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Mensaje: <blockquote data-quote="Derruido" data-source="post: 256517" data-attributes="member: 30">Investigan otros dos embarques que sí llegaron a destino Salieron del país por Ezeiza, en octubre    Los 6700 kilogramos de respuestos de fusiles que iban a ser exportados a un precio de 2600 dólares a los Estados Unidos y que fueron secuestrados por la Aduana en febrero pasado pueden ser sólo el inicio de una profunda investigación. Ante la sospecha de una subfacturación y de otras anomalías, la Justicia investiga ahora otros dos embarques para el mismo comprador que salieron del país vía aérea en octubre pasado. Así lo indicaron ayer a LA NACION fuentes relacionadas con la investigación que llevan adelante el juez Guillermo Tiscornia y la fiscal Carolina Robiglio. Los dos embarques que empezaron a ser analizados salieron de la Argentina en octubre pasado por el aeropuerto internacional de Ezeiza. LA NACION en su edición de ayer informó sobre la existencia de una causa en el fuero penal económico donde se investigaba una exportación de armas realizada por la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). Era una venta aprobada por el Gobierno y dirigida a la empresa JLD Enterprises INC, que en 2003 había firmado un convenio con la DGFM por la compra de 2500 armas. JLD Enterprises INC fue fundada en 1997 en Connecticut, Estados Unidos, por un argentino de nombre José Luis Díaz. Fuentes de la investigación afirmaron a LA NACION que el fundador de la empresa importadora de las armas tendría una relación muy estrecha con una persona de apellido Díaz que trabaja en DGFM. Ahora se investiga si tienen algún parentesco. "El juez Tiscornia pidió a la Aduana toda la información sobre las primeras dos exportaciones que salieron de Ezeiza en octubre pasado. Sospecha que también pudo haber habido subfacturación y fuertes anomalías en el material bélico exportado", dijo una de las fuentes judiciales consultadas por LA NACION. Otro de los informantes agregó: "El juez quiere saber también cómo se financiaron y cómo se pagaron los dos primeros embarques". Según pudo saber LA NACION, la operación entre la DGFM y JLD Enterprises INC fue aprobada y autorizada por la Comisión Nacional de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, el 15 de junio de 2006. La exportación fue autorizada con la firma de funcionarios del Ministerio de Economía, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (Citefa) y de la Dirección General de Política. Los integrantes de la comisión aprobaron la venta de los repuestos de fusiles siempre que se cumplieran los siguientes requisitos, según el acta oficial que consta en la causa: 1) Que en el acto administrativo correspondiente se detallaran las piezas a exportar por la DGFM, con sus respectivos números de serie. 2) Que se instruyera a la embajada argentina en los Estados Unidos para que por intermedio de los agregados militares procediera a verificar la recepción del material remitido a la empresa JLD Enterprises INC. 3) Que se dejara constancia en el acto administrativo de que la autorización de la comisión tiene un año de validez a partir de la fecha de la firma del acta (15 de junio). 4) Que se solicitara a la DGFM información sobre la fecha de concreción de la operación de exportación correspondiente y sobre la fecha de recepción del material por parte del destinatario. Según dijeron a LA NACION fuentes con acceso al expediente, para los investigadores el punto de 1 del acta de aprobación de la Comisión Nacional de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico nunca fue cumplido. Números adulterados Fuentes del Gobierno dijeron que después de que la Aduana frenó el embarque, funcionarios del Registro Nacional de Armas (Renar) constataron que había piezas con numeración limada y otras cuyas numeraciones no coincidían con lo asentado en los remitos de exportación. "Lo peor del caso no sería la supuesta subfacturación. Si los peritajes químicos sobre el material bélico secuestrado confirmaran que las numeraciones de los fusiles fueron adulteradas, estaríamos ante un delito más grave que una subfacturación", sostuvo una fuente de la causa. Para el avance de la investigación es fundamental el revenido (operación química para determinar si la numeración existente en el arma es la original o fue adulterada) ordenado por Tiscornia y el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos realizados en dos dependencias de la DGFM y en la oficina de la despachante de aduana que hizo la operación. "Una vez que tenga en su poder esta información el juez Tiscornia decidirá a quién llama a declarar", explicaron voceros judiciales. Por Gabriel Di NicolaDe la Redacción de LA NACION Link permanente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/912921" target="_blank">http://www.lanacion.com.ar/912921</a></blockquote>

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