La Conspiración
Los días que siguieron al alzamiento fueron de extrema tensión y expectativa. El balance de los daños junto con el recuento de muertos y heridos sumió a la población en una profunda consternación en tanto la prensa nacional y extranjera se hacía eco de los terribles sucesos, reflejando con claridad (especialmente la extranjera) los hechos acaecidos.
Los enfrentamientos armados y el bombardeo a la ciudad arrojaron un saldo de 380 víctimas fatales que se elevaron casi hasta 400 en días posteriores, amén del millar de heridos que se atendían en diferentes centros de salud.
Nueve granaderos cayeron en la defensa de la Casa de Gobierno1. Otros treinta y dos sufrieron heridas de distinta consideración, lo mismo dos oficiales del Regimiento Motorizado
“Buenos Aires” y siete del Regimiento 3 de Infantería que también tuvo un general y un soldado muertos, el primero cuando intentaba reunirse con su unidad.
El gobierno dispuso redadas y allanamientos que dieron como resultado numerosos arrestos, tanto de militares como de civiles y religiosos, quienes fueron conducidos al penal de Villa Devoto en espera de una sentencia.
Mientras la población intentaba reponerse de los luctuosos acontecimientos que tuvieron lugar en la Capital Federal, se organizaron peregrinaciones a los templos incendiados y la CGT dispuso un paro general para el día 17, en señal de duelo y apoyo al gobierno.
Ese día, ante una multitud que colmaba Plaza de Mayo, Perón se dirigió a la ciudadanía para pedir nuevamente calma y deplorar los desmanes acaecidos durante la lucha. Por la tarde, a las 17.00 horas, se reunió en pleno con su gabinete para plantear su definitivo alejamiento del gobierno, decisión que los presentes rechazaron terminantemente, especialmente el gobernador Aloé y los representantes de la CGT aduciendo, entre otras cosas, que eso sería ceder a la insurrección.
Lo que sí se produjo fue un recambio de funcionarios (casi todos cuestionados por la oposición), necesario para apaciguar los ánimo, el primero de ellos, el ministro del Interior Ángel Borlenghi, apartado de sus funciones por consejo de los principales asesores gubernamentales.
Como era de esperar, fueron removidos los altos mandos de la Armada, importantes jefes de la Fuerza Aérea y numerosos oficiales del Ejército. La Base Aeronaval de Punta Indio fue anulada y el Batallón 4 de Infantería de Marina junto con la Fuerza Aeronaval Nº 2, quedaron disueltos.
Por decisión de los altos mandos, se procedió a desarmar a los aviones de la Base Aeronaval Comandante Espora, sus municiones depositadas en Puerto Belgrano y sus espoletas enviadas al Arsenal de Zárate.
La VII Brigada Aérea de Caza con asiento en Morón fue suspendida y reorganizada como Destacamento Aeronáutico Militar2, la cual quedó a cargo del comodoro Ricardo Alberto Accinelli. Como el plan CONINTES seguía en vigencia, el personal de la nueva entidad permaneció acuartelado por tercios en tanto su jefatura adoptaba como primera medida, repatriar el material aéreo que los pilotos sublevados habían llevado hacia Uruguay3.
De los treinta y nueve aviones utilizados por los rebeldes durante las acciones, veintitrés aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Carrasco (Montevideo); seis lo hicieron en el aeródromo de Colonia, siete en la base militar Boiso Lanza y uno en pleno campo, cerca del aeródromo civil de Melilla, al norte de Montevideo, al no lograr desplegar su tren de aterrizaje a causa de un sabotaje.
Durante los enfrentamientos un AT-6 North American fue derribado por un caza de la Fuerza Aérea, otro se estrelló en Tristán Suárez y un Gloster Meteor cayó por falta de combustible en el Río de la Plata, entre Carmelo y Colonia.
El 17 de junio el gobierno procedió a borrar los rastros de la batalla, haciendo detonar las bombas que aun quedaban sin explotar, cosa que llenó de pavor a los desprevenidos transeúntes que circulaban por las cercanías.
A efectos de procesar a los jefes complotados, se constituyeron tribunales militares especiales. Durante uno de los interrogatorios, acaeció un hecho que volvió a conmocionar a la opinión pública.
durante la defensa de la Catedral y el 28 del mismo mes, el templo mayor de la ciudad de Buenos Aires reanudó sus oficios religiosos, en lo que fue una ceremonia multitudinaria.
Ese mismo día, en San Miguel Arcángel, monseñor Miguel Ángel de Andrea ingresó al templo de rodillas mientras era ovacionado por la concurrencia. Durante los oficios, prometió vestir ropas negras en lugar de las púrpuras, en señal de luto por los muertos, los heridos y los permanentes agravios que estaba padeciendo la Iglesia Católica Argentina.
En el mes de julio, con motivo de la fiesta de San Pedro y San Pablo, Perón envió sus respetos al Papa Pío XII quien, en respuesta, le dijo que esperaba de todo corazón que el Señor guiase sus pasos para que el pueblo argentino pudiese profesar libremente su fe.
Donde comenzó a percibirse lentamente el descontento fue en las filas del Ejército, fuerza que durante la jornada del 16 de junio había mantenido su fidelidad absoluta a la persona del primer mandatario. Los últimos acontecimientos habían llamado a la reflexión a muchos de sus oficiales y de esa manera, en los días que siguieron al bombardeo, se puso en marcha un silencioso complot en favor de la revolución, acordándose para ello realizar los primeros sondeos con elementos de la Armada. La persecución a la Iglesia y la quema de la bandera nacional habían mal predispuesto a amplios sectores castrenses, incentivados por civiles nacionalistas opositores al gobierno que trabajaban afanosamente por establecer contacto entre elementos de las tres armas.
Altos oficiales del Ejército, entre los que se encontraban el general Pedro Eugenio Aramburu, los coroneles Eduardo Señorans y Arturo Ossorio Arana, el capitán Ramón Eduardo Molina y el mayor Juan Francisco Guevara, iniciaron gestiones para establecer contacto con la Fuerza Aérea pues se sabía que pese a tratarse de una fuerza extremadamente adicta a la persona del presidente, había numerosos oficiales que estaban dispuestos a plegarse al movimiento, como el comodoro Julio César Krausse y los capitanes Luis A. Bianchi y Orlando Capellini.
En el mes de julio tuvieron lugar varias manifestaciones contra Perón, en una de las cuales cayó muerto víctima de la represión policial, el militante de la juventud radical Alfredo Prat. Días después, el Partido Demócrata emitió un comunicado en el que criticaba duramente al gobierno y denunciaba el clima de temor en el que vivía la ciudadanía, poniendo especial énfasis en la necesidad de una amnistía total.
El 15 de ese mes se produjeron una serie de renuncias en el gobierno a raíz de ciertas manifestaciones del primer mandatario en cuanto al curso que tomaba su revolución. Entre las mismas, destacan especialmente la del vicepresidente de la Nación, contralmirante Alberto Teissaire, reemplazado por el diputado nacional bonaerense Dr. Alejandro H. Leloir y la de varios ministros y secretarios.
El 21 fue detenido el dirigente conservador Dr. Pablo González Bergez. Pocos después fue arrojado al río Paraná el cuerpo sin vida del doctor Juan Ingalinella, militante comunista desaparecido el 17 de junio, torturado y asesinado por la policía de Rosario. En Córdoba tuvo lugar una multitudinaria manifestación estudiantil y en Buenos Aires se llevaron a cabo numerosas protestas en pro de libertad y justicia, duramente reprimidas por las fuerzas del orden.
Ante semejante clima, el gobierno acordó, por primera vez en muchos años, conceder a los partidos de la oposición, espacios de radio para expresar sus puntos de vista. El primero en hablar fue el Dr. Arturo Frondizi, titular de la Unión Cívica Radical, quien el 27 de julio pronunció desde Radio Belgrano un enérgico discurso que finalizó con vivas y salutaciones de una multitud de seguidores que lo esperaba en las calles.
La conspiración, en tanto, continuaba, con los capitanes de fragata Aldo Molinari y Jorge Palma haciendo de enlaces con elementos del Ejército. Rojas por su parte, tenía sus propios “agentes encubiertos” en las personas de los tenientes de fragata Oscar Ataide, su secretario personal, y Jorge Isaac Anaya8, a través de los cuales supo del desarrollo de los acontecimientos e hizo llegar sus puntos de vista.
Ocurrió que por esos días tuvo lugar un hecho en Puerto Belgrano, que sirvió para dar impulso a la conjura y acelerar sus preparativos.
Por decisión del gobierno, el total de las municiones que después del 16 de junio habían sido retiradas de las unidades rebeldes, fueron enviadas a ese destino junto a los aviones navales recuperados del Uruguay, reforzando de ese modo y de manera inesperada, el potencial de fuego de la unidad. La repentina decisión llevó a los mandos rebeldes a adoptar apresuradas medidas, una de ellas la acelerada construcción de espoletas especiales para suplir a las que habían sido extraídas y enviadas al arsenal de Zárate y la puesta en estado operativo de los aviones navales.
Mientras tanto, cuadros del Ejército seguían trabajando activamente en la compleja misión de captar adeptos, aunque con mucha dificultad dada la extrema vigilancia a la que estaba siendo sometida el arma.
En la provincia de San Luis, sede del II Cuerpo de Ejército, se movía incansablemente el teniente coronel Gustavo Eppens, asistido por un importante número de oficiales. La unidad se hallaba al mando del general Julio Alberto Lagos, de conocida postura nacionalista y afiliado desde el primer momento al movimiento peronista, por lo que cada movimiento debía hacerse con mucha cautela. Por su parte, en la Agrupación de Montaña Cuyo con asiento en la ciudad de Mendoza, varios de sus jefes intentaban neutralizar la marcada posición oficialista de su comandante, el general Héctor Raviolo Audisio y su segundo, el coronel Ricardo Botto. La agrupación se dividía en cuatro poderosos destacamentos siendo Botto jefe del Nº 3 con base en Callingasta, provincia de San Juan.
A los complotados se les sumaron el teniente coronel Fernando Elizondo, jefe del Grupo de Artillería Antiaérea 2; el mayor Armando Aguirre, jefe del Liceo Militar
“General Espejo”; el juez de instrucción militar mayor Enzo Garutti -todos ellos con destino en Mendoza-, el teniente coronel Mario A. Fonseca, jefe del Destacamento de Montaña 3 de San Juan y el general Eugenio Arandía, jefe del Estado Mayor del Ejército de Cuyo, con asiento en San Luis. Por ese lado, solo restaba sondear la postura del general Lagos y luego decidir qué hacer al respecto.
Mientras el general Aramburu realizaba febriles gestiones para incorporar gente, se le sumaron otras dos figuras de importancia dentro del escalafón de oficiales del Ejército, el general Juan José Uranga y el coronel Héctor Solanas Pacheco.
busque la forma de evitarlo.
De repente, el hombre que instigaba a las masas a “dar leña”, a “colgar con alambres de púa” y a “dar muerte a los enemigos”, mostraba una faceta prudente y humanitaria. Mucha gente, dentro de las Fuerzas Armadas, quedó realmente desconcertada.
Casi el total de los implicados, fueron condenados a prisión por tiempo indeterminado y enviados al penal de Santa Rosa, provincia de La Pampa, donde permanecerían encerrados por los siguientes dos meses.
Con la conspiración en marcha, los conjurados del Ejército y la Marina efectuaron frecuentes reuniones en el domicilio del doctor Fauzón Sarmiento, en pleno barrio de Belgrano, custodiados por un grupo de oficiales retirados al mando del coronel Ladislao Fernández Castellanos. Acudían a las mismas los coroneles Francisco Zerda, Arturo Ossorio Arana y Eduardo Señorans, el mayor Juan Francisco Guevara, el capitán Tomás Sánchez de Bustamante, el capitán de navío Arturo Rial y el capitán de fragata Jorge J. Palma.
Al primero de aquellos cónclaves debía asistir el general Aramburu pero un llamado de último momento del padre Septimio Walsh, le advirtió que era vigilado las veinticuatro horas del día y que, por consiguiente, no era prudente que se moviera.
Los complotados se pusieron al tanto de lo que acontecía y trazaron un plan. Se decidió que la plana mayor de la armada debería esperar el pronunciamiento del Ejército que todavía buscaba una mano firme que tomase el mando y entonces Ossorio Arana manifestó que si se tenía que hacer cargo de Córdoba, deseaba contar con el general Lonardi, por tratarse del jefe con mayor jerarquía dentro del arma. Su petición fue escuchada con atención y nadie puso objeciones.
Días después, el general Lucero removió a Aramburu, pasándolo de su puesto al frente de la Dirección de Sanidad al de jefe de la Escuela Nacional de Defensa.
Al margen de las actividades sediciosas, desde la residencia del Dr. Fauzón Sarmiento y otros domicilios particulares, los comandos civiles iniciaron sus aprestos para colaborar con las fuerzas rebeldes, ya como tropas de apoyo, ya como enlaces o aportando su concurso en toda actividad que les fuese encomendada.
Un grupo de ellos, encabezados por el ingeniero Roque Carranza e integrado por oficiales retirados como el capitán Walter Viader y el vicecomodoro Jorge Rojas Silveyra, se dedicó a fabricar bombas caseras con gelinita. Otras reuniones se llevaron a cabo en el Colegio Nuestra Señora del Huerto, a
cargo del padre Walsh, donde se imprimieron miles de folletos, trabajando activamente en ello los ingenieros Florencio Arnaudo, Carlos Burundarena y Manuel Gómez Carrillo junto al oficial retirado Edgardo García Puló, Raúl Puigbó, que por entonces era permanentemente buscado por la policía y Adolfo Sánchez Zinny. En el comando liderado por el capitán Aldo Luis Molinari, actuaban Héctor Eduardo Bergalli, Roberto Etchepareborda y otros militantes radicales, grupos a los que se les encomendó la misión de copar e inutilizar las radios.
En el comando civil de la parroquia de Santo Cristo (Espíritu Santo), el capitán Carlos Fernández tenía a su cargo un nutrido grupo de militantes entre quienes se encontraban Alberto Pechemiel, Martín Cires Irigoyen y el abogado Ismael Carlos Gutiérrez Pechemiel, los tres, familiares del general Benjamín Menéndez. Alberto Pechemiel era esposo de Ángela Menéndez, sobrina del célebre militar y junto a ella, actuó como enlace durante el frustrado alzamiento de 1951, sufriendo ambos apremios, cárcel, allanamientos domiciliarios y agresiones físicas9.
Mientras tenía lugar la entrelazada red de espionaje, se sucedían hechos de violencia que continuaban enrareciendo el clima en todo el ámbito de la nación.
El 12 de agosto una manifestación católica que se dirigía a la iglesia de Santo Domingo, fue atacada por elementos de la Alianza Libertadora Nacionalista. La columna fue interceptada en la esquina de Florida y Av. Corrientes, resultando detenidos muchos de sus integrantes. Dos días después, la policía allanó varios domicilios para arrestar a los integrantes de una agrupación opositora organizada en la Facultad de Derecho de la UBA y varios jóvenes armados fueron arrestados cuando se desplazaban a bordo de un jeep por el barrio de Recoleta, lo mismo la profesora de Religión Sara Mackintosh, cesante desde el mes de mayo.
El 17 de agosto tuvo lugar una concurrida manifestación en Plaza San Martín, con motivo de un nuevo aniversario del fallecimiento del Libertador, acto en el que se lanzaron insultos de todo tipo contra Perón y su gobierno. Una vez más la Alianza Libertadora Nacionalista atacó a los manifestantes, hiriendo de una cuchillada a un joven de apellido Menéndez Behety.
Se enrarecía el aire en los principales epicentros del país y todo parecía presagiar nuevos estallidos de violencia.
Imágenes
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Aviones de combate argentinos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco
En la imagen, un oficial argentino (de gorra) inspecciona la turbina de
un Gloster Meteor con la ayuda de dos soldados uruguayos
(Colección Revista LIFE, 1955) |
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El Gloster Meteor matrícula I-094, a poco de su aterrizaje en Montevideo
Un oficial argentino inspecciona una pieza
(Colección Revista LIFE, 1955) |
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Oficial argentino junto a dos
suboficiales uruguayosdesmontan la turbina del Gloster I-031
(Colección Revista LIFE, 1955) |
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Pilotos argentinos junto a un Curtiss-Hawk 75-0. Probablemente 1950
(Colección Revista LIFE, Fuerzas Armadas Argentinas) |
