Desafían a Rousseff con un acto militar

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Militares preparan un acto por el golpe de Estado de 1964 en medio de la tensión con la presidenta Dilma Rousseff, que ordenó quitar del aire una proclama contra la Comisión de la Verdad y en defensa de la Ley de Amnistía. El Club Militar, que nuclea a generales y coroneles retirados, convocó a un acto para el 29, en el que varios panelistas disertarán sobre “la revolución de marzo 1964”, que derrocó al presidente constitucional Joao Goulart. El acto fue citado para ese día y no el 31, fecha del golpe, dado que la presidenta prohibió la realización de conmemoraciones ese día.
clarin
 

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Estas cosas sirven, no se dan cuenta, porque se exponen y quedan en evidencia.

Es decir, al exponerse los que participan, se puede saber quién es quién.
 
Cualquier militar brasilero que reivindique un golpe contra un gobierno democratico (gobierno que nombro como ministro de educación nada mas y nada menos que a Darcy Ribeiro, antropologo, sociologo y educador, junto con Paulo Freire uno de los dos academicos de la educación popular más grandes de la historia) no merece permanecer en la condicion de militar.
 
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DELTA22

Tengo plena certeza que nuestro militares (y una buena parte de los mas recentemente retirados) son cumplidores de la Constitucion de 1988 y tienen en la Democracio el regimen politico que creen ser el mejor para el País.

Hay aun en Brasil, como en buena parte de nuestros paises que viviran dictaduras, militares que llamamos acá de "saudosistas", que sinten falta del regimen en que ellos eran la ley y la ordem. Estos "saudosistas" estan reunidos en estos clubes militares y, de acuerdo con la Constitucion de 1988 tienen direcho de expor sus opiniones, contra o favorable a cualquier asunto nacional.

Antes, muchos militares retirados eran llamados para directorias de estatales, secretarias regionales de los gobiernos, etc., que eran una "complementacion" en sus salarios y esto hay cambiado mucho con concursos publicos y/o por indicacion politica civil. Dado esto cuadro, esta desagradando algunos...

Hay un temor tambien de la reabertura de processos judiciales contra militares que participaran de tortura o muerte por cuestiones politicas en la dictadura brasilera. Esto seria resultado de las investigaciones de la "Comissão da Verdade". No creo que esto ocurra, ya que es muy dificil que la ley de anistia brasilera de 1979 sea invalidada.

Saludos.
 

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Divide a los militares brasileños el tema Derechos Humanos

Un manifiesto de militares criticó a otros militares que cuestionaron la actuación de ministras de Dilmar Rousseff en la investigación por detenidos-desaparecidos. "Brasil tendrá una Comisión de revanchismo y mentira", había dicho el general retirado Marco Felício, liderando las críticas a miembros del gobierno.

Un grupo de militares retirados publicó un manifiesto en contra del documento elaborado por los colegas que criticaron a las ministras Maria do Rosrio (Derechos Humanos) y Eleonora Menicucci (mujeres), a favor de la derogación de la Ley de Amnistía, y en contra del Ministro Celso Amorim (Defensa), quienes trataron de enmarcar los Clubes Militares por las censuras hechas a la Presidente Dilma Rousseff.

Redactado por los capitanes de mar y guerra, Luiz Carlos de Souza y Fernando Santa Rosa, el documento obtuvo el apoyo de militares como un brigadier Rui Moreira Lima, quien a los 93 años, tiene una historia poco común. Héroe de la 2da. Guerra Mundial, es uno de los 2 pilotos sobrevivientes que participaron en el 1er. Grupo de Aviación de Caza de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). En el teatro de operaciones de Italia, cumplió 94 misiones de combate y recibió la Cruz de Combate (Brasil), la Croix de Guerre avec Palmes (Francia) y Distinguished Flyng Cross (USA) por heroísmo.

Lima, evita críticas al presidente de su club –el de la Fuerza Aérea-, brigadier Carlos Almeida Batista. "Él es un compañero noble y debe ser firmado solamente en solidaridad con los demás". Pero él dice apoyar la Comisión de Verdad. "Es necesaria no para penar, sino para dejar satisfecho a todo el mundo y a los brasileños en los actos de personas que, por práctica de tortura, violaron las normas y los más altos valores militares", dice Lima.

Intervención

Lima y otros militares no estaban de acuerdo con la intervención del gobierno en los Clubes Militares. Ellos dicen que los retirados tienen derecho a maifestarse, pero ninguno de ellos se siente cómodo en firmar un manifiesto en la compañía de torturadores.

"Ellos citan el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra", dice el profesor de Unesp Paulo Cunha, investigador del cuartel.

Según el profesor, muchos oficiales retirados -y entre ellos, generales - consideran que el gobierno fue poco hábil para resolver el caso de los manifiestos de los Clubes Militares: "Ese nuevo manifiesto muestra que el Club Militar no es una entidad monolítica, hay voces discordantes".

En el manifiesto, los capitanes dicen que sus colegas retirados no hablan por los activos y por muchos otros que están retirados.

Santa Rosa es duro con los colegas del "otro manifiesto". Para él, la fuerza detrás del documento son "los fascistas, los que extrañan la dictadura". Él critica lo que considera "comportamiento irrespetuoso, inaceptable en la vida militar", que configuraría "una insubordinación, incumplimiento de jerarquía".

El documento de los capitanes dice que "el verdadero régimen democrático es el que estamos viviendo y no el de los gobiernos militares".

"Torturadores (militares y civiles) que no respondieron a ningún juicio, se encuentran amnistiados, se mantuvieron en sus carreras sin necesitar requerir, administrativa o judicialmente, el reconocimiento de esa condición, a diferencia de aquellos, sus víctimas, que hasta día están exigiendo en tribunales para que se le reconozcan sus derechos", ellos agregaron.

El documento recuerda a los compañeros de cuartel lo que "se encuentra inscripto en los estatutos militares: ejercer con autoridad, eficiencia y probidad las funciones que le caben resultantes del cargo: respetar la dignidad de la persona humana, ser justo e imparcial en el juicio de los hechos y en la evaluación de los méritos de los subordinados".

Por último, citan palabras del antropólogo Darcy Ribeiro: "Hay sólo dos opciones en la vida: resignarse o indignarse". Y completan. "Yo no voy a resignarme nunca".

El otro lado

Un ex analista del Centro de Información del Ejército (CIEX) y líder del manifiesto de los militares retirados con críticas a integrantes del gobierno que contestan la Ley de Amnistía, el general retirado Marco Antonio Felício condenó la decisión del Fiscalía General de denunciar en la justicia de Marabá al coronel retirado del ejército Sebastião Curió Rodrigues de Moura por el delito de secuestro calificado de 5 personas en la Guerrilla de Araguaia.

"No conozco el hecho que dio lugar a la denuncia y pienso que no ha sucedido. Pero si el MPF ofrece la denuncia, caerá en el vacío, porque la Ley de Amnistía es amplia y sin restricciones," declaró el general.

Según el general, "el mayor Curió está protegido por la Ley de Amnistía, de acuerdo fue ratificado en las declaraciones del ex ministro del STF, Luiz Fux".

Para él, se trata de un intento de reabrir el caso de los militares "es una forma de revanchismo ideológico".

En la entrevista concedida por e-mail al diario paulista O Estado, y en la que el general pidió que sus respuestas fuesen reproducidas en su totalidad, él advierte: "Tratando el ministro de Defensa de prohibir, y inclusive castigar, a los militares retirados por el ejercicio de un derecho sagrado, previsto en la Constitución Federal, que es el derecho a la libertad de expresión, ninguna de las entidades, tales como ABI, ABERT, OAB y la prensa escrita, hablada y transmitida por TV, entre otras, todas tan celosas de él, nada declararon en el sentido de que tal derecho fuera respetado", dijo el general Marco Antonio Felício.

-¿Cómo ve ese intento la Fiscalía General de reabrir casos de personas desaparecidas durante el período militar?

-Hay fiscales que parecen querer acusar a los militares solo por acusar, incluso en contra de la ley. Parece un intento de autoafirmación o venganza llena de prejuicios ideológicos.
La Ley de Amnistía es clara: amplia, general e irrestricta, y esto fue confirmado hace poco, cuando la OAB, que la había aprobado en 1979, con el objetivo de llevar paz a la sociedad brasileña, ahora, volviendo atrás, entró en el Supremo Tribunal con acción defendiendo interpretación más clara del artículo 1º, en relación con los delitos de cualquier naturaleza, cuando se refieren a los delitos políticos.

Sin lugar a dudas, la OAB pretendía abrir caminos, fracturando la tan buscada reconciliación y la paz social, para el castigo de los agentes del Estado, acusados del delito de tortura.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso, manteniendo plenamente la validez de la ley. Por lo tanto, no hay necesidad de reabrir los casos de personas desaparecidas durante el período militar y según ellos, los fiscales alegan que se trata de delito continuado y, por lo tanto, dicen, no beneficiado por la Ley de Amnistía. La Ley de Amnistía está en plena vigencia! Repito: Amplia, sin restricciones y general!

-¿Alguna vez fue llamado por alguien del Comando del Ejército para explicar el manifiesto o recibió algún tipo de castigo según lo anunciado por la presidente Dilma Rousseff?

-¡No! ¿Por qué razón debería ser llamado o penado? Yo no hice nada ilegal.

-Usted cree que hay motivos para reabrir estos casos? ¿Cómo clasificaría esta iniciativa? ¿Es venganza?

-No hay necesidad de reabrir. Es herir la Ley de la Amnistía. Es una forma de revanchismo ideológico.

-¿Cree usted que el gobierno debería desalentar este debate?

-Estimularlo es buscar la confrontación con sectores de la sociedad que desean la reconciliación y la paz social. Que se busquen los desaparecidos, si es que hay, sin enfrenar la Ley de Amnistía. Por cierto, esto está siendo llevado a cabo por el Ministerio de Defensa, contó con la participación de los militares. Quiero destacar también que algunos "desaparecidos" han aparecido ", hermosos y contestos" en espera de la probable y robusta compensación que recibirán.

-En algunos países de América Latina los textos de las leyes de amnistía fueron revisadas y los militares están yendo a juicio y hasta condenados. ¿Teme que esto podría pasar en Brasil?

-El carácter nacional brasileño es completamente diferente a los de otros países de América Latina como resultado de la formación de nuestra nacionalidad, de la cual son nuestras fuerzas armadas la verdadera cuna. Ellos también son responsables de la unidad nacional y de la libertad que hoy disfrutamos. Por otro lado, nosotros, militares, de cualquier tiempo, no podemos olvidarnos lo que está escrito en las paredes de la Oficina del CMT del Ejército: "Seremos siempre solidarios con los que, en el momento de agresión y de adversidad, cumplieron el difícil deber de oponerse a los agitadores y terroristas, de las armas tomar, que la nación no fuese llevada a la anarquía".

-¿Teme que la comisión de la verdad revele la historia de un solo lado?

-La Comisión, por las declaración de las ministros de los Derechos Humanos y de las Políticas para la Mujer, respectivamente, y de otros miembros del gobierno, por la organización de l misma con el nombramiento de sus miembros por quien no puede ser imparcial y su acción unilateral, con el objetivo solo en los agentes del Estado, será la comisión de revanchismo y de la mentira. Hay que decir de su inconstitucionalidad. Solamente las comisiones parlamentarias tienen, legalmente, el poder que la comisión de verdad tendrá ilegalmente.

-Muchas personas relacionadas a los derechos humanos cuestionan por qué los militares más jóvenes, que no participaron del régimen del '64, que entraron a la Academia Militar hasta después de eso, aún insisten en defender lo que ocurrió en esos años.

-A causa de que los militares más jóvenes conocen la realidad de los hechos, nosotros, los mayores, sus entrenadores, no usamos la mentira. Enseñamos solo la verdad que los comunistas, hoy, en el gobierno, quieren ocultar, creando una nueva historia y mostrándose como defensores de la democracia, de los derechos humanos y de la justicia, lo que nunca fueron. La verdad, la simple verdad es que aquí deseaban implementar una dictadura del proletariado por medio de la lucha armada, justificando la violencia indiscriminada que utilizaban, terrorismo, asesinatos, robos, secuestros y ejecuciones, para lograr este objetivo. La vieja máxima marxista: "El fin justifica los medios". Tales afirmaciones están claras en libros escritos por antiguos militantes comunistas y a la venta en cualquier librería.

Agitación

Militares en servicio y retirados rechazaron la decisión de la Fiscalía de tratar responsabilizar penalmente a los involucrados en secuestro, muerte y desaparición de presos políticos durante la dictadura militar, con el argumento de que los crímenes son continuados y que, por lo tanto, no habrían sido contemplado por la Ley de Amnistía.

"Este tema fue discutido y cerrado. El acuerdo de perdón fue aprobado por el Congreso y sellado por el Tribunal Supremo en su decisión", declaró el general del Ejército de los retirados Luiz Cesário da Silveira Filho, un ex comandante militar del Este.

"La Ley de Amnistía es una realidad. Fue ratificada por el Supremo y sólo los obstinados ideológicos alimentan esa polémica" modificó el general Maynard Marques de Santa Rosa, que fue retirado del Departamento de Personal del Ejército después de publicar una carta en la que criticaba a la Comisión de Verdad llamándola "comisión de la calumnia".

Según el general Santa Rosa "este tema no tiene futuro y sólo atrasa al país". Para él, la polémica vuelve a abrir "las heridas que deberían estar cicatrizadas y sólo contribuir a atrasar el progreso político del país".

El también general del Ejército de retirados Augusto Heleno publicó en su cuenta en la red social Twitter: "Pregunta de un laico: ¿En el sistema jurídico brasileño, el MPF puede ignorar decisión de la Corte Suprema para atender a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?".

Manifiesto

La acción del MPF llega en el momento en que los comandos militares tratan de apaciguar a militares retirados, que repudiaron la decisión de la presidente Dilma de mandar castigar a todos aquellos que firmaron el manifiesto.

En el documento, los militares cuestionan la autoridad del ministro de Defensa, Celso Amorim, para censurar la nota de los clubes militares -que comenzó con 98 firmas y ahora cuenta con 1.600, entre civiles y militares-.

El episodio está lejos de llegar a su fin, en la evaluación de los militares consultados por el diario paulista O Estado.

Oficialmente, ningún integrante del gobierno quiso comentar sobre la iniciativa de la Fiscalía, alegando que se trata de un órgano independiente
urgente 24
 

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Frente al Club Militar de Río de Janeiro, donde se conmemoró el golpe Estado de 1964, centenas de manifestantes, muchos de ellos adolescentes, gritaron consignas y arrojaron huevos a los invitados, expresando su repudio con humor.
Una escena habitual en otros países de América Latina que también vivieron dictaduras, en Brasil es el amanecer de una reacción popular, 27 años después de la llegada de la democracia.
A la hora de la convocatoria el jueves 29, difundida por Internet y las redes sociales, apenas un manifestante sostenía estoicamente una hoja de papel con la inscripción “Golpe no es revolución”.
Decenas de periodistas decepcionados con el alcance de la protesta se disponían a partir, cuando el grupo comenzó a crecer.
“La dictadura ya acabó, hay que meter preso al torturador”, gritaban algunos. “¡Parásito! ¡Cobarde!”, gritaban otros cuando un anciano militar, identificado por los manifestantes como un antiguo torturador, intentaba abrirse paso hasta el portón del Club Militar.
“Estamos aquí para hacer justicia: acabar con la impunidad de esos militares torturadores y asesinos”, dijo Tȃnia Rocha, una expresa política y viuda de un militante asesinado del Partido Comunista Brasileño.
Pese a militar en Tortura Nunca Más, uno de los grupos surgidos para promover que los responsables de violaciones a los derechos humanos comparezcan ante la justicia, Rocha estaba emocionada por la magnitud de la protesta que, por primera vez desde el inicio de la democracia, comenzó a dejar de ser tímida.
“Estoy disfrutando”, dijo a IPS levantando su pancarta con fotografías de personas desaparecidas.
Nando de Oliveira, de 16 años, contó a IPS que asistió a la protesta para que “la tortura sea eliminada para siempre de nuestros libros de historia”.
Durante la dictadura militar (1964-1985), más de 475 personas fueron asesinadas o desaparecidas, 50.000 encarceladas y más de 20.000 torturadas. Una de ellas es hoy la mujer más ilustre del país, la presidenta Dilma Rousseff.
Una ley de amnistía adoptada en 1979 impidió enjuiciar a los responsables de los abusos.
Rocha atribuye a la amnistía y a la cantidad relativamente baja de víctimas –comparadas con las de vecinos como Argentina y Chile– la demora de la reacción social.
“A pesar de que la dictadura aquí fue tan sangrienta, tan asesina, tan sanguinaria como en los otros países”, subrayó Rocha, que fue torturada en la cárcel, aunque “no tanto como otros compañeros que fueron mutilados”.
Rousseff prohibió a los militares festejar el aniversario del golpe de Estado el 31 de marzo. Es la primera vez que se toma esta medida desde la recuperación de la democracia.
Pero los militares adelantaron dos días el festejo y continuaron con la programación prevista, que incluyó la conferencia “64: la verdad”.
Protegido por guardaespaldas, otro oficial retirado consiguió entrar. Un huevo arrojado con mala puntería fue suficiente para que se reiniciaran los cantos, gritos y consignas.
“Pai, afasta de mim esse cálice”, decía el cartel de un joven disfrazado con uniforme militar y máscara de burro, recordando el verso de una famosa canción de Chico Buarque contra el régimen.
El movimiento de jóvenes contra los crímenes de la dictadura se extiende a otros estados como el sureño São Paulo, donde algunos comenzaron a organizar “escraches”, denuncias públicas de presuntos torturadores o asesinos.
“Brasil fue el primero de la región en implantar una dictadura”, dijo a IPS otra manifestante, Ana Miranda, del Colectivo Memoria y Verdad. “La impresión es que, estratégicamente, era tan importante que el silenciamiento fue terrible hasta hoy”, dijo.
Ese silencio fue tan grande que, “después de tanto tiempo todavía internalizamos el miedo, como si las Fuerzas Armadas fueran dueñas absolutas del poder”, apuntó Miranda.
Tal vez uno de los frutos de ese miedo sea la Comisión de la Verdad, que comenzará a sesionar este año para investigar violaciones cometidas desde 1964, pero que no tendrá poder de denunciar presuntos responsables a la justicia.
Pero la activista cree que aun mutilada, la discusión sobre la verdad está comenzando a llevar a las calles al movimiento de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos.
Dentro del Club Militar, el general del ejército Gilberto Serra accedió a hablar con IPS. El escenario del diálogo incluía una mampara exhibiendo diarios de la época del golpe, que sus protagonistas prefieren llamar “revolución”.
“Ellos (los manifestantes) tienen sus opiniones y tienen el derecho a expresarla. Pero me parece que en aquella época hubieran debido asumir la responsabilidad de haber llevado a esos jóvenes a morir en la guerrilla”, dijo Serra.
“Ellos son los culpables. No nosotros, que en esa época impedimos la instauración de un gobierno comunista”, agregó. Serra estimó que la Comisión de la Verdad debería escuchar a “todos los lados”, aunque luego valoró que “la verdad debería dejarse a los historiadores”.
Uno de los conferencistas de la celebración castrense es el general Luiz Eduardo Rocha Paiva, conocido por sostener que Rousseff debe ser convocada por la Comisión de la Verdad para hablar sobre sus acciones como guerrillera.
Afuera, se sumó a los manifestantes un oficial que solo llegó a coronel porque el ejército lo dio de baja por condenar el golpe. “Yo soy un militar del lado de acá”, aclaraba a la multitud.
“Fui dado de baja en 1964 porque estuve contra el golpe, contra la tortura, contra esos militares que hicieron uso indebido del poder”, dijo a IPS el coronel retirado Bolivar Meirelles, hoy de 72 años.
Adentro, los oficiales, ancianos retirados y jóvenes activos, escuchaban a Rocha Paiva definir la “revolución” como “un movimiento cívico-militar”.
“No veo nada malo en esa Comisión de la Verdad, a pesar de ser extremadamente revanchista y de que su motivación es una provocación para intranquilizar el país en momentos de relativa tranquilidad”, comentó a IPS el general retirado Jonas Correia.
Recostada entre dos patrullas policiales, una joven de 19 años escribió con pintura roja sobre su cuerpo y ropa los nombres de sus “antepasados” desaparecidos y asesinados en la dictadura.
Maria de Aquino Silveira creció escuchando la historia de tíos, abuelos, tíos-abuelos y una hermana, víctimas de la dictadura.
“Una creció con Internet y allí aprendió que hay otros que sufren y sufrieron, y las máscaras comienzan a caer. Ahora nuestro mundo es mayor y podemos ver. Yo misma ya no soy esa niña que escuchaba las historias de familia. Ahora puedo ver con mis propios ojos”, explicó.
la republica
 

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El Cóndor brasileño aterriza en Italia

Capaldo desea que cuanto antes la Justicia abra una causa contra ex militares y agentes de inteligencia acusados de participar en las desapariciones de dos ítalo-argentinos que fueron secuestrados en el país sudamericano.

La ley de amnistía se aplica sólo en la jurisdicción de Brasil, Italia no sancionó ninguna ley de perdón en beneficio de los responsables de las desapariciones de dos ciudadanos italianos secuestrados en Brasil en 1980, dos víctimas del Plan Cóndor, en Italia no estamos obligados a perdonar a los culpables.”
Categórico, el procurador Giancarlo Capaldo afirma, durante una entrevista concedida en su oficina romana, que “ya hemos cerrado la fase indagatoria sobre el Plan Cóndor y ahora espero que el juez considere que hemos aportado elementos suficientes como para abrir una causa tal vez en este mes, puede ser después del 20 de abril”, contra ex militares y agentes de los servicios de inteligencia brasileños acusados de participar en las desapariciones de los ítalo-argentinos Horacio Domingo Campiglia Pedamonti y Lorenzo Ismael Viñas Gigli, secuestrados en Río de Janeiro y Rio Grande do Sul, respectivamente.
“Son dos casos donde la participación brasileña nos parece que fue clara. A Campiglia lo capturaron cuando arribó al aeropuerto de Río (12 de marzo de 1980, junto a la argentina Mónica Pinus de Binstock, también desaparecida), no es posible que eso pueda ocurrir sin complicidad de autoridades brasileñas.”
Al continuar con el proceso sobre los crímenes cometidos durante la dictadura brasileña, Capaldo da por sentado que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y la amnistía de Joao Baptista Figueireido (1979-1985) es una anomalía jurídica, siguiendo un razonamiento similar al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Trece brasileños, entre los cuales están Figueireido y otros altos oficiales fallecidos, integran la lista de 146 jerarcas militares y agentes de inteligencia sudamericanos cuya detención fue requerida por la Procuraduría de Roma. No todos los represores murieron: el coronel Carlos Alberto Pozi, jefe del Servicio Nacional de Informaciones en Rio Grande do Sul el 26 de junio de 1980, cuando fue raptado Viñas, está vivo y al parecer saludable. O al menos lo suficiente como para criticar a los jóvenes que lo escracharon hace dos semanas en su residencia de Porto Alegre.
Hay quienes consideran a Capaldo como la versión italiana de Baltasar Garzón, pero de perfil más bajo y menos mercurial que el español. Ha dicho en varias entrevistas y lo repite ahora que su intención no es violar la soberanía de ningún país, sino aplicar el principio, universalmente avalado, de la extraterritorialidad, según el cual cualquier magistrado puede declararse competente para actuar contra acusados de violaciones de los derechos humanos.
“Como hizo el juez Baltasar Garzón” en 1998, cuando ordenó la prisión del chileno Augusto Pinochet, durante una visita privada a Londres, cita el fiscal romano. La caída de Garzón “no fue una buena noticia” para los pocos magistrados comprometidos con el esclarecimiento de los crímenes de Estado, que “pueden ver” en esa condena una advertencia, señala Capaldo, quien reconoce que en estos años de “trabajo duro” recogiendo pruebas en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile algunas veces se sintió solo.
“No fue sencillo llevar adelante este trabajo que iniciamos en 1998 sobre los brasileños y otros militares comprometidos en el Cóndor, si el juez decide recibir nuestras pruebas entraríamos en una nueva fase del proceso, sería un avance.”
“No hemos contado con la colaboración de las autoridades de los países sudamericanos en general, quienes nos apoyaron fueron los familiares y las organizaciones de víctimas. Hemos tenido muy poca colaboración de la Justicia y la policía de Brasil, necesitamos más documentos.”
Capaldo calibra las palabras, si emplea alguna jurídicamente inapropiada la corrige, se expresa pausadamente, es amable sin dejar de guardar distancia con el reportero. Está interesado en Brasil y hace algunas preguntas sobre la presidenta Dilma Rousseff, de quien conoce poco y nada. Cuando se habla de la Comisión de la Verdad, demuestra bastante interés en el asunto y hasta hace algunas anotaciones en su agenda. “Creo que esa comisión nos puede ayudar en lo que respecta a la obtención de testimonios y de más informaciones sobre cómo funcionaba el Cóndor en Brasil, no se sabe mucho de cuál fue la participación de Brasil (en esa red), tenemos más datos de lo que hicieron Argentina o Uruguay.” Y es que en Brasil rige una amnistía que impide que se juzgue a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Si algún militar fuera hallado culpable en Roma, sería la primera condena a un uniformado brasileño.
Familiares de desaparecidos latinoamericanos que conocen el mundillo de la Justicia italiana lo caracterizan como un fiscal serio y hermético, algunos le reprochan la demora en acumular pruebas para la apertura de la causa. “El tiempo que nos demandó este trabajo se debe a que no podemos presentar cualquier cosa al juez, tengo miles de fojas sobre varios países, sobre Argentina, Uruguay, Chile... son más de 140 imputados, hay más de 20 italianos víctimas del Cóndor, el problema es que si uno lleva algo poco fundamentado el juez no hace lugar y todo el trabajo fue en vano.” “Usted me pregunta si soy optimista sobre la decisión del juez... es difícil responder, no sé si lo soy.”
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Brasil en busca de la verdad

La presidenta Rousseff anunció ayer la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes de la dictadura, después de 25 años de bloqueos militares y negativas civiles. El plazo de trabajo es de 31 meses.

Dilma cumple. En diecisiete meses de gestión la presidenta Dilma Rousseff hizo lo que ningún gobierno civil había hecho en los 25 años transcurridos después de concluida la dictadura: doblegó, o al menos amansó, al lobby militar y creó una Comisión de la Verdad, integrada mayoritariamente por juristas. El Diario Oficial de la Unión publicó ayer los nombres de los siete integrantes del organismo, designados personalmente por la presidenta, a quienes les corresponderá echar luz sobre esta dictadura impune de Latinoamérica, como lo testimonia el hecho de que ni un cabo del ejército fue siquiera procesado hasta la fecha, a casi medio siglo del golpe de Estado que derrocó al presidente Joao Goulart.
“La muerte, o tal vez el asesinato de Goulart en 1976 durante su exilio en Argentina, supongo que será uno de los temas que inevitablemnte deberá investigar esta comisión. Es un caso que continúa sin esclarecimiento, las extrañas circunstancias de su fallecimiento, siendo que era uno de los enemigos que más incomodaba a la dictadura, nos llevan a suponer que él pudo haber sido otra víctima de la red terrorista Cóndor”, declaró ayer a Página/12 el procurador federal Iván Claudio Marx.
Además de la muerte de Goulart, el flamante organismo posiblemente investigará las más de sesenta desapariciones de miembros del brazo armado del Partido Comunista en la región amazónica Araguaia, entre 1970 y 1974, el asesinato del periodista Vladimir Herzog en 1975 y la desaparición del diputado Rubens Paiva en 1971. Precisamente, la viuda de Herzog y la hija de Paiva fueron mencionadas como candidatas a ser parte del grupo de personalidades que contará con sólo dos años y siete meses para esclarecer centenas de asesinatos y desapariciones.
Hasta el miércoles las apuestas se dividían entre los que confiaban en que la comisión estaría dominada por ex presos y familiares, y aquellos que presagiaban que tendría un perfil menos “politizado”. Rousseff les dio la razón a estos últimos, nombrando a dos hombres ligados al moderado ex presidente Fernando Henrique Cardoso, como son José Carlos Días, que fue su ministro de Justicia, y Paulo Sergio Pinheiro, secretario de Derechos Humanos durante la gestión socialdemócrata. “Brasil tiene que recomponer su historia, recomponer su pasado. (La comisión buscará) una reconciliación nacional, le duela a quien le duela. No hay revanchismo, apenas la búsqueda de la verdad”, afirmó ayer Gilson Dipp, juez del Supremo Tribunal de Justicia.
Dipp, el ex viceministro de Justicia José Cavalcanti Filho, el ex procurador Claudio Fonteles y la psicoanalista Maria Rita Kehl también son parte de la comisión que cuenta con un solo miembro reconocidamente dilmista, la abogada Rosa Maria Cardoso de Cunha. Ella fue la defensora, en 1970, de la entonces guerrillera Rousseff, contra quien pesaba, entre otros cargos, el haber ideado un espectacular asalto sin víctimas en el escondite donde un colaborador de la dictadura ocultaba millones de dólares desviados de las arcas públicas.
Al optar por una clara mayoría de hombres de leyes y excluir a los organismos y ex presos, la presidenta emitió una señal tranquilizadora, comentó el diario O Estado de Sao Paulo. El no menos conservador diario O Globo también expresó su opinión, en artículos recientes, a favor de un organismo donde predominen personalidades “moderadas”.
Iara Xavier, del Comité por la Verdad y la Memoria de Brasilia, opina distinto que los diarios citados. “La mayoría de los miembros de la comisión es formada en derecho, son personas poco conocedoras del tema, nuestra expectativa era que la comisión estuviera más comprometida, con gente que tuviera muchos antecedentes para enfrentar un trabajo así en tan poco tiempo.”
Los siete nuevos funcionarios dependientes del Palacio del Planalto (sede del Ejecutivo) asumirán formalmente el 16 de mayo en una ceremonia a la que fueron invitados todos los presidentes civiles desde el fin del régimen de excepción en 1985: José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva. La apuesta política del gobierno del Partido de los Trabajadores, simbolizada en la amplia convocatoria al acto, es cerrar filas con todas las fuerzas políticas, inclusive conservadoras, interesadas en descorrer el velo que aún opaca lo ocurrido durante 26 años de terrorismo de Estado.
Es probable que la clase política, o un segmento importante de ella, haya comprendido que el emergente Brasil, sexta economía mundial, necesita arreglar sus cuentas con el pasado para conquistar respeto y mayor liderazgo internacionales. Será difícil que Brasilia conquiste su anhelado lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU mientras el Supremo Tribunal Federal continúe desoyendo los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendando, como lo hizo en 2010, la investigación de los asesinatos y desapariciones, la identificación de los culpables y su procesamiento. Considerando las políticas de Estado sobre verdad y justicia ante los crímenes de lesa humanidad Brasil es, por mucho, el país menos evolucionado de la región, estatus que puede comenzar a ser superado con el organismo creado oficialmente ayer.
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Me parece perfecto que se investigue y se juzgue a cualquier ciudadano brasileño que haya cometido un crimen, sea pobre, rico, militar, o presidente de la nación.
 

Sebastian

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Me parece perfecto que se investigue y se juzgue a cualquier ciudadano brasileño que haya cometido un crimen, sea pobre, rico, militar, o presidente de la nación.
No van a ser juzgados los militares que torturaron, ya que sigue vigente la amnistia hecha por la dictadura en 1979.
 
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