El pasado enero, mientras devastadores incendios en Australia consumían una superficie mayor a las 5 millones de hectáreas, en la Cumbre anual del World Economic Forum en Davos se presentó la edición 2020 del Global Risks Report. El documento, elaborado para los directivos de las mayores corporaciones, grupos financieros y líderes políticos del mundo reunidos en el exclusivo resort suizo, sostiene que el escenario de conflictos contemporáneo está cambiando a causa de un ambiente geopolítico y geoeconómico de incertidumbre, en el cual nuevos centros de poder e influencia están conformándose, así como también está poniéndose a prueba la estructura de las instituciones globales y las alianzas históricas. En particular, el reporte señala que las poderosas fuerzas económicas, demográficas y tecnológicas que están dando forma a un nuevo equilibrio de poder mundial tendrán como efecto poner “en riesgo la estabilidad económica, la cohesión social, amenazar el clima y acelerar la pérdida de biodiversidad.” (WEF, 2020: 6)

Por primera vez en su casi medio siglo de existencia, el Forum de la élite económica mundial prioriza en su reporte la perspectiva que los riesgos a corto y largo plazo estarían asociados a la dimensión ambiental, los recursos naturales, y espacios que comprenden los llamados global commons (bienes comunes globales), a causa de: crisis hídricas, temperaturas extremas, fuegos incontrolables, desastres naturales, destrucción de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, contaminación, entre otros (WEF, 2020).

A su vez, según destacó la prensa internacional, los gurús de las finanzas globales coinciden también en señalar el criterio ambiental como esencial para los mercados: “Stephen Schwarzman (Blackstone) ve la lucha contra el cambio climático como una oportunidad. George Soros (Soros Fund Management y Quantum Fund) tiene una visión más filantrópica de la responsabilidad social empresarial. Y David Solomon (Goldman Sachs) sitúa la crisis climática como uno de los dos retos más importantes a los que se enfrenta la economía -global.” (Farràs, 2020). Por su parte la mayor gestora de servicios financieros del mundo, la neoyorquina Blackrock, advirtió que las empresas que no tomen en serio el cambio climático y los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) quedarán fuera del radar inversor del fondo (Sullivan, 2020).

El enfoque sobre los riesgos globales de la élite económica mundial –alejado de la perspectiva clásica de riesgos y amenazas en sentido interestatal– parecería singular de no ser el evidente corolario de haber coincidido desde principios de la década de 1970 con los fundamentos del reporte The Limits to Growth al Club de Roma, el cual sentó las bases del paradigma del decrecimiento y la reorganización de la división internacional del trabajo para la Trilateral Commission. Desde entonces, y en particular desde el fin de la Guerra Fría con la expansión de la economía de mercado, el interés de los grandes conglomerados corporativos confluye con la geoestrategia internacional de las potencias que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en torno a lo ambiental y los espacios que comprenden recursos naturales estratégicos, estén sujetos a la jurisdicción territorial de países en desarrollo o considerados bajo la figura de bien común global.

Aunque el mundo durante el “momento unipolar” parecía un lugar más seguro, “la destrucción diaria de los recursos naturales, el agua y el aire amenaza la seguridad mundial tanto como las armas nucleares. Las políticas para el crecimiento y el desarrollo deben ahora integrar esfuerzos para sostener los global commons.” (Sandler, 1992: 16) Igual concepción globalista ha venido permeando los discursos y documentos de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, agencias para el desarrollo internacional, centros académicos y grandes organizaciones no gubernamentales.

Así y todo, lo anterior no modifica la paradoja que la mayor parte de las principales corporaciones y fondos de inversión de Occidente que vienen sosteniendo el discurso idealista cosmopolita de virar hacia una economía sustentable o “capitalismo verde”, tienen sede en los Estados Unidos y Gran Bretaña. El primero, no sólo no firmó los Acuerdos de París aún durante las gestiones pro-ambientalistas demócratas, sino que la administración republicana, con Donald Trump a la cabeza, directamente retiró a los EEUU del tratado. La superpotencia económica se guarda el derecho soberano de decisión para regular las emisiones de dióxido de carbono hasta el año 2050, cuando según los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU deberían reducirse a cero. Por su parte Gran Bretaña, con la reciente salida de la Unión Europea podría reconfigurar sus acuerdos en materia ambiental dando lugar a un doble juego de cara al club de las economías más opulentas promotoras del dogma del desarrollo sustentable, y por otro lado, respecto a países periféricos donde podrían radicarse industrias contaminantes y/o continuar el financiamiento de la mitigación del cambio climático a través del control de los factores domésticos de crecimiento.

Sin embargo, decisiones soberanas de otros países en contra de los acuerdos de gobernanza global para una “sociedad abierta”, como el rechazo de Polonia y Hungría a inmigraciones masivas o China respecto a la reducción de sus gargantuescos índices de industrialización, son apenas toleradas y consideradas negativas por la élite financiera (Schwartz y Franck, 2020). Esto, para no mencionar la situación de países de la periferia mundial, rotulados aún en desarrollo y menos desarrollados, quienes están compelidos a adoptar el paradigma del decrecimiento en pos de los ODM a fuerza de no ser considerados “parias” del concierto internacional.

Como afirmaba el ex-Subsecretario del Tesoro británico y ex-economista principal del Banco Mundial, Sir Nicholas Stern en su influyente reporte, «es en los países en desarrollo donde más deben acelerarse los intentos de adaptación». Adaptación o mitigación son claros eufemismos que refieren al conjunto de recetas neomalthusianas heredadas de la Guerra Fría para el Tercer Mundo: «en el transcurso de las próximas décadas, entre 2.000 y 3.000 millones de habitantes se añadirán a la población mundial, la práctica totalidad de los cuales en países en vías de desarrollo. Esto no hará más que acentuar la presión existente sobre los recursos naturales –y el tejido social- de numerosos países pobres y expondrá a un mayor número de personas a los efectos del cambio climático. Se necesita un esfuerzo más amplio para favorecer la reducción de los índices de crecimiento demográfico. El desarrollo en las dimensiones definidas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y, en particular, en renta, educación de la mujer y salud reproductiva, es el modo más eficaz y sostenible de abordar el aumento de la población.» (Stern, 2007:99)

Frente a una reconfiguración geopolítica mundial de tipo multipolar, donde potencias emergentes pugnan por expandir sus propias áreas de influencia y alianzas, los espacios que no están sujetos a control soberano e incluso las llamadas “zonas de paz y cooperación” cobran renovado valor estratégico. En este sentido, la singularidad geoestratégica de los commons, por ejemplo del mar y el espacio exterior, es que “son áreas que no pertenecen a ningún Estado y proveen acceso a la mayor parte del globo” (Posen, 2003: 8). De aquí que amplias regiones como el Ártico y la Antártida están siendo sujetas a una velada carrera en la que se intercala el diplomático discurso de la supuesta neutralidad científica, con la bioprospección para el patentamiento de especies desconocidas y la proyección de zonas de influencia con el asentamiento de nuevas bases antárticas y redes marítimas de aprovisionamiento (Ji, 2019). Según agencias de ONU y centros think-tanks de potencias de la OTAN, en el largo plazo los efectos disruptivos ecosistémicos del llamado cambio climático incrementarían la competencia interestatal por estos espacios globales (Simangan, 2020; Stewart, 2019). De igual manera aprecian que otros global commons (ciberespacio y espacio exterior) también son objeto de una renovada competencia. En este sentido, el creciente proceso de securitización de lo ambiental puertas adentro del Pentágono –más allá de la postura de cada administración presidencial– (Klare, 2019), es posible comprenderlo como la gestación de un oportuno casus belli de próximas intervenciones “preventivas” y/o “humanitarias” de carácter global.

Tal como deja en claro la élite económica mundial reunida en Davos, el credo del globalismo cosmopolita es el ambientalismo. Aunque es un universal que conlleva groseras asimetrías en su perspectiva geopolítica. No casualmente los feroces incendios en el subcontinente australiano en paralelo a la cumbre del Fórum, fueron interpretados según dos claves: primero en tanto temprana ratificación de la apocalíptica prospectiva de riesgos ambientales; segundo como azaroso avatar climático no causado por la mano del hombre.

De ninguna manera el desastroso fenómeno en aquella porción del Commonwealth podía equipararse a los incendios de la Amazonia brasilera de mediados de 2019, donde el fuego, si bien arrasó una superficie cinco veces menor, para grandes multimedios globales y algunos gobiernos europeos fue iniciado intencionalmente por los nativos –“incapaces” de cuidar, en términos organicistas, la Madre Naturaleza o el “pulmón del planeta”. De este modo la propaganda que configura la geocultura del globalismo respecto a la periferia, permite sostener la insidiosa declamación que la Amazonia sudamericana debe ser declarada Patrimonio de la Humanidad, mientras que jamás eso debería aplicar –ni siquiera ser dicho– para el territorio soberano de Australia.

La Argentina y su visión geopolítica

Al respecto, ¿cuál es la visión geopolítica de Argentina? La última Directiva de Política de Defensa Nacional N° 703/2018 del PEN, logró hacer mención sobre la preocupación ambiental y acertadamente distinguir las acciones de actores tanto estatales como no estatales, los cuales “promovidos por otras naciones y/o grupos de poder, cuentan con la capacidad de disputar el monopolio de la violencia estatal”, referido en particular a “las políticas internacionales asociadas a los bienes globales comunes, la alta mar, el ciberespacio y el espacio exterior.” (pág. 6)

Aunque el documento omite puntualizar cuáles son las amenazas concretas para la Defensa, el primero de los riesgos ponderados refiere a la competencia por recursos estratégicos: “en un contexto global atravesado por el aumento de la demanda de recursos estratégicos, la degradación del medio ambiente y el crecimiento de las tensiones geopolíticas por el control de áreas estratégicas, el resguardo de la soberanía sobre los recursos naturales de la Nación configura una problemática de interés creciente.” De aquí que de manera categórica afirma que ”el Estado debe fortalecer su capacidad de ejercer una vigilancia y control efectivo sobre los espacios geográficos con reservas de recursos estratégicos.” (pág. 16)

Sin embargo, más allá de la oportuna mención de la Directiva gubernamental, las dinámicas reales respecto a los espacios con reservas de recursos estratégicos dejan el resguardo de la soberanía mayormente en el plano de lo declamativo. Excedería el breve espacio de este artículo listar la crítica situación de las capacidades de proyección y dominio de los espacios territorial, marítimo y aéreo del país; así como las diferentes formas de depredación de recursos naturales y pérdida de biodiversidad. De todos modos es necesario señalar dimensiones que escapan a la concepción geopolítica clásica y presentan la posibilidad de riesgos/amenazas de naturaleza indirecta y asimétrica para la Defensa. La reciente creación del Centro Nacional de Ciberdefensa es una respuesta concreta a la necesidad de desarrollar capacidades en la dimensión ciberespacial. Pero, ¿cuál es la capacidad de respuesta frente a un ataque de tipo bionanotecnológico? El empleo de eventos biológicos en escala nanométrica podría vulnerar severamente el ecosistema, la biodiversidad, el sistema agroalimentario y hasta la salud poblacional. Si bien la DPDN 703/2018 menciona –de rigor– la proliferación de armas biológicas, se carece de una concepción geoestratégica profunda de la implicancia de la proyección de poder en una dimensión microfísica (Borrell, 2017).

De manera general, otro interrogante pende sobre cuál concepción se ha venido gestando en el ámbito gubernamental y específicamente en Defensa sobre los riesgos ambientales y el llamado cambio climático. El sin número de conferencias, cursillos, especialistas y financiamiento de proyectos académicos en el tema, ¿ha redundado en una formulación geoestratégica propia que contemple el uso de la cuestión ambiental para la proyección de poder? O, ¿ha servido para atornillar en la mente de los círculos de toma de decisión la falacia autoinculpatoria para nativos de la periferia sobre los daños al ecosistema global? Vale recordar que en Argentina el modelo de primarización económica (o commoditización) ha sido directamente proporcional a la pérdida de capacidades e infraestructura industrial, meta funcional al conservacionismo ecologista. Hace tiempo ya que es evidente la adopción del paradigma del decrecimiento y de acciones para desguazar factores de poder nacional en esferas que escaparon a la órbita de la Defensa, como industria, energía, transporte, ambiente, población y salud.

En definitiva, sin una sólida concepción geopolítica multidimensional y propia, es factible que continúe permeando las ponderaciones de Defensa una visión de riesgos y amenazas totalmente ajena a los intereses nacionales. Mientras tanto muchos seguirán obedientemente replicando las recetas del globalismo.         

Referencias:

– Borrell, Juan José (2017). “Microphysical borders and fourth-generation warfare: drawing the lines between geopolitics and biopolitics in the competition for natural resources”, en Jahresheft Geopolitik 2016, Euskirchen (Alemania): Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr. pp. 18-23.

– Farràs, Lorena (2020). “La crisis climática irrumpe en los mercados. La inversión sostenible se dispara mientras las gestoras premian a las empresas más comprometidas”, en La Vanguardia, 04 febrero.

– Ji, You (2019). “La Cina naviga verso i mari lontani”, en Limes. Rivista italiana di geopolitica, N° 7 (Gerarchia delle onde), Roma. pp. 91-95.

– Klare, Michael T. (2019). «All hell breaking loose. The Pentagon’s perspective on climate change». Nueva York: Metropolitan Books.

– Posen, Barry R. (2003). “Command of the commons. The military foundation of U.S. hegemony”. International Security, Vol. 28, N° 1, pp. 5-46.

– Sandler, Todd (1992). “After the Cold War, Secure the Global Commons.”, en Challenge, vol. 35, N° 4, pp. 16–23.  www.jstor.org/stable/40721359.

Schwartz, Brian y Franck, Thomas (2020). “George Soros rips Trump and Xi, says the ‘fate of the world’ is at stake in 2020”, en CNBC, 23 enero.

– Simangan, Dahlia (2020). “Where is the Anthropocene? International Relations in a new geological epoch”, en International Affairs, Vol. 96 (1), RIIA. pp. 211–224.

Stern, Nicholas (2007). «El informe Stern». Barcelona. Paidós.

Stewart, Patrick M. (2019). “The landmark Antartic Treaty turns sixty, facing its biggest test: climate change”. Council on Foreign Relations, 9 de Diciembre.

– Sullivan, Paul (2020). “A call for investors to put their money toward a green future”, en The New York Times, 24 enero.

– WEF (2020). «The global risks report». 15th ed. Geneva: World Economic Forum.

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Juan José Borrell
Profesor Titular por concurso de Geopolítica (Maestría en Estrategia y Geopolítica, ESG, UNDEF). Profesor de Geopolítica de los recursos naturales (FADENA, Universidad de la Defensa Nacional), Buenos Aires. Integró la Delegación oficial de Argentina ante el CFS, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, ONU), Roma, Italia, de 2011 a 2019. Autor del libro: Geopolítica y alimentos. El desafío de la seguridad alimentaria frente a la competencia internacional por los recursos naturales. Edit. Biblos.

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