La decisión del Gobierno de la República Oriental del Uruguay de rescindir el contrato con el astillero gallego Astilleros Cardama para la construcción de dos patrulleros oceánicos OPV‑87 no puede analizarse como un diferendo administrativo más. Se trata de un caso donde confluyen política interna, ejecución contractual, gobernanza institucional y credibilidad internacional.
El contrato, por un valor de 82,2 millones de euros, ya registra una ejecución cercana al 30% del monto total, con pagos realizados por hitos contractuales cumplidos. La rescisión anunciada públicamente por el presidente Yamandú Orsi, fundamentada en supuestos incumplimientos contractuales y “indicios de fraude”, abre una cadena de riesgos que trascienden a las partes firmantes y colocan al Estado uruguayo en una posición jurídicamente vulnerable.
Un contrato polémico desde el inicio
La adjudicación de las dos OPV fue cuestionada desde el principio. El actual partido en el gobierno, el Frente Amplio, rechazó la operación cuando estaba en la oposición. Una vez en el gobierno, esa postura crítica se mantuvo, generando un clima político adverso al proyecto que condicionó la interpretación posterior de cualquier contingencia técnica o financiera.
El episodio de la garantía inicial de fiel cumplimiento, emitida por Eurocommerce Ltd., entidad que posteriormente resultó inexistente, y las dificultades que tuvo al astillero para su obtención, fue utilizado como argumento central para cuestionar toda la operación. Sin embargo, el astillero sostuvo haber sido víctima de una estafa, lo que podría estar desplazando la eventual responsabilidad penal hacia terceros ajenos al contrato principal.
Posteriormente, la controversia se trasladó a la segunda garantía, por 8.2 millones de euros, emitida por la aseguradora estadounidense Redbridge Insurance Company. Mientras el Gobierno uruguayo cuestionó su validez, la propia aseguradora afirmó -según el periódico español Faro de Vigo– que la póliza se mantuvo vigente de forma ininterrumpida desde su emisión de octubre 2024. Este punto es especialmente relevante en contratos de defensa, donde la validez de garantías constituye una cuestión técnica y jurídica, y no de índole comunicacional.
Escalada política y judicial
La espectacularidad que tuvo la convocatoria de la conferencia de prensa oficial encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, instalaron el “caso Cardama” de primer orden de tratamiento de agenda política y opinión pública, llegando incluso a dominar durante semanas el debate periodístico nacional, algo poco habitual tratándose de una compra vinculada al ámbito de la defensa.
Las declaraciones oficiales se sucedieron y las filtraciones en medios uruguayos se acumularon hasta desembocar en el anuncio de la intención del gobierno de rescindir el contrato. Según adelantó el semanario uruguayo Búsqueda, el Ejecutivo ya notificó al astillero y espera formalizar la medida tras el regreso del presidente Orsi de su viaje oficial a China.
El calendario añade presión: antes del 15 de febrero Uruguay debería abrir una nueva carta de crédito para continuar los pagos por hitos de construcción. Sin embargo, la rescisión deja en suspenso esa obligación. Además, está prevista una vista de conciliación en marzo por la demanda presentada por Cardama.
El astillero sostiene que la construcción de los patrulleros nunca se detuvo y que los avances fueron certificados por Lloyd’s Register, sociedad de clasificación designada contractualmente como autoridad técnica. Pese a eso, el tercer hito contractual, correspondiente a la recepción de los motores principales Caterpillar, no fue cumplido en el plazo originalmente previsto (diciembre 2025). Este hecho constituye un retraso objetivo, clave para el desarrollo del Buque 1, y que habilitaba el pago de 8,1 millones de euros. Sin embargo, a la copia del contrato que se ha accedido, contempla expresamente la figura de los “retrasos autorizados”, incluyendo demoras en la entrega de materiales subcontratados cuando estas se deban a causas de fuerza mayor o a interferencias que afecten la ejecución normal del contrato.
La ausencia de este componente marca un retraso en la construcción del primer OPV, que según el contrato debía estar entregado a los 18 meses del primer desembolso, plazo que se cumpliría a mediados de 2026. El incumplimiento de este hito revela que el proyecto avanza con demoras y pone en evidencia las tensiones que rodean la ejecución del contrato.
En este contexto, Mario Cardama, CEO del astillero, ha señalado en reiteradas ocasiones que la conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, con manifestaciones públicas contra su empresa, generó un impacto reputacional negativo. A su juicio, ese episodio dañó la reputación del astillero y minó la confianza de proveedores nacionales e internacionales. Además, estas declaraciones de las máximas autoridades del estado, se hicieron cuando hasta ese momento la empresa había cumplido con todos los hitos, y no se habían agotado las instancias técnicas y jurídicas previstas. Dichas manifestaciones pueden constituir una interferencia objetiva en la cadena de suministros, financiamiento y relaciones comerciales del constructor, afectando directamente los plazos de ejecución.
Por su lado el gobierno, en el marco de su anuncio de tomar acciones para rescindir el contrato, recurrió a la reconocida compañía internacional de inspección y certificación Bureau Veritas, asegurando que ya dispone de un informe elaborado por la firma que serviría de fundamento para la decisión final. Según informó el periódico uruguayo El País “no hubo por parte de la empresa encargada de la auditoria mayores reparos en cuanto a la calidad de lo hasta este momento ensamblado por el astillero gallego y lo consideró `satisfactorio´ “. Cabe destacar que más allá de lo informado por Bureau Veritas, quién tiene la competencia contractual como autoridad técnica para la certificación de la construcción, es Lloyd’s Register.
Una decisión con connotaciones estratégicas
La rescisión unilateral, anunciada públicamente antes de concluir los procedimientos contractuales, expone al Estado uruguayo a un conflicto judicial de gran magnitud. El contrato establece con claridad la jurisdicción de los tribunales uruguayos para los aspectos jurídicos, el arbitraje técnico a cargo de Lloyd’s Register y, subsidiariamente, el arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en París.
Más allá del litigio económico, la decisión tiene implicancias estratégicas de soberanía. Los patrulleros oceánicos encargados a la empresa española estaban llamados a reforzar la escaza presencia del país en sus aguas marítimas, un aspecto que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, destacó como prioritario al asumir el cargo en marzo de 2025. Lazo subrayó que Uruguay “tiene en el mar hoy una superficie aun mayor a la terrestre”. Y en sus aguas existen riquezas y recursos estratégicos, y en donde se debe ejercer “nuestra soberanía, que se cumplan nuestras leyes, proteger estas riquezas, hacer valer nuestros derechos y los de las generaciones venideras, habrá que tener más presencia en estas aguas”. La ruptura del contrato con Cardama, dejará en suspenso un proyecto clave para materializar esa prioridad.
Existe además un riesgo geopolítico y comercial. España es un actor relevante dentro de la Unión Europea y el astillero afectado forma parte del entramado industrial europeo. Una rescisión unilateral, acompañada de acusaciones públicas no probadas judicialmente, puede escalar del plano contractual al diplomático y comercial.
En un momento particularmente sensible para el acuerdo Mercosur–Unión Europea, Uruguay se expone a quedar asociado a la percepción de un país que no garantiza previsibilidad jurídica en contratos complejos, como es el sector defensa. No es necesario que el acuerdo se caiga formalmente para que el daño exista: basta con que se retrase, se enfríe o se condicione políticamente.
Sin lugar a duda este tema ha tomado connotaciones de política interna partidaria, que en el plano internacional no tienen influencia ni valor. Pero la contundencia de la retórica discursiva si puede distraer lo que debería primar, y es la defensa del interés nacional, que en este caso se estará midiendo por la solidez de los procedimientos y apego a las normas. El caso Cardama, se ha complejizado para el gobierno de Uruguay, muchas de las causas han sido por sus propias decisiones. Pero parece que aún hay margen de encauzar este conflicto por las vías técnicas y jurídicas previstas, minimizando los daños económicos, estratégicos y reputacionales. Persistir en una rescisión unilateral sin laudar otras instancias, implicaría asumir riesgos que exceden ampliamente el contrato en discusión y podrán estar comprometiendo de alguna forma la credibilidad del Uruguay a largo plazo. Los sucesivos gobiernos han reconocido como factor clave las garantías en cuanto a la seguridad jurídicas que brinda el Uruguay, como carta de presentación y fortaleza de comercio exterior. El caso Cardama, de alguna manera, pone en jaque esta reputación.
Tal vez te interese La Fuerza Aérea Uruguaya inicia el proceso de recepción de los A-29 Super Tucano en Brasil
