Efe
La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) no le impidió viajar por algunos países de la región en los que no corría riesgo de ser detenido.
A la orden de arresto emitida el 4 de marzo se sumaron este año en Sudán las disputas internas por Darfur, el retraso de las elecciones generales, los choques tribales en el sur y los secuestros de extranjeros.
Al Bachir, al frente de Sudán desde que encabezó un golpe militar el 30 de junio de 1989, fue acusado ante la CPI por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante el conflicto de Darfur, en el que han muerto más de 300.000 personas.
A pesar de esta decisión, el jefe de Estado viajó por los países de la región que no son signatarios del Estatuto de Roma, fundador de la CPI, para ganar la solidaridad de sus vecinos y cumplir con sus obligaciones internacionales.
Entre los países visitados figuran Qatar, Arabia Saudí, Egipto, donde participó en la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), Eritrea, Etiopía, Libia y Zimbabue.
Tanto la Liga Árabe como la Unión Africana rechazaron la orden de detención, mientras que el Gobierno de Jartum se negó a entregar a su presidente y decidió expulsar a trece organizaciones extranjeras de asistencia humanitaria que operaban en Darfur.
Entre las ONG's afectadas se encontraban Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Care International y Save de Children, a las que Sudán acusó de colaborar con la CPI.
Las consecuencias de esta decisión son, según la ONU, muy graves para los habitantes de Darfur, ya que cerca de 1,1 millones de personas se quedarían sin recibir alimentos y otro millón y medio sin atención médica básica.
La expulsión provocó además que el proceso de paz en Darfur sufriera el 20 de marzo un nuevo revés por el anuncio del principal grupo rebelde, Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI), de que suspendía las conversaciones con el Gobierno por este motivo.
Sin embargo, en junio volvieron a reunirse en Doha, pero la ronda de conversaciones concluyó sin ningún acuerdo. El MJI y el Gobierno de Jartum habían firmado el 17 de febrero un acuerdo de buena voluntad con el objetivo de allanar el camino hacia una paz definitiva.
Los rebeldes de Darfur llevan negociando un acuerdo de paz desde el 23 de agosto del 2004, para poner fin al conflicto armado iniciado en febrero de 2003 en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.
A todo esto se suma el retraso, ya en dos ocasiones, de las elecciones generales, que debían haberse celebrado este año y que ahora han quedado fijadas para el mes de abril de 2010.
Lo que en principio no se va a posponer es el referéndum previsto para enero del 2011 en el que el sur del país decidirá si continúa unido o se separa, el último paso tras la guerra civil de 21 años contra el norte.
El conflicto estalló en 1983 al imponer el régimen de Jartum la "sharia" o ley islámica en todo el país, y finalizó el 9 de enero de 2005 con la firma de un acuerdo de paz.
Este año en el sur se han registrado numerosos choques tribales, los dos más graves fueron protagonizados por las tribus Murly y Nuer, que se saldaron con 171 muertos, en su mayoría mujeres y niños, el 2 de agosto, y con más de 180 víctimas el 20 de abril.
Por otro lado, unas 244 personas fallecieron el 28 de mayo en enfrentamientos entre dos tribus árabes en el sur de la región de Kurdufán, al suroeste de Jartum.
Además, Sudán ha sido escenario en 2009 de numerosos secuestros de cooperantes extranjeros, entre ellos un francés, un italiano y una canadiense de la organización Médicos sin Fronteras de Bélgica, así como una irlandesa y una ugandesa de la ONG GOAL. Todos ellos han sido ya liberados.
El último caso es el de un cooperante francés del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que fue secuestrado el 22 de octubre en la región de Darfur y que todavía no ha sido puesto en libertad.
La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) no le impidió viajar por algunos países de la región en los que no corría riesgo de ser detenido.
A la orden de arresto emitida el 4 de marzo se sumaron este año en Sudán las disputas internas por Darfur, el retraso de las elecciones generales, los choques tribales en el sur y los secuestros de extranjeros.
Al Bachir, al frente de Sudán desde que encabezó un golpe militar el 30 de junio de 1989, fue acusado ante la CPI por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante el conflicto de Darfur, en el que han muerto más de 300.000 personas.
A pesar de esta decisión, el jefe de Estado viajó por los países de la región que no son signatarios del Estatuto de Roma, fundador de la CPI, para ganar la solidaridad de sus vecinos y cumplir con sus obligaciones internacionales.
Entre los países visitados figuran Qatar, Arabia Saudí, Egipto, donde participó en la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), Eritrea, Etiopía, Libia y Zimbabue.
Tanto la Liga Árabe como la Unión Africana rechazaron la orden de detención, mientras que el Gobierno de Jartum se negó a entregar a su presidente y decidió expulsar a trece organizaciones extranjeras de asistencia humanitaria que operaban en Darfur.
Entre las ONG's afectadas se encontraban Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Care International y Save de Children, a las que Sudán acusó de colaborar con la CPI.
Las consecuencias de esta decisión son, según la ONU, muy graves para los habitantes de Darfur, ya que cerca de 1,1 millones de personas se quedarían sin recibir alimentos y otro millón y medio sin atención médica básica.
La expulsión provocó además que el proceso de paz en Darfur sufriera el 20 de marzo un nuevo revés por el anuncio del principal grupo rebelde, Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI), de que suspendía las conversaciones con el Gobierno por este motivo.
Sin embargo, en junio volvieron a reunirse en Doha, pero la ronda de conversaciones concluyó sin ningún acuerdo. El MJI y el Gobierno de Jartum habían firmado el 17 de febrero un acuerdo de buena voluntad con el objetivo de allanar el camino hacia una paz definitiva.
Los rebeldes de Darfur llevan negociando un acuerdo de paz desde el 23 de agosto del 2004, para poner fin al conflicto armado iniciado en febrero de 2003 en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.
A todo esto se suma el retraso, ya en dos ocasiones, de las elecciones generales, que debían haberse celebrado este año y que ahora han quedado fijadas para el mes de abril de 2010.
Lo que en principio no se va a posponer es el referéndum previsto para enero del 2011 en el que el sur del país decidirá si continúa unido o se separa, el último paso tras la guerra civil de 21 años contra el norte.
El conflicto estalló en 1983 al imponer el régimen de Jartum la "sharia" o ley islámica en todo el país, y finalizó el 9 de enero de 2005 con la firma de un acuerdo de paz.
Este año en el sur se han registrado numerosos choques tribales, los dos más graves fueron protagonizados por las tribus Murly y Nuer, que se saldaron con 171 muertos, en su mayoría mujeres y niños, el 2 de agosto, y con más de 180 víctimas el 20 de abril.
Por otro lado, unas 244 personas fallecieron el 28 de mayo en enfrentamientos entre dos tribus árabes en el sur de la región de Kurdufán, al suroeste de Jartum.
Además, Sudán ha sido escenario en 2009 de numerosos secuestros de cooperantes extranjeros, entre ellos un francés, un italiano y una canadiense de la organización Médicos sin Fronteras de Bélgica, así como una irlandesa y una ugandesa de la ONG GOAL. Todos ellos han sido ya liberados.
El último caso es el de un cooperante francés del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que fue secuestrado el 22 de octubre en la región de Darfur y que todavía no ha sido puesto en libertad.
