El tuit reciente del Ministro de Defensa de la República Argentina, Luis Petri, donde menciona que acepta el ofrecimiento del presidente de la Nación, Javier Milei, para encabezar la lista a diputados nacionales por Mendoza en las elecciones de octubre, vuelve a amplificar los rumores sobre quien seria su eventual reemplazo como referente de la cartera. Con la salida de Petri, de altísima probabilidad, la política argentina parece confirmar una constante: en los últimos catorce años, ningún ministro de Defensa superó los dos años en el cargo.
Desde Arturo Puricelli en 2011 hasta el propio Petri en 2025, todos los titulares de la cartera terminaron siendo piezas de negociación política más que gestores de largo plazo. Petri entonces se suma a una larga sucesión de nombres —Puricelli, Rossi, Martínez, Rossi, Taiana— con una fecha de vencimiento que no supone ir más allá del promedio de una gestión.
Con la aceptación de que el destino de Petri es la política local en Mendoza (se verá si realiza la campaña proselitista desde su oficina en el Edificio Libertador o si desde la misma Mendoza), ya han comenzado los rumores sobre su eventual reemplazo: ex ministros de seguridad, funcionarios actuales en actividad o incluso algún militar (sin retiro).
En paralelo, las internas del oficialismo también tocan al Ministerio de Seguridad. Allí se barajan alternativas entre Monte Oliva, Diego Kravetz y Ritondo, aunque la definición quedaría atada a los resultados electorales. El ajedrez político refuerza la idea de que ambas carteras se utilizan como espacios de premio o negociación antes que como lugares de planificación estratégica.
La gestión de Petri muestra claroscuros. En el haber, destaca la decisión de cerrar la compra de cazas F-16 para la Fuerza Aérea, iniciativa que se convirtió en la “estrella” de la gestión, con un despliegue comunicacional monotemático. También figura la firma de la carta de aceptación de los VCBR 8×8 Stryker, que abre un camino para el Ejército con una primera tanda reducida pero que, de mediar financiamiento, podría ampliarse en el futuro.
El debe es más extenso. La cuestión salarial, reclamo persistente de las Fuerzas Armadas, sigue sin resolución a casi dos años de gestión. El colapso del IOSFA requiere una auditoría exhaustiva, ya sea del Congreso o de organismos como la SIGEN y la AGN. La situación de insumos en los cuarteles. Y la Operación Roca, desplegada en el norte, aparece como un punto de fricción: rechazada por sectores militares, defendida únicamente por funcionarios y voceros mediáticos, sin lograr instalarse como política legítima dentro de las propias fuerzas.
A diferencia de otras áreas del Estado, la política de Defensa en la Argentina continúa marcada por proyectos puntuales antes que por estrategias sostenidas. Ni la modernización de la Armada ni otros programas de envergadura lograron avanzar, quedando relegados a la sombra de las iniciativas aéreas y de blindados. Será una deuda que pase a un próximo ministro.
El desenlace de este ciclo se repetirá en breve: un nuevo recambio de ministro, nuevos anuncios y, probablemente, la continuidad de viejas deudas. En Defensa, cada dos años se reinicia el reloj político, pero las carencias estructurales permanecen intactas.
Te puede interesar: La administración de la Flota Presidencial pasa a manos del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea Argentina
