer jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y sus compañeros Juan Carlos Baffi, Raúl Peressini y Agustín Villagra, que fallecieron el 3 de noviembre de 1971 en el llamado Combate de Ferreyra o Combate de la Fiat, en las afueras de la ciudad de Córdoba.


Liliana Raquel Gelin

José Sabino Navarro

Carlos Olmedo













Juan Carlos Baffi









Raúl Peressini

Agustín Villagra


















Justino Argañaraz, Ivar Brollo y José Luis Boscarol, bajas del ERP en el ataque a la Fábrica Militar de Villa María, en la noche del 10 al 11 de agosto de 1974.
Hugo Baretta, muerto “en combate”, según la revista Evita Montonera, en su número 3, durante un tiroteo con la Policía el 24 de febrero de 1975, cuando viajaba en un auto a secuestrar al cónsul estadounidense John Patrick Egan. Baretta fue uno de los fundadores de Montoneros en Córdoba.
Hugo Therisod, 26 años, casado, estudiante del último año de Arquitectura, muerto durante un tiroteo luego del ataque a la jefatura de la policía cordobesa, el 20 de agosto de 1975. Otras fuentes, como un informe de la Facultad de Arquitectura, indican que, en realidad, fue ejecutado por la Policía cuando ya se había rendido.


Hugo Baretta

Hugo Therisod












La política del kirchnerismo, entendido como una amplia alianza entre sectores del peronismo, la izquierda, los sindicatos, los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, busca homenajear a todos “los caídos por la revolución” y beneficiar a sus herederos con una indemnización a cargo del presupuesto público.
Para eso, ya no se refiere tanto a la dictadura entre 1976 y 1983 sino al “terrorismo de Estado”, como una suerte de ente metafísico que se desplaza hacia los años anteriores sin reconocer fronteras políticas o ideológicas ni diferencias entre gobiernos militares y democráticos.
Esta política aumenta —abulta sería un verbo más adecuado— el número de víctimas de ese “terrorismo de Estado”, aunque, al menos por ahora, no alcanza para llegar a la cifra mágica de 30 mil muertos y desaparecidos que se le achaca a la dictadura.
Pero este número aparece, sí, como un objetivo a cumplir; por ejemplo, el monumento frente al Aeroparque porteño contiene 30 mil placas que en su mayoría continúan vacías, como si estuvieran esperando la llegada de los nombres de las más de 20 mil personas que aún faltan.

Cuando este monumento fue inaugurado, en 2007, con todos los agregados realizados, la lista total de víctimas llegaba a 8.717:
7.664 correspondían a la última dictadura;
981, a los cuatro gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976;
72, a los gobiernos militares que se sucedieron entre 1969 y el 25 de mayo de 1973, casi catorce veces menos que en las presidencias peronistas que los reemplazaron.
El total de víctimas era similar a la cifra a la que había llegado la Conadep, en 1984, luego de ocho meses de trabajo: 8.960 víctimas, una cantidad que en los años siguientes fue depurada. “Seguramente se suprimieron nombres repetidos y errores que se habían cometido por el apremio del corto plazo otorgado”, explica Graciela Fernández Meijide, que fue miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y secretaria de la Conadep, y es madre de un adolescente detenido-desaparecido, Pablo.

La Conadep recibió, en total, 7.380 denuncias de desapariciones por razones políticas durante la dictadura, a las que incorporó los reclamos que habían sido formulados ante organismos específicos, nacionales e internacionales, con lo cual llegó al número de 8.960.
La cifra del Monumento era algo mayor al de la última “actualización” que se conoce del Nunca Más, de 2006, que contiene, en total, 8.327 nombres, también desde 1969:

7.158 correspondían a la dictadura;
1.169, previos al golpe del 24 de marzo de 1976.

Es decir que en los dos únicos listados difundidos por el kirchnerismo, el total de desaparecidos y muertos durante la dictadura es de entre 7.158 y 7.664 personas.
Sólo el Nunca Más discrimina entre desaparecidos y muertos durante la dictadura:

6.415 desaparecidos;
743 víctimas de “ejecución sumaria”.

Entre esas víctimas de “ejecución sumaria” figuran los presos fusilados por orden del general Luciano Benjamín Menéndez, pero también casos discutibles, como Carlos Hobert, muerto por su propia esposa porque no quería ser capturado vivo.


Carlos Alberto Hobert
Pero el caso más polémico es el de Hugo Irurzún, cuyo nombre de guerra en el ERP era Capitán Santiago. Irurzún ya no militaba en el ERP cuando fue muerto, horas después de haber disparado la bazooka que aniquiló el Mercedes Benz en el que viajaba el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Eso ocurrió el 17 de septiembre de 1980 en Asunción del Paraguay. Irurzún figura con el legajo número 1.230 del Redefa en el nuevo Nunca Más a pesar de que fue muerto fuera de la Argentina y por la policía paraguaya.


Cadáver de Irurzun
El número de víctimas de la dictadura según el Nunca Más y el monumento porteño se acerca al que dio Jorge Rafael Videla en el libro Disposición Final de Ceferino Reato, cuando admitió: “Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión. No podíamos fusilarlas, ¿cómo íbamos a fusilar a toda esa gente? Tampoco podíamos llevarla ante la Justicia, que estaba inerte. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas”. Y a la lista de desaparecidos elaborada en 1979 por el ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, que contenía “alrededor de ocho mil” nombres, según el propio Harguindeguy dijo antes de morir.

Un tercer relevamiento oficial, elaborado en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos pero que no ha sido difundido públicamente, indica que hasta mediados de abril de 2010 la indemnización prevista por la ley 24.411 había sido pagada a los herederos de un total de 7.500 víctimas de desaparición, desaparición forzada y ejecución sumaria:
6.454 casos fueron resueltos de manera favorable desde la entrada en vigencia de esa ley hasta el 31 de diciembre de 2003; en ese periodo, 80 pedidos fueron denegados.
1.046 casos fueron resueltos también de manera favorable desde el 1° de enero de 2004 al 14 de abril de 2010. Otros 226 pedidos fueron rechazados.
También en este caso la cuenta comienza mucho antes de la última dictadura, en 1969.
Otras fuentes también ubican la cifra de víctimas en los rangos ya conocidos.

Los organismos de Derechos Humanos y el kirchnerismo consideraban que eran ellos los únicos que podían hablar de Derechos Humanos. Había un relato bien articulado, muy rígido y no querían correrse ni un centímetro, entonces atacaban cosas como que Videla decía que tenían que matar a 7 mil, 8 mil personas, como no decía 30 mil les parecía que estaba mal, como si 7 mil u 8 mil personas, fueran nada. Eso es peligroso porque para que sea genocidio no tiene que ver con la cantidad de víctimas, pero 7 mil u 8 mil personas es un montón de sufrimiento.Hay una obsesión de los organismos de DD-HH para que sean 30 mil, como que la sangre derramada haya sido más. Ellos consideraban que eran los únicos que podían hablar y desde la memoria, nunca desde la historia.

Ahora sabemos que la memoria es parcial, es importante que la víctimas hablen, pero también es importante que hablen todos los grupos, eso es la diferencia entre historia y memoria, memoria es de un grupo particular, historia es un trabajo que trata de preguntarles a todos los grupos, interpelarlos a todos, para crear algo que no sea solo de un grupo, sino de la sociedad argentina. En ese sentido, también la historia interpela a los grupos revolucionarios, a los grupos guerrilleros. Mientras los organismos de Derechos Humanos con Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini defienden la lucha armada, la historia la cuestiona: dice la lucha armada sirvió también para que mucha gente pidiera la intervención de los militares.

Fue así porque hasta los grupos guerrilleros, Montoneros, el ERP, hacían fuerza para que hubiera un golpe militar porque ellos esperaban que de esa manera la gente iba a terminar apoyando a las guerrillas, eso iba a acelerar la revolución socialista, eso molestaba y sigue molestando a los organismos de Derechos Humanos.

Fuentes: Viva la sangre!, Ceferino Reato

La memoria de los de abajo , Roberto Baschetti

Galimberti, Marcelo Larraquy

Revista Evita Montonera,varios números

Archivo diario La Nación

Mentirás tus muertos , Carlos Manfroni
 

Derruido

Colaborador
Por ese motivo, ahora el monumento porteño abarca a todos “los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”, según figura en una leyenda al comienzo de las placas de cada uno de los homenajeados.
Oro y bronce también para aquellos jóvenes atacantes del cuartel de Formosa, a pesar de que no podían ser considerados víctimas del terrorismo de Estado, ya que fueron muertos en un tiroteo provocado por ellos durante la presidencia de la viuda de Perón, que había asumido de acuerdo con la Constitución, el 1° de julio de 1974. Aquel día murió su marido, el general Juan Domingo Perón, con quien Isabelita compartió la fórmula ganadora en los comicios del 23 de septiembre de 1973.

Con el aporte de esos datos y de otros extraídos de libros y documentos de la época, una asociación civil llamada Abogados por la Justicia y la Concordia logró el 8 de julio de 2011 que la justicia exigiera a la Secretaría de Derechos Humanos que informara si los herederos de sesenta y ocho personas incluidas en un nuevo anexo del Nunca Más habían cobrado la indemnización prevista en la ley 24.411, sancionada y promulgada en los noventa, durante la presidencia de Carlos Menem.
¿Qué establecía esa norma? Un “beneficio extraordinario”, equivalente a cien veces el sueldo mensual más elevado de la administración pública nacional, para los herederos de los desaparecidos y de “toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de diciembre de 1983”, cuando terminó la dictadura.
Además, según el artículo quinto de esa ley, “en el caso de aparición” de una persona “no habrá obligación de reintegrar el beneficio si ya ha sido percibido”. Eso también vale para el caso de eventuales errores en la aprobación de ese pago.
No fue la única ley sancionada en los noventa para reparar las diversas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura; todas esas normas tuvieron como base una causa iniciada en Córdoba por los sobrevivientes de la Unidad Penitenciaria Nº 1 contra el Estado, que fue patrocinada por el abogado especializado en derechos humanos Juan Carlos Vega, ex diputado nacional de la Coalición Cívica.

A partir del gobierno de Néstor Kirchner, en 2003, la interpretación oficial pasó a ser que esta ley incluía también a los parientes de todos los guerrilleros muertos en cualquier circunstancia, desde por lo menos el 28 de junio de 1966, cuando el presidente radical Arturo Illia fue derrocado por el general Juan Carlos Onganía. El kirchnerismo pasó de recordar a las víctimas de la dictadura y del terrorismo de Estado a honrar a todos los caídos por la revolución, sin importar cuándo y cómo murieron.
No fue Kirchner quien creó esta interpretación, que ya se venía insinuando en gobiernos anteriores, pero fue ciertamente quien la asumió como la única que valía y la llevó más lejos, de una manera sistemática, creando las categorías necesarias con el propósito de que no hubiera ya marcha atrás.
Luego, durante el gobierno de su esposa, Cristina Kirchner, hubo otra vuelta de tuerca y, con el respaldo de muchos opositores, el Congreso Nacional volvió a estirar esa indemnización hacia atrás para incluir a más beneficiados. Tanto es así que ahora pueden cobrar como víctimas del terrorismo de Estado los parientes de todos los desaparecidos y muertos en “ejecuciones sumarias” desde el 16 de junio de 1955, durante el segundo gobierno de Perón, cuando un intento golpista de militares y civiles masacró en la Plaza de Mayo a más de trescientas personas.
Esta nueva interpretación del terrorismo de Estado es aun más polémica que las anteriores, en parte porque abarca solo un episodio del segundo gobierno de Perón, el que resulta más adecuado al paradigma kirchnerista, a su manera de entender e interpretar la historia de las últimas décadas. Además, no se trata ya de castigar las violaciones de derechos humanos de un gobierno sino de sancionar una matanza protagonizada por una escuadra rebelde de treinta y cuatro aviones de la Marina.
El terrorismo de Estado pasó a ser interpretado como la práctica común utilizada por todos los adversarios de los luchadores por la revolución, controlen o no el aparato estatal.

Al 30 de abril de 2013, el sueldo mensual más alto de la administración pública nacional era el Nivel A y tenía catorce grados, del 0 (11.264,76 pesos), al 14 (24.123,12 pesos). La Secretaría de Derechos Humanos no informa el valor de la indemnización para cada una de esas víctimas; para tener una idea de la cantidad, podemos tomar el sueldo mensual del grado promedio, el 7, que era de 16.912,08 pesos, y multiplicarlo por cien. Con este criterio, la indemnización llegaba a 1.691.208 pesos.
Sin embargo, tanto los fundamentos del proyecto de la ley 24.411 como los discursos de los diputados y senadores que la aprobaron indican que el objetivo era reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, incluso antes del golpe de 1976, pero no beneficiar a las víctimas de la represión realizada dentro de la ley. Lo confirmó el ex senador Eduardo Menem, quien estuvo a cargo de la presidencia del Senado en la sesión en la que se debatió y aprobó ese proyecto, el 7 de diciembre de 1994: “El sentido era muy claro; reparar a todas las víctimas de la represión ilegal de los militares, incluso antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Por ejemplo, en el caso de la Masacre de Trelew, en 1972. Y también a las víctimas de los grupos paramilitares, como la Triple A. Pero para mí no se debe aplicar a los ataques a cuarteles como el de Formosa porque, ante el ataque a un regimiento, en democracia, ¿cómo no se iban a defender los militares? Es absurdo pensar que no deberían haberse defendido”.

En abril de 2006, durante la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Kirchner presentó una versión “actualizada” del Nunca Más, que incorporó el Anexo II, con una lista de 1.169 personas que figuraban como “desaparecidos” o víctimas de “ejecución sumaria” entre el 1° de enero de 1969 y el 24 de marzo de 1976.
En realidad, la Conadep había sido creada por el presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 para investigar la desaparición de personas sólo durante la dictadura. Por lo tanto, el Anexo II, con esos 1.169 nombres, excede el objetivo original de aquella comisión, que fue integrada por destacadas personalidades encabezadas por el escritor Ernesto Sabato.
En esa versión “actualizada” del Nunca Más, el kirchnerismo también sumó un nuevo prólogo en el que rechazó en forma explícita la “teoría de los dos demonios”; es decir, la justificación del “terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificadora en la acción de particulares, frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables”.
La tercera modificación en el informe de la Conadep, que como el Anexo II y el nuevo prólogo también fue realizada en silencio, como un hecho consumado, fue el agregado de dos conceptos nuevos, que se sumaron al de desaparición y sirvieron para calificar dos tipos de delitos que tampoco estaban previstos en el decreto de Alfonsín:
Desaparición forzada: cuando el cuerpo de la víctima no ha sido identificado ni entregado a sus familiares. La categoría “desaparición”, a secas, quedó para los casos en los que los parientes ya recuperaron los restos de la persona que estuvo desaparecida.
Ejecución sumaria: en un e-mail enviado el 9 de junio de 2010, la Dirección de Gestión de Políticas Reparadoras de la Secretaría de Derechos Humanos me informó que esa categoría fue “decidida por las autoridades de la Secretaría en el momento de la actualización del anexo del Nunca Más”, y me detalló los quince casos en los que es aplicada por el gobierno, que transcribo en forma textual:

-Asesinato de detenidos-desaparecidos/Inhumación clandestina.
-Enfrentamiento.
-Ejecución/Asesinato.
-Ejecución/Asesinato/Inhumación administrativa.
-Enfrentamiento fraguado/Asesinato de cautivos.
-Enfrentamiento fraguado/Asesinato de cautivos/ Inhumación clandestina.
-Fallecimiento durante detención.
-Homicidio en el “Cordobazo”.
-Muerte por secuelas de tortura.
-Secuestro y asesinato.
-Asesinato de detenidos-desaparecidos.
-Excesos en eventual defensa/Ejecución sumaria.
-Supuesto enfrentamiento.
-Tormento seguido de muerte.
-Víctima accidental en el marco del terrorismo de Estado.
Todos los casos imaginables parecen caber en esta categoría creada especialmente por el kirchnerismo.

De los 1.169 nombres del Anexo II del Nunca Más, 526 correspondían a “Ejecución sumaria” y sus datos provenían del Redefa, es decir del Registro de Fallecidos de la ley 24.411. Son los legajos de cada uno de los muertos cuyos parientes han reclamado el cobro del beneficio extraordinario previsto por esa norma. Eso supone que sus parientes habrían cobrado esa indemnización. En la mayoría de los casos fue así, pero no en todos: parientes de Fernando Abal Medina, el primer jefe de Montoneros, que encabeza el listado por razones alfabéticas, me dijeron que “nadie de la familia cobró nunca nada por Fernando” ni está interesado en hacerlo.
Abal Medina es un caso paradigmático de la laxitud con la cual el kirchnerismo elaboró ese listado. No se trata, claramente, de una víctima de “ejecución sumaria”: fue abatido a los 23 años en un tiroteo con la Policía Bonaerense en la pizzería La Rueda, en William Morris, el 7 de septiembre de 1970, apenas tres meses después del secuestro y asesinato del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, con el cual Montoneros se dio a conocer. Como era el jefe, Abal Medina fue quien ejecutó a Aramburu con una pistola 9 milímetros luego de un “juicio revolucionario”. Junto con él murió su amigo Carlos Gustavo Ramus, cuando quiso lanzar una granada contra los policías que le estalló en la mano; también Ramus figura en esa nómina.


Fernando Abal Medina
Uno de los parientes de Abal Medina, que era tío del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina hijo, me aseguró que ellos mismos se sorprendieron cuando se enteraron de la inclusión del ex jefe montonero en el Nunca Más. “Nunca nos avisaron nada de eso, ni tampoco que figuraba en el monumento de la Costanera. Fernando no se reivindicaría jamás como una víctima de ejecución sumaria sino como un combatiente, que murió en un tiroteo”, me dijo la fuente, que pidió permanecer en el anonimato. “Habíamos iniciado gestiones con el entonces secretario de Derechos Humanos, (Eduardo Luis) Duhalde, a quien conocíamos mucho, para retirar a Fernando, si bien de manera discreta, tanto del Nunca Más como del Monumento; no lo pudimos conseguir”, agregó.
En esa lista hay de todo, desde víctimas de bandas paraestatales como la Triple A hasta los sesenta y ocho guerrilleros que motivaron la presentación de los Abogados por la Justicia y la Concordia. Figuraron en ese pedido Haymal, los ocho guerrilleros muertos en Formosa y miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo caídos en el monte tucumano y durante los ataques a las instalaciones militares de Azul, Villa María, Fray Luis Beltrán y Monte Chingolo; todos ellos habían fallecido en 1974 y 1975, durante el gobierno de Isabel Perón.

Fue necesaria la intervención del juez federal en lo Contencioso Administrativo Esteban Furnari, porque el gobierno se negaba, como siempre, a brindar esos datos. Finalmente, la Secretaría de Derechos Humanos tuvo que informar sobre cada uno de esos pagos.
En el caso de los guerrilleros muertos en Formosa, se supo que, en una primera instancia, cada uno de los pedidos de resarcimiento fue rechazado con el argumento de que “la muerte no se produjo en situación justificada legalmente”; es decir, no se encuadraba en la ley promulgada por Menem el 28 de diciembre de 1994.
Pero luego todos esos reclamos resultaron aprobados en virtud de una nueva norma, la ley 24.823, que vino a completar la ley 24.411 y fue promulgada por Menem el 23 de mayo de 1997. La clave fue el artículo sexto, que permitió esos pagos. ¿Y qué decía ese artículo? Que “en caso de duda sobre el otorgamiento de la indemnización prevista por la ley 24.411, deberá estarse a lo que sea más favorable al beneficiario o sus causahabientes o herederos, conforme al principio de la buena fe”.

Se trata de los casos Reinaldo R. Brigiller ($ 396.364),($ 322.560), Jorge Alberto Livieres ($ 224.000), Alfredo Velázquez ($ 224.000)y José Daniel Graziano ($ 322.560). El expediente de Oscar Ramón Boero está en trámite y
otro -como Luis Carlos Morero-aparece ya abonado ($ 396.364), pero con el nombre
de Jorge Horacio Morero.


Reinaldo Briggiler

Saúl Kobrinsky

Jorge Alberto Livieres













Alfredo Velázquez











Juan Sebastián Hernández




Los últimos dos casos abonados por Cristina Kirchner ascendieron a $ 901.407, el 26 de agosto último, para indemnizar a la familia de Ismael Antonio Monzón, muerto en el ataque a Monte Chingolo, y a $ 750.984, el 9 de mayo, por la muerte de Juan Sebastián Hernández, fallecido en el ataque a Formosa.

Otros casos cuestionables en cuanto a su inclusión en la lista de beneficiados por las disposiciones introducidas por el kirchnerismo se dieron bajo las siguientes circunstancias:

El 12 de abril de 1975, luego de expropiar un camión cerealero en el cruce de la ruta 6 y Panamericana, a la altura de Campana, cayeron muertos en combate Guillermo Rodríguez (apodado “Mario”), Carlos Pablo Molinas (“Oscar”), Luis Bocco (el “Flaco Tito”) y Carlos Alberto Tuda (el “Negro Nano”). Ninguno de ellos estaba citado en el primer informe de la Conadep, pero aparecen en el informe encargado por Néstor Kirchner en 2006 como “víctimas de ejecución sumaria”.


Guillermo Atilio Rodríguez

Carlos Molinas Benuzzi

Carlos Alberto Tuda
Las militantes montoneras Ana María Teresa Drago y María Cristina Lucchesi saltaron al vacío el último día de 1976, en Rosario, cuando su casa fue rodeada por fuerzas de seguridad. En el listado de 2006, el caso Drago aparece como “ejecución sumaria” y el de Lucchesi como “desaparición forzada”.


Ana María Teresa Drago

María Cristina Luchessi
En abril de 1976, hallaron ahorcada en Lomas de Zamora a María Teresa Cerviño, con un cartel que decía: “Yo fui montonera. ¡Seguime!”. Su cuerpo fue identificado y el juez Raúl Varesio dictó el sobreseimiento provisional de la causa por no poder individualizar al autor del crimen. A pesar de que su cuerpo había aparecido, en el informe de 2006 su caso se menciona como “desaparición forzada”.


María Teresa Cerviño
Jorge Riganti murió cuando transportaba una bomba en su Citroën, en La Plata, el 7 de mayo de 1976. En el informe de la Secretaría de DD.HH. se señala su caso como de ejecución sumaria.

Evita Montonera y el autor Gillespie coinciden en señalar que Montoneros declaró traidor a Carlos Roth por colaborar con el enemigo y que la propia organización ordenó su ejecución. Para el informe oficial, Roth es un caso de desaparición forzada, en enero de 1976.


Carlos Guillermo Roth
El listado de 2006 menciona como desaparición forzada el caso del ciudadano francés Jean-Henri Raya Ribard, muerto en Brasil el 21 de noviembre de 1973. No se explica la inclusión de un extranjero, muerto fuera de la Argentina en tiempos en que gobernaba Juan Domingo Perón.


Jean-Henri Raya Ribard
Se trata de casos que se ajustan a la premisa de “no entregarse vivos, resistir hasta escapar o morir en el intento”, como lo definió la organización conducida por Mario Firmenich en la revista Evita Montonera , de marzo de 1976. La mayoría de ellos no había sido incluido en el informe original de la Conadep, que consideraba 8961 casos, y cuyo prólogo -escrito por Ernesto Sabato- fue modificado en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner por considerar que reivindicaba la “teoría de los dos demonios”.

Con esas incorporaciones, se llegó a 9334 casos. El agregado de los integrantes de las organizaciones guerrilleras que cayeron fue hecho como una reivindicación. Pero ese reconocimiento contrasta con el silencio que mantiene el Gobierno hasta hoy acerca de los pagos de indemnizaciones a los familiares de esas mismas personas.

Como era de esperar, el artículo sexto de la nueva ley fue utilizado de una manera generosa por los gobiernos que se fueron sucediendo desde 1997 para autorizar numerosos pagos que no se ajustaban a la ley original.
Fue el caso del reclamo de los parientes de Haymal: según la información oficial, el pago de 224 mil pesos fue autorizado el 25 de abril de 2002 por una resolución firmada por el presidente Eduardo Duhalde y su ministro de Justicia, Jorge Vanossi, en base a un informe favorable que había sido elaborado dos años antes por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que en aquel momento, el 11 de abril de 2000, era encabezada por la actual diputada ultrakirchnerista Diana Conti; gobernaba el presidente Fernando de la Rúa, de la Alianza. Ese informe concluyó que Haymal “falleció a causa del accionar de un grupo paramilitar” y que debía ser aplicado el artículo sexto de la ley 24.823, el que se refería a los casos dudosos.
“Al ministro no le llegaban todos esos casos. El Ministerio tenía dos secretarías de Estado: Justicia y Derechos Humanos; los temas vinculados a Derechos Humanos los resolvía directamente esa Secretaría”, dice Vanossi.
Con los datos aportados por la Secretaría de Derechos Humanos, los Abogados por la Justicia y la Concordia presentaron el 11 de mayo de 2012 una denuncia por los presuntos delitos de defraudación a la administración pública, asociación ilícita, violación de deberes de los funcionarios públicos, apología del delito y prevaricato. Pretendían que, además, la justicia impidiera el pago de las “indemnizaciones irregulares en trámite” y ordenara al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que quitara del monumento en la Costanera los nombres de los guerrilleros mencionados.
La denuncia cayó en el Juzgado Federal Nº 7, a cargo de Norberto Oyarbide, que menos de un mes después, el 4 de junio de 2012, la desestimó. ¿Su argumento? Muy escueto: todas las leyes que establecen ese beneficio a las personas que “entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983 hayan estado detenidas, hayan sido víctimas de desaparición forzada o hayan sido muertas en alguna de las condiciones y circunstancias establecidas en las mismas”.

Otros guerrilleros caídos en Córdoba en tiroteos con policías y militares antes del último golpe también figuran como víctimas del terrorismo de Estado, tanto en el Nunca Más como en el monumento de la Costanera porteña, entre ellos:
Liliana Raquel Gelin, muerta a los 21 años en un asalto al Banco de la Provincia de Córdoba.
José Sabino Navarro, el único jefe de Montoneros que provenía de una familia pobre y peronista; sucedió a Abal Medina hasta que fue “despromovido”, castigado, porque tenía una amante y enviado a Córdoba. Murió el 9 de agosto de 1971, luego de una espectacular persecución policial por la sierra cerca de Alta Gracia.
Carlos Olmedo, el primer jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y sus compañeros Juan Carlos Baffi, Raúl Peressini y Agustín Villagra, que fallecieron el 3 de noviembre de 1971 en el llamado Combate de Ferreyra o Combate de la Fiat, en las afueras de la ciudad de Córdoba.


Liliana Raquel Gelin

José Sabino Navarro

Carlos Olmedo













Juan Carlos Baffi









Raúl Peressini

Agustín Villagra


















Justino Argañaraz, Ivar Brollo y José Luis Boscarol, bajas del ERP en el ataque a la Fábrica Militar de Villa María, en la noche del 10 al 11 de agosto de 1974.
Hugo Baretta, muerto “en combate”, según la revista Evita Montonera, en su número 3, durante un tiroteo con la Policía el 24 de febrero de 1975, cuando viajaba en un auto a secuestrar al cónsul estadounidense John Patrick Egan. Baretta fue uno de los fundadores de Montoneros en Córdoba.
Hugo Therisod, 26 años, casado, estudiante del último año de Arquitectura, muerto durante un tiroteo luego del ataque a la jefatura de la policía cordobesa, el 20 de agosto de 1975. Otras fuentes, como un informe de la Facultad de Arquitectura, indican que, en realidad, fue ejecutado por la Policía cuando ya se había rendido.


Hugo Baretta

Hugo Therisod












La política del kirchnerismo, entendido como una amplia alianza entre sectores del peronismo, la izquierda, los sindicatos, los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, busca homenajear a todos “los caídos por la revolución” y beneficiar a sus herederos con una indemnización a cargo del presupuesto público.
Para eso, ya no se refiere tanto a la dictadura entre 1976 y 1983 sino al “terrorismo de Estado”, como una suerte de ente metafísico que se desplaza hacia los años anteriores sin reconocer fronteras políticas o ideológicas ni diferencias entre gobiernos militares y democráticos.
Esta política aumenta —abulta sería un verbo más adecuado— el número de víctimas de ese “terrorismo de Estado”, aunque, al menos por ahora, no alcanza para llegar a la cifra mágica de 30 mil muertos y desaparecidos que se le achaca a la dictadura.
Pero este número aparece, sí, como un objetivo a cumplir; por ejemplo, el monumento frente al Aeroparque porteño contiene 30 mil placas que en su mayoría continúan vacías, como si estuvieran esperando la llegada de los nombres de las más de 20 mil personas que aún faltan.

Cuando este monumento fue inaugurado, en 2007, con todos los agregados realizados, la lista total de víctimas llegaba a 8.717:
7.664 correspondían a la última dictadura;
981, a los cuatro gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976;
72, a los gobiernos militares que se sucedieron entre 1969 y el 25 de mayo de 1973, casi catorce veces menos que en las presidencias peronistas que los reemplazaron.
El total de víctimas era similar a la cifra a la que había llegado la Conadep, en 1984, luego de ocho meses de trabajo: 8.960 víctimas, una cantidad que en los años siguientes fue depurada. “Seguramente se suprimieron nombres repetidos y errores que se habían cometido por el apremio del corto plazo otorgado”, explica Graciela Fernández Meijide, que fue miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y secretaria de la Conadep, y es madre de un adolescente detenido-desaparecido, Pablo.

La Conadep recibió, en total, 7.380 denuncias de desapariciones por razones políticas durante la dictadura, a las que incorporó los reclamos que habían sido formulados ante organismos específicos, nacionales e internacionales, con lo cual llegó al número de 8.960.
La cifra del Monumento era algo mayor al de la última “actualización” que se conoce del Nunca Más, de 2006, que contiene, en total, 8.327 nombres, también desde 1969:

7.158 correspondían a la dictadura;
1.169, previos al golpe del 24 de marzo de 1976.

Es decir que en los dos únicos listados difundidos por el kirchnerismo, el total de desaparecidos y muertos durante la dictadura es de entre 7.158 y 7.664 personas.
Sólo el Nunca Más discrimina entre desaparecidos y muertos durante la dictadura:

6.415 desaparecidos;
743 víctimas de “ejecución sumaria”.

Entre esas víctimas de “ejecución sumaria” figuran los presos fusilados por orden del general Luciano Benjamín Menéndez, pero también casos discutibles, como Carlos Hobert, muerto por su propia esposa porque no quería ser capturado vivo.


Carlos Alberto Hobert
Pero el caso más polémico es el de Hugo Irurzún, cuyo nombre de guerra en el ERP era Capitán Santiago. Irurzún ya no militaba en el ERP cuando fue muerto, horas después de haber disparado la bazooka que aniquiló el Mercedes Benz en el que viajaba el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Eso ocurrió el 17 de septiembre de 1980 en Asunción del Paraguay. Irurzún figura con el legajo número 1.230 del Redefa en el nuevo Nunca Más a pesar de que fue muerto fuera de la Argentina y por la policía paraguaya.


Cadáver de Irurzun
El número de víctimas de la dictadura según el Nunca Más y el monumento porteño se acerca al que dio Jorge Rafael Videla en el libro Disposición Final de Ceferino Reato, cuando admitió: “Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión. No podíamos fusilarlas, ¿cómo íbamos a fusilar a toda esa gente? Tampoco podíamos llevarla ante la Justicia, que estaba inerte. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas”. Y a la lista de desaparecidos elaborada en 1979 por el ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, que contenía “alrededor de ocho mil” nombres, según el propio Harguindeguy dijo antes de morir.

Un tercer relevamiento oficial, elaborado en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos pero que no ha sido difundido públicamente, indica que hasta mediados de abril de 2010 la indemnización prevista por la ley 24.411 había sido pagada a los herederos de un total de 7.500 víctimas de desaparición, desaparición forzada y ejecución sumaria:
6.454 casos fueron resueltos de manera favorable desde la entrada en vigencia de esa ley hasta el 31 de diciembre de 2003; en ese periodo, 80 pedidos fueron denegados.
1.046 casos fueron resueltos también de manera favorable desde el 1° de enero de 2004 al 14 de abril de 2010. Otros 226 pedidos fueron rechazados.
También en este caso la cuenta comienza mucho antes de la última dictadura, en 1969.
Otras fuentes también ubican la cifra de víctimas en los rangos ya conocidos.

Los organismos de Derechos Humanos y el kirchnerismo consideraban que eran ellos los únicos que podían hablar de Derechos Humanos. Había un relato bien articulado, muy rígido y no querían correrse ni un centímetro, entonces atacaban cosas como que Videla decía que tenían que matar a 7 mil, 8 mil personas, como no decía 30 mil les parecía que estaba mal, como si 7 mil u 8 mil personas, fueran nada. Eso es peligroso porque para que sea genocidio no tiene que ver con la cantidad de víctimas, pero 7 mil u 8 mil personas es un montón de sufrimiento.Hay una obsesión de los organismos de DD-HH para que sean 30 mil, como que la sangre derramada haya sido más. Ellos consideraban que eran los únicos que podían hablar y desde la memoria, nunca desde la historia.

Ahora sabemos que la memoria es parcial, es importante que la víctimas hablen, pero también es importante que hablen todos los grupos, eso es la diferencia entre historia y memoria, memoria es de un grupo particular, historia es un trabajo que trata de preguntarles a todos los grupos, interpelarlos a todos, para crear algo que no sea solo de un grupo, sino de la sociedad argentina. En ese sentido, también la historia interpela a los grupos revolucionarios, a los grupos guerrilleros. Mientras los organismos de Derechos Humanos con Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini defienden la lucha armada, la historia la cuestiona: dice la lucha armada sirvió también para que mucha gente pidiera la intervención de los militares.

Fue así porque hasta los grupos guerrilleros, Montoneros, el ERP, hacían fuerza para que hubiera un golpe militar porque ellos esperaban que de esa manera la gente iba a terminar apoyando a las guerrillas, eso iba a acelerar la revolución socialista, eso molestaba y sigue molestando a los organismos de Derechos Humanos.

Fuentes: Viva la sangre!, Ceferino Reato

La memoria de los de abajo , Roberto Baschetti

Galimberti, Marcelo Larraquy

Revista Evita Montonera,varios números

Archivo diario La Nación

Mentirás tus muertos , Carlos Manfroni

IMPECABLE CAMARADA!!!!. Creo que tendriamos que agregar a varios "desparecidos" que viven hace decadas allá lejos, en Mexico. Uno de ellos, seguramente tuvo la desgracia de morir durante el ultimo terremoto. Ahora...cosa rara....el consulado sabia (y difundio) que habia una victima argentina, que tenia 70 años pero "desconocia" los datos de filiacion. Magicamente la noticia se esfumo a los dos dias de todos los medios. El resto de los paises con victimas connacionales, tenian y difundian el detalle completo de las victimas... La maquinaria de apoyo y cobertura politica, judicial y mediatica de los delincuentes terroristas profugos, sigue intacta. (Otra que "Odessa"). Cordial Saludo!!!!
 
5 de OCTUBRE DE 1975
TOMEMOS UNOS MINUTOS PARA RECORDAR:
Subteniente Ricardo Massaferro, Sargento Víctor Sanabria, Soldados Antonio Arrieta, Heriberto Avalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torantes, Alberto Villalba y Hermindo Luna; Agente Pedro Alegre





"El Negro” Luna, 21 años, abatido por los delincuentes terroristas.

Los Conscriptos muertos formaban parte de un grupo desafortunado compuesto por los "soldados del domingo por la tarde", es decir los más pobres, que no tenían dinero para visitar a sus familias en el interior de la provincia y acostumbraban a cambiar sus francos por una pequeña suma de dinero, como Luna, y los más generosos, como Edmundo Sosa, un muchacho sin padre que, primero, postergó su baja para que saliera en su lugar un compañero que era más pobre que él y tenía dos hijos que alimentar, y luego, aquel domingo 5 de octubre, le había cedido su franco a otro colega para que fuera a Clorinda a ganarse unos pesos en el acarreo de bolsas de harina de contrabando a Paraguay.

PASARON 42 AÑOS Y SIGUEN SIENDO OLVIDADOS, MIENTRAS LOS TERRORISTAS SON PROCLAMADOS HEROES.

NUESTROS SOLDADOS VAN MURIENDO CAUTIVOS, POBRES Y ENFERMOS, LOS OTROS SON MILLONARIOS, DANDOSE LA GRAN VIDA CON EL DINERO DE TODOS NOSOTROS....


ARGENTINA PAIS DE HIPOCRITAS!!!
 
Soy un convencido que cada uno de los mencionados en este post VIVEN cada vez que hablamos de ellos.
La Santa Misa de anoche en la castrense fue muy emotiva también y se recordó a aquellos que pelearon contra el enemigo en la guerra antiterrorista y que hoy están presos.
 

DSV

Colaborador
Política
"¡Acá no se rinde nadie, mierd@!", el grito del soldado Hermindo Luna antes de que lo mataran en la Operación Primicia
https://www.infobae.com/politica/20...de-que-lo-mataran-en-la-operacion-primicia-3/
Esta misma nota fue compartida ayer y hoy por la página oficial del Ejército en las redes sociales. Y destaco esta diferencia porque en otros hilos alguno habla de que en la década K no había censura, pero que se ponga a buscar a ver si el Ejército podía contar la realidad, aunque sea para sus seguidores.
 
Desde 2002 el Ejército no hacía un homenaje oficial a nivel institución por el ataque a Formosa. Vientos de cambio...
GLORIA ETERNA A LOS BRAVOS DEL REGIMIENTO 29.

Igual nunca dejo de hacerse el homenaje. Y consta que apretaron a gobernador para que así fuera, pero parece que el pueblo formoseño no olvida...
 

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