Defensa. Uniformados serán relevados de los cargos administrativos en el Ministerio
El destape de las irregularidades en la Armada cayó en un mal momento: la discusión del presupuesto para el quinquenio. Si bien por esto el gobierno no retaceará fondos a los militares, disminuirá al máximo su manejo de dinero público.
En los últimos dos años, el gobierno del Frente Amplio ha venido tomando medidas que restringen los movimientos financieros de las Fuerzas Armadas y las someten aún más al poder político.
En 2009 se decidió retirar a los militares la administración de decenas de millones de dólares procedentes de las Naciones Unidas.
Ahora, el gobierno anunciará, cuando finalicen las investigaciones, que las Fuerzas Armadas no harán más compras de insumos ni llamarán a licitación, tarea que se hará centralizadamente en el Ministerio de Defensa. De esta forma habrá un doble contralor, del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) sobre el movimiento de dinero.
Hay un tercer elemento, que es que se relevará a todos los oficiales superiores y jefes de las fuerzas que cumplen tareas en el Ministerio, para colocar en esas funciones a personal de confianza política.
Estas medidas han contado con la anuencia de los partidos de la oposición, los que ahora también coinciden en la necesidad de asistir al Ministerio de Defensa en la indagatoria sobre el manejo de los fondos de Naciones Unidas. Lo harán conformando una comisión investigadora en el Parlamento.
Luego de sus últimas dos comparecencias en el Parlamento, el ministro Luis Rosadilla se fue políticamente respaldado. Sin embargo, reconoció que tiene dificultades prácticas para llevar adelante toda la investigación del caso, y por eso oficialismo y oposición coinciden en que el Parlamento debe tomar cartas en el asunto.
"Podríamos colaborar investigando el manejo del dinero recibido de las Naciones Unidas", declaró a El País el presidente de la comisión de Defensa del Senado, Jorge Saravia (Espacio 609).
Las Fuerzas Armadas recibieron unos US$ 55 millones anuales en los últimos ocho años procedentes de la ONU, hasta que en 2009 se les retiró la posibilidad de administrar ese dinero.
A nivel político no se cree que las irregularidades en el manejo financiero afecte las previsiones presupuestales para los próximos cinco años. "Institucionalmente no debía afectar", reconoció a El País el diputado de Vamos Uruguay José Amy, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja. "La Armada no debe pagar el precio por culpa de alguno de sus hombres", añadió.
Anónimo. A mediados de junio, una denuncia anónima presentada en el juzgado de crimen organizado a cargo de la jueza Graciela Gatti, dejó al descubierto las irregularidades. La magistrada comenzó a investigar junto con Interpol y descubrió que en 2008 hubo manejo irregular de fondos, compras ficticias con empresas inexistentes y una connivencia entre jerarcas de la Armada y empresarios privados para llevar adelante una maniobra por US$ 600.000. Adicionalmente, se detectó que entre 2006 y 2009 la Armada usó indebidamente fondos de Naciones Unidas por millones de dólares.
El ministro Rosadilla separó de sus cargos a cuatro oficiales en actividad, y hasta quince marinos fueron a declarar a Interpol y al juzgado. Se confesó haberse fraguado la compra de una grúa y un banco de prueba de motores para conseguir fondos frescos para que el Comando de la Armada utilizara el dinero a voluntad.
La declaración de los indagados, incluyendo al ex comandante en jefe Juan Fernández Maggio, fue conduciendo las investigaciones hasta que la magistrada probó la existencia de una actividad ilegal.
En los testimonios brindados ante la sede penal, hubo contradicciones entre los oficiales. Varios de ellos alegaron que lo hecho respondía a ordenes de Fernández Maggio.
Además de las supuestas compras, para tener más dinero fresco se dejó de pagar al Banco Hipotecario la anualidad de 2008 por la compra de un edificio de 80 viviendas en el centro de Montevideo destinado a oficiales navales.
En los últimos días, otro capitán fue separado de su cargo cuando se descubrió en el Ministerio que había fraguado un pedido de combustible por $ 7.450.000, unos US$ 370.000.
Esta situación también fue a parar al juzgado de crimen organizado.
Citaciones en caso que implica a Fau
A nivel judicial también se indagan presuntas irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del Ministerio de Defensa desde la cual se abonan los gastos de los agregados militares en el exterior. En este caso, a cargo del juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, serán indagados varios altos oficiales de las Fuerzas Armadas, así como el ex ministro Yamandú Fau (2002/2005). Según una investigación ordenada en 2008 por el también ex ministro José Bayardi, Fau, durante su gestión, ordenó una transferencia de la cuenta bancaria destinada al pago de los gastos de los agregados militares a otra que dependía directamente de él y cuyos fondos estaban previstos para gastos "confidenciales". Fernández Lecchini prevé tomar declaraciones en septiembre.
Lo que se indaga en la armada
COMPRAS FICTICIAS.
Una de las irregularidades que investiga la Justicia es la compra ficticia de una grúa y un banco de prueba de motores que nunca llegaron a la fuerza, aunque los US$ 600.000 para su adquisición efectivamente salieron de las arcas navales. La operación consistió en hacer reingresar parte de ese dinero para que fuera administrado discrecionalmente por el Comando de la Armada. Oficiales y empresarios privados estuvieron en connivencia para llevar a cabo esta operación. Varios de los indagados acusan de dar la orden para obtener fondos frescos mediante este mecanismo al ex jefe naval Juan Fernández Maggio.
LA CUENTA ALEMANA.
La ONU paga a las Fuerzas Armadas uruguayas por año unos US$ 55 millones. Hasta 2009, la organización los depositaba en una cuenta en el Banco República y cada fuerza retiraba -y administraba en forma casera- lo que le correspondía. Así, la Armada recibió en 2006 US$ 9 millones, en 2007 US$ 8 millones, en el año 2008 otros US$ 11 millones, y US$ 2 millones en enero de 2009. Luego, los dineros pasaron a ser administrados por el Ministerio de Defensa Nacional. Una parte de aquellos millones pasó por una cuenta en el Dresdner Bank de Alemania, que se mantuvo oculta para las autoridades ministeriales todo lo posible. Los responsables de la fuerza manejaron discrecionalmente ese dinero durante años.
VALES DE NAFTA.
Dentro del Ministerio de Defensa, las cosas tampoco se manejan de forma prolija. Un alto oficial de la Armada, a cargo del departamento Financiero Contable de la cartera, fue acusado ante la Justicia de una maniobra con vales de combustible. El oficial reconoció el ilícito y fue separado del cargo. El caso fue a parar a manos de la jueza Graciela Gatti. En los meses de abril y mayo de 2010, el oficial naval solicitó a Ancap, a través del Ministerio de Economía, un refuerzo de rubros para la Armada. Retiró 595 libretas para combustible en estaciones de Ancap. Según la investigación interna en el Ministerio, cada libreta contiene 25 talones de $ 500. La suma total de los vales asciende a $ 7.437.500, poco más de US$ 370.000. En la caja fuerte de la oficina del oficial, se encontraron 159 libretas de vales de combustible, por valor de $ 1.987.500. Pero el oficial dijo que desconocía el destino de las restantes 436 libretas por valor de $ 5.450.000, o sea unos US$ 260.000.
El País Digital
El destape de las irregularidades en la Armada cayó en un mal momento: la discusión del presupuesto para el quinquenio. Si bien por esto el gobierno no retaceará fondos a los militares, disminuirá al máximo su manejo de dinero público.
En los últimos dos años, el gobierno del Frente Amplio ha venido tomando medidas que restringen los movimientos financieros de las Fuerzas Armadas y las someten aún más al poder político.
En 2009 se decidió retirar a los militares la administración de decenas de millones de dólares procedentes de las Naciones Unidas.
Ahora, el gobierno anunciará, cuando finalicen las investigaciones, que las Fuerzas Armadas no harán más compras de insumos ni llamarán a licitación, tarea que se hará centralizadamente en el Ministerio de Defensa. De esta forma habrá un doble contralor, del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) sobre el movimiento de dinero.
Hay un tercer elemento, que es que se relevará a todos los oficiales superiores y jefes de las fuerzas que cumplen tareas en el Ministerio, para colocar en esas funciones a personal de confianza política.
Estas medidas han contado con la anuencia de los partidos de la oposición, los que ahora también coinciden en la necesidad de asistir al Ministerio de Defensa en la indagatoria sobre el manejo de los fondos de Naciones Unidas. Lo harán conformando una comisión investigadora en el Parlamento.
Luego de sus últimas dos comparecencias en el Parlamento, el ministro Luis Rosadilla se fue políticamente respaldado. Sin embargo, reconoció que tiene dificultades prácticas para llevar adelante toda la investigación del caso, y por eso oficialismo y oposición coinciden en que el Parlamento debe tomar cartas en el asunto.
"Podríamos colaborar investigando el manejo del dinero recibido de las Naciones Unidas", declaró a El País el presidente de la comisión de Defensa del Senado, Jorge Saravia (Espacio 609).
Las Fuerzas Armadas recibieron unos US$ 55 millones anuales en los últimos ocho años procedentes de la ONU, hasta que en 2009 se les retiró la posibilidad de administrar ese dinero.
A nivel político no se cree que las irregularidades en el manejo financiero afecte las previsiones presupuestales para los próximos cinco años. "Institucionalmente no debía afectar", reconoció a El País el diputado de Vamos Uruguay José Amy, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja. "La Armada no debe pagar el precio por culpa de alguno de sus hombres", añadió.
Anónimo. A mediados de junio, una denuncia anónima presentada en el juzgado de crimen organizado a cargo de la jueza Graciela Gatti, dejó al descubierto las irregularidades. La magistrada comenzó a investigar junto con Interpol y descubrió que en 2008 hubo manejo irregular de fondos, compras ficticias con empresas inexistentes y una connivencia entre jerarcas de la Armada y empresarios privados para llevar adelante una maniobra por US$ 600.000. Adicionalmente, se detectó que entre 2006 y 2009 la Armada usó indebidamente fondos de Naciones Unidas por millones de dólares.
El ministro Rosadilla separó de sus cargos a cuatro oficiales en actividad, y hasta quince marinos fueron a declarar a Interpol y al juzgado. Se confesó haberse fraguado la compra de una grúa y un banco de prueba de motores para conseguir fondos frescos para que el Comando de la Armada utilizara el dinero a voluntad.
La declaración de los indagados, incluyendo al ex comandante en jefe Juan Fernández Maggio, fue conduciendo las investigaciones hasta que la magistrada probó la existencia de una actividad ilegal.
En los testimonios brindados ante la sede penal, hubo contradicciones entre los oficiales. Varios de ellos alegaron que lo hecho respondía a ordenes de Fernández Maggio.
Además de las supuestas compras, para tener más dinero fresco se dejó de pagar al Banco Hipotecario la anualidad de 2008 por la compra de un edificio de 80 viviendas en el centro de Montevideo destinado a oficiales navales.
En los últimos días, otro capitán fue separado de su cargo cuando se descubrió en el Ministerio que había fraguado un pedido de combustible por $ 7.450.000, unos US$ 370.000.
Esta situación también fue a parar al juzgado de crimen organizado.
Citaciones en caso que implica a Fau
A nivel judicial también se indagan presuntas irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del Ministerio de Defensa desde la cual se abonan los gastos de los agregados militares en el exterior. En este caso, a cargo del juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, serán indagados varios altos oficiales de las Fuerzas Armadas, así como el ex ministro Yamandú Fau (2002/2005). Según una investigación ordenada en 2008 por el también ex ministro José Bayardi, Fau, durante su gestión, ordenó una transferencia de la cuenta bancaria destinada al pago de los gastos de los agregados militares a otra que dependía directamente de él y cuyos fondos estaban previstos para gastos "confidenciales". Fernández Lecchini prevé tomar declaraciones en septiembre.
Lo que se indaga en la armada
COMPRAS FICTICIAS.
Una de las irregularidades que investiga la Justicia es la compra ficticia de una grúa y un banco de prueba de motores que nunca llegaron a la fuerza, aunque los US$ 600.000 para su adquisición efectivamente salieron de las arcas navales. La operación consistió en hacer reingresar parte de ese dinero para que fuera administrado discrecionalmente por el Comando de la Armada. Oficiales y empresarios privados estuvieron en connivencia para llevar a cabo esta operación. Varios de los indagados acusan de dar la orden para obtener fondos frescos mediante este mecanismo al ex jefe naval Juan Fernández Maggio.
LA CUENTA ALEMANA.
La ONU paga a las Fuerzas Armadas uruguayas por año unos US$ 55 millones. Hasta 2009, la organización los depositaba en una cuenta en el Banco República y cada fuerza retiraba -y administraba en forma casera- lo que le correspondía. Así, la Armada recibió en 2006 US$ 9 millones, en 2007 US$ 8 millones, en el año 2008 otros US$ 11 millones, y US$ 2 millones en enero de 2009. Luego, los dineros pasaron a ser administrados por el Ministerio de Defensa Nacional. Una parte de aquellos millones pasó por una cuenta en el Dresdner Bank de Alemania, que se mantuvo oculta para las autoridades ministeriales todo lo posible. Los responsables de la fuerza manejaron discrecionalmente ese dinero durante años.
VALES DE NAFTA.
Dentro del Ministerio de Defensa, las cosas tampoco se manejan de forma prolija. Un alto oficial de la Armada, a cargo del departamento Financiero Contable de la cartera, fue acusado ante la Justicia de una maniobra con vales de combustible. El oficial reconoció el ilícito y fue separado del cargo. El caso fue a parar a manos de la jueza Graciela Gatti. En los meses de abril y mayo de 2010, el oficial naval solicitó a Ancap, a través del Ministerio de Economía, un refuerzo de rubros para la Armada. Retiró 595 libretas para combustible en estaciones de Ancap. Según la investigación interna en el Ministerio, cada libreta contiene 25 talones de $ 500. La suma total de los vales asciende a $ 7.437.500, poco más de US$ 370.000. En la caja fuerte de la oficina del oficial, se encontraron 159 libretas de vales de combustible, por valor de $ 1.987.500. Pero el oficial dijo que desconocía el destino de las restantes 436 libretas por valor de $ 5.450.000, o sea unos US$ 260.000.
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