La Defensa Nacional en el año electoral 2023: la mirada del Instituto de Estudios Estratégicos (IEES)

Continuando con el ciclo de entrevistas “La Defensa Nacional en el año electoral 2023”, con el foco en las Fuerzas Armadas, desde Zona Militar tuvimos la oportunidad de dialogar con el Coronel (R) y Licenciado en Estrategia y Organización Marcelo Rozas Garay. Especialista en materia de Defensa Nacional y Operaciones de Paz – ONU, se desempeña como Docente e Investigador internacional en temas de Defensa, Protección Civil y Gestión de Riesgos. Fue Subsecretario de Reducción del Riesgo de Desastres en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

ZM: Desde su punto de vista ¿Cuáles son las principales líneas en materia de Defensa que deberían atender en la próxima gestión?

Creemos necesario apuntar a diferentes ejes o líneas de trabajo. El primero es recrear el sistema de defensa como tal y en cuanto a sus funciones. Las leyes vigentes responden aún al paradigma de la década del ’80 y, más allá de que la ley 23.554 puede haber sido una ley revolucionaria, no ha creado el sistema que proponía y solo marcó un hito respecto de la gobernanza civil sobre las FFAA.

Produjo segmentación de un continuo al separar taxativamente la Defensa de la seguridad interior, desarticulando su funcionamiento como sistema. Un sistema que debe complementarse y que comprende 5 Fuerzas Federales que cumplen misiones y funciones en ambas áreas o ámbitos. En ese espíritu signado “por prohibir” se sumó a la inteligencia militar, olvidando que ninguno de estos sistemas es eficiente operando en forma aislada y en soledad. El resultado fue la indefensión, la inseguridad pública y de falta de inteligencia nos indican que las leyes necesitan ser revisadas a partir de superar esa voluntad política que desarticuló el sistema como tal. Este es un aspecto central para avanzar en nuevas respuestas eficientes a las amenazas y agresiones que nos plantean el conflicto moderno, el crimen organizado transnacional y el conflicto hibrido en todas sus facetas.

El segundo eje tiene que ver con recomponer las capacidades de las Fuerzas Armadas. Creemos que ha habido una desinversión que ha llevado a una situación de indefensión y de desarme unilateral, que nos indica que es prioritario recuperar el instrumento militar de la defensa.

Recuperar las capacidades duras de las Fuerzas Armadas para cumplir con su misión principal es un proceso que llevará años y debería tener su inicio en 2024, con un horizonte mínimo de 8/10 años, creando bases sólidas para tenga continuidad, con compromisos que permitan cerrar cada proceso de adquisiciones más allá de la duración cada gestión de gobierno.
Otro de los ejes de trabajo es el Capital Humano. Hay una gran desmotivación y deserción en las Fuerzas Armadas donde vemos una fuerte degradación de la profesión militar y donde mucho personal capacitado abandona las filas de las Fuerzas. Es un fenómeno multicausal que incluye la falta de actividad operacional por material obsoleto y los bajos presupuestos.

Quien ingresa a las Fuerzas Armadas, sobre todo en la carrera como suboficial, u oficial, tiene la expectativa de desarrollarse profesionalmente pero el hecho de disponer de pocas capacidades militares y de un presupuesto escaso para el funcionamiento lo condiciona. Además, se prolongan excesivamente los tiempos de formación y capacitación y eso desmotiva. Esta situación, aumenta el número de los que dejan las filas y emigran luego de ser capacitados por el Estado a compañías logísticas, navieras, pilotos a volar a empresas privadas o a las policías provinciales. Les falta la motivación operacional, porque se vuela poco, se navega poco y se ejercita poco con armamento y munición.

A esto le sumamos una situación salarial retrasada donde las FFAA reciben un salario promedio de un 60% menos a las FFSS. Quizás con estas últimas medidas se reduzca a un 48%, pero esta situación potencia la desmotivación. Debemos considerar que el personal militar debería adoptar esta profesión con dedicación exclusiva y eso no está ocurriendo.

También debe trabajarse en una política que contemple una nueva estrategia de seguridad integral del Estado. Las leyes vigentes han segmentado sistemas que deberían complementarse sin desvirtuar su propia especificidad y finalidad. No se propone volver pasado, pero sí articular y vincular la política exterior, la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y la Inteligencia.

Esta estrategia debería estar reflejada en algunas de las normas a modificar. Creemos que hay un consenso inicial sobre este tema. Los mismos autores de las leyes vigentes hoy sostienen la necesidad de actualizarlas y de re vincular el sistema y replantear funciones.
Sumamos como prioridad al tema bienestar, donde debería trabajarse para un mejor funcionamiento de la obra social y donde los progresos de este último tiempo son aún insuficientes. Es vital garantizar la salud del militar y su familia en todas aquellas zonas de nuestro país donde son asignados.

Otro eje es la Educación y el diseño y actualización de las estructuras, iniciando por la orgánica del Ministerio de Defensa, organismos dependientes y aquellos relacionados con la producción para la defensa. La re organización o redespliegue de los medios militares debería producirse en segunda instancia y a medida que se recuperan capacidades.

Menos redundancias y organizaciones eficientes debería ser la consigna. Analizar qué funciones cumple cada organismo ya que en algunos casos tienen funciones similares, y adecuarlas debería ser parte del plan de austeridad que debería caracterizar a la próxima gestión.

ZM: Considerando la iniciativa de algunos sectores del arco político sobre la intención de avanzar hacia lo que se denomina securitización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, y teniendo en cuenta las tareas encomendadas recientemente al Ejército por el Poder Ejecutivo ¿Cuál es su opinión?

Las Fuerzas Armadas, en forma complementaria, pueden apoyar las operaciones de seguridad interior y ese apoyo se puede ampliar a otras capacidades der ser necesario. El rol de las FFAA actualmente, según la ley 24.059, no consiste en dar “apoyo logístico”; la ley no dice eso, sino que refiere a apoyar a las operaciones de seguridad interior, marcando ciertas y definidas capacidades. Creemos que se podrían ampliar esas capacidades que marca el Art 27.

No estamos hablando de convertir en policías a los militares, sino de apoyar operaciones de seguridad con capacidades militares que puedan ser necesarias en situaciones particulares. Tomamos como un modelo posible el de Haití – MINUSTAH, donde nuestras FFAA durante diez años actuaron operativamente y en un rol militar -operaciones de cerco- y otras en apoyo de las Fuerzas de Seguridad y de la justicia que combatían bandas criminales armadas. Argentina sancionó leyes claras y las Naciones Unidades establecieron reglas de empeñamiento para regular el uso de la fuerza.

El Estado en ciertas situaciones debe, de ser necesario, poder emplear toda su fuerza legal. Cierta dirigencia interpreta la ley de defensa nacional y de seguridad interior en forma restrictiva, sumando mayores restricciones a las que ley impone. Creemos que esta situación surge de aquellos dirigentes que no han superado la década del 70, se reflejan en una historia parcial y miran el futuro con un sesgo antimilitarista.

Declaman que emplear las FFAA en propio territorio es antidemocrático, desconociendo la Constitución y que el propio legislador contempló en la misma ley de defensa (Art 7) que ésta puede actualizarse para definir una mejor política de defensa para el país. El país está envuelto en un alto nivel de inseguridad y todo indica que deben pensarse soluciones particulares, tal vez excepcionales, para resolverla.

Siempre será importante considerar una secuencia de empleo de las fuerzas del estado, aspecto que la propia Constitución contempla bajo distintos supuestos. Actualmente, la propia ley contempla la participación de las FFAA actuando en el marco del Estado de Sitio donde prevé designar un comandante militar y emplear fuerzas militares pero, llamativamente, prohibiéndoles al mismo tiempo poder adiestrarse para esa situación. Esto requiere un cambio.

Las FFAA son aptas para crear entornos seguros y en un proceso de 2/3 meses de reentranamiento podrían actuar en ambientes urbanos de ser necesario apoyar operaciones de seguridad. Requiere una legislación clara, con reglas de empeñamiento y el equipamiento adecuado.
Deben planificarse e identificarse escenarios en donde las fuerzas policiales son insuficientes o puedan ser superadas y en donde este planificada una respuesta que incluya las capacidades que pueden brindar su apoyo las FFAA.

Adicionalmente y concurrentemente las FFAA deben incrementar la actividad y capacidad de vigilancia y control los espacios de interés de la defensa, para satisfacer necesidades de su propia misión y, al mismo tiempo, complementándolas y coordinándolas con aquellas que llevan adelante las fuerzas de seguridad. Estos cambios requieren ciertos consensos y mientras se recorre el camino de actualizar las leyes se debería avanzar con el planeamiento y la creación de centros mixtos de comando o coordinación.

ZM: Teniendo en cuenta que el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) es un instrumento relevante a la hora de modernizar a las Fuerzas Armadas ¿Cuál es el balance a tres años de su sanción?

El FONDEF es una buena idea, si es que se cumple con los objetivos de la ley y se lo emplea con la finalidad que fue creado y no para reemplazar al presupuesto. Es de esperar que no sea una nueva versión de la Ley de Reestructuración de las FFAA – 24.948 donde se incumplió el financiamiento y los niveles de presupuesto previstos por la propia ley.

A priori, el FONDEF pareciera ser insuficiente para cubrir todo aquello que se incluye en el plan de capacidades militares 2023 (PLANCAMIL) y la tarea de una nueva gestión debería centrarse inicialmente en validar o no esas prioridades. El FONDEF puede ser parte de la solución, pero puede ser solo una aspirina, considerando que se parte de una situación de tal gravedad en cuanto a capacidades y material disponible que va a requerir una inversión adicional.

Empezar evaluando que adquisiciones pueden afrontarse con el FONDEF y, a partir de esa definición, plantear algún otro mecanismo que el país pueda afrontar para financiar otras adquisiciones e incorporaciones que sean prioritarias. En este análisis no debería olvidarse que la prioridad presupuestaria es que las FFAA vuelvan a funcionar operativamente, ya que esto no ocurre en la actualidad. El año 2024 debería centrarse en un presupuesto posible para aquellas funciones que tienen prioridad.

ZM: ¿Cuáles son los proyectos prioritarios que se deben considerar para la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada Argentina?

Las adquisiciones militares son procesos que llevan un tiempo largo de ejecución, lo que impone tomar decisiones en los inicios de 2024. La prioridad debería ser aquellos materiales que permitan recuperar la capacidad operativa de vigilancia y control de los espacios de interés de la defensa nacional y los medios necesarios para dar una respuesta. Toda nueva adquisición debe considerar incorporar tecnología, tener sustentabilidad logística y presupuestaria.

La clave es invertir en medios y sistemas de armas con nuevas TECNOLOGIAS. Debería incorporarse con prioridad medios para recuperar la capacidad aérea y avanzar en incorporar capacidades para controlar nuestro mar, incorporar vehículos blindados en sus distintas modalidades e incrementar el poder de fuego a mayores distancias. Medios que permitan acciones y medidas de ciberdefensa, mejorar los sistemas de comunicaciones, sistemas antiaéreos, radares y drones entre las primeras prioridades.

La inversión a realizar requiere de un programa que incorpore las capacidades prioritarias y no se remita a adquirir equipamiento en forma aislada. No sumar capacidades o materiales en forma aislada. Si completo la radarización para vigilar espacios, debería sumar los medios capaces de responder a la amenaza o agresión detectada.

No obstante, insistimos que la prioridad debería ser volver a funcionar con capacidades disponibles en lo inmediato y garantizar el presupuesto operativo. Cuidar a nuestro capital humano y devolverle la dignidad a la profesión militar. Esta prioridad debería incluir una política de no invertir en mantener material obsoleto que no tiene prestaciones acordes a las necesidades del conflicto moderno y opera como un lastre de gran peso logístico para las fuerzas.

*Agradecemos al Coronel (R) Marcelo Rozas Garay por su tiempo y predisposición

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