Hay adquisiciones de defensa que se deciden en las hojas de datos técnicas. Y hay otras que se deciden en otro nivel. Los dos procesos de compra de radares que vienen definiendo el mapa de vigilancia aérea en América del Sur en los últimos meses pertenecen, en buena medida, a la segunda categoría. Paraguay ya formalizó tiempo atrás la compra de radares AN/TPS-78 ADCAP de Northrop Grumman a través del mecanismo de Ventas Militares Extranjeras (FMS) del gobierno estadounidense. Perú, según información difundida en estos dias, habría determinado en febrero pasado que la mejor opción para su Programa de Recuperación de Capacidad de Control Aeroespacial son los radares TPS-77 MMR de Lockheed Martin, también en modalidad de proveedor único y con carácter de secreto militar. Seis sistemas AESA por entre 260 y 280 millones de dólares. En ninguno de los dos casos el proceso se ha mostrado abiertamente competitivo.
El trasfondo del caso paraguayo es, en ese sentido, particularmente ilustrativo. En abril de 2024, el presidente Santiago Peña visitó personalmente las instalaciones de INVAP en Bariloche. No fue una visita protocolar: fue una evaluación directa de la oferta de la empresa argentina para radarizar el espacio aéreo paraguayo. La propuesta incluía los radares RPA-240 —el mismo sistema en operación en la Fuerza Aérea Argentina— con ventajas concretas de integración fronteriza, precio competitivo en torno a los 45 millones de dólares y soporte directo en su país. INVAP es una empresa de ingeniería de alto nivel, con tecnología propia desarrollada durante décadas y exportaciones a países de distintos continentes. No era una propuesta marginal. Era una alternativa real, con un operador de referencia y cadena de soporte probada. Menos de un año después, la decisión fue la compra vía FMS a Northrop Grumman. Según se consignó en distintas fuentes informativas, la presión ejercida por Washington sobre Asunción fue un factor que incidió directamente en el resultado.
La palanca que no figura en los pliegos
El mecanismo FMS no es solo una herramienta de financiamiento. Es, en la práctica, un instrumento de política exterior. Cuando EE.UU. vende bajo ese esquema, no vende solo hardware: ofrece el concepto de “interoperabilidad” y la señal política que implica estar alineado con Washington en materia de equipamiento estratégico. En un momento en que la administración estadounidense ha vuelto a poner énfasis explícito en la cohesión hemisférica y en los marcos de cooperación de defensa con los países de la región, ese componente político tiene un peso real en las decisiones de compra que ninguna hoja técnica puede contrarrestar por sí sola.
Eso no significa que los productos que EE.UU. ofrece sean inadecuados. El problema no es lo que se compra. El problema es la estructura en la que se compra, que hace que competidores con capacidades equivalentes o complementarias —y con ventajas logísticas, industriales y económicas objetivas para la región— queden sistemáticamente fuera de la discusión antes de que empiece.
Para INVAP, el patrón se repite. La empresa argentina lleva años posicionando sus radares RPA en el mercado latinoamericano con argumentos que tienen sustento: precio, soporte técnico regional, transferencia de conocimiento y la ventaja de operar con un socio que no viene con condicionalidades geopolíticas adjuntas. En la edición 2025 de LAAD en Río de Janeiro presentó su familia de radares con foco explícito en Latinoamérica, una geografía donde el juego y la competencia parecía en ese momento no tener tanto dominio arraigado que descarte las bondades donde firmas argentinas podrían llegar a poner sus productos.
Lo que queda planteado, de todas formas, es una pregunta más amplia sobre el tipo de mercado de defensa que se está consolidando en América del Sur. Un mercado donde la calidad técnica y las condiciones comerciales de una oferta importan, pero donde el factor determinante es con frecuencia la presión política que acompaña a ciertos proveedores, es un mercado que genera dependencias de largo plazo difíciles de revertir. Paraguay y Perú tendrán sus radares. La pregunta es qué margen queda, en ese esquema, para que la región desarrolle —o sostenga— capacidades industriales propias.
Con la noticia de los radares para Perú, la Argentina con sus propuestas superadoras y sin condicionamientos, vuelve a sufrir el impacto de un contexto donde no prima la autonomía en materia de defensa.
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