El Gobierno de Uruguay anunció la rescisión del contrato por la construcción de los Patrulleros Oceánicos por presuntos indicios de fraude en una conferencia de prensa realizada en Torre Ejecutiva en el día de ayer (22/10), donde el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz, comunicó la decisión de iniciar acciones legales para rescindir el contrato con la empresa española Cardama, responsable de la construcción de dos patrullas oceánicas. La medida se fundamenta en que hay “fuertes indicios de estafa o fraude al Estado uruguayo”.
El prosecretario Jorge Díaz se refirió a los indicios que llevaron a esta resolución. El contrato exigía que Cardama presentara una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% del valor total de la obra en un plazo de 45 días. Sin embargo, la empresa incumplió este requisito, solicitando sucesivas prórrogas que se extendieron por 11 meses, a pesar de que el compromiso original estipulaba la entrega del primer buque en 18 meses.
La garantía finalmente presentada por Cardama provino de la empresa británica Eurocommerce Ltd., pero fue entregada fuera de plazo, en idioma inglés, sin traducción oficial, sin apostilla ni certificación de representación legal. Además, no cubría la totalidad del contrato. A pesar de estas irregularidades, la garantía “igualmente se aceptó, con la condición de que debía ser renovada 30 días antes del vencimiento” dijo Diaz. Asimismo agregó, que el presidente firmó una resolución con la intención de ejecutar dicha garantía, y dio instrucciones para que el embajador uruguayo en Reino Unido fuese a las oficinas de la empresa Eurocommerce, constatando que la misma no operaba en el domicilio declarado, y en su lugar funcionaba una inmobiliaria.
Ante esto, se consultó al estudio londinense Arnold & Porter por un informe primario, lo que reveló que Eurocommerce Ltd. se encuentra en proceso de liquidación, con escasa actividad registrada y un único director de nacionalidad rusa.
Ante estos hechos, el gobierno procederá con denuncias penales y civiles, además de iniciar una investigación administrativa en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco República sobre los pagos realizados. También se instruyó al embajador en Reino Unido a evaluar las acciones legales recomendadas por el estudio jurídico Arnold & Porter.
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