Desde España, Mario Cardama, presidente de la firma, expresó su desconcierto ante la medida anunciada por el presidente Yamandú Orsi. “Nosotros no hemos incumplido el contrato”, afirmó el empresario en declaraciones públicas en una entrevista radial, y agregó: “Voy a pedir una reunión con el presidente Orsi para intentar solucionar este tema”. Además, aseguró que no comprende por qué se quiso ejecutar la garantía, ya que “no tenemos ningún conocimiento de ningún incumplimiento por nuestra parte para que se ejecute ninguna garantía”. Y añadió: “Yo estuve, y mi equipo, el 10 de octubre reunidos con la ministra Lazo, y no nos hizo ningún comentario de que estuviéramos incumpliendo nada; pues mi sorpresa fue cuando ayer por la noche me entero de que hay una rueda de prensa que comunica que se nos pretende, o van a ejecutar el contrato por incumplimiento”.
Según Cardama, su empresa presentó garantías que fueron analizadas y aceptadas por estamentos del gobierno, sus asesores jurídicos y sus bancos en su momento, y que los retrasos de 11 meses señalados en la conferencia de prensa se debieron a causas ajenas al astillero. Respecto al cambio de dirección del banco Eurocommerce, responsable de la garantía emitida, Cardama explicó que, cuando se enteró de ello, ayer mismo se puso en comunicación con dicho banco y que efectivamente habían cambiado de dirección, a lo cual reclamó que no se lo hayan comunicado. Pero frente a esta situación, el titular de la empresa manifestó que no le hubiese costado nada al gobierno uruguayo escribir un mensaje a Cardama y explicar el inconveniente con la dirección.
Por otro lado, Mario Cardama sostiene que la garantía está vigente y que él ha pagado la renovación de la misma, reconociendo que al parecer hubo una demora administrativa en presentarla ante el Ministerio de Defensa. Explicó, además, que la garantía es por 4 millones de euros y que esto se aplica cuando existe un incumplimiento del contrato, y enfatizó: “Vuelvo a repetir, yo no tengo ninguna comunicación, ninguna petición de información” respecto a incumplimiento del contrato. También manifestó que si existían problemas con las garantías de la empresa Eurocommerce, era algo lógico que se lo hicieran saber, porque si hay una estafa por parte de dicha empresa, como sostiene el gobierno uruguayo, es lógico que se lo informaran. Para el empresario, era obvio que esa información ya la tenían hace semanas cuando tuvo la reunión con la ministra Lazo y los asesores del gobierno, pero de todo lo que se habló, nada se dijo al respecto, más considerando la importancia del tema.
Cardama remarcó que no entiende la actitud con la cual se ha manejado el gobierno: por qué se fue a ejecutar la garantía, por qué no se lo dijeron en la reunión que tuvieron hace dos semanas, y por qué todos los aparentes problemas con el contrato solo se conocen por la prensa, en vez de mantener una comunicación fluida como sería lógico en una negociación de esta envergadura. También hizo referencia a la falta de comunicación, señalando que la empresa envía decenas de correos electrónicos al mes al Ministerio de Defensa, y que “desde marzo me parece que tengo 2 correos electrónicos contestados”, afirmó el propio Mario Cardama.
En cuanto al avance de la obra, el empresario detalló que “en temas de aceros estamos sobre el 70% del barco en grada… y tenemos pedidos confirmados para el 90% del barco”, y subrayó que no detendrá la construcción de forma inmediata porque hay empresas y 500 trabajadores involucrados en esta construcción.
Por su parte, el senador Javier García calificó la decisión del gobierno como una maniobra con motivaciones partidarias. “Rescindir este contrato cuando se tiene más del 60% del barco construido habla de una intencionalidad política”, afirmó. García lamentó que “el presidente Orsi se haya prestado para esta maniobra política” y acusó al gobierno del Frente Amplio de haber estado “desde el minuto cero en contra” del proyecto, impulsando “operaciones políticas para boicotear la compra de los patrulleros oceánicos”.
El exministro defendió la legalidad y transparencia del proceso de contratación y apuntó contra el gobierno, indicando que “sabe que los barcos se están construyendo en forma avanzada y va a dejar al país sin posibilidad de cuidar nuestro mar”. Además, cuestionó la veracidad de la conferencia de prensa presidencial: “Se dijeron medias verdades que pueden corresponder a una omisión o a una mentira”. García advirtió que esta decisión “expone a Uruguay a la pérdida de la responsabilidad jurídica por una intencionalidad política” y recordó que, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se solicitó información al embajador uruguayo en España, quien respondió que Cardama era “una empresa seria”.
En suma, mientras el gobierno avanza con acciones legales y la rescisión del contrato, el astillero Cardama continúa con la construcción de las patrulleras y solicita diálogo directo con el presidente Orsi. Las declaraciones cruzadas entre actores políticos y empresariales no solo exponen diferencias sobre el cumplimiento contractual y la transparencia con que se ha llevado este proceso, sino que revelan una disputa más amplia en el ámbito político-partidario, algo que claramente termina impactando negativamente en la postura estratégica de Uruguay, poniendo en riesgo la reconocida imagen del país como serio y garante del cumplimiento de sus compromisos internacionales.
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