otro escandalo en la armada
Siete marinos fueron imputados por coimas
Por Fernando Oz
Un nuevo escándalo de supuesta corrupción estalló en las filas de la Armada Argentina. El fiscal federal Carlos Rívolo pidió una batería de medidas para investigar a siete altos oficiales de esa fuerza que quedaron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y estafa.
El contraalmirante Gustavo Leprón, los capitanes de navío Daniel Arce, Eduardo Harris y Alberto Pérez, y los capitanes de fragata Máximo Romano, Gerardo Bellino y Mario Pontello, junto a otros civiles, están bajo la lupa de la Justicia por una serie de irregularidades en la licitación para la compra de motores para la fragata Libertad. Fuentes judiciales no descartaron que las imputaciones alcancen al almirante Jorge Godoy, que ya cuenta los días como jefe de la Armada.
Los marinos están sospechados de favorecer a la firma alemana Ferrostaal en un negocio de 1,5 millón de euros. La causa, que se encuentra en el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, se inició a raíz de una denuncia que presentó el Ministerio de Defensa.
Esta es la segunda denuncia que presentó la cartera que conduce la ministra Nilda Garré para que se investiguen supuestos hechos de corrupción en esa fuerza. La primera se originó a raíz de una investigación que realizó el periodista Jorge Levit, del diario La Capital, en la que reveló el testimonio completo de un testigo de identidad reservada detenido en Munich que aseguró que la empresa alemana Ferrostaal, a través del astillero Fassmer, pagó unos 218.750 euros en sobornos a marinos, abogados y empresarios para obtener un contrato de diseño de los Patrulleros Oceánicos Multipropósitos (POM).
Por esa causa hay ocho argentinos y alemanes imputados por cohecho, tráfico de influencias y soborno trasnacional. En la Argentina la investigación está en manos del juez federal Ariel Lijo, y también buscan establecer las responsabilidades de Godoy.
En la causa que investiga Oyarbide se destaca el informe que realizó la Dirección de Transparencia Institucional del Ministerio de Defensa. Los sabuesos de Garré aseguraron que realizaron diferentes requerimientos a la Armada para que se entregue información relativa a la ejecución del contrato con Ferrostaal, pero la fuerza no entregó la documentación. Ni siquiera se entregó la factura que debía emitir la empresa alemana por el total del importe abonado y una constancia del seguro.
Diario Perfil.
Siete marinos fueron imputados por coimas
Por Fernando Oz
Un nuevo escándalo de supuesta corrupción estalló en las filas de la Armada Argentina. El fiscal federal Carlos Rívolo pidió una batería de medidas para investigar a siete altos oficiales de esa fuerza que quedaron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y estafa.
El contraalmirante Gustavo Leprón, los capitanes de navío Daniel Arce, Eduardo Harris y Alberto Pérez, y los capitanes de fragata Máximo Romano, Gerardo Bellino y Mario Pontello, junto a otros civiles, están bajo la lupa de la Justicia por una serie de irregularidades en la licitación para la compra de motores para la fragata Libertad. Fuentes judiciales no descartaron que las imputaciones alcancen al almirante Jorge Godoy, que ya cuenta los días como jefe de la Armada.
Los marinos están sospechados de favorecer a la firma alemana Ferrostaal en un negocio de 1,5 millón de euros. La causa, que se encuentra en el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, se inició a raíz de una denuncia que presentó el Ministerio de Defensa.
Esta es la segunda denuncia que presentó la cartera que conduce la ministra Nilda Garré para que se investiguen supuestos hechos de corrupción en esa fuerza. La primera se originó a raíz de una investigación que realizó el periodista Jorge Levit, del diario La Capital, en la que reveló el testimonio completo de un testigo de identidad reservada detenido en Munich que aseguró que la empresa alemana Ferrostaal, a través del astillero Fassmer, pagó unos 218.750 euros en sobornos a marinos, abogados y empresarios para obtener un contrato de diseño de los Patrulleros Oceánicos Multipropósitos (POM).
Por esa causa hay ocho argentinos y alemanes imputados por cohecho, tráfico de influencias y soborno trasnacional. En la Argentina la investigación está en manos del juez federal Ariel Lijo, y también buscan establecer las responsabilidades de Godoy.
En la causa que investiga Oyarbide se destaca el informe que realizó la Dirección de Transparencia Institucional del Ministerio de Defensa. Los sabuesos de Garré aseguraron que realizaron diferentes requerimientos a la Armada para que se entregue información relativa a la ejecución del contrato con Ferrostaal, pero la fuerza no entregó la documentación. Ni siquiera se entregó la factura que debía emitir la empresa alemana por el total del importe abonado y una constancia del seguro.
Diario Perfil.
