En el marco de la evaluación continua de capacidades militares efectuada desde Zona Militar, un aspecto crítico permanece prácticamente ignorado en sudamérica: la guerra contra minas navales. De acuerdo al relevamiento efectuado por la plataforma de observación y análisis OSINT Stratbridge, actualmente solo Brasil y Uruguay mantienen unidades activas dedicadas a esta tarea, mientras que el resto de los países de la región han abandonado o nunca desarrollaron esta capacidad.
La amenaza de las minas marinas, fluviales o submarinas es un factor de riesgo persistente y real. Estos artefactos son capaces de bloquear puertos, restringir líneas de abastecimiento, afectar la logística militar o paralizar el comercio internacional, incluso sin necesidad de un conflicto armado formal. Sin embargo, la guerra contra minas ha sido relegada en la agenda de defensa regional en favor de capacidades más visibles o inmediatas, lo que deja a América Latina expuesta frente a un recurso bélico simple, barato y altamente disruptivo.
La Marina de Guerra conserva capacidad operativa de contramedidas contra minas (MCM, por sus siglas en inglés), compuesta por unidades navales de la clase Aratu: el M15 “Aratu”, el M17 “Atalaya” y el M18 “Araçatuba”. Estas embarcaciones fueron construidas por los astilleros Abeking & Rasmussen en Alemania Occidental entre 1969 y 1974. Si bien originalmente se construyeron seis unidades, tres fueron modernizadas a comienzos de la década del 2000 y se mantienen actualmente en servicio activo. Los Aratu realizan tareas de barrido de minas con medios mecánicos y acústicos, lanzan y recuperan minas de perforación en ejercicios, y practican simulaciones de clasificación y neutralización de minas, incluyendo el uso de sonares SMNT (Sistema de Medidas No Tradicionales). Estas operaciones son claves para asegurar la navegación en los principales puertos brasileños como Santos, Itajaí o Rio Grande, protegiendo las rutas de exportación de uno de los principales motores económicos del país.
En este contexto, la Marina de Brasil desarrolla desde 2021 el Vehículo de Superficie No Tripulado VSNT-CMM, destinado a la guerra contra minas. Bajo la coordinación del Centro de Análisis de Sistemas Navales (CASNAV), el sistema incorpora sonar de barrido lateral, cámaras infrarrojas y navegación inercial, permitiéndole detectar y clasificar amenazas submarinas sin exponer personal. Su eficacia fue probada en los ejercicios MINEX-2023 y MINEX-2024, donde operó junto a vehículos submarinos autónomos del Instituto de Investigaciones de la Armada.
Uruguay, a diferencia de otros países de la región, sí mantiene en servicio unidades de dragaminas, aunque de capacidad limitada. Se trata de los ROU 31 Temerario y ROU 34 Audaz, ambos de la clase Kondor II, adquiridos a la antigua Volksmarine de la República Democrática Alemana en 1991. Estas unidades, si bien constituyen un medio relevante para operaciones de barrido en el Río de la Plata y aguas cercanas, tienen un tamaño y equipamiento menor comparado con otros sistemas de MCM modernos.
En el caso de Argentina, existió históricamente una importante tradición en tareas de dragado y contramedidas de minas. Desde la década de 1920, la Armada operó diversos modelos de barreminas y dragaminas, tanto británicos como alemanes, destinados a proteger los accesos a puertos y ríos estratégicos. Tras el desarrollo de la guerra de minas durante la Primera Guerra Mundial, Alemania construyó cazaminas especializados denominados Minensuchboot, cuya filosofía de diseño derivó en las clases 1915 y 1916, embarcaciones pequeñas, rápidas y armadas, diseñadas para rastrear y eliminar minas enemigas. En 1920, Argentina adquirió diez de estas unidades, conocidas localmente como Clase Bathurst, que arribaron al país en 1922. De estas, seis continuaron prestando servicio como avisos durante el periodo 1939-1945: el Golondrina, Pinedo, Seguí, Bathurst, Thorne y Jorge.
La experiencia acumulada llevó a proyectar, en 1935, la construcción nacional de nueve unidades adicionales. Los astilleros de Astillero Río Santiago (ARS) construyeron estas embarcaciones entre 1936 y 1940, con el Bouchard como primer ejemplar. Estas unidades, conocidas como rastreadores o barreminas nacionales, fueron: Drummond, Bouchard, Robinson, Fournier, Granville, Py, Spiro, Parker y Seaver. Algunas de estas embarcaciones permanecieron en servicio hasta fines de la década de 1960, cubriendo una importante etapa en la protección de los accesos fluviales y marítimos nacionales.
Posteriormente, entre 1968 y 2004, Argentina operó seis buques cazaminas de la clase Ton, de origen británico. Estas unidades fueron conocidas localmente como Clase Tón y llevaban los nombres de provincias argentinas: los barreminas ARA “Neuquén” (M-1), ARA “Río Negro” (M-2) , ARA “Chubut” (M-3), ARA “Tierra del Fuego” (M-4), y los cazaminas ARA “Chaco” (M-5) y ARA “Formosa” (M-6). Estas naves fueron adaptadas para tareas de detección y remoción de minas, principalmente en el ámbito del Río de la Plata, uno de los estuarios más importantes del mundo y principal vía de comunicación fluvial entre Buenos Aires y Montevideo. La baja de estas unidades en 2004 dejó a la Armada Argentina sin medios propios de contramedidas, lo que resulta llamativo considerando su importancia geopolítica y comercial.
El almirante Segundo Storni, en su obra “Intereses Marítimos de la República Argentina”, ya advertía sobre la necesidad de contemplar la guerra contra minas dentro de la planificación naval. Storni subrayaba la amenaza que representan estos dispositivos y señalaba la obligación de contar con una defensa adecuada de vías navegables y puertos. Pese a estas advertencias tempranas, el tiempo y las restricciones presupuestarias diluyeron la doctrina nacional en esta materia, dejando a la región sin una estructura formal que contemple este tipo de amenazas.
El caso de Chile también es representativo. A pesar de contar con una extensa costa sobre el Océano Pacífico y con puertos clave como Valparaíso, San Antonio y Talcahuano, no mantiene una fuerza específica de guerra contra minas. Si bien participa de ejercicios internacionales y posee experiencia en operaciones navales complejas, la defensa de sus aguas interiores ante amenazas minadas depende hoy de cooperación externa o soluciones improvisadas, lo que podría comprometer su capacidad de respuesta ante un bloqueo o un sabotaje portuario.
En Perú, la situación es similar. Su litoral extenso y la responsabilidad de custodiar rutas comerciales vitales no se corresponden con la ausencia de una flota especializada en guerra contra minas. La Marina de Guerra del Perú no cuenta hoy con embarcaciones dedicadas a esta función, a pesar de haber operado dragaminas menores en el pasado. Además, la extensa red fluvial, incluyendo el acceso al Amazonas peruano, permanece expuesta a posibles usos de minas fluviales, sobre todo considerando las nuevas tecnologías disponibles, como drones y vehículos de superficie no tripulados.
En contraste con los países mencionados, Ecuador carece totalmente de capacidades para guerra contra minas. Sus principales puertos, como Guayaquil y Esmeraldas, junto con su red fluvial, están igualmente expuestos a este tipo de amenazas. La falta de inversión en este campo genera un vacío doctrinal y operativo que pone en riesgo la seguridad de la navegación comercial y militar en una región cada vez más interconectada.
El conflicto en Ucrania y el Mar Negro ha demostrado con claridad que las minas siguen siendo un elemento decisivo en la guerra moderna. Desde 2022, se han desplegado más de 400 minas en esa región, afectando el tráfico marítimo y forzando a países como Rumania, Turquía y Bulgaria a implementar operaciones de limpieza. Además, Ucrania ha empleado drones navales y minas de fondo para dificultar la movilidad de la flota rusa. Este tipo de acciones evidencian que las minas son armas de bajo costo pero alto impacto, capaces de alterar el comercio y la estabilidad regional sin recurrir a conflictos convencionales a gran escala.
Frente a esta realidad, América Latina debería reconsiderar la incorporación de capacidades de guerra contra minas, ya sea mediante la adquisición de buques especializados, o bien a través del uso de ROVs y AUVs (vehículos submarinos no tripulados), herramientas cada vez más accesibles y eficientes. Integrar estas capacidades a un sistema de inteligencia y vigilancia marítima regional permitiría proteger los intereses comerciales y estratégicos de la región.
*Imágenes empleadas en carácter ilustrativo.-
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