La realización de desfiles en conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia fue un indicio de la reubicación de las Fuerzas Armadas en la consideración oficial y probablemente también social. En palabras del ministro de Defensa, Julio Martínez, al anunciar el evento: “En el gobierno anterior hubo maltrato, persecución y falta de respeto a nuestras Fuerzas Armadas, a las que tenían escondidas” y agregó: “No es para mostrar poder, que tampoco tenemos porque hemos recibido las Fuerzas Armadas con falta de capacidades y presupuesto”.

Es todavía prematuro asumir que la realización de los importantes desfiles realizados el fin de semana último y esas palabras del ministro sean el comienzo de un proceso de recuperación del sistema de defensa. Las severas limitaciones presupuestarias que debe enfrentar el gobierno de Mauricio Macri se contraponen con la necesidad de inversiones en un aparato militar desmantelado. Desde 1983, en el marco de un ambiente político adverso a las Fuerzas Armadas, se practicó un desarme, sin declararlo formalmente. La Argentina fue así un caso atípico de un país que procede de esa manera sin precaverse mediante un acuerdo de defensa o de desarme regional, o mediante un convenio de protección por otra potencia militar. En 33 años de gobiernos constitucionales el Congreso nunca desarrolló una discusión seria sobre las implicancias de quitar gradualmente a las Fuerzas Armadas su capacidad defensiva. Pero esto sucedió. Cualquier voz señalando esa falencia sería mal considerada políticamente y sospechada de defender “represores” o de alimentar intenciones golpistas. Si el propósito sigue siendo mantener desarmadas las fuerzas para asegurar que no haya golpes militares, ello significaría después de 33 años otro grave problema de madurez institucional. El acatamiento militar a las autoridades de la Constitución debe entenderse como un hecho ya consolidado.

No tiene sentido continuar afrontando un importante gasto en defensa para destinarlo en cerca de un 90 por ciento a pagar salarios y gastos corrientes sin ningún impacto defensivo. El presupuesto de Defensa para 2016 continúa con esa misma característica y no expone un mejoramiento en aquellos objetivos que están sujetos a alguna cuantificación. Por ejemplo, la cantidad de días de operaciones, horas de vuelo de entrenamiento o tiempos de navegación. Aun siendo estas metas muy poco ambiciosas, a menudo no se cumplen por la escasa disponibilidad de equipamiento o munición. La Fuerza Aérea carece de aviones de combate operativos para poder cumplir con las horas de vuelo requeridas en la formación de pilotos. En la aviación naval la situación es aún más crítica.

Dentro de estas extremas escaseces, el presupuesto de defensa expone en sus limitadas inversiones la prioridad por impulsar la industria militar local. Este objetivo puede estar en contradicción, y de hecho lo está, con el logro de la mayor eficacia militar basada en armamento de última generación. Por ejemplo, se propone modernizar el Polo Químico de la Fábrica Militar de Río Tercero. También se han programado una línea de armado de vagones y una planta de fabricación de pistolas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán. Ninguna de estas inversiones aportará capacidad militar significativa. La pregunta, entonces, es por qué el presupuesto de defensa pone al Estado a armar vagones de uso civil.

La Fuerza Aérea prevé la producción de un avión de entrenamiento IA-100 en la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martin (Fadea). En el mismo establecimiento se contratarán el mejoramiento del IA-58 Pucará y la fabricación de aviones Pampa II. Como un programa plurianual el Ejército invertirá en la transformación de helicópteros UH-1 y en la modernización del Tanque Argentino Mediano. La Armada continuará la renovación de equipamientos en los destructores Meko 360. Puede observarse en este programa que será priorizado el uso de la industria militar local en la fabricación y que además se apunta a equipamientos para entrenamiento más que para operaciones. Por lo tanto, no se modificará el curso de las tendencias observadas en los últimos años.

Se impone una completa revisión de la política de defensa que debería sustentarse en una discusión que se inicie con la decisión de contar con fuerzas armadas. Salvado esto, el marco de un programa consensuado debe incluir la reconciliación y la superación de los sentimientos antimilitares que han motivado no sólo el deterioro defensivo que exponemos en este editorial, sino también un tratamiento judicial asimétrico y claramente violatorio de los principios de la justicia en el tratamiento de los hechos de la guerra antisubversiva que nuestro país vivió en los años setenta.

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