La política de defensa en Chile atraviesa uno de los procesos de redefinición más significativos desde comienzos de la década de los noventa. En este contexto, el programa de José Antonio Kast plantea un eventual cambio de orientación que, en perspectiva histórica, tensiona las bases sobre las que se ha estructurado la conducción civil del sector en las últimas décadas.
Para dimensionar el alcance de este posible giro, no basta con revisar sus propuestas. Es necesario contrastarlas con las administraciones de Gabriel Boric y Sebastián Piñera, cuyos enfoques —aunque distintos en lo político— compartieron una lógica de continuidad institucional.
El modelo heredado: profesionalización y contención
Desde los años noventa, la política de defensa chilena se ha estructurado sobre tres pilares: profesionalización militar, subordinación al poder civil y orientación hacia amenazas externas. Este modelo buscó delimitar con claridad el rol de las Fuerzas Armadas, evitando su involucramiento sistemático en funciones de orden interno.
Durante el segundo gobierno de Piñera, este esquema comenzó a adaptarse. El despliegue militar en la macrozona sur y en tareas sanitarias durante la pandemia amplió el campo de acción, pero bajo un principio clave: excepcionalidad, temporalidad y control político estricto.
Con Boric, pese a una narrativa inicial más restrictiva, esta lógica se mantuvo. La prórroga de estados de excepción evidenció una continuidad pragmática: el uso de las Fuerzas Armadas como herramienta subsidiaria frente a crisis internas, sin alterar formalmente la doctrina.
El programa de Kast: seguridad como eje estructural
El programa presidencial de Kast introduce un cambio cualitativo: redefine la seguridad nacional incorporando explícitamente amenazas internas como el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular.
Este desplazamiento no es menor. Implica pasar de un modelo basado en la separación entre defensa y seguridad interior a uno de mayor integración funcional que destaca presencia reforzada en fronteras con apoyo militar, uso intensivo de tecnologías de vigilancia y coordinación ampliada entre Fuerzas Armadas y agencias de seguridad.
A diferencia de los gobiernos anteriores, estas medidas no se plantean solo como respuestas coyunturales, sino como parte de un diseño más permanente.
Más allá del contenido programático, el factor decisivo —y menos abordado— es su viabilidad institucional y jurídica.
Cualquier avance hacia una participación más estable de las Fuerzas Armadas en seguridad interior enfrenta al menos tres restricciones:
- Marco constitucional y legal vigente
- Costos políticos de modificar equilibrios civiles-militares
- Capacidad operativa real de las instituciones
Esto introduce una diferencia clave entre propuesta y ejecución: no todo el programa es automáticamente implementable sin ajustes normativos o acuerdos políticos amplios.
En términos de capacidades, no se observan rupturas estructurales. La modernización, la inversión tecnológica y la profesionalización militar son políticas de Estado, pero la diferencia está en el plano doctrinario.
Mientras los gobiernos de Piñera y Boric operaron bajo una lógica de contención del rol militar en seguridad interna, el enfoque de Kast sugiere una reinterpretación del instrumento militar como actor más activo en la gestión de riesgos internos.
Este cambio no es inédito a nivel internacional, pero en el caso chileno representa una inflexión relevante por su carácter explícito.
El Ministerio de Defensa: de gestor a articulador
Otro punto distintivo del programa es el rol para el Ministerio de Defensa. Más que un órgano técnico-administrativo, se le asigna una función de articulación estratégica dentro del sistema de seguridad nacional. Esto podría implicar un mayor protagonismo en la definición de políticas interagenciales, ajustes en planificación y adquisiciones y un rol más visible en la legitimación del uso de capacidades militares. El cambio no es solo operativo, sino político-institucional.
Adicionalmente, el énfasis en tecnología es uno de los elementos más consistentes del programa. Sistemas de monitoreo, sensores y vigilancia apuntan a un modelo de control territorial preventivo.
En esta lógica, la defensa se aproxima a una gestión anticipatoria del riesgo, donde la frontera entre defensa y seguridad interior se vuelve más difusa. Estas tensiones no son nuevas, pero bajo este enfoque adquieren un carácter estructural.
Más que una ruptura inmediata, lo que plantea el programa de Kast es una transición posible: desde un modelo basado en la excepcionalidad hacia uno de integración. El contraste con Piñera y Boric no está en las herramientas —que en gran medida son las mismas— sino en el significado estratégico que se les asigna.
El debate de fondo no es técnico, sino político: qué rol debe cumplir la defensa en un entorno donde las amenazas internas ganan centralidad.
*Fotografía empleadas con fines ilustrativos.
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