El Grupo de Iniciativa Sobre Defensa y Fuerzas Armadas (GISDFA), integrado por profesionales civiles de centro-izquierda con cercanía a esos temas, ha propuesto reducir el presupuesto anual que Chile destina al sector Defensa en USD 700 millones, que podrían ser reasignados a inversión social. El monto de la reducción propuesta representaría aproximadamente el 15 por ciento del gasto anual general de Defensa de Chile, que para el presente año está estimado en USD 4.800 millones.

Según la propuesta, esa reasignación de fondos permitiría disponer de USD 4.200 millones en un lapso de seis años, contribuyendo sustancialmente a la inversión de USD 5.500 millones que se estiman necesarios para enfrentar las demandas sociales planteadas desde octubre pasado, cuando se produjo un estallido social que sigue remeciendo al país.

Según los proponentes, la reducción de presupuesto no tendría impacto negativo sobre las capacidades operativas y disuasivas de las FF.AA. chilenas, definidas como “suficientes”, con un gasto que en el 2018 representó el 1.9 por ciento del PIB nacional.

El índice está muy por sobre el 1.3 por ciento del PIB que es el promedio regional iberoamericano, de acuerdo a estadísticas del Banco Mundial. Según explicó el sociólogo Augusto Varas, líder del GISDFA y director ejecutivo del centro de estudios Fundación Equitas, el gasto en Defensa de los países vecinos, Argentina, Perú y Bolivia, son notablemente inferiores a los de Chile, con el 0.9, 1.2 y 1.5 por ciento del PIB, respectivamente. Ni el escenario vecinal ni otras razones justifican el gasto superior que hace Chile”.

Varas reforzó el planteamiento del GISDFA citando la edición 2017 del Libro de la Defensa Nacional de Chile, documento oficial del Ministerio de Defensa local, que dice que “América Latina y el Caribe se han transformado en una región definida como una Zona de Paz”, y que el “Chile no abriga propósitos agresivos contra ninguna nación del orbe, ni tiene reivindicaciones territoriales en el ámbito vecinal”. A continuación señaló que, sin embargo, “Chile posee una capacidad militar, operacional y logística claramente superior a sus tradicionales adversarios” y que, a pesar de eso, la reciente “modificación legislativa del sistema de financiamiento de las compras de material bélico, para eliminar la Ley del Cobre, incrementa los fondos destinados a ese fin”.

Según Varas, desde la restauración en 1990 de la democracia en Chile “ha existido una incapacidad institucional de conducir la política de defensa, la que se ha caracterizado por una inercia”. Explicó que el Presidente de la República, como Jefe del Estado, no cuenta con los recursos técnicos humanos ni las atribuciones constitucionales necesarias para darle racionalidad y coherencia a la política de defensa, en tanto que las instituciones castrenses gozarían aún de espacios de autonomía corporativa, que según el sociólogo tienen respaldo en la concepción doctrinal de la Seguridad Nacional incluida en la Constitución vigente. Por las razones citadas, pese a la reforma vigente desde el 2010, en Chile no habría una conducción civil efectiva de las FF.AA., mientras que los jefes de estas tendrían atribuciones en exceso, y uno de sus resultados sería un sobre gasto excesivo en Defensa. “Nuestra propuesta considera que el material bélico puede continuar siendo repuesto y modernizado en el futuro, racionalizando y reduciendo relativamente los fondos públicos destinados a la Defensa, sin afectar la capacidad disuasiva del país”, añadió.

Sobre la propuesta del GISDFA, fuentes cercanas a las instituciones militares en Santiago señalaron a Fuerzas Militares, bajo condición de anonimidad, que los gastos del ministerio del ramo y sus fuerzas ya han sido recortados por el gobierno en ejercicio en aproximadamente un 12 por ciento anual, lo que ha sido abordado por las instituciones con ajustes en sus operaciones de despliegue para operaciones regulares de entrenamiento y ejercitación. Las fuentes advirtieron que un recorte adicional del 15 por ciento anual como el planteado, junto con impactar las actividades operacionales mencionadas, podría también forzar una reducción de las actividades de mantenimiento del material, dando como resultado una baja de los niveles de alistamiento, reduciendo tanto la capacidad de disuasión de las FF.AA. como de desplegarse en operaciones de emergencia a nivel nacional e internacional.

La propuesta también ha sido recibida con escepticismo por otros analistas civiles. Ricardo Neeb califica la propuesta como voluntarista, y critica que “la sugerencia se basa principalmente en estimaciones y supuestos, excluyendo por completo el análisis de aspectos técnicos y los efectos del recorte sugerido en esa dimensión”. Neeb también crítico “la comparación del gasto en relación al PIB, que no incluye aspectos como la conformación, la geografía, la topografía y el tamaño del territorio con sus espacios marítimos de soberanía, derechos exclusivos sobre recursos y obligaciones internacionales”. Sobre ese aspecto, el analista de derecha recordó que los mismos “fueron considerados, en forma central, cuando Argentina y Chile elaboraron en conjunto un sistema de comparación de sus respectivos gastos y capacidad militar”.

Para Neeb, “esta propuesta busca reducir las capacidades disuasivas, estratégicas y operacionales de Chile, sin reconocerlo ni pasar por necesario estudio y definición de las necesidades del país, ni por el diseño de una política de estado para el sector Defensa. Autores centran atención en lo que consideran gasto excesivo en Defensa, pero no aplican misma lógica a otros ministerios y servicios del sector público, donde también hay señales de mala gestión de recursos, que podrían ser ahorrados y derivados a otras áreas o ser empleados en forma más eficaz y focalizada, para un mejor efecto”.

Emilio Meneses, doctor en Relaciones Internacionales de Oxford y analista de la derecha, también calificó la propuesta del GISDAF como “un planteamiento voluntarista que, junto con abrazar supuestos sin ir más a fondo, atribuye a las fuerzas armadas las limitaciones de las autoridades civiles, incluidas falta de capacidad técnica y voluntad política, para asumir los liderazgos que le corresponden en la gestión de la defensa”. Meneses apunta que “el Presidente de la República es quien autoriza el gasto en defensa, desde sus estudios preliminares hasta la decisión final de comprar un determinado ítem. Eso está especificado en la Constitución de Chile y los militares no tienen otra opción, salvo subordinarse y obedecer”.

Refiriéndose también a la comparación del gasto en función del PIB, Meneses señala que “es lo más inapropiado, porque incluye recursos que, en lugar de ser del Fisco, son mayoritariamente privados. PIB no es una referencia determinante y absoluta para comparar, e incluso el porcentaje del presupuesto o gasto fiscal tampoco lo es”. Explica que “los países difieren también en aspectos como tamaño y conformación de sus territorios terrestres y marítimos, así como en los intereses que deben proteger con su política exterior y su disuasión militar, sin considerar la disposición que puedan tener para aportar activamente a la paz internacional, lo que también exige capacidades materiales y operativas”.

Meneses añade que, “en el caso específico de Chile, muchos observadores extranjeros reconocen que la geografía del país es una pesadilla para su defensa. Las distancias son enormes y la topografía difícil, lo que hace complicado trasladar fuerzas militares de un extremo al otro en casos de emergencia o crisis. Es por eso que, a partir de la experiencia adquirida con las crisis del pasado, Chile mantiene regiones militares especiales, con unidades emplazadas, en sus extremos norte y austral. Mientras, las unidades navales, aéreas y terrestres, basadas fuera de esas regiones especiales pero destinadas a reforzarlas, exigen una inversión en plataformas tácticas y de apoyo con mayor movilidad y alcance, que también tienen un mayor costo”.

Sobre las comparaciones con la región iberoamericana y los países vecinos a Chile, Meneses considera que “la perspectiva de la reducción de gasto propuesta es errada. Argentina parece gastar menos que Chile porque sus autoridades así lo han decidido, por razones que no tienen nada que ver con las necesidades estratégicas del país. Y Perú, cuya economía pasa por muy buen momento, está privilegiando la incorporación de equipos para combatir a la guerrilla en la región del VRAEM, pero sin descuidar, por ejemplo, la modernización y reequipamiento de su marina”. Sobre la relación vecinal, el especialista de derecha acotó que “es un error descartar que la sólida disuasión que proyecta Chile hoy no influyó en que Perú y Bolivia, países con demandas territoriales, hayan optado por canalizarlas pacíficamente a través de una instancia judicial internacional”.

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3 COMENTARIOS

  1. Opino lo mismo Juan Carlos, y digo aunque se me tiren al cogote, que en nuestro pais, la democracia no nos sirve, porwue es una herramienta para juntar las cabezas, hacer un país cada vez, mas pobre, mas ignorante y mas inúti, mientras los corruptos de los políticos hacen su kiosquito, todo cada vez mas agarrado de los pelos y a los vecinos les pasa lo mismo y acuerdense lo que les digo, en marzo hay quilombo de nuevo en chile, está todo armado ya!!

  2. A las fuerzas armadas no les gusto que les pusieran un cascabel, todo gracias a sus niveles de corrupción ya con honores a la bandera, claramente hacían lo que querían, un descaro inexcusable y sin parangón conocido desde la vuelta de la democracia, lo curioso que fue esta misma con ayuda de la inoperante de la Concertación con sus miradas hacia el piso, la que descuido he incentivo niveles de corrupción en todas las ramas de defensa nacional, con la complicidad de los políticos y uno que otro empresario. Bajo este aspecto a los suedomilitares de plomo no les queda otra que adaptarse al medio , a lo que viene y lo que serán bajo sus nuevas doctrinas. Desde este punto de vista los próximos gobiernos democráticos de izquierda deberán impulsar la nueva reforma a la defensa nacional, así como lo construyeron en antaño.

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