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<blockquote data-quote="Derruido" data-source="post: 256509" data-attributes="member: 30"><p>Investiga la Justicia un contrabando de armas</p><p> </p><p>Es una venta sospechosa de Fabricaciones Militares</p><p> </p><p>Todo comenzó en febrero pasado, cuando la Aduana descubrió una supuesta subfacturación en una operación de exportación de armas. Tres meses después, la Justicia abrió una causa por contrabando y secuestró 6700 kilogramos de fusiles automáticos que Fabricaciones Militares había embarcado hacia Connecticut, Estados Unidos, a un precio de apenas 2600 dólares y como “material de desguace”. </p><p></p><p>Así lo informaron a LA NACION tres fuentes con acceso al expediente. La causa –bajo secreto de sumario– es instruida por el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia y por la fiscal Carolina Robiglio. Ya se hicieron allanamientos en dos dependencias de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM, que desde 2006 está en la órbita del Ministerio de Planificación), dijeron las fuentes. </p><p></p><p>Gran parte del material bélico secuestrado tenía las numeraciones limadas y otras de las armas incautadas tenían un número de serie que no correspondía con lo declarado en los remitos de exportación, según los informantes. Los embarques iban dirigidos a la empresa JLD Enterprises, cuyo fundador es un argentino. La venta había sido aprobada hacía un año por una comisión integrada por los ministerios de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores. </p><p></p><p>Arturo Puricelli, interventor en la DGFM, confirmó la existencia de la causa, pero negó que se tratara de un caso de contrabando de armas. </p><p></p><p>"No existe un caso como se ha visto en la Argentina en otras épocas [por los casos de venta irregular de armas a Ecuador y a Croacia durante el menemismo]. Está bien que la Aduana y que la Justicia investiguen, pero a estas alturas no le veo entidad a la denuncia", indicó el funcionario, ex enemigo político del presidente Néstor Kirchner en el peronismo de Santa Cruz. </p><p></p><p>En los allanamientos ordenados por el juez Tiscornia se secuestraron documentación y computadoras. </p><p></p><p>"Los investigadores tienen que analizar la información existente en los discos rígidos, donde pueden surgir importantes informaciones para la causa", explicó un funcionario judicial. </p><p></p><p>Como parte del material bélico decomisado tenía la numeración adulterada, la Justicia ordenó un peritaje químico que fue encargado al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). </p><p></p><p>Según las fuentes judiciales, una de las sospechas de los investigadores es que las armas no tenían como destino final los Estados Unidos, sino algún país sudamericano en el que después se revenderían a narcotraficantes y a otros delincuentes. </p><p></p><p>Otra de las inquietudes se relaciona con la empresa que compraba las armas. Sospechan que sería lo que en la jerga judicial se denomina un "sello de goma". Por eso, por vía diplomática, se solicitó a los Estados Unidos un informe sobre JLD, agregaron las fuentes judiciales consultadas. Tiscornia investigará también si existe vinculación entre el comprador y algún funcionario o empleado de Fabricaciones Militares. </p><p></p><p>"En febrero, la Aduana frenó un embarque con armas. Estaban en una terminal del puerto de Buenos Aires listos para salir hacia Estados Unidos", explicó una fuente del caso. </p><p></p><p>Según explicó Puricelli, el embarque frenado por la Aduana era el tercero de una operación comercial por un monto total de 330.000 dólares, consistente en la venta de partes nuevas, usadas y semielaboradas de fusiles automáticos livianos (FAL) y fusiles automáticos pesados (FAP). </p><p></p><p>En el informe que la DGFM presentó para la Cuenta de Inversión de 2003 del Ministerio de Economía, los convenios firmados con JLD Enterprises INC eran por la venta de 2500 armas. </p><p></p><p>"Si bien el embarque no salió del país, ahora el juez Tiscornia investiga si hubo otras exportaciones con la misma modalidad", explicó una fuente con acceso a la causa. Comenzará a analizar todas las ventas de armas desde 2003. </p><p></p><p>En secreto </p><p></p><p>Consultados por LA NACION, funcionarios de la Aduana dijeron que no podían dar información "porque la causa se encuentra en secreto de sumario". </p><p></p><p>El cargamento tenía una alta matriz de riesgo y debía pasar lo que en la Aduana se denomina canal rojo. El embarque frenado durante la segunda quincena de febrero pasado era de 6739 kilos de partes de fusiles, según consta en el expediente. </p><p></p><p>Lo que llamó la atención de los inspectores de la Aduana que llegaron al depósito fiscal del puerto de Buenos Aires fue el precio que recibiría la DGFM por el cargamento: 2664 dólares. </p><p></p><p>"La maniobra era tan burda que cualquier persona se podía dar cuenta de que detrás de esta exportación había algo extraño. Por el cargamento de 6700 kilos de armas, la DGFM iba a recibir sólo 2600 dólares, es decir, menos de 40 centavos el kilo", afirmó a LA NACION una fuente de la causa. </p><p></p><p>A partir de la inspección, la Aduana llamó al Registro Nacional de Armas (Renar), que constató que "había piezas con numeración limada y otras cuyas numeraciones no coincidían con lo asentado en los remitos de exportación", confirmaron fuentes del Gobierno. </p><p></p><p>Entre el material secuestrado, según informaron esas mismas fuentes, hay 21.000 percutores y 5246 cuerpos cerrojos. </p><p></p><p>Según pudo saber LA NACION, los asesores del ministro del Interior, Aníbal Fernández, elaboraron un decreto en el que se establece que, en virtud de la ley 26.216 (de emergencia nacional en cuanto a la exportación, importación, comercialización y tenencia de armas), las operaciones comerciales como las que se realizó entre la DGFM y JLD Enterprises deberán pasar una verificación técnica del Renar y la aprobación del Ministerio del Interior. </p><p></p><p>"La Justicia quiere averiguar quiénes son los integrantes de la empresa importadora de las armas y cómo se pagó la operación comercial", agregó un vocero judicial. </p><p></p><p>Otro informante con acceso a la causa añadió: "Hay que investigar a fondo. Hace poco se descubrió que delincuentes y narcos de las favelas de Brasil estaban armado con fusiles fabricados en la Argentina. Las armas que esta empresa compraba no era material bélico de desguace. Los fusiles se podían armar de manera muy sencilla". </p><p></p><p>Por Gabriel Di Nicola </p><p>De la Redacción de LA NACION </p><p></p><p></p><p></p><p>Link permanente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/912659" target="_blank">http://www.lanacion.com.ar/912659</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Derruido, post: 256509, member: 30"] Investiga la Justicia un contrabando de armas Es una venta sospechosa de Fabricaciones Militares Todo comenzó en febrero pasado, cuando la Aduana descubrió una supuesta subfacturación en una operación de exportación de armas. Tres meses después, la Justicia abrió una causa por contrabando y secuestró 6700 kilogramos de fusiles automáticos que Fabricaciones Militares había embarcado hacia Connecticut, Estados Unidos, a un precio de apenas 2600 dólares y como “material de desguace”. Así lo informaron a LA NACION tres fuentes con acceso al expediente. La causa –bajo secreto de sumario– es instruida por el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia y por la fiscal Carolina Robiglio. Ya se hicieron allanamientos en dos dependencias de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM, que desde 2006 está en la órbita del Ministerio de Planificación), dijeron las fuentes. Gran parte del material bélico secuestrado tenía las numeraciones limadas y otras de las armas incautadas tenían un número de serie que no correspondía con lo declarado en los remitos de exportación, según los informantes. Los embarques iban dirigidos a la empresa JLD Enterprises, cuyo fundador es un argentino. La venta había sido aprobada hacía un año por una comisión integrada por los ministerios de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores. Arturo Puricelli, interventor en la DGFM, confirmó la existencia de la causa, pero negó que se tratara de un caso de contrabando de armas. "No existe un caso como se ha visto en la Argentina en otras épocas [por los casos de venta irregular de armas a Ecuador y a Croacia durante el menemismo]. Está bien que la Aduana y que la Justicia investiguen, pero a estas alturas no le veo entidad a la denuncia", indicó el funcionario, ex enemigo político del presidente Néstor Kirchner en el peronismo de Santa Cruz. En los allanamientos ordenados por el juez Tiscornia se secuestraron documentación y computadoras. "Los investigadores tienen que analizar la información existente en los discos rígidos, donde pueden surgir importantes informaciones para la causa", explicó un funcionario judicial. Como parte del material bélico decomisado tenía la numeración adulterada, la Justicia ordenó un peritaje químico que fue encargado al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Según las fuentes judiciales, una de las sospechas de los investigadores es que las armas no tenían como destino final los Estados Unidos, sino algún país sudamericano en el que después se revenderían a narcotraficantes y a otros delincuentes. Otra de las inquietudes se relaciona con la empresa que compraba las armas. Sospechan que sería lo que en la jerga judicial se denomina un "sello de goma". Por eso, por vía diplomática, se solicitó a los Estados Unidos un informe sobre JLD, agregaron las fuentes judiciales consultadas. Tiscornia investigará también si existe vinculación entre el comprador y algún funcionario o empleado de Fabricaciones Militares. "En febrero, la Aduana frenó un embarque con armas. Estaban en una terminal del puerto de Buenos Aires listos para salir hacia Estados Unidos", explicó una fuente del caso. Según explicó Puricelli, el embarque frenado por la Aduana era el tercero de una operación comercial por un monto total de 330.000 dólares, consistente en la venta de partes nuevas, usadas y semielaboradas de fusiles automáticos livianos (FAL) y fusiles automáticos pesados (FAP). En el informe que la DGFM presentó para la Cuenta de Inversión de 2003 del Ministerio de Economía, los convenios firmados con JLD Enterprises INC eran por la venta de 2500 armas. "Si bien el embarque no salió del país, ahora el juez Tiscornia investiga si hubo otras exportaciones con la misma modalidad", explicó una fuente con acceso a la causa. Comenzará a analizar todas las ventas de armas desde 2003. En secreto Consultados por LA NACION, funcionarios de la Aduana dijeron que no podían dar información "porque la causa se encuentra en secreto de sumario". El cargamento tenía una alta matriz de riesgo y debía pasar lo que en la Aduana se denomina canal rojo. El embarque frenado durante la segunda quincena de febrero pasado era de 6739 kilos de partes de fusiles, según consta en el expediente. Lo que llamó la atención de los inspectores de la Aduana que llegaron al depósito fiscal del puerto de Buenos Aires fue el precio que recibiría la DGFM por el cargamento: 2664 dólares. "La maniobra era tan burda que cualquier persona se podía dar cuenta de que detrás de esta exportación había algo extraño. Por el cargamento de 6700 kilos de armas, la DGFM iba a recibir sólo 2600 dólares, es decir, menos de 40 centavos el kilo", afirmó a LA NACION una fuente de la causa. A partir de la inspección, la Aduana llamó al Registro Nacional de Armas (Renar), que constató que "había piezas con numeración limada y otras cuyas numeraciones no coincidían con lo asentado en los remitos de exportación", confirmaron fuentes del Gobierno. Entre el material secuestrado, según informaron esas mismas fuentes, hay 21.000 percutores y 5246 cuerpos cerrojos. Según pudo saber LA NACION, los asesores del ministro del Interior, Aníbal Fernández, elaboraron un decreto en el que se establece que, en virtud de la ley 26.216 (de emergencia nacional en cuanto a la exportación, importación, comercialización y tenencia de armas), las operaciones comerciales como las que se realizó entre la DGFM y JLD Enterprises deberán pasar una verificación técnica del Renar y la aprobación del Ministerio del Interior. "La Justicia quiere averiguar quiénes son los integrantes de la empresa importadora de las armas y cómo se pagó la operación comercial", agregó un vocero judicial. Otro informante con acceso a la causa añadió: "Hay que investigar a fondo. Hace poco se descubrió que delincuentes y narcos de las favelas de Brasil estaban armado con fusiles fabricados en la Argentina. Las armas que esta empresa compraba no era material bélico de desguace. Los fusiles se podían armar de manera muy sencilla". Por Gabriel Di Nicola De la Redacción de LA NACION Link permanente: [url]http://www.lanacion.com.ar/912659[/url] [/QUOTE]
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