Noticias de la Policía Federal Argentina

 

¿Ezeiza?
 
 

cosmiccomet74

Colaborador
Colaborador
Más allá de los nombres de los institutos de formación, el Comisario General Juan Ángel Pirker fue el último jefe de la Policía Federal Argentina que hacía investigaciones de delitos complejos federales de verdad.
Justo se fue a morir cuando había investigaciones en curso sobre miembros de la Coordinadora del gobierno saliente por corrupción y defraudación...y por lavado de dinero de la familia Yoma....a partir de esa muerte empezó un declive de la fuerza que llega a nuestros días.
 
Procesan al agresor de Beatriz Blanco
La justicia desmontó la teoría de Bullrich de una “jubilada patotera” que atacaba policías
La jueza María Servini dictó el procesamiento de Nicolás Céspedez, inspector de la Policía Federal, por la represión del 12 de marzo.

Por Luciana Bertoia
19 de diciembre de 2025 - 0:01

Patricia Bullrich la definió como una “señora patotera” que le había dado “diez palazos” a un policía. Para la entonces ministra de Seguridad, Beatriz Blanco no había sido empujada sino que se había caído. Nueve meses después, quedó probado que los dichos de Bullrich eran mentirosos y estaban destinados a encubrir el accionar de las fuerzas a su cargo. La jueza federal María Servini procesó al inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) Nicolás Emanuel Céspedez por el ataque que sufrió la jubilada de 82 años y descartó todas las versiones oficiales tendientes a mostrar a los efectivos como las víctimas y a la mujer mayor como victimaria. “No hace falta ver su documento de identidad para notar su fragilidad”, escribió la magistrada.

El 12 de marzo será recordado por la violencia que desplegó el Gobierno de Javier Milei ante la marcha de los jubilados. Ese día, el gendarme Héctor Guerrero le perforó el cráneo al fotógrafo Pablo Grillo y el prefecto Sebastián Martínez provocó que Jonathan Navarro perdiera la visión de un ojo. Beatriz Blanco fue otra de las víctimas de esa represión.

Entre las 16.15 y las 16.16, la mujer recibió un empujón por parte de un integrante del segundo batallón del Departamento Cuerpo Guardia de Infantería de la PFA. También fue gaseada por otro efectivo. La caída desde su altura le provocó un traumatismo encéfalo-craneano sin pérdida de conocimiento, que, de todas maneras, obligó a que fuera atendida en el hospital Argerich, donde debieron suturarle la herida en la cabeza.

En el juzgado a cargo de Servini se llevó adelante una extensa investigación para determinar quién había sido el atacante de la jubilada: convocaron a declarar a integrantes de la PFA que pudieran identificar quiénes estaban apostados en la zona de Avenida Rivadavia y Entre Ríos, a manifestantes y a periodistas y fotoreporteros que habían cubierto la protesta.

El 18 de noviembre, Servini llamó a indagatoria a Pablo Alexis Aldama, un oficial de la PFA de 29 años. El 4 de diciembre, Aldama amplió su declaración. Allí reconoció haber rociado con un disuasivo químico de gas pimienta (MK) a Blanco. Según él, fue después de haber recibido un bastonazo y para “disuadir” otra agresión.

En la declaración de Aldama terminó quedando claro quién había tirado a Blanco al suelo. “En otras palabras, no soy yo quien efectúa tal natural movimiento hacia la agresora, sino mi oficial a cargo, motivo por el cual no entiendo por qué soy llamado a declarar en indagatoria en la presente causa”, sostuvo en un descargo que presentó por escrito.

El 10 de diciembre, le imputaron a Céspedez haber sido quien lesionó a Blanco. En su declaración, el inspector de la PFA reiteró el libreto que había ensayado Bullrich desde las primeras horas. “Se trataba de una persona agresora de la cual yo ignoraba absolutamente su edad, siendo que lo único que hice fue tan solo girar mi cuerpo hacia la derecha”, manifestó.

Según Céspedez, él solo había tenido una “acción instintiva” o un “acto reflejo”. Servini no le creyó y lo procesó por haber empujado a una mujer de 82 años que se trasladaba con la ayuda de un bastón. Empleó la figura de lesiones leves agravadas por ser el atacante un integrante de las fuerzas de seguridad.

La jueza dio por acreditado que Blanco levantó su bastón ante los policías y que, al bajarlo, rozó levemente el casco de una agente —quien declaró que había sido un incidente totalmente menor que no requirió ningún tipo de asistencia—. “Lo cierto es que tal accionar de ninguna manera amerita o justifica de manera lógica la reacción totalmente desmedida, exagerada y deliberada por parte de Céspedez, apartándose de la normativa vigente y aplicable al caso”, afirmó la titular del Juzgado Federal N° 1 de Comodoro Py.

Servini recordó que ni el protocolo antipiquetes, cuya constitucionalidad está siendo cuestionada en el fuero contencioso-administrativo, habilita un accionar como el que ejerció Céspedez. De hecho, la resolución 943/2023 establece que “los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos”.

Tampoco el Manual de Capacitación Policial en el Uso Racional de la Fuerza justifica la actitud de Céspedez. Servini, además, señaló que gracias a la foto aportada por el fotógrafo Rodrigo Ruiz (Cítrica) se podía ver que la jubilada tenía los brazos bajos y no representaba una amenaza cuando recibió el empellón.

Por el contrario, Servini decidió sobreseer a Aldama pese a que lo había acusado de haber rociado de manera injustificada a Blanco. “Su desenvolvimiento podría aceptarse que se encontró dentro del marco de la normativa vigente que regula la actuación”, sostuvo la jueza. Según la magistrada, el policía usó el gas pimienta porque era el “medio menos lesivo que se encontraba a su alcance”.

Fuente: Página|12 https://share.google/j4L6tLv60ILCCVYBP
 
Procesan al agresor de Beatriz Blanco
La justicia desmontó la teoría de Bullrich de una “jubilada patotera” que atacaba policías
La jueza María Servini dictó el procesamiento de Nicolás Céspedez, inspector de la Policía Federal, por la represión del 12 de marzo.

Por Luciana Bertoia
19 de diciembre de 2025 - 0:01

Patricia Bullrich la definió como una “señora patotera” que le había dado “diez palazos” a un policía. Para la entonces ministra de Seguridad, Beatriz Blanco no había sido empujada sino que se había caído. Nueve meses después, quedó probado que los dichos de Bullrich eran mentirosos y estaban destinados a encubrir el accionar de las fuerzas a su cargo. La jueza federal María Servini procesó al inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) Nicolás Emanuel Céspedez por el ataque que sufrió la jubilada de 82 años y descartó todas las versiones oficiales tendientes a mostrar a los efectivos como las víctimas y a la mujer mayor como victimaria. “No hace falta ver su documento de identidad para notar su fragilidad”, escribió la magistrada.

El 12 de marzo será recordado por la violencia que desplegó el Gobierno de Javier Milei ante la marcha de los jubilados. Ese día, el gendarme Héctor Guerrero le perforó el cráneo al fotógrafo Pablo Grillo y el prefecto Sebastián Martínez provocó que Jonathan Navarro perdiera la visión de un ojo. Beatriz Blanco fue otra de las víctimas de esa represión.

Entre las 16.15 y las 16.16, la mujer recibió un empujón por parte de un integrante del segundo batallón del Departamento Cuerpo Guardia de Infantería de la PFA. También fue gaseada por otro efectivo. La caída desde su altura le provocó un traumatismo encéfalo-craneano sin pérdida de conocimiento, que, de todas maneras, obligó a que fuera atendida en el hospital Argerich, donde debieron suturarle la herida en la cabeza.

En el juzgado a cargo de Servini se llevó adelante una extensa investigación para determinar quién había sido el atacante de la jubilada: convocaron a declarar a integrantes de la PFA que pudieran identificar quiénes estaban apostados en la zona de Avenida Rivadavia y Entre Ríos, a manifestantes y a periodistas y fotoreporteros que habían cubierto la protesta.

El 18 de noviembre, Servini llamó a indagatoria a Pablo Alexis Aldama, un oficial de la PFA de 29 años. El 4 de diciembre, Aldama amplió su declaración. Allí reconoció haber rociado con un disuasivo químico de gas pimienta (MK) a Blanco. Según él, fue después de haber recibido un bastonazo y para “disuadir” otra agresión.

En la declaración de Aldama terminó quedando claro quién había tirado a Blanco al suelo. “En otras palabras, no soy yo quien efectúa tal natural movimiento hacia la agresora, sino mi oficial a cargo, motivo por el cual no entiendo por qué soy llamado a declarar en indagatoria en la presente causa”, sostuvo en un descargo que presentó por escrito.

El 10 de diciembre, le imputaron a Céspedez haber sido quien lesionó a Blanco. En su declaración, el inspector de la PFA reiteró el libreto que había ensayado Bullrich desde las primeras horas. “Se trataba de una persona agresora de la cual yo ignoraba absolutamente su edad, siendo que lo único que hice fue tan solo girar mi cuerpo hacia la derecha”, manifestó.

Según Céspedez, él solo había tenido una “acción instintiva” o un “acto reflejo”. Servini no le creyó y lo procesó por haber empujado a una mujer de 82 años que se trasladaba con la ayuda de un bastón. Empleó la figura de lesiones leves agravadas por ser el atacante un integrante de las fuerzas de seguridad.

La jueza dio por acreditado que Blanco levantó su bastón ante los policías y que, al bajarlo, rozó levemente el casco de una agente —quien declaró que había sido un incidente totalmente menor que no requirió ningún tipo de asistencia—. “Lo cierto es que tal accionar de ninguna manera amerita o justifica de manera lógica la reacción totalmente desmedida, exagerada y deliberada por parte de Céspedez, apartándose de la normativa vigente y aplicable al caso”, afirmó la titular del Juzgado Federal N° 1 de Comodoro Py.

Servini recordó que ni el protocolo antipiquetes, cuya constitucionalidad está siendo cuestionada en el fuero contencioso-administrativo, habilita un accionar como el que ejerció Céspedez. De hecho, la resolución 943/2023 establece que “los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos”.

Tampoco el Manual de Capacitación Policial en el Uso Racional de la Fuerza justifica la actitud de Céspedez. Servini, además, señaló que gracias a la foto aportada por el fotógrafo Rodrigo Ruiz (Cítrica) se podía ver que la jubilada tenía los brazos bajos y no representaba una amenaza cuando recibió el empellón.

Por el contrario, Servini decidió sobreseer a Aldama pese a que lo había acusado de haber rociado de manera injustificada a Blanco. “Su desenvolvimiento podría aceptarse que se encontró dentro del marco de la normativa vigente que regula la actuación”, sostuvo la jueza. Según la magistrada, el policía usó el gas pimienta porque era el “medio menos lesivo que se encontraba a su alcance”.

Fuente: Página|12 https://share.google/j4L6tLv60ILCCVYBP
Habria que ponerla a Servini delante de la manifestaacion a ver si "considera inocentes" a "quienes manifiestan ser Jubilados"...Y no lo son...Pero claro...Para un Juez Woke la Policia siempre sera mala, mala, mala...
 
Habria que ponerla a Servini delante de la manifestaacion a ver si "considera inocentes" a "quienes manifiestan ser Jubilados"...Y no lo son...Pero claro...Para un Juez Woke la Policia siempre sera mala, mala, mala...
Además, según "pasquín 12" S.S dijo “No hace falta ver su documento de identidad para notar su fragilidad”; independientemente de que van a juzgar si el policía cometió un exceso, la fragilidad de la señora no la exculpa de agredir a la autoridad, si es que lo hizo.
 

fanatikorn

Colaborador
Puede ser, pero el mal trago al policía no se lo saca nadie, con el agravante que seguro va a cobrar la mitad del sueldo, mientras la vieja de merrrrrda de la jueza va a seguir cobrando su sueldo por hacer caggadas judiciales.
 
Pagina 12

Cómo y cuánto trabajan los efectivos de Seguridad

Corrupción, salarios de miseria y protesta policial

Un policía federal encadenado expuso la crisis de la Federal, con efectivos trabajando de choferes de aplicación y la estafa de los “destinos fantasmas”. Bullrich armó un FBI trucho y provoca más bronca. Desastre de la obra social.


Por Raúl Kollmann
05 de febrero de 2026 - 0:01

Un cabo, armado, que se encadenó a las rejas de la Casa Rosada, puso en evidencia la explosiva crisis que transita el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich (sigue teniendo el poder) y Alejandra Monteoliva. El suboficial Miguel Angel Montiel dejó al desnudo que entre el 50 y el 70 por ciento de los suboficiales trabajan hoy, ni bien se sacan el uniforme, como choferes de aplicaciones.

Algunos cobran 700.000, otros llegan a 850.000 pesos, pero la furia proviene, además, de que los policías de la Ciudad (CABA) cobran el doble y también los bonaerenses superan en sueldo a los federales. Esto era impensado hace unos años.

Pero la bronca se desata, también, por los descomunales niveles de corrupción de los jefes. Son famosos dentro de la fuerza los destinos fantasmas, o sea que, a una estación ferroviaria, por ejemplo, destinan a 10 efectivos, pero en realidad van cinco. Una parte del dinero se lo quedan -según la versión de los suboficiales- los superiores.

En paralelo hay una feroz crisis de la obra social (Bienestar), con el Hospital Churruca en gravísima situación. Los servicios se volvieron lamentables.

Por otra parte, a los uniformados les indigna que Bullrich puso en marcha la Dirección Federal de Investigaciones (DFI), que en verdad no existe, no tiene ni un solo efectivo. Es un show que trata de instalar que hay un FBI argentino y se le exige a los policías que pongan el cartel de DFI en los operativos. Todo para tapar un poco la crisis. Un par de horas más tarde, efectivos de la Federal, que viven las mismas dificultades que los jubilados, salieron a pegarle palos a los manifestantes frente al Congreso.

Está convocado un acuartelamiento para el 15 de marzo.


El cabo encadenado
Por supuesto que los voceros de la Federal salieron rápidamente a decir que Montiel, el encadenado, estuvo con carpeta psiquiátrica hace 2 meses, que retomó el servicio y por eso estaba con el arma. Al caer la tarde ya lo habían dejado en manos de Asuntos Internos y en la fuerza difundieron que “su carrera terminó”. Sin embargo, nadie desmintió lo que dijo frente a la Casa Rosada.

La acción de Montiel no es un hecho aislado. Desde hace 20 días se pueden ver en las redes sociales distintas convocatorias a un acuartelamiento el 15 de marzo y por tiempo indeterminado “hasta que se resuelva un salario digno, acorde a la realidad; el funcionamiento de la obra social; brinden herramientas para poder trabajar”.


Hay otra convocatoria, pero acompañada con una foto creada digitalmente, en la que aparecen hombres de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria, Servicio Penitenciario, que parece tener el objetivo que el supuesto movimiento se expanda a todas las fuerzas de seguridad. Los planteos son los mismos: básicamente la situación salarial.

Distintas fuentes le dijeron a Página/12 que los jefes, sobre todo de los cuerpos de Infantería y de la Montada, los enviados a reprimir, ya empezaron a amenazar a los efectivos con que serán puestos en disponibilidad si se pliegan. Se dice que, tal vez, el 15 de marzo no se movilicen los efectivos, pero sí los familiares.


El uniformado de aplicación
El aumento salarial de diciembre y de enero fue del 1,9 por ciento, es decir por debajo del IPC, el Indice Caputo de Inflación, o sea la inflación que todos consideran manipulada. El aumento de diciembre recién se cobra en estos días y provocó aún más bronca: los policías no tuvieron ningún incremento desde agosto y esperaban algo que se pareciera, como mínimo, al 10 por ciento.

Dentro de la fuerza todos saben que están los que no portan armas y los que sí van armados. La diferencia radica en que los primeros no tienen adicionales de ningún tipo. El suboficial que cobra 750.000 se lleva eso y nada más. Por lo tanto, entre el 50 y el 70 por ciento trabaja como chofer de aplicación ni bien completa su servicio en la Federal.


Los que portan armas suelen tener adicionales, peso eso los lleva a trabajar entre 10 y 12 horas por una cifra que puede rondar 1.500.000 pesos. También esos efectivos están furiosos por las jornadas sin fin, además de que la cuestión está envuelta en una trama de corrupción a la que también hizo referencia el cabo Montiel, el que se encadenó en La Rosada.

Los destinos fantasmas
Gran parte de los adicionales los hace actualmente la Policía de la Ciudad. Sin embargo, a la Federal le quedan, entre otros lugares, los ferrocarriles, custodias que están en la órbita de la Superintendencia de Transporte. En eso revista Montiel.

La cantidad de efectivos siempre es menor a los que se necesitan, porque son tantas las estaciones de trenes, los recorridos, las formaciones, que siempre faltan policías. Alrededor de eso se armó, según denuncian los efectivos, una tremenda caja de corrupción. Lo que llaman los destinos fantasmas. Por ejemplo, en una estación se asignan 10 efectivos, pero en verdad van 5. Los otros 5 son policías que arreglan con un jefe que no prestan el servicio y le pagan “una comisión” al jefe. O sea, a fin de mes cobran como si hubieran estado en la estación y la mitad del adicional se lo dan al jefe. “Es muy difícil de probar eso”, dicen desde la Federal”.

Por lo tanto, una gran parte de la fuerza, además del enojo salarial, perciben la existencia de lo que ellos llaman “el gran robo”.

Con poca obra social
Los policías federales no viven la situación dramática de las otras fuerzas de seguridad que tienen la cobertura de IOSFA, hoy con muy pocas prestaciones, especialmente en el interior del país. Pero también la Superintendencia de Bienestar, que es la que cubre a los federales, está en una crisis de proporciones inéditas. Algunos jefes le adjudican la situación a un razonamiento curioso: “los muchachos más jóvenes tienen varios matrimonios y un montón de hijos. Como el aporte a la obra social está en relación al sueldo, el descuento es muy poco, mínimo y la cobertura es sobre ocho o nueve personas. Entonces la obra social se desfinancia”.

Sea como fuere, para los uniformados el Hospital Churruca era una especie de santuario, por la calidad de sus servicios. Siempre se dijo que eran, por lejos, los que más experiencia tenían en lesiones de bala, quemaduras y atención de patologías propias de las fuerzas de seguridad. En los últimos dos años se fueron buena parte de los médicos y enfermeros por los bajos salarios. El deterioro de los aparatos es de tal magnitud que a veces los efectivos ni siquiera intentan atenderse ahí.

Todo se agrega al malestar.

El show del FBI argentino
Es público y notorio que Bullrich sigue siendo el poder en el Ministerio Seguridad, más allá de su paso al Senado, dejando a su número 2, Monteoliva. Antes de irse, Bullrich hizo casi un paso de comedia: puso en marcha la DFI, Dirección Federal de Investigaciones, con el objetivo de plantar un símil al FBI norteamericano.

Los policías también están enojados con esa movida porque es mucha escenografía de cartón. En la realidad, no hay ningún efectivo que haga algo distinto a lo que hacía antes del DFI, sólo que ahora les ponen unos chalecos con las siglas y les cambiaron el ploteo a los vehículos. Los pocos móviles que se compran llevan las siglas DFI y cuando se exhiben drogas o armas incautadas, se exige que se ponga el cartel DFI.

Según cuentan los propios uniformados, sólo hay dinero para ese show y para la compra de munición antidisturbios. Para el resto, faltan móviles, faltan chalecos, faltan proyectiles y, muy especialmente, falta salario.

Un insulto
Hoy por hoy, para los policías federales es casi un insulto que un bonaerense gane más que ellos y ni hablar de la diferencia con la Ciudad. Es que el policía federal se consideraba -y aún se considera- un efectivo de elite, que -según ellos- no se puede comparar con un gendarme o con un policía bonaerense. Hay muchísimo de racismo en ese planteo.

Pero lo cierto es que los bonaerenses ganan más y los policías de la Ciudad muchísimo más. Eso hace que buena parte de los efectivos, en especial los de mayores calificaciones en materia científica o de investigaciones, aprovechen cualquier oportunidad para dar el salto, no sólo a las otras policías, sino también a la actividad privada.

“El ambiente es muy malo -le dijo a este diario un suboficial retirado hace dos años-. Vos le estás pidiendo a los efectivos que combatan las drogas o que peguen en las marchas, cuando les estás pagando menos que a un empleado de la limpieza. Esto tal vez no explote el 15 de marzo, pero es insostenible”.
 
Me imagino lo preocupados que deben estar en Página 12 por el destino de la PFA, asco...

Un par de horas más tarde, efectivos de la Federal, que viven las mismas dificultades que los jubilados, salieron a pegarle palos a los manifestantes frente al Congreso.

Esto ya te dice todo a lo que me refiero. Igualmente la situación es paupérrima. Según tengo entendido el hombre en cuestión es ex EA. ¿Solución a mi humilde modo de ver? No se presenten a trabajar, nada de marchas o cosas raras donde los puedan escrachar, quédense en su casa con sus familias...
 
Arriba