En la ceremonia de ascenso de oficiales y presentación de la cúpula militar y policial, que tuvo lugar el 29 de diciembre del año 2025 en el campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, en Bogotá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio la orden al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para comenzar la adquisición de un sistema antidrones. Esto con el fin de mejorar las capacidades estatales en la lucha contra los grupos terroristas y fortalecer las habilidades defensivas en las bases militares y mejorar la capacidad operativa.
El jefe de Estado indicó en el evento que la gestión de un presupuesto de trece billones de pesos para la compra del equipo deberá llevarse a cabo por medio de un documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social). “Estamos hablando de 13 billones para armas eficaces, no para que se queden guardadas en los almacenes porque no son útiles“; “No podemos poner a las tropas frente a los narcotraficantes y, por lo tanto, necesitamos antidrones ya; de cualquier manera“.
El ministerio de defensa implementó una iniciativa estratégica llamada Proyecto Escudo Nacional Antidrones. Este proyecto que tendrá un presupuesto inicial de $6.2 billones de pesos (aproximadamente 1.700 millones de dólares), realizará sus etapas previas en enero de 2026 apropiándose alrededor de $1 billón de pesos a la primera etapa del desarrollo, la cual se planea llevar a cabo a lo largo del año.
Tres líneas estratégicas serán parte del proyecto: Legislación y doctrina; entrenamiento y operaciones; y Tecnología. Está compuesto por un equipo multidisciplinario que incluye a la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, quienes formarán parte del Grupo de Drones y Antidrones establecido a finales de 2025. Su propósito principal será detectar, identificar y neutralizar drones no autorizados, prevenir ataques de drones perpetrados por grupos armados ilegales y de narcotráfico, controlar el espacio aéreo, prever nuevas amenazas y proteger la vida de los ciudadanos.
El ministro de Defensa en su cuenta de X recalcó: “Este proyecto valorado en 6.2 billones de pesos, busca proteger a nuestra nación frente a un nuevo desafío de los drones y su empleo por las amenazas…” “…este proyecto busca garantizar el control del espacio aéreo, porque de lo contrario perderemos muchas vidas…”
Con el fin de comenzar la adquisición de los equipos, el Ministerio de Defensa inició un proceso licitatorio en el que pueden participar tanto entidades públicas como privadas, nacionales e internacionales. Estas podrán asistir a una reunión informativa programada para el 16 de enero a las 9:00 a.m., hora colombiana, y registrarse en la página web del ministerio. Para esta convocatoria, MinDefensa ha establecido ciertas pautas con el objetivo de asegurar la transparencia y correcta ejecución del mismo; entre ellas se encuentran:
Se llevará a cabo un proceso de contratación directa entre la empresa y el gobierno nacional, que debe contar con el respaldo del Estado al cual pertenece la compañía firmante. Solo podrán participar empresas productoras; se excluirán intermediarios, empresas integradoras y comercializadoras. Las compañías tendrán comunicación con los equipos de drones y antidrones, quienes serán responsables del diálogo; además, las propuestas serán evaluadas por equipos técnicos, económicos y jurídicos. No está permitido ofrecer regalos, invitaciones o cualquier actividad que pueda ejercer influencia en la contratación y finalmente debe incluir una póliza de cumplimiento de una aseguradora reconocida.
Es importante destacar que la comunicación directa con los operarios y que estos sean los que decidirán cual es la mejor propuesta impide que intereses ajenos de oficiales o políticos puedan intervenir en la compra, dando más trasparencia al proceso.
Algunas de las exigencias del contrato obligan a que la compañía asegure la actualización del software ofrecido, esto incluye la transferencia de tecnología, el entrenamiento y la capacitación de los instructores para las operaciones y el mantenimiento de los equipos. Además, debe garantizar que los equipos se entreguen en los plazos fijados y que las pruebas se realicen en Colombia.
Estos parámetros para la contratación tienen como objetivo asegurar una convocatoria con un alto rigor técnico, jurídico y económico que garantice la transparencia, así como proteger al Estado colombiano de la falta de cumplimiento contractual, tal como ha ocurrido en otros contratos en el ámbito de la defensa.
Es necesario recordar que entre abril de 2024 y noviembre de 2025, Colombia ha sido testigo de 382 atentados que generaron un total de 58 bajas mortales y 300 heridos, lo que es una muy alta cifra considerando el modelo de conflicto, que hace necesario el desarrollo de este escudo para la protección de las tropas.
También se debe mencionar que recientemente se activó un batallón de drones en el Ejército, que será la principal unidad en este proceso, pero que tiene falencias como precisamente la lucha antidrones y la incapacidad de ataque, como lo informó Zona Militar.
*Fotografías de portada empleada con meres fines ilustrativos.
