El Gobierno de Uruguay confirmó su intención de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, responsable de la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV 87) por un valor de 82,2 millones de euros; pese a que ya lleva invertido en la construcción (por el cumplimiento de los “hitos” del contrato), aproximadamente un 30% de dicho monto (USD 30 millones). La medida, anunciada por el presidente Yamandú Orsi, se fundamenta en supuestos incumplimientos contractuales y en la existencia de “indicios de fraude”, mientras el astillero gallego ya inició acciones legales para defenderse.
Un contrato polémico desde el inicio
La adjudicación de las dos OPV fue cuestionada desde el principio. El actual partido en el gobierno, el Frente Amplio, rechazó la operación cuando estaba en la oposición, y una vez en el poder mantuvo una postura crítica. La polémica se intensificó con la caída de la garantía de fiel cumplimiento de 4,2 millones de euros, presentada por Cardama a través de Eurocommerce Ltd., una entidad británica que resultó inexistente. El astillero denunció haber sido víctima de una estafa.
Posteriormente, surgieron dudas sobre la segunda garantía, de 8,2 millones de euros, emitida por la aseguradora estadounidense Redbridge Insurance Company. Mientras el Gobierno uruguayo la consideró inválida. Según informó el periódico español Faro de Vigo, dicha compañía aseguró que la póliza “ha estado vigente de forma ininterrumpida desde la fecha de emisión, el 23 de octubre de 2024”.
Escalada política y judicial
Las declaraciones oficiales y filtraciones en medios uruguayos fueron acumulándose hasta desembocar en un supuesto anuncio de la decisión de rescindir el contrato. Según adelantó recientemente el semanario uruguayo Búsqueda, el Ejecutivo ya notificó al astillero y espera formalizar la medida tras el regreso del presidente Yamandú Orsi de un viaje oficial a China.
El calendario añade presión: antes del 15 de febrero Uruguay debería abrir una nueva carta de crédito para continuar los pagos por hitos de construcción. Sin embargo, la rescisión deja en suspenso esa obligación. Además, está prevista una vista de conciliación en marzo por la demanda presentada por Cardama, aunque las posibilidades de acuerdo a esta altura aparecen demasiado lejanas.
Cardama insiste en que el trabajo en los patrulleros oceánicos nunca se detuvo y que cada avance ha sido certificado por Lloyd’s Register. Sin embargo, el calendario empieza a mostrar grietas: el tercer hito del contrato, clave para el desarrollo del Buque 1, no pudo ser validado. Se trataba de la recepción de los motores principales de Caterpillar, un paso que debía cumplirse en diciembre de 2025 y que habilitaba el pago de 8 millones de euros.
La ausencia de este componente marca un retraso en la construcción del primer OPV, que según el contrato debía estar entregado a los 18 meses del primer desembolso, plazo que se cumpliría a mediados de 2026. El incumplimiento de este hito revela que el proyecto avanza con demoras y pone en evidencia las tensiones que rodean la ejecución del contrato.
El contrato firmado entre Uruguay y el astillero gallego Cardama contempla una cláusula que detalla cuáles son los “retrasos autorizados”. Entre ellos figura la posibilidad de demoras en la entrega de materiales subcontratados cuando estas se deban a causas de fuerza mayor que afecten otras obligaciones del constructor e impidan el cumplimiento del contrato.
En este contexto, Mario Cardama, CEO del astillero, ha señalado en reiteradas ocasiones que la conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, con manifestaciones públicas contra su empresa, generó un impacto reputacional negativo. A su juicio, ese episodio dañó la reputación del astillero y minó la confianza de proveedores nacionales e internacionales, un efecto que podría terminar afectando los plazos de construcción. Sus palabras parecen dirigirse precisamente a ese punto del contrato, que abre la puerta a justificar retrasos bajo determinadas circunstancias.
En el marco del proceso de rescisión del contrato, el gobierno uruguayo recurrió a la reconocida compañía internacional de inspección y certificación Bureau Veritas, asegurando que ya dispone de un informe elaborado por la firma que serviría de fundamento para la decisión final.
El contrato establece con claridad las instancias competentes en caso de disputa: los tribunales de la República Oriental del Uruguay para los aspectos jurídicos, y la sociedad de clasificación Lloyd’s Register como autoridad técnica de arbitraje. Si esta última se negara a ejercer dicho rol, el caso debería someterse a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.
Una decisión con connotaciones estratégicas de soberanía
La decisión del Gobierno uruguayo de rescindir el contrato con el astillero Cardama, no solo llevará a un conflicto económico y judicial, sino impactará en el plano estratégico de la defensa nacional. Los patrulleros oceánicos encargados a la empresa española estaban llamados a reforzar la escaza presencia del país en sus aguas marítimas, un aspecto que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, destacó como prioritario al asumir el cargo en marzo de 2025. En aquella ocasión, Lazo subrayó que Uruguay “tiene en el mar hoy una superficie aun mayor a la terrestre”. Y en sus aguas existen riquezas y recursos estratégicos, y en donde se debe ejercer “nuestra soberanía, que se cumplan nuestras leyes, proteger estas riquezas, hacer valer nuestros derechos y los de las generaciones venideras, habrá que tener más presencia en estas aguas”. La ruptura del contrato con Cardama, dejará en suspenso un proyecto clave para materializar esa visión.
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