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<blockquote data-quote="Derruido" data-source="post: 179012" data-attributes="member: 30"><p>Acá está Clarín.</p><p></p><p>EN FOCO : RONDA DE RESPONSABILIDADES POR UN JUICIO QUE PERDIO EL ESTADO </p><p></p><p>Pago al grupo Greco: un traspié que cruza a sectores clave del Gobierno </p><p></p><p></p><p>Por un proyecto de ley del Gobierno, se reconocía una deuda de $ 587 millones. A punto de ser sancionado, se atascó en el Senado y ahora Miceli va a investigar. </p><p></p><p></p><p>Alcadio Oña </p><p><a href="mailto:aona@clarin.com">aona@clarin.com</a></p><p></p><p></p><p></p><p>El Presidente, el jefe de Gabinete y la ministra de Economía han quedado envueltos en un enredo que saltó dos semanas atrás, en el Senado. Los tres habían firmado un proyecto de ley que, en los hechos, les reconocía una deuda de 587 millones de pesos —y disponía el pago con bonos— a ex miembros del grupo Greco, un conglomerado de empresas expropiado en 1980 por la dictadura militar.</p><p></p><p>A propósito de la legitimidad de esa deuda y del papel de los abogados públicos, en el juicio que los Greco que le entablaron y ganaron al Estado, Felisa Miceli acaba de ordenar una investigación y un sumario. Y de dar parte del caso a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.</p><p></p><p>Lo notable es que todo esto no hubiese sido hecho antes de que Néstor Kirchner, Alberto Fernández y la propia ministra le pusieran la firma al proyecto de ley que autorizaba el pago de una deuda hoy bajo la lupa. Dicho de otra manera, que las sospechas que el proceso despierta ahora no hayan surgido previamente.</p><p></p><p>El Poder Ejecutivo envió la iniciativa al Congreso en setiembre. Diputados la aprobó el 29 de noviembre. Y cuando iba a ser sancionada por los senadores kirchneristas, el radical Gerardo Morales soltó una pregunta sobre un punto oscuro del proyecto: era, justamente, el que encubría el pago a los Greco.</p><p></p><p>Tomado por sorpresa, el kirchnerista Jorge Capitanich alegó desconocer el tema, aunque se dice que un par de días antes había averiguado de qué se trataba. La posibilidad de un batifondo irrefrenable fue cortada luego por una orden de Miceli: "Paren todo, que se caiga la ley". Aun así, es bien probable que si Morales no hubiese destapado la cuestión, la ley habría salido tal como llegó desde el Gobierno.</p><p></p><p>Investigar, ahora, si la deuda es legítima y si los abogados que tuvo o tiene el Estado no cumplieron bien su papel en un juicio que llevó años, puede derivar en sanciones. No queda claro, en cambio, si la pesquisa también avanzará sobre otras eventuales responsabilidades en ámbitos más cercanos al poder actual.</p><p></p><p>Nunca un proyecto de ley firmado por el Presidente llega al Congreso sin antes sortear un filtro que se presume riguroso. Si la disposición se originó en Economía, debió pasar primero por la Secretaría Legal y Administrativa de ese ministerio. Y luego por la de Legal y Técnica de la Presidencia, que maneja Carlos Zannini, un hombre de la más absoluta confianza de Kirchner.</p><p></p><p>¿Es posible que en áreas jurídicas así de claves nadie haya reparado en algo que hoy merece una investigación y un sumario internos? ¿O se consideró que correspondía saldar la deuda con los Greco? El caso incluye los honorarios de los abogados del grupo demandante. Y da, como se ve, para las conjeturas más variadas.</p><p></p><p>La compensación a los Greco fue aprobada en tiempos de Raúl Alfonsín, y ratificada luego —con monto incluido— por Carlos Menem. Y como no fue saldada, derivó en un pleito al Estado. Sin que mediara apelación oficial, la sentencia definitiva se produjo en diciembre de 2001. Desde entonces, se acumularon intereses que llevaron la suma inicial a 587 millones.</p><p></p><p>Junto a ese monto, la ley iba a reconocer otras deudas. Entre ellas, acreencias de jubilados, de personal de las Fuerzas Armadas y de ex empleados de YPF. Para todo, se iban a emitir títulos por $ 1.300 millones.</p><p></p><p>Esta cadena de pagos fue barrida por el batifondo que se armó alrededor del caso Greco. Y con ella, la fórmula que contemplaba el fallido proyecto oficial. Decía: "Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones pre supuestarias que resulten necesarias, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la presente ley".</p><p></p><p>Es posible que algunos de los resarcimientos caídos sean cubiertos con otros bonos, como se pensó y desechó para los Greco. El punto es la investigación de Miceli.<span style="color: Red"><strong><span style="font-size: 18px"> O, más precisamente, cuántas ollas del Estado van a ser destapadas.</span></strong></span></p><p><a href="http://www.clarin.com/diario/2006/12/23/elpais/p-02401.htm" target="_blank">http://www.clarin.com/diario/2006/12/23/elpais/p-02401.htm</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Derruido, post: 179012, member: 30"] Acá está Clarín. EN FOCO : RONDA DE RESPONSABILIDADES POR UN JUICIO QUE PERDIO EL ESTADO Pago al grupo Greco: un traspié que cruza a sectores clave del Gobierno Por un proyecto de ley del Gobierno, se reconocía una deuda de $ 587 millones. A punto de ser sancionado, se atascó en el Senado y ahora Miceli va a investigar. Alcadio Oña [email]aona@clarin.com[/email] El Presidente, el jefe de Gabinete y la ministra de Economía han quedado envueltos en un enredo que saltó dos semanas atrás, en el Senado. Los tres habían firmado un proyecto de ley que, en los hechos, les reconocía una deuda de 587 millones de pesos —y disponía el pago con bonos— a ex miembros del grupo Greco, un conglomerado de empresas expropiado en 1980 por la dictadura militar. A propósito de la legitimidad de esa deuda y del papel de los abogados públicos, en el juicio que los Greco que le entablaron y ganaron al Estado, Felisa Miceli acaba de ordenar una investigación y un sumario. Y de dar parte del caso a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Lo notable es que todo esto no hubiese sido hecho antes de que Néstor Kirchner, Alberto Fernández y la propia ministra le pusieran la firma al proyecto de ley que autorizaba el pago de una deuda hoy bajo la lupa. Dicho de otra manera, que las sospechas que el proceso despierta ahora no hayan surgido previamente. El Poder Ejecutivo envió la iniciativa al Congreso en setiembre. Diputados la aprobó el 29 de noviembre. Y cuando iba a ser sancionada por los senadores kirchneristas, el radical Gerardo Morales soltó una pregunta sobre un punto oscuro del proyecto: era, justamente, el que encubría el pago a los Greco. Tomado por sorpresa, el kirchnerista Jorge Capitanich alegó desconocer el tema, aunque se dice que un par de días antes había averiguado de qué se trataba. La posibilidad de un batifondo irrefrenable fue cortada luego por una orden de Miceli: "Paren todo, que se caiga la ley". Aun así, es bien probable que si Morales no hubiese destapado la cuestión, la ley habría salido tal como llegó desde el Gobierno. Investigar, ahora, si la deuda es legítima y si los abogados que tuvo o tiene el Estado no cumplieron bien su papel en un juicio que llevó años, puede derivar en sanciones. No queda claro, en cambio, si la pesquisa también avanzará sobre otras eventuales responsabilidades en ámbitos más cercanos al poder actual. Nunca un proyecto de ley firmado por el Presidente llega al Congreso sin antes sortear un filtro que se presume riguroso. Si la disposición se originó en Economía, debió pasar primero por la Secretaría Legal y Administrativa de ese ministerio. Y luego por la de Legal y Técnica de la Presidencia, que maneja Carlos Zannini, un hombre de la más absoluta confianza de Kirchner. ¿Es posible que en áreas jurídicas así de claves nadie haya reparado en algo que hoy merece una investigación y un sumario internos? ¿O se consideró que correspondía saldar la deuda con los Greco? El caso incluye los honorarios de los abogados del grupo demandante. Y da, como se ve, para las conjeturas más variadas. La compensación a los Greco fue aprobada en tiempos de Raúl Alfonsín, y ratificada luego —con monto incluido— por Carlos Menem. Y como no fue saldada, derivó en un pleito al Estado. Sin que mediara apelación oficial, la sentencia definitiva se produjo en diciembre de 2001. Desde entonces, se acumularon intereses que llevaron la suma inicial a 587 millones. Junto a ese monto, la ley iba a reconocer otras deudas. Entre ellas, acreencias de jubilados, de personal de las Fuerzas Armadas y de ex empleados de YPF. Para todo, se iban a emitir títulos por $ 1.300 millones. Esta cadena de pagos fue barrida por el batifondo que se armó alrededor del caso Greco. Y con ella, la fórmula que contemplaba el fallido proyecto oficial. Decía: "Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones pre supuestarias que resulten necesarias, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la presente ley". Es posible que algunos de los resarcimientos caídos sean cubiertos con otros bonos, como se pensó y desechó para los Greco. El punto es la investigación de Miceli.[COLOR="Red"][B][SIZE="5"] O, más precisamente, cuántas ollas del Estado van a ser destapadas.[/SIZE][/B][/COLOR] [url]http://www.clarin.com/diario/2006/12/23/elpais/p-02401.htm[/url] [/QUOTE]
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