J
Juan José Roldán
Con más dudas que certezas, el Gobierno Nacional avanzará en su decisión de involucrar a las FF.AA. en la lucha contra el Terrorismo y el Narcotráfico
En el marco de una conferencia realizada por los Ministros de Defensa y Seguridad en el día de hoy, el Gobierno Nacional confirmó sus intenciones de avanzar en la modificación de la Ley de Seguridad Interior, habilitando el empleo de las Fuerzas Armadas Argentinas en tareas de seguridad interior. La decisión enmarcada en la crisis de violencia generada por bandas de narcotraficantes en Rosario rompería uno de los pilares del Consenso Básico en materia de Política de Defensa de la Democracia. A través de este, con más de tres décadas de vigencia, iniciado con la sanción del actual marco normativo que rige el sector (Ley de Defensa Nacional, la mencionada Ley de Seguridad Interior y Ley Inteligencia Nacional; más Decretos Reglamentarios), estableció como uno de sus pilares el no involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas y misiones propias de las Fuerzas de Seguridad en sus diversos niveles. Estos hechos, manifestados por los funcionarios de las respectivas áreas, Patricia Bullrich y Luis Petri, han generado un intenso debate, con voces a favor y contra de esta medida, tanto a nivel académico como político, al igual que dentro de las Instituciones Castrenses.
Al día de la fecha, más allá de los anuncios pronunciados por los ministros del gobierno nacional, la realidad es que el Proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior no ha sido presentado al Congreso de la Nación, ámbito donde deberá ser debatido y tratado, tanto en las respectivas Comisiones de Defensa Nacional, como en las Cámaras de Diputados y Senadores para su aprobación o no. De este modo, sin el cuerpo de proyecto disponible, siendo un documentado guardado hasta su presentación con gran recelo, solo puede inferirse los alcances e impactos que la modificación de los artículos comprendidos dentro del título V “De la complementación de otros organismos del Estado” tendrá para las Fuerzas Armadas en su conjunto, con especial énfasis en el Ejército Argentino al ser la fuerza con mayor cantidad de efectivos y capacidad de despliegue dentro de las tres ramas castrenses.
Durante la conferencia del día de hoy, el Ministro de Defensa, Luis Petri, expresó que: “Estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las FFAA puedan intervenir y puedan realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverle la tranquilidad y permitan devolverle la paz a los rosarinos”.
Siguiendo lo esgrimido en la conferencia de prensa, con la actual legislación, las Fuerzas Armadas solo pueden actuar en dos escenarios en apoyo a las Fuerzas de Seguridad. El primero bajo la conformación de un Comité de Crisis, brindado apoyo a través de “servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones” (Art.27); tal y como se esta observando con el actual despliegue de medios en la ciudad de Rosario.
El segundo escenario, de mayor gravedad, ante un hecho de conmoción interna en el cual las Fuerzas de Seguridad se vean sobrepasadas en su accionar, y bajo requisito de la Declaración de Estado de Sitio, para el restablecimiento de la seguridad interior (Art.31).
A través de las declaraciones de Petri, se sumaría un tercer escenario que tiene como protagonistas al Terrorismo en sus múltiples formas, por la cual, bajo calificación del comité de crisis y “la concurrencia y la voluntad expresa del gobernador de la provincia en donde se requiera y se reclame la participación de las Fuerzas Armadas“.
Producido estos requisitos, el Ministro Petri indicó que: “Inmediatamente las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar tareas y operaciones de seguridad interior, como patrullajes, como control de personas y de vehículos, como control de instalaciones y como aprensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos“. Añadiendo: “Debiendo dar inmediatamente intervención al juez y al fiscal intervinientes para dar las máximas garantías, en donde se posibilite, entre otras cosas, la actuación y la posibilidad de utilizar medios coercitivos”.
Por último, y siguiendo la linea esgrimida de forma oficial, Petri volvió a señalar al narcotráfico como otra de las hipótesis de empeño de las Fuerzas Armadas, al indicar que: “Y una cuestión que para nosotros es trascendental en la lucha contra el narcotráfico, y es que las fuerzas armadas, cuando se decida así su intervención, van a poder efectivamente equiparse, capacitarse y prepararse para intervenir y para posibilitar realizar tareas de prevención que garanticen la vida la seguridad la paz de todos los argentinos”.
Todas las cuestiones esgrimidas por el actual titular de la cartera de defensa no hacen más que generar dudas en todos los ámbitos que afectarían, en momentos donde el Instrumento Militar de la Nación atraviesa uno de sus puntos más bajos desde lo material y personal. Las decisiones manifestadas por Petri hacen ver que no se cuenta a ciencia cierta con un panorama acabado de la situación de las Fuerzas Armadas Argentina después de década de desinversión en todos lo niveles donde se pose.
A nivel de recursos, la Argentina se encuentra en sus niveles de más bajos de inversión a nivel histórico, por debajo inclusive de sus pares regionales. Esto impacta en todos los niveles y dominios donde deben actuar las Fuerzas Armadas, cabiendo la pregunta: si las fuerzas militares no pueden si quiera cumplir con la función principal, enmarcada dentro de la Ley de Defensa Nacional, ¿qué hace pensar a los funcionarios nacionales que podrán cumplir con tareas de seguridad interior?
De cara a los uniformados de a pie, en todos sus niveles, voluntarios, suboficiales y oficiales, con sueldos por debajo de sus pares de seguridad y en niveles de pobreza, con el atenuante de la Jerarquización Salarial suspendida en sus últimos tramos, ¿qué nivel de protección legal y jurídica tendrán en caso de actuar en tareas de seguridad interior, como puede ser la aprehensión de delincuentes o si estos se ven envueltos en enfrentamientos con bandas de criminales? ¿Qué les garantiza que en un futuro no sean juzgados por cumplir misiones que el propio poder político les ordenó bajo el lema ‘la sociedad lo demanda’? ¿Los funcionarios civiles que han impartido estas órdenes también serán sensibles a ser juzgados? ¿O todo el peso caerá sobre los militares ante un eventual cambio de signo político a nivel nacional?
Otros aspectos más podrían ser señalados, pero antes la falta de la presentación del Proyecto de Ley solo puede presumirse e inferirse sus alcances. Lo unico queda claro, y la evidencia emperica los demuestra, es que la lucha contra a través del empleo de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico no ha generado resultados positivos. El impacto directo ha sido la desprofesionalización de los militares y casos de corrupción frente al poder seductor de los recursos con que disponen las bandas criminales, las cuales, como las crónicas policiales demuestran, pueden permear en todas las capas de lso Estados Municipales, Provinciales y Nacionales.
Las dudas frente al avance en esta decisión son muchas, especialmente cuando se observa el estado del Instrumento Militar de la Nación en todos sus niveles. Frente al poder político, la tentación siempre está presente de emplear a las Fuerzas Armadas como una bala de plata que resolvería todos los problemas ante cualquier fallo de agencias estatales o poderes. Si la educación falla, que vuelva el servicio militar obligatorio. Si la seguridad falla, usemos a los militares para combatir el delito. Si no hay obras de infraestructura, empleemos a los ingenieros en la construcción de caminos y pavimentación de barrios populares… y así sucesivamente.
El tiempo dirá que sucede y cual será el destino de las Fuerzas Armadas Argentinas, en un contexto internacional donde el conflicto entre Estados vuelve a ser la principal hipótesis de conflicto. Lo que queda claro, en esta humilde opinión, es que involucrar a las FF.AA. en la luca contra el delito es solamente otro clavo más en el ataúd que se ha convertido en el sistema de defensa nacional.
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En el marco de una conferencia realizada por los Ministros de Defensa y Seguridad en el día de hoy, el Gobierno Nacional confirmó sus intenciones de avanzar en la modificación de la Ley de Seguridad Interior, habilitando el empleo de las Fuerzas Armadas Argentinas en tareas de seguridad interior. La decisión enmarcada en la crisis de violencia generada por bandas de narcotraficantes en Rosario rompería uno de los pilares del Consenso Básico en materia de Política de Defensa de la Democracia. A través de este, con más de tres décadas de vigencia, iniciado con la sanción del actual marco normativo que rige el sector (Ley de Defensa Nacional, la mencionada Ley de Seguridad Interior y Ley Inteligencia Nacional; más Decretos Reglamentarios), estableció como uno de sus pilares el no involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas y misiones propias de las Fuerzas de Seguridad en sus diversos niveles. Estos hechos, manifestados por los funcionarios de las respectivas áreas, Patricia Bullrich y Luis Petri, han generado un intenso debate, con voces a favor y contra de esta medida, tanto a nivel académico como político, al igual que dentro de las Instituciones Castrenses.
Al día de la fecha, más allá de los anuncios pronunciados por los ministros del gobierno nacional, la realidad es que el Proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior no ha sido presentado al Congreso de la Nación, ámbito donde deberá ser debatido y tratado, tanto en las respectivas Comisiones de Defensa Nacional, como en las Cámaras de Diputados y Senadores para su aprobación o no. De este modo, sin el cuerpo de proyecto disponible, siendo un documentado guardado hasta su presentación con gran recelo, solo puede inferirse los alcances e impactos que la modificación de los artículos comprendidos dentro del título V “De la complementación de otros organismos del Estado” tendrá para las Fuerzas Armadas en su conjunto, con especial énfasis en el Ejército Argentino al ser la fuerza con mayor cantidad de efectivos y capacidad de despliegue dentro de las tres ramas castrenses.
Durante la conferencia del día de hoy, el Ministro de Defensa, Luis Petri, expresó que: “Estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las FFAA puedan intervenir y puedan realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverle la tranquilidad y permitan devolverle la paz a los rosarinos”.
Siguiendo lo esgrimido en la conferencia de prensa, con la actual legislación, las Fuerzas Armadas solo pueden actuar en dos escenarios en apoyo a las Fuerzas de Seguridad. El primero bajo la conformación de un Comité de Crisis, brindado apoyo a través de “servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones” (Art.27); tal y como se esta observando con el actual despliegue de medios en la ciudad de Rosario.
El segundo escenario, de mayor gravedad, ante un hecho de conmoción interna en el cual las Fuerzas de Seguridad se vean sobrepasadas en su accionar, y bajo requisito de la Declaración de Estado de Sitio, para el restablecimiento de la seguridad interior (Art.31).
A través de las declaraciones de Petri, se sumaría un tercer escenario que tiene como protagonistas al Terrorismo en sus múltiples formas, por la cual, bajo calificación del comité de crisis y “la concurrencia y la voluntad expresa del gobernador de la provincia en donde se requiera y se reclame la participación de las Fuerzas Armadas“.
Producido estos requisitos, el Ministro Petri indicó que: “Inmediatamente las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar tareas y operaciones de seguridad interior, como patrullajes, como control de personas y de vehículos, como control de instalaciones y como aprensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos“. Añadiendo: “Debiendo dar inmediatamente intervención al juez y al fiscal intervinientes para dar las máximas garantías, en donde se posibilite, entre otras cosas, la actuación y la posibilidad de utilizar medios coercitivos”.
Por último, y siguiendo la linea esgrimida de forma oficial, Petri volvió a señalar al narcotráfico como otra de las hipótesis de empeño de las Fuerzas Armadas, al indicar que: “Y una cuestión que para nosotros es trascendental en la lucha contra el narcotráfico, y es que las fuerzas armadas, cuando se decida así su intervención, van a poder efectivamente equiparse, capacitarse y prepararse para intervenir y para posibilitar realizar tareas de prevención que garanticen la vida la seguridad la paz de todos los argentinos”.
Todas las cuestiones esgrimidas por el actual titular de la cartera de defensa no hacen más que generar dudas en todos los ámbitos que afectarían, en momentos donde el Instrumento Militar de la Nación atraviesa uno de sus puntos más bajos desde lo material y personal. Las decisiones manifestadas por Petri hacen ver que no se cuenta a ciencia cierta con un panorama acabado de la situación de las Fuerzas Armadas Argentina después de década de desinversión en todos lo niveles donde se pose.
A nivel de recursos, la Argentina se encuentra en sus niveles de más bajos de inversión a nivel histórico, por debajo inclusive de sus pares regionales. Esto impacta en todos los niveles y dominios donde deben actuar las Fuerzas Armadas, cabiendo la pregunta: si las fuerzas militares no pueden si quiera cumplir con la función principal, enmarcada dentro de la Ley de Defensa Nacional, ¿qué hace pensar a los funcionarios nacionales que podrán cumplir con tareas de seguridad interior?
De cara a los uniformados de a pie, en todos sus niveles, voluntarios, suboficiales y oficiales, con sueldos por debajo de sus pares de seguridad y en niveles de pobreza, con el atenuante de la Jerarquización Salarial suspendida en sus últimos tramos, ¿qué nivel de protección legal y jurídica tendrán en caso de actuar en tareas de seguridad interior, como puede ser la aprehensión de delincuentes o si estos se ven envueltos en enfrentamientos con bandas de criminales? ¿Qué les garantiza que en un futuro no sean juzgados por cumplir misiones que el propio poder político les ordenó bajo el lema ‘la sociedad lo demanda’? ¿Los funcionarios civiles que han impartido estas órdenes también serán sensibles a ser juzgados? ¿O todo el peso caerá sobre los militares ante un eventual cambio de signo político a nivel nacional?
Otros aspectos más podrían ser señalados, pero antes la falta de la presentación del Proyecto de Ley solo puede presumirse e inferirse sus alcances. Lo unico queda claro, y la evidencia emperica los demuestra, es que la lucha contra a través del empleo de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico no ha generado resultados positivos. El impacto directo ha sido la desprofesionalización de los militares y casos de corrupción frente al poder seductor de los recursos con que disponen las bandas criminales, las cuales, como las crónicas policiales demuestran, pueden permear en todas las capas de lso Estados Municipales, Provinciales y Nacionales.
Las dudas frente al avance en esta decisión son muchas, especialmente cuando se observa el estado del Instrumento Militar de la Nación en todos sus niveles. Frente al poder político, la tentación siempre está presente de emplear a las Fuerzas Armadas como una bala de plata que resolvería todos los problemas ante cualquier fallo de agencias estatales o poderes. Si la educación falla, que vuelva el servicio militar obligatorio. Si la seguridad falla, usemos a los militares para combatir el delito. Si no hay obras de infraestructura, empleemos a los ingenieros en la construcción de caminos y pavimentación de barrios populares… y así sucesivamente.
El tiempo dirá que sucede y cual será el destino de las Fuerzas Armadas Argentinas, en un contexto internacional donde el conflicto entre Estados vuelve a ser la principal hipótesis de conflicto. Lo que queda claro, en esta humilde opinión, es que involucrar a las FF.AA. en la luca contra el delito es solamente otro clavo más en el ataúd que se ha convertido en el sistema de defensa nacional.
Tal vez te interese El Ministerio de Defensa iniciará el proceso de compra de cazas F-16 a Dinamarca para la Fuerza Aérea Argentina
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