Mas de tres décadas han pasado desde el retorno democrático a la Argentina y todavía persistimos en la idea de encontrar un rol profesional a las Fuerzas Armadas.

Si bien estas poseen una estructura orgánica y funciones asignadas por normas, también es verdad que existe un espíritu de incomodidad en el hecho de que los propias fuerzas se esfuercen en visibilizarse ante el poder político y la opinión publica y lo hagan a través de sus misiones secundarias (apoyo ante catastrofes, misiones humanitarias y servicios que rozan la política de seguridad domestica).

Es claro, las misiones secundarias implican a la luz de un mundo hiperconectado, una garantía de visibilidad desde lo comunicacional exclamando a las instituciones a las que defiende y a la sociedad a la que protege un llamado de atención que pretende revitalizar un difuso interés de la política y la gente y que en definitiva brinde una bocanada de aire a la idea de que las fuerzas efectivamente tienen una vida activa dentro de una sociedad que ignora o es esquiva a la posibilidad de una guerra. Es verdad, la guerra no vende, ya que por su propia naturaleza tiene implicancias domesticas negativas para cualquier estado. La propia idea que representa la violencia en gran escala es cuanto menos esquivada por las sociedades, incluso en aquellas con un ethos cargado de tradiciones castrenses y de conflagraciones domesticas e internacionales.

Pese a esto, y a sabiendas del gran peso simbólico que representa la guerra y su herramienta central para llevarse a cabo, el instrumento militar, los estados estructuran políticas activas para mantener el interés positivo de los distintos actores para que el monopólico coercitivo se mantenga útil y efectivo. Por otro lado, también existen otros estados que descartan o por lo menos minimizan el rol de sus fuerzas armadas dentro de la vida institucional. Esto tal vez por confiarse en una ontología de paz respaldada por un clima regional sin grandes conflictos que impliquen una movilización militar, por haber mutado su política de defensa en una política de seguridad integral que termina configurando al poder militar en una suerte de poder policíal aumentado, en razones de utilitarismo economicista que ignora por completo el conflicto exterior, por razones ideológicas contra el sector militar, o por una mezcla de estas razones.

Nuestro país ha elegido durante las últimas décadas encontrarse en el grupo que esgrime un popurrí de razones para apartar al sector militar de la agenda pública. Una serie de hechos políticos han terminado por configurar un instrumento militar que no provee garantías ante un eventual conflicto en función de su propio estado derruido. El problema aquí es que el poder político, por acción u omisión no ha hecho lo necesario para modificar el paradigma operacional, presupuestario y estructural para cambiar la suerte del sector. Por el contrario, ha parecido que durante las últimas décadas cuando el poder político se ha enfocado en el sector lo ha hecho para terminar perjudicando su funcionamiento.

Los grandes temas de agenda que han alcanzado al sector han trazado políticas que han disminuido la capacidad de llevar adelante su función principal, la guerra.

Durante más de 30 años, ha habido una fuerte tendencia del poder central de manejar a las instituciones castrenses con una política militar y no con una política de defensa integral, esto significa que solamente se ha hecho política militar hacia adentro para controlar a la oficialidad ante eventos de recortes graduales. Por el otro lado, no ha habido propuestas sustanciales para proponer políticas de defensa integrales que constituyan unas Fuerzas Armadas como una herramienta fundamental para acompañar a la política exterior del país.

A nivel presupuestario, las funciones de defensa han sufrido los mayores recortes de todas las funciones que organizan al Estado Nacional, llevando a que las arcas castrenses lleguen a un bajo histórico que determina que el instrumento no pueda llevar a cabo operaciones y entrenamiento a niveles en que lo hacen otras fuerzas armadas alrededor del globo.

Por otro lado esta tendencia acentuada en las Fuerzas Armadas de administrar pobreza, ha llegado al punto de que el reemplazo de sus sistemas de armas, que en promedio rondan los 40 años de antiguedad, sea impracticable presupuestariamente en función de las grandes partidas que habría que asegurar y suministrar. Para menos, en caso de poder hacer frente a esta renovación de sistemas, seria tan general la necesidad de modernizar que el desafío de invertir en el sector de forma tan abultada tendría como contrapeso el factor comunicacional, con una opinión pública que continua atribuyéndole un tabú al tratamiento de los asuntos de la Defensa Nacional.

Tengamos en cuenta que el factor presupuestario ha incidido en que Argentina al dia de hoy no cuente con equipos tecnológicos acorde a los tiempos actuales, y que exista mayor posibilidad de que un sistema se retire sin reemplazo a que exista alguna previsión política de avanzar en nuevas unidades más modernas para cubrir el rol perdido.

A su vez el factor presupuestario que se viene vislumbrando desde hace años ha terminado por hacer especial mella en el entrenamiento de la tropa, a razón de que año tras año los recursos asignados a ejercicios en el terreno, navegación y horas de vuelo vienen siendo objeto de recortes. Entonces con pocos medios, mas viejos y menos horas para operarlos la situación llega a un punto crítico.

Esta conjunción de cuestiones entre el estado de los medios y la operación en el limite estructural de los mismos termina por decantar en un efecto al que se ha acostumbrado el sector en los últimos años: los accidentes y la tragedia.

Los últimos años han brindado noticias alarmantes en relación a las Fuerzas Armadas argentinas, (descartando aquellas sobre el lamentable estado de sus equipos) y estas han sido enfocadas en los accidentes durante operativos. En muchos casos ha habido que lamentar victimas fatales, motivando a que el impacto en la opinión publica sobre los asuntos de la Defensa Nacional se acentúen de un modo negativo. El sector castrense pese a relativos esfuerzos comunicacionales ha relativizado su propia utilidad bombardeada por noticias que cuando han sido parte del framing lo han hecho para demostrar un estado rayano a lo desidioso.

Esta crisis de agenda también ha sido otro de los factores que han marcado literalmente a sangre y fuego a la situación militar en los últimos años no ayudando a responder una pregunta que se hace tanto el sector civil como el propio sector castrense: ¿Qué hacemos con los militares?

Las iniciativas del poder para intentar torcer la suerte no han sido contundentes o efectivas para intentar responder esta pregunta que resuena en la sociedad desde el retorno a la democracia. La omisión de los asuntos de la Defensa Nacional se mezcló por momentos con aparentes intenciones de desarrollar políticas de estado para el sector, propiciando nueva normativa que apelaba a democratizar, modernizar y activar a las fuerzas. Sin embargo, en la gran proporción de iniciativas lanzadas, el contenido normativo fue sustento de prácticas de amputación de la estructura castrense, o para peor, para minimizarlas o menospreciarlas políticamente.

Es importante repetir que la normativa de defensa ha sido establecida mas por necesidad de hacer política militar que por llevar adelante una política transformadora para el sector.

Desde la sanción de la Ley de Defensa Nacional hasta las ultimas directivas lanzadas durante el kirchnerismo y el macrismo, hubo un halo de misterio sobre como el Estado terminaría por llevar a cabo decisiones de modernización del sector.

Las buenas palabras o intenciones de las normas no coincidieron con un esfuerzo político y presupuestario que modifique la relación de las fuerzas con su pobreza material y operativa.

Se puede observar como las distintas pulsiones políticas fueron hijas de la necesidad coyuntural y no de un proyecto practico a largo plazo para la Defensa Nacional. El espíritu de las distintas normas no pudieron o no supieron colmar las necesidades de la función militar, y  el desarrollo de los acontecimientos desembocaron en que nuestro sistema de defensa nacional no logre generar estímulos para lograr políticas transformadoras.

Si bien los diagnósticos han brillado a lo largo de los años por la cantidad de trabajos, artículos y papers tanto en medios de comunicación masivo como en la propia academia, las soluciones han caído a cuenta gotas o directamente no han aparecido. Lo cierto es que la Defensa Nacional necesita de acuerdos multipartidarios y transgeneracionales para poder revertir la tendencia de recortes.

Es necesario avanzar sobre las distintas aristas que suponen la crisis del sector: su política de defensa (y su incomodidad normativa), su política militar, su política presupuestaria, su política comunicacional y la propia estructuración doctrinaria y operacional dentro del instrumento militar.

Sin bases consolidadas en un pacto multipartidario y con visión de futuro, las políticas gubernamentales se mantendrán erráticas como hasta ahora, imposibilitadas de hacer frente a la tendencia de recorte frente a las enormes y abultadas prioridades que tiene un Estado que permanentemente se encuentra en crisis.

¿Es posible avanzar en una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional multisectorial? La tragedia del ARA San Juan ha penetrado hasta en el sector mas ignoto de los asuntos militares, llamando la atención de todos los ciudadanos de la Nación sobre el estado de sus Fuerzas Armadas. Solo falta un llamado público que busque traer soluciones a la situación del sector.

A casi 6 meses de la perdida del submarino la administración de la cartera militar solo ha atinado a realizar un control de daños burocrático y remachar comunicacionalmente los problemas con los que conviven diariamente los hombres y mujeres de armas de este país. Es hora de asumir responsabilidades e intentar cambiar de manera categórica la suerte de la Defensa Nacional.

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