Iconoclasta
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Godoy intenta despegarse de Febres
El jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, se deslindó ayer de las responsabilidades por las cuales distintas agrupaciones defensoras de derechos humanos habían pedido que se lo citara a indagatoria luego de que se conociera que el ex prefecto Héctor Febres, pasaba varios veranos en la Base Naval de Azul, dependencia que se encuentra bajo la tutela del jefe militar.
Mediante un descargo que la ministra de Defensa, Nilda Garré aguardaba luego de haber solicitado a la Armada toda la documentación que pudiera dar cuenta de las supuestas irregularidades encontradas en las condiciones de detención de Febres, el almirante Godoy subrayó en el documento, según fuentes del Ministerio, que la orden del traslado a aquella dependencia había sido impartida desde el juez federal que investigaba al ex prefecto en sus presuntas violaciones a los derechos humanos, Sergio Torres.
# Recusación
Como si fuera poco para el juez, ahora se le suma este descargo de Godoy, luego de que a principio de mes el defensor de varios de los ex militares detenidos por la causa ESMA (entre ellos Alfredo Astiz), Juan María Aberg Cobo lo recusara por «parcialidad», tras sostener que «una denuncia realizada contra Torres por sectores de derechos humanos por las supuestas condiciones irregulares de detención de los implicados, pone en duda y condiciona las acciones del juez federal, a la hora de seguir trabajando en el resto de la megacausa».
En esa ocasión distintas organizaciones defensoras de derechos humanos también habían criticado los modos que Torres utilizaba para sobrellevar el proceso judicial, entre los cuales cuestionaban la tardanza con que el magistrado había dictado la orden para trasladar a los procesados por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Escuela de la Armada, a cárceles comunes.
«Antes de la muerte de Febres, Torres había negado un pedido para que los acusados en esta causa fueran trasladados a cárceles comunes. Tuvo que esperar a que pasara lo del ex prefecto para cambiar su postura», había sido el análisis del abogado Luis Bonomi, querellante en la causa que investiga el envenenamiento del ex marino.
En torno de la presentación efectuada por Godoy, desde el Ministerio de Defensa señalaron que la Armada «ha entregado todo lo que se le requirió» y que «la carteraestá evaluando» el material, en tanto que volvieron a descartar que Godoy pueda ser desplazado y enfatizaron que está «en plenas funciones del mando».
# Acusación
Los querellantes en la causa ESMA, por la que Torres investigaba a Febres, fueron quienes acusaron al jefe de la Armada de haber «autorizado las vacaciones» del ex prefecto en Azul, entre los años 2003 y 2005, cuando estaba detenido.
El lunes pasado, Garré le ordenó a Godoy que removiera a tres colaboradores a los que vinculó con la última dictadura militar.
Los efectivos desplazados de sus funciones fueron el contralmirante Roberto Pertusio, procesado penalmente por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad; el contralmirante Miguel Troitiño, y el capitán de navío Hugo Santillán.
Por otro lado, la semana pasada Garré había pedido una copia del expediente del caso que sigue la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por el fallecimiento del ex militar para corroborar la información acerca de la mencionada presencia del ex prefecto en Azul.
El jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, se deslindó ayer de las responsabilidades por las cuales distintas agrupaciones defensoras de derechos humanos habían pedido que se lo citara a indagatoria luego de que se conociera que el ex prefecto Héctor Febres, pasaba varios veranos en la Base Naval de Azul, dependencia que se encuentra bajo la tutela del jefe militar.
Mediante un descargo que la ministra de Defensa, Nilda Garré aguardaba luego de haber solicitado a la Armada toda la documentación que pudiera dar cuenta de las supuestas irregularidades encontradas en las condiciones de detención de Febres, el almirante Godoy subrayó en el documento, según fuentes del Ministerio, que la orden del traslado a aquella dependencia había sido impartida desde el juez federal que investigaba al ex prefecto en sus presuntas violaciones a los derechos humanos, Sergio Torres.
# Recusación
Como si fuera poco para el juez, ahora se le suma este descargo de Godoy, luego de que a principio de mes el defensor de varios de los ex militares detenidos por la causa ESMA (entre ellos Alfredo Astiz), Juan María Aberg Cobo lo recusara por «parcialidad», tras sostener que «una denuncia realizada contra Torres por sectores de derechos humanos por las supuestas condiciones irregulares de detención de los implicados, pone en duda y condiciona las acciones del juez federal, a la hora de seguir trabajando en el resto de la megacausa».
En esa ocasión distintas organizaciones defensoras de derechos humanos también habían criticado los modos que Torres utilizaba para sobrellevar el proceso judicial, entre los cuales cuestionaban la tardanza con que el magistrado había dictado la orden para trasladar a los procesados por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Escuela de la Armada, a cárceles comunes.
«Antes de la muerte de Febres, Torres había negado un pedido para que los acusados en esta causa fueran trasladados a cárceles comunes. Tuvo que esperar a que pasara lo del ex prefecto para cambiar su postura», había sido el análisis del abogado Luis Bonomi, querellante en la causa que investiga el envenenamiento del ex marino.
En torno de la presentación efectuada por Godoy, desde el Ministerio de Defensa señalaron que la Armada «ha entregado todo lo que se le requirió» y que «la carteraestá evaluando» el material, en tanto que volvieron a descartar que Godoy pueda ser desplazado y enfatizaron que está «en plenas funciones del mando».
# Acusación
Los querellantes en la causa ESMA, por la que Torres investigaba a Febres, fueron quienes acusaron al jefe de la Armada de haber «autorizado las vacaciones» del ex prefecto en Azul, entre los años 2003 y 2005, cuando estaba detenido.
El lunes pasado, Garré le ordenó a Godoy que removiera a tres colaboradores a los que vinculó con la última dictadura militar.
Los efectivos desplazados de sus funciones fueron el contralmirante Roberto Pertusio, procesado penalmente por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad; el contralmirante Miguel Troitiño, y el capitán de navío Hugo Santillán.
Por otro lado, la semana pasada Garré había pedido una copia del expediente del caso que sigue la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por el fallecimiento del ex militar para corroborar la información acerca de la mencionada presencia del ex prefecto en Azul.
