El 9 de junio de 2002, LA REPUBLICA denunció que el "pacto de silencio" al que se comprometieron las Fuerzas Armadas en el caso de los desaparecidos durante los años de la dictadura obedecía a la existencia de un cementerio clandestino, probablemente con fosas comunes, en unidades militares. Los últimos ocho años de investigaciones periodísticas, privadas, judiciales y estatales, sólo han permitido confirmar que esa es la razón de fondo por la que se mantiene la "omertá" entre la oficialidad responsable de aquellas violaciones a los derechos humanos y aún de los actuales mandos y jerarquías.
Los oficiales retirados no querían admitir lo ocurrido ni señalar los lugares de enterramiento porque tenían miedo a ser juzgados por sus crímenes de lesa humanidad, los mandos contemporáneos consideran que aquello fue en el pasado cuando "se perdieron los puntos de referencia" y no quieren aceptar la responsabilidad institucional.
Las Fuerzas Armadas, en tanto, continúan implicadas en un crimen que, más allá del veredicto popular de dos plebiscitos, sigue siendo imprescriptible y someterá al Estado uruguayo a un enjuiciamiento y eventual condena por parte de los organismos internacionales de derechos humanos. Encontrar mecanismos de estímulo al personal subalterno retirado ****que fue el que realizó los enterramientos por orden de la oficialidad**** se abre en el futuro como una posibilidad a recorrer para lograr hallar los cuerpos de los desaparecidos y confirmar una verdad histórica que debe transformarse en una cultura de la memoria en Uruguay.
La Republica
Los oficiales retirados no querían admitir lo ocurrido ni señalar los lugares de enterramiento porque tenían miedo a ser juzgados por sus crímenes de lesa humanidad, los mandos contemporáneos consideran que aquello fue en el pasado cuando "se perdieron los puntos de referencia" y no quieren aceptar la responsabilidad institucional.
Las Fuerzas Armadas, en tanto, continúan implicadas en un crimen que, más allá del veredicto popular de dos plebiscitos, sigue siendo imprescriptible y someterá al Estado uruguayo a un enjuiciamiento y eventual condena por parte de los organismos internacionales de derechos humanos. Encontrar mecanismos de estímulo al personal subalterno retirado ****que fue el que realizó los enterramientos por orden de la oficialidad**** se abre en el futuro como una posibilidad a recorrer para lograr hallar los cuerpos de los desaparecidos y confirmar una verdad histórica que debe transformarse en una cultura de la memoria en Uruguay.
La Republica
