Los asuntos militares se han topado nuevamente con la atención de la opinión pública a raíz de los recientes cambios en la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional por medio del Decreto N° 683/18. En este caso el interés no se ha relacionado por una tragedia como aquella ocurrida en noviembre del 2017 con la pérdida del ARA San Juan y sus 44 tripulantes, sino por una gran politización sobre los lineamientos básicos que le ha establecido el Poder Ejecutivo a su sistema de Defensa Nacional. Este sistema desde la semana pasada se organiza en función de una nueva reglamentación y una Directiva Política que ha traído un renovado debate sobre cual es el fin del instrumento militar dentro de nuestro país.
El arco político todo se ha expresado en función del contenido del nuevo plexo normativo, motivando un sinfín de comentarios entre positivos y negativos. Quienes legitiman las modificaciones a la antigua reglamentación emanada del Decreto N° 727/06, sancionado durante la gestión de Garré, consideran que el encorsetamiento legal limitaba el fin ultimo de las Fuerzas Armadas las cuales tenían su razón de ser ante amenazas directas de fuerzas regulares estatales llevando a que el instrumento militar no pueda modernizarse y adaptarse a nuevas hipótesis y escenarios internacionales. Por otro lado, y con una clara pulsión apática, un sector opositor ha manifestado que la nueva normativa abre posibilidades para que las Fuerzas Armadas militaricen los asuntos de índole policial, en clara violación a la Ley de Seguridad Interior.
Lo cierto es que la iniciativa para con el sector castrense con todos sus matices contempla cuestiones y visiones alentadoras, así como otras que generan preocupaciones.
Dentro de la estructura de la reglamentación surgen diferentes puntos que han contrastado algunos pasajes del decreto derogado, haciendo especial foco sobre la fuente para que el instrumento militar de la Defensa Nacional efectivice sus funciones primarias. La mención sobre “agresiones externas perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados” ha sido reemplazada por la acción efectiva ante agresiones que atenten contra la soberanía, integridad territorial o la independencia política de la Republica Argentina, implicando la adopción de un principio realista de las relaciones internacionales que reza que los escenarios globales son caracterizados por complejidades e incertidumbres que llevan a la variabilidad de los riesgos y amenazas que pueden afectar a una nación. El contexto mundial actual ampara a que las distintas estructuras militares a lo largo y ancho del globo sigan atadas a la premisa de buscar la paz preparándose para la guerra. La Argentina, si bien situada en una región de paz interestatal, no puede permitirse desatender sus instrumentos para garantizar su seguridad basándose solamente en coyunturas.
La protección de los intereses nacionales debe estimular un pensamiento pragmático y a largo plazo que contemple la realidad de un mundo con permanentes cambios políticos y pulsiones agresivas.
La nueva normativa, y en sintonía a las normas homologas en la región, avanza sobre esta percepción del mundo contemplando en su espectro la utilización de las Fuerzas Armadas para asistir logísticamente a las fuerzas de seguridad ante los fenómenos de las “nuevas amenazas” como el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, estos delitos complejos donde las fuerzas de seguridad deben brindar una respuesta acorde y eficaz, pueden ser los motivantes para que exista una gran transformación en el instrumento militar de nuestro país y que genere una degeneración en su rol y misión principal.
El Decreto N° 683/18, con algunas contradicciones, versa que “las Fuerzas Armadas serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo”. La efectividad de su utilización y sin reglas de empeñamiento definidas, puede colisionar con el espíritu de la Ley de Seguridad Interior. Si en un despliegue territorial un destacamento del Ejercito Argentino es baleado por una banda criminal, el solo intercambio de disparos podría llevar al soldado a una situación jurídica vacía o por lo menos contradictoria.
Las propias definiciones estratégicas del Poder Ejecutivo Nacional han llevado a que las distintas dependencias del Estado se plieguen ante ellas buscando hacer un aporte que impacte en los resultados de pobreza cero, estabilidad fiscal y combate al narcotráfico. El Ministerio de Defensa, sin definiciones específicas, ha avanzado en normas que se suman a este esfuerzo federal. Es por esto por lo que tanto la nueva reglamentación como la Directiva de Política de Defensa Nacional se han concentrado en estructurar al instrumento militar sobre las áreas de interés del poder político.
Las pocas definiciones sobre el rol primario para las Fuerzas Armadas son eclipsadas en el documento por un desarrollo profundo sobre las misiones subsidiarias a las que deben atender. A su vez, y haciendo una mención clara sobre la crítica situación en cuanto al multilateralismo entre estados y a la efectividad de los órganos internacionales, nuestro país clama de manera kantiana su intención de organizar a su estructura militar en contraposición a grupos irregulares o amenazas no estatales. Es importante aclarar esto último: la normativa apuntala la integración operativa con las fuerzas de seguridad, la transformación de su doctrina y adiestramiento y la incorporación de equipamiento para llevar a cabo esta misión.
Por otro lado, pero en misma sintonía, la instrumentación y el diseño de las fuerzas tenderá a priorizar sus misiones subsidiarias llevando a ponderar el apoyo al Sistema de Seguridad Interior y a las misiones secundarias como escenarios de apoyo logístico, protección de eventos de interés estratégico y apoyo a la comunidad. La organización del instrumental de guerra para satisfacer la vigilancia y control terrestre, marítimo, aeroespacial será reorganizada según criterios de eficiencia y flexibilidad, pudiendo afectar seriamente las capacidades de guerra del instrumento militar, con equipos que no han podido reemplazarse ni modernizarse ni en mejores coyunturas económicas.
“Las capacidades del Sistema de Defensa Nacional no involucradas en tareas prioritarias en tiempos de paz deberán reducir su estructura” menciona la Directiva. Si bien la estructura castrense se encuentra sobredimensionada para los despachos políticos nacionales, la realidad económica y geográfica de nuestro país puede determinar lo contrario. La necesidad de contar con recursos para el funcionamiento efectivo de nuestro instrumento militar ha terminado por tocarle la puerta a una transformación que no supone una optimización y una modernización de equipamiento, sino un eventual cercenamiento de capacidades primarias. Ya es común escuchar en el ámbito de la defensa que “sistema que se da de baja, capacidad que se pierde” y en vísperas de una directiva de defensa que se enfocará más en las funciones con mas visibilidad ante la sociedad que en aquellas silenciosas pero prioritarias, es esperable que la modernización proyectada no se materialice según lo urgente y verdaderamente necesario.
La política de defensa necesitada en el país se ha camuflado en una política fiscalista que, sin consenso político ha privilegiado el achicamiento y la mayor escenificación publica que brindan las tareas de apoyo a la seguridad y las tareas subsidiarias.
Tras décadas de omisión de los asuntos de Defensa Nacional como ámbito estratégico del Estado ¿la nueva reglamentación es un avance o un retroceso?
Cuál es el ultimo Libro blanco de la Defensa ??
En mi opinión solo sera posible apreciar si hay un avance, retroceso o “estancamiento” cuando se comiencen a definir y/o instrumentar todas las reformas que se anuncian y pretenden alcanzarse. Por ahora es solo una declamación puesta por escrito en términos generales. Lamentablemente tenemos la pasada experiencia de numerosos planes de reestructuracion/ reformas/modernizaciones de las FFAA, o como le quieran llamar, que nunca se concretaron o quedaron a mitad de camino por falta de desicion politica y, consecuentemente, ausencia de presupuestos ni siquiera razonables. ¿Se repetirá la historia? Solo hay que esperar y tener memoria. No obstante tomemos nota de una cosa, en el caso de la FAA no alcanzan ese tipo de acciones (reestructuracion/ reformas/modernizaciones) en razón del grado de deterioro alcanzado. La palabra mas ajustada debiera ser su “reconstrucción”.
Fuente: gacetamarinera.com.ar
Se presentó el Libro Blanco de la Defensa 2015
23/10/2015. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó el acto de presentación en el Edificio Libertador. Contó la presencia de diversas autoridades civiles y militares, además de oficiales alumnos de la Escuela de Guerra Naval (ESGN).
Buenos Aires – La semana pasada, en el salón San Martín, el ministro de Defensa presentó el Libro Blanco de la Defensa 2015, reconocido internacionalmente como documento oficial a través del cual cada país expone los lineamientos básicos de la política y del sistema de defensa, configurándose así como medidas de confianza mutua entre las naciones.
Además, en el plano interno, fomentan la rendición de cuentas al facilitar el acceso de los ciudadanos a conocer las características del sistema de defensa, sus objetivos, sus medios y los recursos asignados.
Entre las autoridades participantes se encontraban el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Luis María Carena; y los Jefes del Ejército, Teniente General Ricardo Cundom; de la Armada Argentina, Almirante Gastón Erice; y de la Fuerza Aérea, Brigadier Mario Callejo.
También, los subsecretarios de Asuntos Internacionales para la Defensa, Roberto De Luise; de Formación, Javier Araujo; de Coordinación Administrativa, Germán Martínez; de Gestión de Medios y de Planificación Presupuestaria y Operativa para la Defensa, Julieta Marks; y de Coordinación Ejecutiva en Emergencias, María Agustina Brea, entre otras autoridades civiles y militares.