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Temas de Defensa General
Por presuntos actos de corrupción, Garré denunció ante la Justicia a 23 militares
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<blockquote data-quote="cesar19" data-source="post: 563555" data-attributes="member: 3063"><p><strong>Un e-mail anónimo destapó el fraude militar </strong></p><p>domingo, 17 de agosto de 2008</p><p></p><p>Algunas empresas declaraban Regimientos como sus sedes</p><p></p><p></p><p>Tras hacerse públicas el domingo último las irregularidades en el sistema de compras del Ejército, la Oficina Anticorrupción decidió llevar adelante una investigación exhaustiva sobre las adquisiciones realizadas por las Fuerzas Armadas. La semana pasada, los principales jefes castrenses recibieron la comunicación de que la OA auditará las licitaciones del período de 2004-2007 hechas por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto, según detallaron a LA NACION importantes fuentes militares.</p><p></p><p>Esta investigación será paralela a la que desarrolla el Ministerio de Defensa dentro del Ejército, cuyos primeros informes derivaron en la presentación de una denuncia judicial por asociación ilícita y tráfico de influencias que alcanza a 31 militares, entre ellos cuatro generales, cinco coroneles y seis tenientes coroneles, y 61 civiles que figuran como proveedores de bienes y servicios, los cuales supuestamente fueron beneficiados ilegalmente en licitaciones y compras directas. El volumen del supuesto fraude al Estado alcanza a los 70 millones de pesos.</p><p></p><p>Detrás de esta situación que causó una fuerte conmoción dentro de las guarniciones, hay una historia desconocida que LA NACION reconstruyó en conversaciones con los más importantes funcionarios del área y militares de alto rango. Todo comenzó con la llegada de un e-mail anónimo el 31 de mayo a la casilla de correo de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Defensa.</p><p></p><p>En esa comunicación se informaba sobre la posible existencia de irregularidades administrativas en una docena de dependencias del Ejército. Los datos aportados anónimamente tenían un nivel importante de precisión, que interesó a las autoridades políticas. Decidieron evaluar la verosimilitud de esa denuncia y eligieron como línea de investigación inicial las compras efectuadas por el Comando de Operaciones Terrestres, el Batallón de Intendencia 601 y la Dirección de Asuntos Históricos. Esos lugares eran los tres primeros mencionados en la lista del anónimo.</p><p></p><p>Los funcionarios de la Unidad de Transparencia y de la Auditoría Interna pidieron la documentación de las compras sin dar mayores precisiones a los posibles involucrados. Solicitaron colaboración a la AFIP para cruzar los datos de los proveedores sospechosos y fueron a ver los domicilios dados por las empresas. En un caso, se encontró que la dirección correspondía a un regimiento y, en otros, a terrenos abandonados.</p><p></p><p>En las licitaciones y compras, fue detectada la presencia de monotributistas que se presentaban en los rubros más diversos y, en varios casos, con relación personal con los militares que debía decidir la comparación de precios.</p><p>Informe a la Presidenta</p><p></p><p>Para el Ministerio de Defensa, se encontró una red instalada en el corazón del sistema de compras del Ejército, que se movía según los cambios de destino naturales de los involucrados, quienes llevarían a sus nuevos despachos a los proveedores que antes favorecían en otras dependencias. Los funcionarios apuntan que la investigación no se detendrá sólo en los militares ya denunciados.</p><p></p><p>Por la magnitud de la supuesta estafa y los rangos de los oficiales sospechosos, la ministra Nilda Garré llevó el tema a conocimiento de la presidenta Cristina Kirchner. También entregó hace 25 días un preinforme al inspector general del Ejército, general de brigada Eduardo Anschütz.</p><p></p><p>Garré comunicó por escrito al jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, la orden de pasar a disponibilidad a los militares denunciados antes de presentar el caso en la Justicia. Garré y Bendini aún no hablaron personalmente de este caso. Sí se interesaron en saber qué ocurría los jefes de las otras fuerzas. Quedaron muy preocupados.</p><p></p><p>El juez federal Rodolfo Canicoba Corral tomará la causa esta semana, cuando regrese de un viaje. Mientras la Justicia evalúa la situación, en el interior de las fuerzas ya se sintió el impacto de la denuncia.</p><p></p><p>Conocida la fuerte inquietud dentro de los cuarteles, Garré tomó el teléfono y se comunicó con varios generales para darles detalles de la investigación. Lo mismo hizo el secretario de Asuntos Militares, Germán Montenegro. No todos los generales fueron contactados en esas llamadas. Sí hubo un e-mail de Garré a los mandos para informar sobre el caso.</p><p></p><p>Garré cursó un radiograma a todas las guarniciones con el mensaje de que no se acusa al Ejército como institución ni a la totalidad de sus integrantes, pero que siguen en curso otras investigaciones. Se estima que se sumarán nuevas denuncias en las próximas semanas porque continúan encontrándose irregularidades similares a las ya detectadas.</p><p></p><p>La Sigen también realiza actualmente controles en el Ejército. Se pidió a oficiales de otras fuerzas que fueran testigos de las auditorías sobre el Ejército. Además, Defensa resolvió controlar todos los meses las futuras compras militares. Mientras tanto se analiza la actuación de los generales denunciados, con un caso especial que es el más defendido por sus compañeros de armas: el del general Mario Troncoso.</p><p></p><p>Políticos que hacen un culto de la lucha contra la corrupción y hasta Defensa creen en la palabra del ex edecán de Fernando de la Rúa. Troncoso se comunicó el martes último por teléfono con Montenegro, el segundo hombre de Defensa, y transmitió como mensaje a Garré que puede haber cometido errores administrativos, pero que no es un corrupto.</p><p></p><p>Al ex jefe de Personal se lo denunció por su acción como segundo jefe del Comando de Operaciones Terrestes en 2007, subalterno en ese caso del general (R) Raúl Gallardo, también denunciado. La posición en la que quedaron Troncoso y otros oficiales y suboficiales motivó una reflexión de las autoridades civiles: "La subordinación debe quedar para la guerra; en cuestiones administrativas, no deben aceptarse todas las órdenes de los superiores". Esa será la directiva que, en breve, transmitirá oficialmente Defensa a los militares.</p><p></p><p> </p><p></p><p>por Daniel Gallo</p><p>fuente: foromil</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="cesar19, post: 563555, member: 3063"] [B]Un e-mail anónimo destapó el fraude militar [/B] domingo, 17 de agosto de 2008 Algunas empresas declaraban Regimientos como sus sedes Tras hacerse públicas el domingo último las irregularidades en el sistema de compras del Ejército, la Oficina Anticorrupción decidió llevar adelante una investigación exhaustiva sobre las adquisiciones realizadas por las Fuerzas Armadas. La semana pasada, los principales jefes castrenses recibieron la comunicación de que la OA auditará las licitaciones del período de 2004-2007 hechas por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto, según detallaron a LA NACION importantes fuentes militares. Esta investigación será paralela a la que desarrolla el Ministerio de Defensa dentro del Ejército, cuyos primeros informes derivaron en la presentación de una denuncia judicial por asociación ilícita y tráfico de influencias que alcanza a 31 militares, entre ellos cuatro generales, cinco coroneles y seis tenientes coroneles, y 61 civiles que figuran como proveedores de bienes y servicios, los cuales supuestamente fueron beneficiados ilegalmente en licitaciones y compras directas. El volumen del supuesto fraude al Estado alcanza a los 70 millones de pesos. Detrás de esta situación que causó una fuerte conmoción dentro de las guarniciones, hay una historia desconocida que LA NACION reconstruyó en conversaciones con los más importantes funcionarios del área y militares de alto rango. Todo comenzó con la llegada de un e-mail anónimo el 31 de mayo a la casilla de correo de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Defensa. En esa comunicación se informaba sobre la posible existencia de irregularidades administrativas en una docena de dependencias del Ejército. Los datos aportados anónimamente tenían un nivel importante de precisión, que interesó a las autoridades políticas. Decidieron evaluar la verosimilitud de esa denuncia y eligieron como línea de investigación inicial las compras efectuadas por el Comando de Operaciones Terrestres, el Batallón de Intendencia 601 y la Dirección de Asuntos Históricos. Esos lugares eran los tres primeros mencionados en la lista del anónimo. Los funcionarios de la Unidad de Transparencia y de la Auditoría Interna pidieron la documentación de las compras sin dar mayores precisiones a los posibles involucrados. Solicitaron colaboración a la AFIP para cruzar los datos de los proveedores sospechosos y fueron a ver los domicilios dados por las empresas. En un caso, se encontró que la dirección correspondía a un regimiento y, en otros, a terrenos abandonados. En las licitaciones y compras, fue detectada la presencia de monotributistas que se presentaban en los rubros más diversos y, en varios casos, con relación personal con los militares que debía decidir la comparación de precios. Informe a la Presidenta Para el Ministerio de Defensa, se encontró una red instalada en el corazón del sistema de compras del Ejército, que se movía según los cambios de destino naturales de los involucrados, quienes llevarían a sus nuevos despachos a los proveedores que antes favorecían en otras dependencias. Los funcionarios apuntan que la investigación no se detendrá sólo en los militares ya denunciados. Por la magnitud de la supuesta estafa y los rangos de los oficiales sospechosos, la ministra Nilda Garré llevó el tema a conocimiento de la presidenta Cristina Kirchner. También entregó hace 25 días un preinforme al inspector general del Ejército, general de brigada Eduardo Anschütz. Garré comunicó por escrito al jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, la orden de pasar a disponibilidad a los militares denunciados antes de presentar el caso en la Justicia. Garré y Bendini aún no hablaron personalmente de este caso. Sí se interesaron en saber qué ocurría los jefes de las otras fuerzas. Quedaron muy preocupados. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral tomará la causa esta semana, cuando regrese de un viaje. Mientras la Justicia evalúa la situación, en el interior de las fuerzas ya se sintió el impacto de la denuncia. Conocida la fuerte inquietud dentro de los cuarteles, Garré tomó el teléfono y se comunicó con varios generales para darles detalles de la investigación. Lo mismo hizo el secretario de Asuntos Militares, Germán Montenegro. No todos los generales fueron contactados en esas llamadas. Sí hubo un e-mail de Garré a los mandos para informar sobre el caso. Garré cursó un radiograma a todas las guarniciones con el mensaje de que no se acusa al Ejército como institución ni a la totalidad de sus integrantes, pero que siguen en curso otras investigaciones. Se estima que se sumarán nuevas denuncias en las próximas semanas porque continúan encontrándose irregularidades similares a las ya detectadas. La Sigen también realiza actualmente controles en el Ejército. Se pidió a oficiales de otras fuerzas que fueran testigos de las auditorías sobre el Ejército. Además, Defensa resolvió controlar todos los meses las futuras compras militares. Mientras tanto se analiza la actuación de los generales denunciados, con un caso especial que es el más defendido por sus compañeros de armas: el del general Mario Troncoso. Políticos que hacen un culto de la lucha contra la corrupción y hasta Defensa creen en la palabra del ex edecán de Fernando de la Rúa. Troncoso se comunicó el martes último por teléfono con Montenegro, el segundo hombre de Defensa, y transmitió como mensaje a Garré que puede haber cometido errores administrativos, pero que no es un corrupto. Al ex jefe de Personal se lo denunció por su acción como segundo jefe del Comando de Operaciones Terrestes en 2007, subalterno en ese caso del general (R) Raúl Gallardo, también denunciado. La posición en la que quedaron Troncoso y otros oficiales y suboficiales motivó una reflexión de las autoridades civiles: "La subordinación debe quedar para la guerra; en cuestiones administrativas, no deben aceptarse todas las órdenes de los superiores". Esa será la directiva que, en breve, transmitirá oficialmente Defensa a los militares. por Daniel Gallo fuente: foromil [/QUOTE]
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Verificación
Guerra desarrollada entre Argentina y el Reino Unido en 1982
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