España ha entrado en una nueva fase de política de defensa que el propio gobierno presenta como un salto sin precedentes –por volumen, ritmo y ambición estratégica industrial– para alcanzar y sostener la inversión del 2% del PIB en defensa en un nuevo escenario geopolítico tensionado y marcado por la proliferación de amenazas híbridas.
El punto de partida formal fue el conocido como Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado en la primavera de 2025 y diseñado para movilizar más de 10.000 millones de euros adicionales tras los compromisos asumidos en la cumbre de La Haya. El plan no se limita a una hoja de ruta de adquisiciones: establece una política industrial de seguridad articulada en grandes bloques –personal y equipamiento, telecomunicaciones y ciberseguridad, instrumentos de defensa y disuasión, emergencias, misiones exteriores– con unos objetivos prioritarios determinados. Estos son:
- Modernizar capacidades de defensa y disuasión para garantizar la seguridad.
- Consolidar a España como miembro central y fiable de la UE, contribuyendo al espacio común de seguridad y defensa.
- Desarrollo de tecnologías duales que contribuyan a la economía española y su tejido productivo.
- Fomentar el crecimiento del tejido industrial español y contribuir a la autonomía estratégica europea.
- Favorecer cohesión territorial a través de nuevas industrias en todas las Comunidades Autónomas.
Argumento socioeconómico como justificante de la inversión
El anuncio realizado por el gobierno incluía dos aspectos socioeconómicos relevantes de cara a la percepción pública generalizada de los españoles en cuanto al gasto en defensa. El primero señalaba que el aumento en la inversión se realizaría sin subir impuestos ni recortar gasto social. Además, en cuanto al retorno de la inversión, se fija como objetivo que el 89% de los recursos destinados se invertirán en España. Concretamente, ocho de cada diez euros se gastarán en territorio nacional y nueve de cada diez dentro de la UE, reservando el margen restante para componentes y piezas imprescindibles que actualmente se producen fuera de Europa.
Esta narrativa de retorno industrial ha sido un eje constante en las intervenciones públicas del gobierno. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo reafirmó durante su participación en la feria de defensa de Riad el pasado febrero: “la inversión en defensa ha venido para quedarse”, señaló, subrayando que España debe aprovechar la coyuntura internacional para que su industria “crezca, genere empleo y se posicione como referencia en el sector”.
La herramienta de ejecución: PACDEF-2026
A principios de febrero se aprobó el Plan Anual de Contratación 2026, instrumento operativo que traduce la ambición del plan en compromisos concretos de adquisición. El documento anuncia una inversión superior a 4.800 millones de euros y 156 acuerdos marco valorados en otros 5.220 millones. En su elaboración participaron más de 350 organismos, lo que Defensa presenta como una evidencia del “grado de complejidad y ambición” del proceso, además de la mejora del proceso de contratación.
Con el plan desplegado por Defensa se refuerza el ecosistema de seguridad y defensa español, en especial la cooperación público-privada. En la misma línea, el presidente Pedro Sánchez recibió el 9 de marzo en La Moncloa a Guillaume Faury, consejero delegado de Airbus, para abordar la creciente colaboración público-privada en programas estratégicos como los relativos a capacidades espaciales, aviación comercial e investigación tecnológica de alto nivel.
El debate que subyace: inversión industrial no equivale a gran estrategia
El 19 de febrero el comandante del Mando de Operaciones (MOPS) de las Fuerzas Armadas españolas, el teniente general José Antonio Agüero Martínez, demandó a la industria de defensa española “innovación” a la vez que “capacidad de producir mucho, rápido y barato” durante el II Foro de Defensa de La Razón.
Si bien es cierto que el cada vez más tensionado y volátil escenario internacional requiere de aumentar capacidades y modernización para estar a la altura de las amenazas, es imprescindible que la inversión descanse sobre una estrategia que priorice la necesidad operativa de las Fuerzas Armadas. En este sentido, los profesores Guillem Colom y Aberto Bueno, expertos en seguridad y defensa en el ámbito europeo, han advertido en Agenda Pública sobre el riesgo de lo que denominan una “modernización hueca”: un proceso de inversión que satisfaga más las necesidades empresariales y los retornos industriales que las capacidades operativas reales de las FAS españolas; “un programa no es una capacidad militar”.
El riesgo no es menor ya que invertir en defensa sin priorizar las necesidades reales de las Fuerzas Armadas –orientadas a enfrentar las amenazas reales y tangibles de España a corto, medio y largo plazo– puede derivar en una modernización ineficaz, dejando al país con capacidades incompletas o desalineadas frente a los escenarios más probables de riesgo.
España invierte más en defensa que en ningún momento reciente de su historia democrática. El desafío ahora es que esa inversión esté guiada por algo más que intereses políticos y retornos industriales: una cultura estratégica que conecte el gasto con los objetivos reales de seguridad nacional.
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