La batalla de Santa Bárbara Sistemas por los programas de artillería del Ejército de Tierra español entra en una nueva fase justo después de que el Ministerio de Defensa rechazase el recurso de la compañía a los programas adjudicados a Indra y EM&E.

La filial de la estadounidense General Dynamics, integrada en GDELS, ha confirmado este jueves que llevará el caso a la vía contencioso-administrativa  tras agotar el recorrido previo en sede administrativa. En la nota informativa, Santa Barbara precisó que no tenía notificación ni constancia formal de una resolución de Defensa sobre el recurso presentado, aunque dejó claro que seguiría adelante hacia los tribunales. Este movimiento encaja con lo que la firma venía anticipando desde febrero al señalar que acudiría a la Audiencia Nacional en tal caso.

En diciembre de 2025 Defensa adjudicó a la UTE formada por Indra y EM&E los programas de artillería autopropulsada sobre ruedas y cadenas por unos 7.240 millones de euros, uno de los grandes contratos de la actual etapa de modernización militar española. Entonces se justificó la adjudicación con el argumento de que la unión temporal entre las compañías españolas era la única capacitada técnicamente para desarrollar el proyecto.

Para Santa Bárbara el problema no es solo perder un considerable contrato, sino quedar fuera de los programas que marcarán el reparto industrial del sector terrestre a corto-medio plazo en España.

En paralelo, Defensa ha reforzado su apuesta por Indra como eje central del ámbito terrestre. Esta línea queda reforzada con el reciente acuerdo de la compañía con Hanwha para desarrollar en España sistemas de artillería autopropulsada de cadenas del Ejército de Tierra.

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Este acontecimiento explicaría también el argumentario de Santa Bárbara en su defensa. En la nota informativa del nuevo paso judicial, la compañía no se limita a invocar sus derechos como licitador sino que también vincula su posición a “la defensa del sector industrial español de Defensa y de sus capacidades actuales”, junto al mantenimiento de los puestos de trabajos asociados al mismo.

Además, el trasfondo es especialmente sensible porque estos actores industriales se encuentran en coopetición en otros grandes programas como el proyecto 8×8 Dragón, sumando tensiones en la industria terrestre española.

A corto plazo la vía contencioso-administrativa abre un nuevo frente judicial. A medio, se dirime si Defensa consolida en Indra una determinada arquitectura industrial de defensa. En caso de que la apuesta de la cartera de Margarita Robles no resista en los tribunales se podría abrir un desfavorable debate sobre la adjudicación de los programas estratégicos en España.

En cualquiera de los casos, la disputa entre los actores del sector ya se ha convertido en una de las claves para entender la reorganización del sector de defensa nacional.

*Fotografías empleadas a modo de ilustración.

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Alex Garcia
Corresponsal en España. Especializado en el análisis de información en cuestiones de seguridad internacional. Experiencia académica y profesional en países como Perú, Bolivia, Líbano, Siria e Irak.

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