En el marco de la intensificación de las operaciones de seguridad marítima lideradas por el Comando Sur (SOUTHCOM), fuerzas militares de EE.UU. llevaron a cabo un nuevo ataque contra una lancha “narco” proveniente de Venezuela en aguas internacionales del Caribe. La operación, ordenada por el presidente Donald Trump, culminó con la destrucción de la embarcación y la muerte de tres tripulantes, señalados como integrantes de organizaciones vinculadas al narcotráfico transnacional. Según el mandatario, la nave transportaba grandes cantidades de cocaína y fentanilo, lo que constituía una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Este incidente se produce apenas dos semanas después del primer ataque confirmado por Washington contra otra lancha narco, ocurrido el 2 de septiembre, donde once personas perdieron la vida. Los tripulantes de aquella embarcación habrían sido miembros del “Tren de Aragua”, organización que el Departamento de Estado había designado como grupo terrorista extranjero a comienzos de 2025. La reiteración de estos operativos refleja un cambio doctrinal por parte del Pentágono, que ha pasado de labores de interdicción tradicionalmente a cargo de la Guardia Costera a ejecutar ataques letales mediante el empleo de medios militares de alta precisión.
El anuncio de esta nueva ofensiva fue difundido por el propio presidente Donald Trump, acompañado de un video que mostraba la explosión de la lancha en alta mar. Posteriormente, desde la Casa Blanca, el presidente aseguró que existían pruebas audiovisuales del cargamento ilícito disperso en el océano tras el impacto. En declaraciones más contundentes, advirtió que las fuerzas armadas continuarán “deteniendo a los carteles en el mar y, si es necesario, también en tierra”. Estas afirmaciones incrementan el clima de tensión con el gobierno de Nicolás Maduro, que denunció la acción como un acto de agresión y prometió ejercer el “legítimo derecho a la defensa”.
La respuesta de Caracas a la creciente presencia norteamericana en la región incluyó el despliegue de cazas F-16 de la Aviación Militar Bolivariana, los cuales realizaron vuelos rasantes sobre el destructor USS Jason Dunham (DDG-109), uno de los tres buques clase Arleigh Burke desplegados en el área. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano acusó a Estados Unidos de haber retenido ilegalmente una embarcación de pesca, en lo que calificó como una operación hostil destinada a “provocar un incidente” que justificara una escalada bélica en el Caribe.
En el marco de estas operaciones, la Armada de EE.UU. mantiene en la región una poderosa agrupación anfibia encabezada por el USS Iwo Jima (LHD-7), acompañado por los buques USS San Antonio (LPD-17) y USS Fort Lauderdale (LPD-28). Este despliegue cuenta con más de 4.500 efectivos, incluidos 2.000 Marines. A ello se suman destructores de la clase Arleigh Burke, el buque de combate litoral USS Minneapolis-St. Paul (LCS-21), el crucero lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70) equipado con el sistema AEGIS, y el submarino nuclear de ataque USS Newport News (SSN-750), conformando una demostración de fuerza sin precedentes en la zona.
En el componente aéreo, la presencia estadounidense se ha visto reforzada con el arribo de seis cazas furtivos F-35 a Puerto Rico, aeronaves de quinta generación cuya capacidad de penetración y evasión radar consolida la superioridad aérea de Washington frente a cualquier eventual respuesta venezolana. A ello se suma el empleo de drones de reconocimiento MQ-9 Reaper, que han sido observados en misiones de patrulla y seguimiento de rutas ilícitas en el Caribe, proporcionando inteligencia en tiempo real a las unidades de superficie y maximizando la efectividad de las operaciones de interdicción.
*Imágenes empleadas en carácter ilustrativo.-
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