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Mensaje: <blockquote data-quote="Derruido" data-source="post: 240727" data-attributes="member: 30">Desconfianza en la Justicia    No es casual que la población exprese que tiene poca confianza en el accionar de la Justicia. La manipulación a la cual es sometida por el poder político de turno y variados motivos originados algunas veces en la actuación de algunos integrantes del Poder Judicial han ido mellando la credibilidad de los argentinos en la eficiencia e independencia judicial. Según la última medición del índice de confianza en la justicia (ICJ), realizada el mes último en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán, sólo el 13% de los encuestados percibe a la Justicia como confiable en su imparcialidad, mientras que el 83 por ciento considera el sistema judicial poco o nada confiable. En ese sentido, el trabajo del Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia (Fores), la Fundación Libertad y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, expone que en términos de eficiencia y honestidad los números siguen siendo desalentadores. En efecto, sólo el 17% de los encuestados la considera eficiente y el 11% confiable por su honestidad. Y uno de cada cuatro consultados respondió que no recurriría a la vía judicial en caso de enfrentar un conflicto de índole patrimonial, laboral o familiar. Es cierto que la Justicia debería obrar con mayor celeridad y transparencia para ser más creíble ante la sociedad, pero también lo es que los ataques y la manipulación desde el Poder Ejecutivo erosionan su poder y confiabilidad. Cabe recordar las reiteradas críticas contra la Cámara de Casación Penal, acusada de supuesta demora en causas judiciales asociadas con violaciones a los derechos humanos. Muchas de aquellas dilaciones se explican por las presentaciones de los mismos querellantes, que exigían marginar a jueces de la Casación de esas causas y concluyeron obstaculizando el trabajo regular de los jueces cuestionados. Juristas y magistrados han considerado una intolerable injerencia y una amenaza para la independencia judicial el reclamo del presidente Kirchner para que el máximo tribunal penal actúe de determinada manera y su exhortación al Consejo de la Magistratura para que sancione a los miembros de ese cuerpo. Hasta la Corte Suprema de Justicia le solicitó al primer mandatario "equilibrio y mesura". No obstante, y a pesar de las críticas recibidas, las presiones se completaron con el pedido expreso del ministro del Interior, Aníbal Fernández, para que determinados jueces de la Casación presentasen sus renuncias. El método utilizado para disciplinar a los magistrados mediante el sistemático recurso de hablar peyorativamente de ellos ante la opinión pública ha comenzado a dar sus frutos. El presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, pidió licencia por enfermedad y la jueza integrante de ese cuerpo Amelia Berraz de Vidal presentó su renuncia, aunque aclaró que su decisión estaba motivada en su deseo de acogerse a la jubilación ordinaria. Sin embargo, nunca se había llegado tan lejos en la presión contra los jueces que afectan los intereses de la administración nacional como cuando el ministro del Interior denunció en el Consejo de la Magistratura al juez Javier López Biscayart, quien investiga el caso Skanska, presunto pago de sobornos a funcionarios del gobierno en el contexto de la ampliación del gasoducto del Norte. La sospecha de que los fondos abonados por una compañía sueca habrían sido utilizados para pagarles a funcionarios es un hecho gravísimo que la Justicia deberá dilucidar para transparentar el manejo de los recursos administrados por el Estado. La causa fue iniciada en 2005 ante la sospecha de una operación de evasión impositiva millonaria, por la cual está detenido uno de los socios de una empresa considerada fantasma y luego viró hacia la investigación del pago de presuntas coimas. La presión ejercida sobre la Justicia encaja con la reforma del Consejo de la Magistratura, organismo encargado, entre otras cuestiones, de seleccionar los candidatos a juez y acusar a los magistrados por mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento. La reforma rompió el equilibrio establecido por la Constitución nacional al eliminar la representación de los partidos minoritarios, lo cual posibilitó una impropia injerencia de la clase política en el mencionado consejo.. Un país no puede depender del humor del gobierno de turno, sino de la consolidación de sus instituciones al servicio de la Nación,Por eso resulta indispensable que el poder político abandone sus intentos de manipulación y presión sobre la Justicia, uno de sus pilares fundamentales, con el fin de contribuir a que la sociedad recupere la confianza en su accionar, que necesariamente tiene que ser independiente, eficiente y honesto. Link permanente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/901707" target="_blank">http://www.lanacion.com.ar/901707</a></blockquote>

Verificación: Libertador de Argentina