¿Ley de financiamiento especial para la Defensa?
Por Fabián Calle
Ya en algunas charlas entre gente de la comunidad de la Defensa Nacional se toca tangencialmente y, siempre, con gran carga de escepticismo. Aun así, todo un avance. Pocos años atrás ni habría existido motivo para formular esa hipótesis «alocada» y contraria al «saber convencional» argentino. ¿De qué se trata? De la propuesta de impulsar una legislación que imponga ciertas retenciones (o que reoriente parte de las ya existentes, tanto sean las que vienen desde 2002 o las más recientes en el sector minero) sobre exportaciones de materias primas para destinarlas a presupuestos plurianuales para la adquisición de modestas cantidades de sistemas de armas, repuestos y modernización de elementos ya existentes en las FF.AA. argentinas.
Una conclusión comienza a ganar espacio en los que piensan la Defensa desde un punto de vista técnico y mirando el escenario regional e internacional de mediano y largo plazo (siempre imprevisible, si no me cree compare el «saber convencional» de los diarios del mundo el 10 de septiembre de 2001 y los del 12 del mismo mes y año…). Es muy difícil proceder a procesos de modernización del instrumento militar sin contar con fondos extra presupuestarios, dada la creciente complejidad y costo de los sistemas de armas básicos para lograr una disuasión creíble. Un argumento elemental pero por ello no menos real, sería reorientar una mínima parte de las ganancias que le brindan a nuestro país sus recursos naturales a los actores llamados a defenderlos a sangre y fuego, en el caso de que actores externos lo pretendan depredar o controlar. En un escenario donde se han multiplicado el precio internacional de diversos minerales, cereales, oleaginosas y ni qué decir el gas y más aun el petróleo y frente a la toma de conciencia internacional sobre el creciente valor estratégico del agua potable.
Las reacciones de los sectores neoliberales de la Argentina no deberían ser críticas hacia esta propuesta, dado que su admirado Chile tiene una Ley Secreta del Cobre desde 1958, ampliada durante el gobierno de Pinochet y mantenida por la progresista Concertación a lo largo de los últimos 17 años (aun después del colapso de la influencia del ex Dictador a fines de la década pasada y comienzos de este siglo). El Perú del pragmático y promercado segundo Alan García está implementando una legislación en este sentido con el gas de la zona de Camisea y el mismo Brasil, y su también admirado (aun por los mismos liberales argentinos) Lula, tiene legislación en este sentido en el área de explotación petrolera off shore y su Ministro de Defensa, Nelson Jobim, ha expresado recientemente el valor central de la defensa armada de los recursos naturales. Todo en interacción con un escenario donde las potencias centrales parecen lanzadas a una carrera geopolítica y económica sobre el Artico y, si bien de manera más lenta y cuidadosa, sobre la misma Antártida. Para no olvidar una Gran Bretaña que impulsa nuevas exploraciones petroleras, mineras y pesqueras en nuestro Atlántico Sur y reivindica soberanía sobre parte sustancial de la Antártida reclamada por nuestro país. Ni qué decir de los EEUU y el informe elaborado por 11 oficiales superiores de las FF.AA. para el Pentágono en abril 2007 en el que destacan el impacto central del cambio climático y el control de los recursos naturales en las décadas por venir.
A los sectores progresistas argentinos no les resultará seguramente ajeno lo realizado por su admirada Concertación chilena en materia de preservar (al menos hasta hora) la Ley del Cobre, la voluntad expresada por Evo Morales de hacer una movida legal semejante para financiar al sector militar y la existencia de claras referencias sobre la importancia de los recursos naturales en la reglamentación de la Ley de Defensa hecha por la Argentina en 2006.
Más allá de las dificultades que presenta la posibilidad de una legislación especial en la Argentina como la antes mencionada, es auspicioso que algunos sectores académicos y aun dentro de la gestión oficial comiencen al menos a analizar las cosas. A contrapelo de nuestra tradición de descartar cosas antes de saber de qué se tratan o hacerlo a partir de grandes y claras premisas ideológicas que, como todos sabemos, tienden a ser más que endebles y confusas por estas pampas
http://www.defdigital.com.ar/nota_columnista.htm
Por Fabián Calle
Ya en algunas charlas entre gente de la comunidad de la Defensa Nacional se toca tangencialmente y, siempre, con gran carga de escepticismo. Aun así, todo un avance. Pocos años atrás ni habría existido motivo para formular esa hipótesis «alocada» y contraria al «saber convencional» argentino. ¿De qué se trata? De la propuesta de impulsar una legislación que imponga ciertas retenciones (o que reoriente parte de las ya existentes, tanto sean las que vienen desde 2002 o las más recientes en el sector minero) sobre exportaciones de materias primas para destinarlas a presupuestos plurianuales para la adquisición de modestas cantidades de sistemas de armas, repuestos y modernización de elementos ya existentes en las FF.AA. argentinas.
Una conclusión comienza a ganar espacio en los que piensan la Defensa desde un punto de vista técnico y mirando el escenario regional e internacional de mediano y largo plazo (siempre imprevisible, si no me cree compare el «saber convencional» de los diarios del mundo el 10 de septiembre de 2001 y los del 12 del mismo mes y año…). Es muy difícil proceder a procesos de modernización del instrumento militar sin contar con fondos extra presupuestarios, dada la creciente complejidad y costo de los sistemas de armas básicos para lograr una disuasión creíble. Un argumento elemental pero por ello no menos real, sería reorientar una mínima parte de las ganancias que le brindan a nuestro país sus recursos naturales a los actores llamados a defenderlos a sangre y fuego, en el caso de que actores externos lo pretendan depredar o controlar. En un escenario donde se han multiplicado el precio internacional de diversos minerales, cereales, oleaginosas y ni qué decir el gas y más aun el petróleo y frente a la toma de conciencia internacional sobre el creciente valor estratégico del agua potable.
Las reacciones de los sectores neoliberales de la Argentina no deberían ser críticas hacia esta propuesta, dado que su admirado Chile tiene una Ley Secreta del Cobre desde 1958, ampliada durante el gobierno de Pinochet y mantenida por la progresista Concertación a lo largo de los últimos 17 años (aun después del colapso de la influencia del ex Dictador a fines de la década pasada y comienzos de este siglo). El Perú del pragmático y promercado segundo Alan García está implementando una legislación en este sentido con el gas de la zona de Camisea y el mismo Brasil, y su también admirado (aun por los mismos liberales argentinos) Lula, tiene legislación en este sentido en el área de explotación petrolera off shore y su Ministro de Defensa, Nelson Jobim, ha expresado recientemente el valor central de la defensa armada de los recursos naturales. Todo en interacción con un escenario donde las potencias centrales parecen lanzadas a una carrera geopolítica y económica sobre el Artico y, si bien de manera más lenta y cuidadosa, sobre la misma Antártida. Para no olvidar una Gran Bretaña que impulsa nuevas exploraciones petroleras, mineras y pesqueras en nuestro Atlántico Sur y reivindica soberanía sobre parte sustancial de la Antártida reclamada por nuestro país. Ni qué decir de los EEUU y el informe elaborado por 11 oficiales superiores de las FF.AA. para el Pentágono en abril 2007 en el que destacan el impacto central del cambio climático y el control de los recursos naturales en las décadas por venir.
A los sectores progresistas argentinos no les resultará seguramente ajeno lo realizado por su admirada Concertación chilena en materia de preservar (al menos hasta hora) la Ley del Cobre, la voluntad expresada por Evo Morales de hacer una movida legal semejante para financiar al sector militar y la existencia de claras referencias sobre la importancia de los recursos naturales en la reglamentación de la Ley de Defensa hecha por la Argentina en 2006.
Más allá de las dificultades que presenta la posibilidad de una legislación especial en la Argentina como la antes mencionada, es auspicioso que algunos sectores académicos y aun dentro de la gestión oficial comiencen al menos a analizar las cosas. A contrapelo de nuestra tradición de descartar cosas antes de saber de qué se tratan o hacerlo a partir de grandes y claras premisas ideológicas que, como todos sabemos, tienden a ser más que endebles y confusas por estas pampas
http://www.defdigital.com.ar/nota_columnista.htm
