K que Verguenza.

Derruido

Colaborador
Fuente: Ambito Financiero 28/12/06

Kirchner intentó usar a los Veteranos para ocultar pago a una empresa fundida en los setenta

El pago a Greco se incluía sin precisiones en una emisión de bonos específicos (unos 1.300 millones de pesos) que se disimulaban con subsidios a ex combatientes de Malvinas...

Mientras abunando los suicidios, y la falta total de un sistema adecuado de Salud, y en medio del reclamo por el famoso "reconocimiento histórico", veamos que intentó hacer Kirchner, usando a la imagen del Veterano de Guerra. La siguiente nota fue publicada por el diario Ambito Financiero...

Este diario lanzó, como primicia (8 de diciembre), el oculto trasiego administrativo que se realizó en el Senado para aprobar un cuantioso pago (578 millones de pesos) al Grupo Greco y otros acreedores de esa empresa, fundida en los años 70. La iniciativa provino del Ministerio de Economía y, como todo proyecto oficial, estaba firmado por el presidente Kirchner y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En rigor, el pago a Greco se incluía sin precisiones en una emisión de bonos específicos (unos 1.300 millones de pesos) que se disimulaban con subsidios a ex combatientes de Malvinas y familiares de desaparecidos del régimen militar). Si bien el caso despertaba más de una suspicacia por el monto, la antigüedad del trámite y los favorecidos (que no contemplaba sólo a la familia mendocina), ningún otro medio periodístico se aventuró a continuar con la información. Ni siquiera la consignaron, a pesar de la gravedad del episodio, más sorprendente inclusive que aquel escándalo de la Banelco con la ley laboral y los presuntos sobornos. Por supuesto, tampoco demandaron con interrogantes a ninguna fuente oficial, a pesar de que las frecuentan a menudo. Sólo silencio. Aunque en el Senado, se rebelaron los radicales, con quienes venían negociando Miguel Angel Pichetto y Jorge Capitanich como delegados del gobierno. Insistió Ambito Financiero con el sugerente tema dos días más tarde y el proyecto oficial, de repente, se dio marcha atrás por instancias de sus propios gestores. Tal fue la voluntad para borrar lo que antes se había escrito que hasta anularon los pagos previstos por Malvinas y las subvenciones por la represión militar. Se había incurrido en un error, en apariencia. La magia gubernamental se completó más tarde, cuando en el Boletín Oficial (en una adenda, casi singularmente), se publicó la voluntaria investigación que del caso inspiró la ministra de Economía. Esto es, Felisa Miceli se prometía revisarse a sí misma, a su cartera, por la propuesta de pago al Grupo Greco que ella -junto con el Presidente y el jefe de Gabinete- había remitido al Senado. Al igual que en el retroceso violento del Senado, de Pichetto y Capitanich, tambien ella, en apariencia, había incurrido en un error. Este tipo de tarea investigativa oficial, como la formación de comisiones ad hoc, siempre obliga a pensar que el caso se dormirá en la Justicia; ésta no suele ser demasiado exigente en las pesquisas sobre el gobierno y afines (se atrasa, posterga, traslada causas, renuncian jueces, otros son exonerados, se declara incompetente), al tiempo que distintos magistrados son impugnados o amedrentados desde el sector político. No es la primera vez que ocurre, sobre todo cuando las administraciones se encuentran en el esplendor de las encuestas. Pero la divulgación de estos episodios como el del caso Greco, la intervención dócil o no de la Justicia, genera temores en quienes podrían ser citados, indagados. O en otros, que estaban en el cine pero no veían la película. En ese aspecto, resulta revelador el diálogo que sigue, con un hombre del riñón del Ministerio de Economía, el cual naturalmente se exculpa de cualquier responsabilidad, también de la ministra (y obviamente del matrimonio presidencial). En todo caso, admitiría cierta desidia a la hora de suscribir la entrega de fondos que no son propios con destinos o desvíos sospechosos. En rigor, la charla secreta, off the record, alude a la responsabilidad o interés de un grupo de senadores para obtener el pago a Greco. Hasta puntualiza la exagerada pasión que incluyó en el tema un legislador «cercano al fútbol», deporte común a este escándalo: se trata de un fenómeno típico de pasar la pelota, ya que motorizado por legisladores ávidos o no, la realidad es que el gobierno decidía embolsarle casi 600 millones de pesos a un núcleo empresario que no pagó los depósitos en la década del 70, arruinó ahorristas y, ahora, por esos menesteres de abogados e influyentes, el Estado -y algunos particularmente complicados- decidía recompensarlo.

Una verguenza. Usar la imagen de los excombatientes para engordar cada vez más sus bolsillos. Este es el país de las grandes mafias, y de la mayor estafa al pueblo. Ya es difícil saber, quien ha robado más, si este gobierno, o el anterior con Menem.

Fuente: El Malvinense.
 

Derruido

Colaborador
Acá está Clarín.

EN FOCO : RONDA DE RESPONSABILIDADES POR UN JUICIO QUE PERDIO EL ESTADO

Pago al grupo Greco: un traspié que cruza a sectores clave del Gobierno


Por un proyecto de ley del Gobierno, se reconocía una deuda de $ 587 millones. A punto de ser sancionado, se atascó en el Senado y ahora Miceli va a investigar.


Alcadio Oña
aona@clarin.com



El Presidente, el jefe de Gabinete y la ministra de Economía han quedado envueltos en un enredo que saltó dos semanas atrás, en el Senado. Los tres habían firmado un proyecto de ley que, en los hechos, les reconocía una deuda de 587 millones de pesos —y disponía el pago con bonos— a ex miembros del grupo Greco, un conglomerado de empresas expropiado en 1980 por la dictadura militar.

A propósito de la legitimidad de esa deuda y del papel de los abogados públicos, en el juicio que los Greco que le entablaron y ganaron al Estado, Felisa Miceli acaba de ordenar una investigación y un sumario. Y de dar parte del caso a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.

Lo notable es que todo esto no hubiese sido hecho antes de que Néstor Kirchner, Alberto Fernández y la propia ministra le pusieran la firma al proyecto de ley que autorizaba el pago de una deuda hoy bajo la lupa. Dicho de otra manera, que las sospechas que el proceso despierta ahora no hayan surgido previamente.

El Poder Ejecutivo envió la iniciativa al Congreso en setiembre. Diputados la aprobó el 29 de noviembre. Y cuando iba a ser sancionada por los senadores kirchneristas, el radical Gerardo Morales soltó una pregunta sobre un punto oscuro del proyecto: era, justamente, el que encubría el pago a los Greco.

Tomado por sorpresa, el kirchnerista Jorge Capitanich alegó desconocer el tema, aunque se dice que un par de días antes había averiguado de qué se trataba. La posibilidad de un batifondo irrefrenable fue cortada luego por una orden de Miceli: "Paren todo, que se caiga la ley". Aun así, es bien probable que si Morales no hubiese destapado la cuestión, la ley habría salido tal como llegó desde el Gobierno.

Investigar, ahora, si la deuda es legítima y si los abogados que tuvo o tiene el Estado no cumplieron bien su papel en un juicio que llevó años, puede derivar en sanciones. No queda claro, en cambio, si la pesquisa también avanzará sobre otras eventuales responsabilidades en ámbitos más cercanos al poder actual.

Nunca un proyecto de ley firmado por el Presidente llega al Congreso sin antes sortear un filtro que se presume riguroso. Si la disposición se originó en Economía, debió pasar primero por la Secretaría Legal y Administrativa de ese ministerio. Y luego por la de Legal y Técnica de la Presidencia, que maneja Carlos Zannini, un hombre de la más absoluta confianza de Kirchner.

¿Es posible que en áreas jurídicas así de claves nadie haya reparado en algo que hoy merece una investigación y un sumario internos? ¿O se consideró que correspondía saldar la deuda con los Greco? El caso incluye los honorarios de los abogados del grupo demandante. Y da, como se ve, para las conjeturas más variadas.

La compensación a los Greco fue aprobada en tiempos de Raúl Alfonsín, y ratificada luego —con monto incluido— por Carlos Menem. Y como no fue saldada, derivó en un pleito al Estado. Sin que mediara apelación oficial, la sentencia definitiva se produjo en diciembre de 2001. Desde entonces, se acumularon intereses que llevaron la suma inicial a 587 millones.

Junto a ese monto, la ley iba a reconocer otras deudas. Entre ellas, acreencias de jubilados, de personal de las Fuerzas Armadas y de ex empleados de YPF. Para todo, se iban a emitir títulos por $ 1.300 millones.

Esta cadena de pagos fue barrida por el batifondo que se armó alrededor del caso Greco. Y con ella, la fórmula que contemplaba el fallido proyecto oficial. Decía: "Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones pre supuestarias que resulten necesarias, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la presente ley".

Es posible que algunos de los resarcimientos caídos sean cubiertos con otros bonos, como se pensó y desechó para los Greco. El punto es la investigación de Miceli. O, más precisamente, cuántas ollas del Estado van a ser destapadas.
http://www.clarin.com/diario/2006/12/23/elpais/p-02401.htm
 
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